Opinión
¿Por qué EE.UU. favorece ahora acelerar formación de una fuerza para intervenir en Haití?
Por Narciso Isa Conde
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
Anthony Blinker, Secretario de Estado de EE. UU, declaró necesario el envío de una “fuerza multinacional” a Haití, precisamente un día antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y a raíz de la reciente cumbre de países caribeños (CARICOM).
En ese encuentro de los 15 Estados de la subregión caribeña el Secretario General, Antonio Guterrez, llamó también a acelerar la nueva agresión contra el pueblo haitiano.
Esto se produjo justo cuando Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, recrimina la pasividad de la denominada “Comunidad Internacional” tutelada por EE. UU y potencias aliadas; exhortándoles a “pasar de las palabras a los hechos” y a intervenir militarmente cuanto antes.
Todo muy bien orquestado y fríamente calculado para impactar la sesión inmediata posterior el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que el Canciller Roberto Álvarez, agente de la Casa Blanca, y el Canciller del Gobierno de Ariel Henry, continuidad de las administraciones mafiosas impuesta por Washington a esa vecina Nación, se destacaron como grandes abanderados de la conformación de una “robusta” fuerza militar multinacional que refuerce la corrompida Policía Nacional haitiana.
· EL JABÓN DE CHINA Y RUSIA EN EL SANCOCHO.
La nota diferente en esa sesión del Consejo de Seguridad de la ONU procedió Rusia y China, en actitud de significativa defensa de la autodeterminación de ese maltratado, agredido y saqueado país caribeño, todavía bajo el yugo del imperialismo occidental y el control militar del Pentágono. ¡Tremendo jabón en el sancocho gringo!
¿Por qué lo hicieron? Son grandes potencias emergentes soberanas bajo el fuego de EU y OTAN; convertida la OTAN en instrumento político-militar de las élites capitalistas mundiales, europeas y norteamericanas.
China y Rusia se han declarado partidarias de un mundo multipolar y son dos pilares de del conjunto que conforma el poderoso polo mundial conocido como BRIC; y su reacción contra la iniciativa imperialista de crear una fuerza multinacional que controle el proceso en Haití es un valioso apoyo al pueblo haitiano en su lucha por reconquistar su autodeterminación.
· UNA MENTIRA TRAS OTRA.
En tales circunstancias hablar de fuerza multinacional es para ponerle otra vez un ropaje engañoso a una nueva intervención estadounidense, porque se sabe que en esos casos EEUU pone el grueso de tropas y armas, a la vez que asume el mando real de la invasión. Los demás países integran el coro y aportan unidades más pequeñas y con menos poder.
También lo de “Comunidad Internacional” es un disfraz para hacer creer que EE UU y aliados son el mundo que va en “ayuda” de Haití.
El pretexto esgrimido es el ataque a las bandas asesinas, que la CÍA y el MOSAD crearon con la participación del paramilitarismo y del Estado colombiano y con la colaboración de los servicios de inteligencia dominicanos. Su armamento moderno es constantemente suministrado desde la Florida-EEUU
El propósito real es reprimir la rebeldía de un pueblo movilizado que demanda la destitución de Ariel Henry, un tránsito soberano a la democracia, justicia social, y proceso constituyente.
· EL GIRO DE EEUU TIENE DOS MOTIVOS FUNDAMENTALES.
Estamos, pues, ante un giro estadounidense en favor del envío de tropas, decisión que estuvo contenida mientras el caos no se salía de su control y mientras el CARICOM estuvo opuesto a la invasión.
Esa situación ha variado: el pueblo haitiano decidió organizarse y armarse con machetes, palos, piedras y candela, para hacer justicia contra esas pandillas criminales por su cuenta y ha logrado vencer algunas bandas, reduciendo progresivamente su implantación territorial en la Capital haitiana.
Esto, a su vez, ha provocado que una parte de la policía se una a la resistencia popular. Y a eso EEUU le tiene terror y parece haber valorado que la situación está saliéndose de su control, lo que sin dudas afecta su estrategia de dominación en esta frontera imperial y sus planes agresivos contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, así como su férreo dominio de la República Dominicana y toda la isla.
De paso el imperio logró doblegar la resistencia del CARICOM, lo que le facilita invadir; y por esos dos motivos –y no por otra cosa- que decidió no dilatar más su intervención militar en Haití.
En otra vertiente del tema, hay que destacar que Abinader -en competencia con otras facciones racistas anti haitianas- aplaude con manos y pies esa decisión de Biden; sin reparar en lo que podría pasarle a interventores y asociados a lo largo de esa ominosa aventura, con pinta de masacre e impactos terribles en toda la isla.
· EN MARCHA OTRA AGRESIÓN NEOFASCISTA.
En el plano político, la Casa Blanca –rociada y estimulada con polvo de cocaína- está financiando y organizando movilizaciones de la facción de la diáspora haitiana bajo su tutela, en el marco de una cruzada mundial pro-invasión Haití, de apoyo Biden y a favor de la “paz” de los cementerios.
Está en marcha, pues, otro capítulo de la guerra global infinita, producto de la decadencia agresiva de EEUU y de las actuales carencias del imperialismo occidental.
Esta vez ese episodio o capítulo de la Guerra Global está bajo el mando de una de las facciones neofascistas que controla la cúpula del Partido Demócrata, bajo la determinante influencia de las elites globalistas del gran capital transnacional occidental, conectadas a la industria micro electrónica, informática, minera, energética farmacéutica, automovilística, aeroespacial y armamentista
Esa facción apunta más allá de las fronteras estadounidenses… hacia el gobierno profundo mundial, hacia el control de áreas geoestratégicas y hacia la posesión por la fuerza de recursos vitales para imponerse en el planeta, incluidas fuentes de agua y biodiversidad.
Esto guarda relación con nuestra isla y sus dos repúblicas, donde el oro, níquel, cobalto, titanio, litio, uranio y tierras raras tienen una fuerte presencia.
Esto no está al margen de esa nueva confabulación intervencionista, precedidas de las incursiones del Comando Sur, de sus Operaciones Nuevo Horizonte, de su control militar de la frontera dominico-haitiana, a propósito de la construcción del Muro o Verja fronteriza con tecnología israelí.
Está relacionada a la concesión de exploración de titanio en el Norte fronterizo, al PUERTO DE MANZANILLO en vía de ser convertido en base cívico-militar y proyecto energético a cargo de USAID y COMANDO SUR. Y confluye con el ominoso acuerdo entre el Estado dominicano y el Ejército estadounidense, para que éste explore los yacimientos de tierras raras en Pedernales y en toda la franja comprendida entre R. Dominicana y Haití.
La impronta neofascista de la cúpula demócrata gravita con mayor fuerza hacia el exterior, presentando más limitaciones a lo interno, en vista la base social de población negra y latina del PD estadounidense.
En el Partido Republicano reina el neofascismo trumpista, intenso hacia dentro y hacia fuera. El choque de ambas facciones desgarra esa sociedad decadente.
Cosas parecidas acontecen en las potencias europeas estremecidas por las avalanchas migratorias generadas por sus brutales coloniajes y los grandes brotes de racismo y neofascismo integral.
En fin, la crisis no es exclusiva de Haití, sino que ella es solo una pequeña expresión de una crisis global impuesta a la humanidad por la larga decadencia del varias veces centenario imperialismo occidental, en todos los continentes y en todos los órdenes de la vida en sociedad.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.