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¿Por qué el PLD escogió a Leonel como contendiente en la campaña?
Reproducimos por considerarlo de interés este análisis publicado por el periódico El Caribe
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha escogido a Leonel Fernández como su principal contendiente en la campaña por la presidencia de la República a pesar de que el propio ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, reconoció recientemente que Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) encabeza las preferencias del electorado y que supera por diez puntos al candidato de su partido, Gonzalo Castillo, que dice está en “un sólido segundo lugar”.
¿Por qué entonces no polemizan con Abinader para desplazarlo del primer lugar como sería lo lógico? Para algunos, la estrategia del PLD en contra de Fernández es una mezcla de miedo a la candidatura y de encono. La táctica parece enfocada en eliminar primero a Fernández para luego ir por la cabeza de Abinader en una estrategia para retener el poder, pero esa apuesta no deja de ser arriesgada, porque si Fernández está en el tercer lugar, como afirma el PLD, le estarían dando más importancia de lo normal al colocarlo en el centro del debate político y eso podría ayudar, sin ese propósito, a posicionarlo ante el electorado.
Aunque Temístocles Montás, presidente de la organización, afirma que Fernández solo se llevó un 10% y que “el PLD está intacto”, pese a la salida del que fuera su presidente, lo cierto es que la insistencia e intensidad con que el PLD lo persigue en escenarios tan simples como una entrevista de televisión ,o en una cuestión de tanto peso como la audiencia del Tribunal Constitucional que podría impactar su candidatura, hacen pensar que ese partido está profundamente preocupado por el papel que está jugando el expresidente en las elecciones del 2020.
Sin embargo, Montás afirmó que “no es miedo a la candidatura de Leonel Fernández, es para que se respete la ley” que buscan bloquearlo en los tribunales y por vía de consecuencia, impedir su participación como candidato en las elecciones próximas.
Independientemente de lo que diga un sector u otro, la realidad del PLD al día de hoy es que hasta hace poco más de cinco semanas, tenía dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina. La salida del expresidente dejó a ese partido con un líder único, pero tiene el inconveniente de que está políticamente inhabilitado de por vida para ser candidato presidencial.
Por demás, las primarias del 6 de octubre pusieron en evidencia la fortaleza del liderazgo de Fernández, pues contra todo el poder del Estado y la estructura de su partido en contra, perdió por un estrecho margen de 26 mil votos, que para sus parciales simplemente fue el producto de un fraude masivo y se violaron los protocolos en las votaciones en diferentes lugares del país, según documentos que han publicado.
Concomitantemente, el candidato presidencial del PLD muestra serias debilidades para el fortalecimiento electoral, tanto por sus conocidas limitaciones para enfocar los temas de la agenda nacional, como por los cuestionamientos de corrupción durante su gestión como ministro de Obras Públicas. La reciente denuncia de la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe, según la cual en los últimos cinco meses previos a la precampaña del PLD el ex ministro dispuso gastos para asfaltado de calles por un monto de RD$11 mil 500 millones, sin previa licitación o con la sola participación de compañías desconocidas, se convirtió en viral en las redes sociales y dominó el debate de los medios de comunicación durante toda esa semana.
Y la respuesta de Gonzalo Castillo fue enviar una carta a Lidio Cadet, encargado de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que investigara la denuncia de la periodista Ortega. La respuesta más extendida sugirió que Cadet, que había sido presidente de la comisión electoral del PLD para las primarias, no tenía calidad para investigar una denuncia penal.
Entonces, si el principal líder del PLD está vedado para volver a la Presidencia y ese partido tiene un candidato presidencial con estas dificultades, lo que parece lógico es que sus votantes busquen un puerto seguro a la hora de decidir y en ese caso podrían desplazar su mirada hacia Fernández. Probablemente esa podría ser una causa del empeño del PLD en confrontar lo con el propósito de sacarlo de la contienda.
Hay quienes sostienen que el ahora candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo (Partido de los Trabajadores Dominicanos –PTD) podría desplazar del segundo lugar a Castillo y así clasificar en las elecciones del 17 de mayo del 2020 en caso de que haya una segunda vuelta.
De hecho, hay quienes sostienen que Fernández estaría ahora en el segundo lugar en las preferencias del electorado, pero no se han publicado encuestas de intención de votos de cara a las elecciones del 2020. Sin embargo, por el resultado de las primarias con una diferencia de solo 26 mil votos a favor del candidato del PLD, podría concluirse que entre ambos no podría haber una diferencia porcentual importante en intención de votos. Aunque naturalmente, no puede desdeñarse el valor histórico y la fuerza de una marca fuerte como el partido morado.
Más aún, en el caso de que Fernández no logre una votación que lo coloque en el segundo lugar, es seguro que forzaría una segunda vuelta y quizás profundice su línea oposición y alianza ya suscrita parcialmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de Juntos Podemos.
Lo que hace el PLD en contra de Fernández
Las gestiones formales del PLD para evitar que Fernández sea candidato son una instancia ante el Tribunal Constitucional que busca mantener la vigencia de los artículos 49.4 de la Ley de Partidos y 164 de la Ley Electoral establecidos contra el transfuguismo. Lo mismo había propiciado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de viejos dirigentes del PTD aliados al gobierno.
Sin embargo, ya Fernández ganó el primer pleito en los tribunales con ese tema, pues el TSE declaró no conforme con la Constitución esos artículos. Con ese fallo, Fernández logró que la Junta Central Electoral (JCE) inscribiera su candidatura, a pesar de que el órgano había decidido no inscribirlo hasta que no se produjera la decisión del Tribunal Constitucional. Contra Fernández también hay varias instancias en el TSE depositadas por disidentes del PTD y el Partido Reformista (PRSC). Ambos partidos proclamaron ya a Fernández candidato presidencial.
El nivel de interés del partido oficial en que el fallo del Tribunal Constitucional declare conforme con la Constitución los artículos de las leyes electorales quedó evidenciado el pasado viernes, cuando el presidente de la organización, Temístocles Montás y el delegado político de ese partido en la JCE, José Ramón (Monchy) Fadul, así como el secretario de asuntos jurídicos, José Dantés, asistieron a la audiencia de la corte que debatió el tema.
¿Encono contra Leonel?
La forma agresiva con que los miembros del PLD han atacado a Fernández desde que salió del poder en el 2012 hace pensar que hay otros elementos más allá que la lucha de poder. La voz cantante contra el expresidente la llevan Temísticles Montás y Félix (Felucho) Jiménez, pero en la última etapa han arremetido contra el expresidente Monchy Fadul y Ramón Ventura Camejo. Sin embargo, el discurso-respuesta del presidente Medina a Fernández en el acto de proclamación del candidato Castillo, marcó la tónica. Las alusiones personales cargadas de emoción marcaron un antes y un después.
Desde que Fernández y sus seguidores en el PLD, especialmente Franklin Almeyda, empezaron a defenderse de los ataques de su compañeros de partido, entonces el presidente Medina y sus seguidores asumieron un discurso indicando que la mayor oposición al gobierno venía desde el interior de la organización, pero lo cierto es que una revisión de los acontecimientos desde el 2012 evidencia que la guerra la iniciaron Medina sus acólitos del Comité Político.
En el 2012 Montás culpó a Fernández del déficit fiscal, y poco después de juramentarse, el propio presidente Medina dijo en San Juan de la Magua que lo que había encontrado en el gobierno era un maletín lleno de facturas sin pagar. En paralelo surgieron numerosas protestas contra el expresidente y hasta se le hizo un “juicio popular”, más mítines frente a Funglode.
Montás posteriormente lanzaría su proyecto para la candidatura presidencial y todo su discurso fue en contra de Fernández “por sus ambiciones desmedidas de poder”. En ese momento asumió un discurso de defensa al gobierno del presidente Medina.
Fernández y sus seguidores han afirmado que fueron sus antiguos compañeros de partido quienes montaron una campaña sucia para afectarlo con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino, traído para ese fin de Estados Unidos.
Este año, el comunicador Jaime Bayli hizo acusaciones contra Fernández desde su programa de televisión en Miami y el equipo de Fernández volvió a responsabilizar al gobierno de Medina.
Ahora, Montás no le pierde la pisada a Fernández y lo ataca desde el uso de supuestos afiches con los símbolos del PLD hasta por su participación en una entrevista en CNN. Recientemente, depositó una instancia ante la JCE demandando que le ordene a Fernández usar los símbolos del PLD.
La respuesta a las acusaciones de Montás la dio Franklin Almeyda, quien lo acusó de “echarle chuipi y sacarle la lengua por la espalda” al profesor Juan Bosch, hasta recordarle su paso por la cárcel de Najayo por el caso Odebrecht. Montás dijo que Almeyda defraudó a Bosch, porque durante su ministerio en Interior y Policía usaba franqueadores con motocicletas Harley Davidson.
Ventajas y desventajas de las siglas PLD
Una desventaja que tiene Fernández en la competencia por la carrera presidencial es el peso de las siglas, pues no cuenta con un partido estructuralmente fuerte como el PLD. Sin embargo, aunque el exministro de Obras Públicas logró ser el candidato de las siglas, no menos ciertos es que esos símbolos cargan con el peso del desgaste de poder por 16 años seguidos de gobierno, y su discurso de “sangre nueva” se ve empañado por esa realidad y de cara a 16 años seguidos en cargos públicos y que encabeza su equipo de campaña. En esta etapa del proceso está por definirse el peso de las siglas, pues según todas las encuestas, Abinader está mejor posicionado que su partido, el PRM. Habría que esperar para ver qué pasa con Fernández, dado el peso de su figura, ex presidente de la República, con una larga participación en la vida política nacional.
elcaribe.com.do
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.