Opinión
¿Por qué EE.UU. favorece ahora acelerar formación de una fuerza para intervenir en Haití?
Por Narciso Isa Conde
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
Anthony Blinker, Secretario de Estado de EE. UU, declaró necesario el envío de una “fuerza multinacional” a Haití, precisamente un día antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y a raíz de la reciente cumbre de países caribeños (CARICOM).
En ese encuentro de los 15 Estados de la subregión caribeña el Secretario General, Antonio Guterrez, llamó también a acelerar la nueva agresión contra el pueblo haitiano.
Esto se produjo justo cuando Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, recrimina la pasividad de la denominada “Comunidad Internacional” tutelada por EE. UU y potencias aliadas; exhortándoles a “pasar de las palabras a los hechos” y a intervenir militarmente cuanto antes.
Todo muy bien orquestado y fríamente calculado para impactar la sesión inmediata posterior el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el Canciller Roberto Álvarez, agente de la Casa Blanca, y el Canciller del Gobierno de Ariel Henry, continuidad de las administraciones mafiosas impuesta por Washington a esa vecina Nación, se destacaron como grandes abanderados de la conformación de una “robusta” fuerza militar multinacional que refuerce la corrompida Policía Nacional haitiana.
· EL JABÓN DE CHINA Y RUSIA EN EL SANCOCHO.
La nota diferente en esa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU procedió Rusia y China, en actitud de significativa defensa de la autodeterminación de ese maltratado, agredido y saqueado país caribeño, todavía bajo el yugo del imperialismo occidental y el control militar del Pentágono. ¡Tremendo jabón en el sancocho gringo!
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
China y Rusia se han declarado partidarias de un mundo multipolar y son dos pilares de del conjunto que conforma el poderoso polo mundial conocido como BRIC; y su reacción contra la iniciativa imperialista de crear una fuerza multinacional que controle el proceso en Haití es un valioso apoyo al pueblo haitiano en su lucha por reconquistar su autodeterminación.
· UNA MENTIRA TRAS OTRA.
En tales circunstancias hablar de fuerza multinacional es para ponerle otra vez un ropaje engañoso a una nueva intervención estadounidense, porque se sabe que en esos casos EEUU pone el grueso de tropas y armas, a la vez que asume el mando real de la invasión. Los demás países integran el coro y aportan unidades más pequeñas y con menos poder.
También lo de “Comunidad Internacional” es un disfraz para hacer creer que EE UU y aliados son el mundo que va en “ayuda” de Haití.
El pretexto esgrimido es el ataque a las bandas asesinas, que la CÍA y el MOSAD crearon con la participación del paramilitarismo y del Estado colombiano y con la colaboración de los servicios de inteligencia dominicanos. Su armamento moderno es constantemente suministrado desde la Florida-EEUU
El propósito real es reprimir la rebeldía de un pueblo movilizado que demanda la destitución de Ariel Henry, un tránsito soberano a la democracia, justicia social, y proceso constituyente.
· EL GIRO DE EEUU TIENE DOS MOTIVOS FUNDAMENTALES.
Estamos, pues, ante un giro estadounidense en favor del envío de tropas, decisión que estuvo contenida mientras el caos no se salía de su control y mientras el CARICOM estuvo opuesto a la invasión.
Esa situación ha variado: el pueblo haitiano decidió organizarse y armarse con machetes, palos, piedras y candela, para hacer justicia contra esas pandillas criminales por su cuenta y ha logrado vencer algunas bandas, reduciendo progresivamente su implantación territorial en la Capital haitiana.
Esto, a su vez, ha provocado que una parte de la policía se una a la resistencia popular. Y a eso EEUU le tiene terror y parece haber valorado que la situación está saliéndose de su control, lo que sin dudas afecta su estrategia de dominación en esta frontera imperial y sus planes agresivos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, así como su férreo dominio de la República Dominicana y toda la isla.
De paso el imperio logró doblegar la resistencia del CARICOM, lo que le facilita invadir; y por esos dos motivos –y no por otra cosa- que decidió no dilatar más su intervención militar en Haití.
En otra vertiente del tema, hay que destacar que Abinader -en competencia con otras facciones racistas anti haitianas- aplaude con manos y pies esa decisión de Biden; sin reparar en lo que podría pasarle a interventores y asociados a lo largo de esa ominosa aventura, con pinta de masacre e impactos terribles en toda la isla.
· EN MARCHA OTRA AGRESIÓN NEOFASCISTA.
En el plano político, la Casa Blanca –rociada y estimulada con polvo de cocaína- está financiando y organizando movilizaciones de la facción de la diáspora haitiana bajo su tutela, en el marco de una cruzada mundial pro-invasión Haití, de apoyo Biden y a favor de la “paz” de los cementerios.
Está en marcha, pues, otro capítulo de la guerra global infinita, producto de la decadencia agresiva de EEUU y de las actuales carencias del imperialismo occidental.
Esta vez ese episodio o capítulo de la Guerra Global está bajo el mando de una de las facciones neofascistas que controla la cúpula del Partido Demócrata, bajo la determinante influencia de las elites globalistas del gran capital transnacional occidental, conectadas a la industria micro electrónica, informática, minera, energética farmacéutica, automovilística, aeroespacial y armamentista
Esa facción apunta más allá de las fronteras estadounidenses… hacia el gobierno profundo mundial, hacia el control de áreas geoestratégicas y hacia la posesión por la fuerza de recursos vitales para imponerse en el planeta, incluidas fuentes de agua y biodiversidad.
Esto guarda relación con nuestra isla y sus dos repúblicas, donde el oro, níquel, cobalto, titanio, litio, uranio y tierras raras tienen una fuerte presencia.
Esto no está al margen de esa nueva confabulación intervencionista, precedidas de las incursiones del Comando Sur, de sus Operaciones Nuevo Horizonte, de su control militar de la frontera dominico-haitiana, a propósito de la construcción del Muro o Verja fronteriza con tecnología israelí.
Está relacionada a la concesión de exploración de titanio en el Norte fronterizo, al PUERTO DE MANZANILLO en vía de ser convertido en base cívico-militar y proyecto energético a cargo de USAID y COMANDO SUR. Y confluye con el ominoso acuerdo entre el Estado dominicano y el Ejército estadounidense, para que éste explore los yacimientos de tierras raras en Pedernales y en toda la franja comprendida entre R. Dominicana y Haití.
La impronta neofascista de la cúpula demócrata gravita con mayor fuerza hacia el exterior, presentando más limitaciones a lo interno, en vista la base social de población negra y latina del PD estadounidense.
En el Partido Republicano reina el neofascismo trumpista, intenso hacia dentro y hacia fuera. El choque de ambas facciones desgarra esa sociedad decadente.
Cosas parecidas acontecen en las potencias europeas estremecidas por las avalanchas migratorias generadas por sus brutales coloniajes y los grandes brotes de racismo y neofascismo integral.
En fin, la crisis no es exclusiva de Haití, sino que ella es solo una pequeña expresión de una crisis global impuesta a la humanidad por la larga decadencia del varias veces centenario imperialismo occidental, en todos los continentes y en todos los órdenes de la vida en sociedad.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?