VIOLACIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ACUDIÓ CON POLICÍAS AL BASUREO
Nacionales
Ponen orden en el vertedero Duquesa
Santo Domingo.-El depósito de los desechos sólidos se normalizó ayer en el vertedero Duquesa, luego de que el Ministerio de Medio Ambiente interviniera con policías del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para garantizar la entrada de los camiones recolectores.
También el Ministerio impuso un multa de 16 millones de pesos a la empresa Lajun Corporation por violaciones al Ley General de Medio Ambiente 64-00 y realiza un levantamiento de datos sobre la titularidad y estatus jurídico del vertedero, a fin de identificar algún tipo de ilícito penal y solicitar al ministerio público una investigación.
El ministro Francisco Domínguez Brito explicó que entre las violaciones a la ley que cometió Lajun está la no ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental, no brindar informaciones para la vigilancia e inspección y no entregar informes ambientales.
Agregó que las acciones de Lajun han generado impactos ambientales como la contaminación del arroyo La Chorrera, por lixiviados no tratados, degradación de suelos y manejo inadecuado de taludes y contaminación de las aguas.
Los policías ambientales fueron apostados en el vertedero la noche del martes, para garantizar la entrada a los camiones que tenían prohibido el paso por la empresa administradora del basurero. Sostuvo que aunque el acuerdo logrado entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajun no se ha roto, el proceso ha sido muy traumático y que espera que se pueda llegar a una conclusión favorable.
“Hemos sostenido diálogos, sin embargo a pesar de todo ello se han presentado serias dificultades que amenazan la salubridad de los habitantes del Gran Santo Domingo, lo cual no podemos permitir”, manifestó.
Domínguez Brito, quien ofreció una rueda de prensa en su despacho acompañado del director del SENPA, general Valerio García, y la viceministra de Gestión Ambiental, Zoila González, sostuvo que están dando seguimiento a las decisiones adoptadas por la Alcaldía de Santo Domingo Norte, como parte contratante con la empresa Lajun.
El funcionario dijo que es un tema de salubridad y que no se puede tomar riesgos de paralización de los vertidos, sobre todo en los días de Semana Santa.
Normalidad
Los camiones recolectores de desechos de los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo entraban a depositar desperdicios con normalidad al vertedero Duquesa, luego de la colocación de los miembros de SENPA.
Al mediodía de ayer, seis policías estaban apostados en las puertas del vertedero para garantizar la entrada de los camiones.
Desde hace varios días los camiones recolectores de los ayuntamientos de Pantoja, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Este tenían impedido el paso a Duquesa por decisión de la empresa Lajun Corporation, por supuesto incumplimiento de contrato y falta de pago por el vertido.
La situación empeoró hace tres días cuando los choferes de los camiones de Los Alcarrizos bloquearon la entrada del vertedero en protesta contra las últimas disposiciones adoptadas por la empresa Lajun Corporation.
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FEDOMU APOYA LAS MEDIDAS ADOPTADAS
FEDOMU APOYA La medida adoptada por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domíguez Brito, fue apoyada de injmediato por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo,, y que se debe evitar una nueva crisis sanitario-ambiental en el Gran Santo Domingo. Hidalgo reiteró la importancia de que el Poder Ejecutivo junto a los ayuntamientos afectados continúen coordinando acciones para llevar la administración de este vertedero a la legalidad, así como impulsar su transformación en garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país.
listindiario.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.