Nacionales
¿Por qué el PLD escogió a Leonel como contendiente en la campaña?
Reproducimos por considerarlo de interés este análisis publicado por el periódico El Caribe
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha escogido a Leonel Fernández como su principal contendiente en la campaña por la presidencia de la República a pesar de que el propio ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, reconoció recientemente que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza las preferencias del electorado y que supera por diez puntos al candidato de su partido, Gonzalo Castillo, que dice está en “un sólido segundo lugar”.
¿Por qué entonces no polemizan con Abinader para desplazarlo del primer lugar como sería lo lógico? Para algunos, la estrategia del PLD en contra de Fernández es una mezcla de miedo a la candidatura y de encono. La táctica parece enfocada en eliminar primero a Fernández para luego ir por la cabeza de Abinader en una estrategia para retener el poder, pero esa apuesta no deja de ser arriesgada, porque si Fernández está en el tercer lugar, como afirma el PLD, le estarían dando más importancia de lo normal al colocarlo en el centro del debate político y eso podría ayudar, sin ese propósito, a posicionarlo ante el electorado.
Aunque Temístocles Montás, presidente de la organización, afirma que Fernández solo se llevó un 10% y que “el PLD está intacto”, pese a la salida del que fuera su presidente, lo cierto es que la insistencia e intensidad con que el PLD lo persigue en escenarios tan simples como una entrevista de televisión ,o en una cuestión de tanto peso como la audiencia del Tribunal Constitucional que podría impactar su candidatura, hacen pensar que ese partido está profundamente preocupado por el papel que está jugando el expresidente en las elecciones del 2020.
Sin embargo, Montás afirmó que “no es miedo a la candidatura de Leonel Fernández, es para que se respete la ley” que buscan bloquearlo en los tribunales y por vía de consecuencia, impedir su participación como candidato en las elecciones próximas.
Independientemente de lo que diga un sector u otro, la realidad del PLD al día de hoy es que hasta hace poco más de cinco semanas, tenía dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina. La salida del expresidente dejó a ese partido con un líder único, pero tiene el inconveniente de que está políticamente inhabilitado de por vida para ser candidato presidencial.
Por demás, las primarias del 6 de octubre pusieron en evidencia la fortaleza del liderazgo de Fernández, pues contra todo el poder del Estado y la estructura de su partido en contra, perdió por un estrecho margen de 26 mil votos, que para sus parciales simplemente fue el producto de un fraude masivo y se violaron los protocolos en las votaciones en diferentes lugares del país, según documentos que han publicado.
Concomitantemente, el candidato presidencial del PLD muestra serias debilidades para el fortalecimiento electoral, tanto por sus conocidas limitaciones para enfocar los temas de la agenda nacional, como por los cuestionamientos de corrupción durante su gestión como ministro de Obras Públicas. La reciente denuncia de la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe, según la cual en los últimos cinco meses previos a la precampaña del PLD el ex ministro dispuso gastos para asfaltado de calles por un monto de RD$11 mil 500 millones, sin previa licitación o con la sola participación de compañías desconocidas, se convirtió en viral en las redes sociales y dominó el debate de los medios de comunicación durante toda esa semana.
Y la respuesta de Gonzalo Castillo fue enviar una carta a Lidio Cadet, encargado de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que investigara la denuncia de la periodista Ortega. La respuesta más extendida sugirió que Cadet, que había sido presidente de la comisión electoral del PLD para las primarias, no tenía calidad para investigar una denuncia penal.
Entonces, si el principal líder del PLD está vedado para volver a la Presidencia y ese partido tiene un candidato presidencial con estas dificultades, lo que parece lógico es que sus votantes busquen un puerto seguro a la hora de decidir y en ese caso podrían desplazar su mirada hacia Fernández. Probablemente esa podría ser una causa del empeño del PLD en confrontar lo con el propósito de sacarlo de la contienda.
Hay quienes sostienen que el ahora candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo (Partido de los Trabajadores Dominicanos –PTD) podría desplazar del segundo lugar a Castillo y así clasificar en las elecciones del 17 de mayo del 2020 en caso de que haya una segunda vuelta.
De hecho, hay quienes sostienen que Fernández estaría ahora en el segundo lugar en las preferencias del electorado, pero no se han publicado encuestas de intención de votos de cara a las elecciones del 2020. Sin embargo, por el resultado de las primarias con una diferencia de solo 26 mil votos a favor del candidato del PLD, podría concluirse que entre ambos no podría haber una diferencia porcentual importante en intención de votos. Aunque naturalmente, no puede desdeñarse el valor histórico y la fuerza de una marca fuerte como el partido morado.
Más aún, en el caso de que Fernández no logre una votación que lo coloque en el segundo lugar, es seguro que forzaría una segunda vuelta y quizás profundice su línea oposición y alianza ya suscrita parcialmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de Juntos Podemos.
Lo que hace el PLD en contra de Fernández
Las gestiones formales del PLD para evitar que Fernández sea candidato son una instancia ante el Tribunal Constitucional que busca mantener la vigencia de los artículos 49.4 de la Ley de Partidos y 164 de la Ley Electoral establecidos contra el transfuguismo. Lo mismo había propiciado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de viejos dirigentes del PTD aliados al gobierno.
Sin embargo, ya Fernández ganó el primer pleito en los tribunales con ese tema, pues el TSE declaró no conforme con la Constitución esos artículos. Con ese fallo, Fernández logró que la Junta Central Electoral (JCE) inscribiera su candidatura, a pesar de que el órgano había decidido no inscribirlo hasta que no se produjera la decisión del Tribunal Constitucional. Contra Fernández también hay varias instancias en el TSE depositadas por disidentes del PTD y el Partido Reformista (PRSC). Ambos partidos proclamaron ya a Fernández candidato presidencial.
El nivel de interés del partido oficial en que el fallo del Tribunal Constitucional declare conforme con la Constitución los artículos de las leyes electorales quedó evidenciado el pasado viernes, cuando el presidente de la organización, Temístocles Montás y el delegado político de ese partido en la JCE, José Ramón (Monchy) Fadul, así como el secretario de asuntos jurídicos, José Dantés, asistieron a la audiencia de la corte que debatió el tema.
¿Encono contra Leonel?
La forma agresiva con que los miembros del PLD han atacado a Fernández desde que salió del poder en el 2012 hace pensar que hay otros elementos más allá que la lucha de poder. La voz cantante contra el expresidente la llevan Temísticles Montás y Félix (Felucho) Jiménez, pero en la última etapa han arremetido contra el expresidente Monchy Fadul y Ramón Ventura Camejo. Sin embargo, el discurso-respuesta del presidente Medina a Fernández en el acto de proclamación del candidato Castillo, marcó la tónica. Las alusiones personales cargadas de emoción marcaron un antes y un después.
Desde que Fernández y sus seguidores en el PLD, especialmente Franklin Almeyda, empezaron a defenderse de los ataques de su compañeros de partido, entonces el presidente Medina y sus seguidores asumieron un discurso indicando que la mayor oposición al gobierno venía desde el interior de la organización, pero lo cierto es que una revisión de los acontecimientos desde el 2012 evidencia que la guerra la iniciaron Medina sus acólitos del Comité Político.
En el 2012 Montás culpó a Fernández del déficit fiscal, y poco después de juramentarse, el propio presidente Medina dijo en San Juan de la Magua que lo que había encontrado en el gobierno era un maletín lleno de facturas sin pagar. En paralelo surgieron numerosas protestas contra el expresidente y hasta se le hizo un “juicio popular”, más mítines frente a Funglode.
Montás posteriormente lanzaría su proyecto para la candidatura presidencial y todo su discurso fue en contra de Fernández “por sus ambiciones desmedidas de poder”. En ese momento asumió un discurso de defensa al gobierno del presidente Medina.
Fernández y sus seguidores han afirmado que fueron sus antiguos compañeros de partido quienes montaron una campaña sucia para afectarlo con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino, traído para ese fin de Estados Unidos.
Este año, el comunicador Jaime Bayli hizo acusaciones contra Fernández desde su programa de televisión en Miami y el equipo de Fernández volvió a responsabilizar al gobierno de Medina.
Ahora, Montás no le pierde la pisada a Fernández y lo ataca desde el uso de supuestos afiches con los símbolos del PLD hasta por su participación en una entrevista en CNN. Recientemente, depositó una instancia ante la JCE demandando que le ordene a Fernández usar los símbolos del PLD.
La respuesta a las acusaciones de Montás la dio Franklin Almeyda, quien lo acusó de “echarle chuipi y sacarle la lengua por la espalda” al profesor Juan Bosch, hasta recordarle su paso por la cárcel de Najayo por el caso Odebrecht. Montás dijo que Almeyda defraudó a Bosch, porque durante su ministerio en Interior y Policía usaba franqueadores con motocicletas Harley Davidson.
Ventajas y desventajas de las siglas PLD
Una desventaja que tiene Fernández en la competencia por la carrera presidencial es el peso de las siglas, pues no cuenta con un partido estructuralmente fuerte como el PLD. Sin embargo, aunque el exministro de Obras Públicas logró ser el candidato de las siglas, no menos ciertos es que esos símbolos cargan con el peso del desgaste de poder por 16 años seguidos de gobierno, y su discurso de “sangre nueva” se ve empañado por esa realidad y de cara a 16 años seguidos en cargos públicos y que encabeza su equipo de campaña. En esta etapa del proceso está por definirse el peso de las siglas, pues según todas las encuestas, Abinader está mejor posicionado que su partido, el PRM. Habría que esperar para ver qué pasa con Fernández, dado el peso de su figura, ex presidente de la República, con una larga participación en la vida política nacional.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.