Opinión
¿Por qué gobiernos no controlan redes sociales?
Por Oscar López Reyes
En los entretelones de palabras y conceptos cada vez más laberínticos/sofisticados y las brumas del enfado por la indecencia y el desenfreno de las redes sociales, ciudadanos de todas las estirpes se preguntan por qué estas no son controladas por el Gobierno. Esos intranquilos no se percatan que los ecosistemas digitales son operados por corporaciones transnacionales privadas desconcentradas en los planos tecnológicos y jurídicos, amparadas en el derecho a la información. Dominan el mercado y la geopolítica.
Los Social Media influencian e imponen, como las especies en el firmamento de un hábitat, un puñado de conglomerados enclavados en su mayor parte en Estados Unidos, que poseen una singular capacidad para recopilar datos y liderar puntales esenciales en bolsas y valores, como la inteligencia artificial, y alcanzar una primaria capitalización en el mercado bursátil mundial, por sus impactantes sistemas de producción que modifican sustancialmente los patronos de interacción y laborales.
Los titanes de la información y la comunicación (TIC) se asemejan a la naturaleza y a la idiosincrasia de los núcleos societarios. Las especies prevalecientes, como los árboles o pastos, y los superdepredadores, como el jaguar, el león, el lobo, las hiernas y las abejas reinas controlan los recursos y el ecosistema ecológico, e imponen la estructura del entorno. En las comunidades patriarcales ocurre igual con el padre o varón, que asumen toda la autoridad y el poder, sin resquicios.
El comercio de las redes sociales y plataformas digitales está servido, en la esfera universal, por las gigantes Big Tech o «Gran Tecnología» Meta Platforms (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threaads), Alphabet: Google (YouTube), Microsoft (LinkedIn y Skype), Apple iMessage y FaceTime; Amazon (Twitch) y Scorp (X, antes Twitter), Snap (Snapchat), Reddit (noticias), Pinterest (visual e intercambio de ideas), Discord (videojuegos), Nvidia (procesadores para Inteligencia Artificial) y OpenAI ( ChatGPT).
Aunque estas tecnológicas estadounidenses ejercen supremacía en ese negocio en Asia y Europa, en estos continentes regentean consorcios nativos, como Tencent Holdings y ByteDance, administradora esta última de la aplicación de origen chino TikTok, cuyos inversionistas mayoritarios son norteamericanos, y Alibabá Group de China. También, Line Corporation (Japón), Naver Corporation y Kakao (Corea del Sur), BeReal (Francia), Mastodon (Alemania) y otras de menor dimensión.
Esos emporios monopolizan el mercado financiero y la economía, y moldean a miles de millones de usuarios a los que ofrecen servicios de publicidad digital, entretenimiento y transmisión de videos en vivo, computación en la nube, realidad aumentada integrada y contenido de formato corto, red de microblogging y noticias en tiempo real, interacción en videos, plataformas de voz/videollamadas, comunicaciones móviles, videollamadas cifradas, correo y videoconferencias.
Asimismo, plataformas globales para noticias en tiempo real, aplicaciones de mensajería multimedia, descubrimiento y comunicación visual, mensajería instantánea, comunidades de videojuegos, teléfonos inteligentes, chips de memoria y pantallas, semiconductores y hardware, software, motores de búsqueda, comercio electrónico y otros servicios.
¿Por qué la ausencia de controles estatales de esos digitales globales? Basta simplificar en tres vertientes:
1.- Infraestructura sin control: Las corporaciones operan, tecnológicamente, como redes globales sin una dirección o administración central, o sea, sueltas. Impedir el acceso o bloquear la internet conlleva la innovación de otra arquitectura, compleja y altamente costosa. El cifrado de extremo a extremo (E2EE) emerge como un sistema de ciberseguridad que, con un código secreto en un dispositivo, asegura que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el destinatario.
2.- Normas jurídicas: Las compañías referidas han instituido parámetros legales que le permiten decidir qué contenidos difundir en sus sistemas operativos. En Estados Unidos, distintas jurisdicciones, entre ellas el Tribunal Supremo, han ratificado que las tecnológicas están revestidas de derecho para fijar sus propias directrices.
3.- Divulgación libre: Amparadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la facultad para expresar ideas, creencias y opiniones sin censura ni restricciones gubernamentales.
¿Cuál es la alternativa?
A la zaga de las regulaciones estatales para achicar el imperio del mercado por contadas corporaciones, para asegurar la soberanía digital, esquivar la adicción y el ciberacoso y proteger especialmente la salud mental de niños y adolescentes, ingenieros de datos, arquitectos Web, desarrolladores de software y otros expertos en algoritmos y modelos matemáticos no cesan de ensayar diseños de modelos alternativos para transformar el asfixiante y bochornoso panorama informático/dactilar. Estas son sus proposiciones:
1.- Sancionar nuevas disposiciones legislativas para la regulación digital, similar a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que estatuyan límites, prohibiciones, condicionamientos y sanciones a los oligopolios extranjeros.
2.- Prohibir, como en China con el “Gran Cortafuegos”, Rusia, Corea del Norte e Irán; bloquear y restringir el tráfico de internet y el acceso a las redes sociales y plataformas digitales, con la utilización de sistemas de filtrado centrado de contenido.
3.- Instalar redes sociales nacionales, con inversiones privadas y estatales de decenas de miles de millones de dólares, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China y Rusia.
4.- Viabilizar las Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que facilita que ciudadanos accedan a información no filtrada y que aporten sus propios hardware para constituir una red global, en contraposición a la centralización del servicio en el cual pocas corporaciones invierten miles de millones de dólares.
5.- Implementar los proyectos y plataformas concebidos, como la Inteligencia Artificial Descentralizada, para descalabrar a los oligopolios tecnológicos. En vez de sujetarse a datos controlados por esas corporaciones, con las redes distribuidas y nuevas tecnologías, se logrará la visualización y democratización de fuentes de datos y la gestión participativa.
6.- Crear redes de código abierto (posibilita mejorarlas libremente) y separar el servicio de alojamiento de datos de la curación de contenido (el algoritmo), para facilitar que terceros desarrollen sus propios algoritmos, organicen la información y eliminen el control monopólico.
¿Comprendió usted este vanguardista engendro cibernético? El repaso secuencial de los apuntes precedidos despejan la vereda para la recapitulación: Las naciones en desarrollo, como la República Dominicana, afrontan impedimentos para bloquear o prohibir mensajes en las redes sociales, y para instalar las propias, por carecer de recursos financieros para el montaje de infraestructuras locales de telecomunicaciones, como centros para almacenar datos; profesionales especializados en ingeniería y ciberseguridad e inconvenientes para conminar a las corporaciones extranjeras a cumplir las leyes nacionales, entre ellas las relativas a la obligación legal del pago de impuestos.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
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Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026