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Ponen orden en el vertedero Duquesa

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VIOLACIÓN MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE ACUDIÓ CON POLICÍAS AL BASUREO
Santo Domingo.-El depósito de los desechos sólidos se normalizó ayer en el vertedero Duquesa, luego de que el Ministerio de Medio Ambiente interviniera con policías del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para garantizar la entrada de los camiones recolectores.

También el Ministerio impuso un multa de 16 millones de pesos a la empresa Lajun Corporation por violaciones  al Ley General de Medio Ambiente 64-00  y realiza un levantamiento de datos sobre la titularidad y estatus jurídico del vertedero, a fin de identificar algún tipo de ilícito penal y solicitar al ministerio público una investigación.

El ministro Francisco Domínguez Brito explicó que entre las violaciones a la ley que cometió Lajun está la no ejecución del programa de manejo y adecuación ambiental, no brindar informaciones para la vigilancia e inspección y no entregar informes ambientales.

Agregó que las acciones de Lajun han generado impactos ambientales como la contaminación del arroyo La Chorrera, por lixiviados no tratados, degradación de suelos y manejo inadecuado de taludes y contaminación de las aguas.

Los policías ambientales fueron apostados en el  vertedero la noche del martes, para garantizar la entrada a los camiones que tenían prohibido el paso por la empresa administradora del basurero.  Sostuvo que aunque el acuerdo logrado entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajun no se ha roto, el proceso ha sido muy traumático y que espera que se pueda llegar a una conclusión favorable.

“Hemos sostenido diálogos, sin embargo a pesar de todo ello se han presentado serias dificultades que amenazan la salubridad de los habitantes del Gran Santo Domingo,  lo cual no podemos permitir”, manifestó.

Domínguez Brito, quien ofreció una rueda de prensa en su despacho acompañado del director del SENPA, general Valerio García, y la viceministra de Gestión Ambiental, Zoila González, sostuvo que están dando seguimiento a las decisiones adoptadas por la Alcaldía de Santo Domingo Norte, como parte contratante con la empresa Lajun.

 El funcionario dijo que es un tema de salubridad y que no se puede tomar riesgos de paralización de los vertidos, sobre todo en los días de Semana Santa.

Normalidad
Los camiones recolectores de desechos de los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo entraban a depositar desperdicios con normalidad al vertedero Duquesa, luego de la colocación de los miembros de SENPA.

Al mediodía de ayer, seis policías estaban apostados en las puertas del vertedero para garantizar la entrada de los camiones.

Desde hace varios días los camiones recolectores de los ayuntamientos de Pantoja, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Este tenían impedido el paso a Duquesa por decisión de la empresa Lajun Corporation, por supuesto incumplimiento de contrato y falta de pago por el vertido.

La situación empeoró  hace tres días cuando los choferes de los camiones de Los Alcarrizos bloquearon la entrada del vertedero en protesta contra las últimas disposiciones adoptadas por la empresa Lajun Corporation.

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FEDOMU APOYA LAS MEDIDAS ADOPTADAS

FEDOMU APOYA La medida adoptada por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domíguez Brito, fue apoyada de injmediato por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Azua, Rafael Hidalgo,, y que se debe evitar una nueva crisis sanitario-ambiental en el Gran Santo Domingo. Hidalgo reiteró la importancia de que el Poder Ejecutivo junto a los ayuntamientos afectados continúen coordinando acciones para llevar la administración de este vertedero a la legalidad, así como impulsar su transformación en garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país.

listindiario.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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