Opinión
¿Por qué gobiernos no controlan redes sociales?
Por Oscar López Reyes
En los entretelones de palabras y conceptos cada vez más laberínticos/sofisticados y las brumas del enfado por la indecencia y el desenfreno de las redes sociales, ciudadanos de todas las estirpes se preguntan por qué estas no son controladas por el Gobierno. Esos intranquilos no se percatan que los ecosistemas digitales son operados por corporaciones transnacionales privadas desconcentradas en los planos tecnológicos y jurídicos, amparadas en el derecho a la información. Dominan el mercado y la geopolítica.
Los Social Media influencian e imponen, como las especies en el firmamento de un hábitat, un puñado de conglomerados enclavados en su mayor parte en Estados Unidos, que poseen una singular capacidad para recopilar datos y liderar puntales esenciales en bolsas y valores, como la inteligencia artificial, y alcanzar una primaria capitalización en el mercado bursátil mundial, por sus impactantes sistemas de producción que modifican sustancialmente los patronos de interacción y laborales.
Los titanes de la información y la comunicación (TIC) se asemejan a la naturaleza y a la idiosincrasia de los núcleos societarios. Las especies prevalecientes, como los árboles o pastos, y los superdepredadores, como el jaguar, el león, el lobo, las hiernas y las abejas reinas controlan los recursos y el ecosistema ecológico, e imponen la estructura del entorno. En las comunidades patriarcales ocurre igual con el padre o varón, que asumen toda la autoridad y el poder, sin resquicios.
El comercio de las redes sociales y plataformas digitales está servido, en la esfera universal, por las gigantes Big Tech o «Gran Tecnología» Meta Platforms (matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threaads), Alphabet: Google (YouTube), Microsoft (LinkedIn y Skype), Apple iMessage y FaceTime; Amazon (Twitch) y Scorp (X, antes Twitter), Snap (Snapchat), Reddit (noticias), Pinterest (visual e intercambio de ideas), Discord (videojuegos), Nvidia (procesadores para Inteligencia Artificial) y OpenAI ( ChatGPT).
Aunque estas tecnológicas estadounidenses ejercen supremacía en ese negocio en Asia y Europa, en estos continentes regentean consorcios nativos, como Tencent Holdings y ByteDance, administradora esta última de la aplicación de origen chino TikTok, cuyos inversionistas mayoritarios son norteamericanos, y Alibabá Group de China. También, Line Corporation (Japón), Naver Corporation y Kakao (Corea del Sur), BeReal (Francia), Mastodon (Alemania) y otras de menor dimensión.
Esos emporios monopolizan el mercado financiero y la economía, y moldean a miles de millones de usuarios a los que ofrecen servicios de publicidad digital, entretenimiento y transmisión de videos en vivo, computación en la nube, realidad aumentada integrada y contenido de formato corto, red de microblogging y noticias en tiempo real, interacción en videos, plataformas de voz/videollamadas, comunicaciones móviles, videollamadas cifradas, correo y videoconferencias.
Asimismo, plataformas globales para noticias en tiempo real, aplicaciones de mensajería multimedia, descubrimiento y comunicación visual, mensajería instantánea, comunidades de videojuegos, teléfonos inteligentes, chips de memoria y pantallas, semiconductores y hardware, software, motores de búsqueda, comercio electrónico y otros servicios.
¿Por qué la ausencia de controles estatales de esos digitales globales? Basta simplificar en tres vertientes:
1.- Infraestructura sin control: Las corporaciones operan, tecnológicamente, como redes globales sin una dirección o administración central, o sea, sueltas. Impedir el acceso o bloquear la internet conlleva la innovación de otra arquitectura, compleja y altamente costosa. El cifrado de extremo a extremo (E2EE) emerge como un sistema de ciberseguridad que, con un código secreto en un dispositivo, asegura que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el destinatario.
2.- Normas jurídicas: Las compañías referidas han instituido parámetros legales que le permiten decidir qué contenidos difundir en sus sistemas operativos. En Estados Unidos, distintas jurisdicciones, entre ellas el Tribunal Supremo, han ratificado que las tecnológicas están revestidas de derecho para fijar sus propias directrices.
3.- Divulgación libre: Amparadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la facultad para expresar ideas, creencias y opiniones sin censura ni restricciones gubernamentales.
¿Cuál es la alternativa?
A la zaga de las regulaciones estatales para achicar el imperio del mercado por contadas corporaciones, para asegurar la soberanía digital, esquivar la adicción y el ciberacoso y proteger especialmente la salud mental de niños y adolescentes, ingenieros de datos, arquitectos Web, desarrolladores de software y otros expertos en algoritmos y modelos matemáticos no cesan de ensayar diseños de modelos alternativos para transformar el asfixiante y bochornoso panorama informático/dactilar. Estas son sus proposiciones:
1.- Sancionar nuevas disposiciones legislativas para la regulación digital, similar a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que estatuyan límites, prohibiciones, condicionamientos y sanciones a los oligopolios extranjeros.
2.- Prohibir, como en China con el “Gran Cortafuegos”, Rusia, Corea del Norte e Irán; bloquear y restringir el tráfico de internet y el acceso a las redes sociales y plataformas digitales, con la utilización de sistemas de filtrado centrado de contenido.
3.- Instalar redes sociales nacionales, con inversiones privadas y estatales de decenas de miles de millones de dólares, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, China y Rusia.
4.- Viabilizar las Redes de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que facilita que ciudadanos accedan a información no filtrada y que aporten sus propios hardware para constituir una red global, en contraposición a la centralización del servicio en el cual pocas corporaciones invierten miles de millones de dólares.
5.- Implementar los proyectos y plataformas concebidos, como la Inteligencia Artificial Descentralizada, para descalabrar a los oligopolios tecnológicos. En vez de sujetarse a datos controlados por esas corporaciones, con las redes distribuidas y nuevas tecnologías, se logrará la visualización y democratización de fuentes de datos y la gestión participativa.
6.- Crear redes de código abierto (posibilita mejorarlas libremente) y separar el servicio de alojamiento de datos de la curación de contenido (el algoritmo), para facilitar que terceros desarrollen sus propios algoritmos, organicen la información y eliminen el control monopólico.
¿Comprendió usted este vanguardista engendro cibernético? El repaso secuencial de los apuntes precedidos despejan la vereda para la recapitulación: Las naciones en desarrollo, como la República Dominicana, afrontan impedimentos para bloquear o prohibir mensajes en las redes sociales, y para instalar las propias, por carecer de recursos financieros para el montaje de infraestructuras locales de telecomunicaciones, como centros para almacenar datos; profesionales especializados en ingeniería y ciberseguridad e inconvenientes para conminar a las corporaciones extranjeras a cumplir las leyes nacionales, entre ellas las relativas a la obligación legal del pago de impuestos.
……………………………………………
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
…………………………………………..
Por Narciso Isa Conde
Lula da Silva, presidente de Brasil, se distanció de la izquierda en el G7, afirmando que nunca fue de izquierda. Su liderazgo ha evolucionado hacia un enfoque.
- Lula dijo en el G7 que nunca fue de izquierda, según Reuters.
- El PT surgió del sindicalismo clasista y luchas contra la dictadura militar brasileña.
- La dirección petista optó por administrar el Estado capitalista sin reformas profundas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio –Lula- da Silva, “se desmarcó de la izquierda” en la reciente reunión del G7 al declarar que “nunca ha sido de izquierda” … y afirmó que “el mundo no es de izquierda, sino el camino del medio”.
Esas palabras fueron pronunciadas por él en un intercambio con la directora del FMI y el premier alemán, captadas y publicadas por la agencia Reuter.
Lo primero no es verdad y lo segundo un disparate. En su origen, Lula y el PT asumieron posiciones de izquierda y lo cierto hoy es que el mundo unipolar bajo el mando de EEUU se ha desplomado no para convertirse en el “camino del medio”, sino para dar paso a un orden multipolar muy diverso, con variadas opciones de derecha, izquierdas y componentes del llamado progresismo y del centro político; incluidas una alta dosis de neofascismo, derivada de la agresiva decadencia de EEUU y el Occidente capitalista.
Lula es uno de los líderes del progresismo más “guabinoso” y ambiguo, y figura relevante de los BRICS, importante bloque estatal del nuevo orden mundial, en el que Lula ejerce funciones de “puente” con el bloque occidental en declive.
Un poco de historia y del presente:
Del sindicalismo combativo al PT institucional
El liderazgo de Lula surgió de las entrañas combativas de la clase obrera brasileña, del sindicalismo clasista y las heroicas luchas contra la feroz dictadura militar que ensangrentó a Brasil en las décadas de los 60 y 70.
Con el aliento de su fuerza carismática se conformó entonces el Partido de los Trabajadores-PT, que después de ser expresión del movimiento obrero y fuerza articulada a un gran abanico de movimientos sociales en lucha (movimientos sin tierra, sin techo, comunitarios, feministas, negritud, cristianos de la liberación…), se transformó en una fuerza sumamente moderada, subordinando importantes factores de su acumulado original de izquierda.
De espacio de confluencia de una gran diversidad de corrientes políticas socialistas, revolucionarias, transformadoras, reformadoras y reformistas, el PT -condicionado por la integración al sistema institucional dominante de una gran parte de sus funcionarios electos y no electos, de sus profesionales políticos e intelectuales- conformó en su interior un enorme aparato burocrático y tecnocrático distanciado de las luchas sociales y de su ideario original.
La dirección del PT fue resignando progresivamente todo propósito destinado a reemplazar, e incluso a reformar profundamente, el poder constituido. Ella, y el propio Lula, optaron por administrar el Estado y las estructuras económicas y sociales capitalistas tal y como estaban conformada, con una dosis de la independencia propia del emergente imperialismo brasileño y junto al sector de los BRICS con más conexiones con el Norte Global en declive.
· EL PACTO CON LA GRAN BURGUESÍA Y CIERTAS DERECHAS.
Pactos de Lula con la élite
Lula pactó de entrada con la gran burguesía paulista.
Pactó con una parte de los partidos del orden para garantizar la gobernabilidad sistémica sin mayores expectativas.
Aceptó de hecho, sin aplicar medidas que pudieran revertirlas, las contrarreformas estructurales de los programas neoliberales anteriores a su gestión; limitándose a contener y contrarrestar una parte de sus efectos más perversos con su programa HAMBRE CERO, reducido luego a un mega-programa asistencialista con espectaculares resultados en lo inmediato, pero con frágiles perspectivas de consolidación y permanencia.
Asumió como política propia la expansión del imperialismo emergente brasileño dentro de una dinámica de competencia y entendimientos parciales con EEUU, y dentro de ese juego ambivalente incurrió en el error histórico de acompañar al PENTÁGONO en la intervención militar a Haití.
En ese contexto, Lula y la alta dirección del su partido se inclinaron por un ejercicio político cada vez más impregnado de métodos propios de las derechas (clientelismo, reparto de cuotas de poder, alianzas al margen de una ética revolucionaria…) y por una mayor dependencia del financiamiento empresarial (estatal y privado)
· LULA, PETROBRAS, ODEBRECHT Y OTRAS.
La poderosa empresa petrolera estatal PETROBRAS –favorecida entonces por los altos precios del petróleo- se convirtió en un pilar de esa política y junto al Banco de Desarrollo Económico y Social-BANDES (fundado por Lula) y las grandes corporaciones transnacionales constructoras (entre ellas ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ y VOA SAO PAULO), constituyeron de hecho una gigantesca maquinaria de fondos clientelares, sobornos, sobrevaluaciones, financiamientos políticos, privilegios y tráfico de influencia que trascendió las fronteras de Brasil.
A ese juego endiablado y peligroso fueron incorporadas además las empresas publicitarias y de marketing político de JOAO SANTANA y su esposa MÓNICA MAURO, con la misión de jugar un papel relevante en la promoción de candidaturas, creación de imagen, financiamientos y asesorías de campaña a nivel nacional e internacional.
Ese fenómeno, a la larga, impactó negativamente el FORO DE SAO PAULO, en cuyo primer encuentro de fundación yo participé y posteriormente fui uno de los testigos-opositores de su progresiva derechización.
Por Oscar López Reyes
Cuba ha sido impactada en su desarrollo humano-social y los cubanos privados de necesidades básicas. Durante seis décadas, Estados Unidos le ha bloqueado 170.677 millones de dólares; no ha acatado 33 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reclaman terminar con el atajo, en tanto que el gobierno norteamericano mantiene nexos de cooperación con regímenes anti-democráticos y que cometen atrocidades a gran escala, porque le aseguran la permanencia de bases militares y la aplicación de sus estrategias geopolíticas.
Como dice el refrán, la superpotencia norteña penaliza a otro, pero premia lo propio. Su presidente, Donald Trump, plantea la caída cruenta y sangrante de seres humanos en Cuba, con su amenaza de ocupación militar, por su sistema socialista. Paradójicamente, apoya a gobiernos autoritarios y monarquías absolutistas que les favorecen en sus intercambios económicos y su estrategia hegemónica, como Israel, principal democida/genocida del siglo XXI; Arabia Saudita, Catar y Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Guinea Ecuatorial, Ruanda, la República de Chad, Yibuti, en el noreste de África; Sahel y África Occidental, la República “Democrática” del Congo (RDC) y otros.
¿Incoherencia o incongruencia?
En sus ilusiones anti-dialécticas, el mandatario estadounidense no echa la vista a los descalabros estrepitosos que ha cosechado donde quiera que ha metido sus botas, ni comprendido que las rupturas bruscas hacia las transiciones desencadenan colapsos financieros, más divisiones, ilegitimidades, crisis humanitarias, incertidumbres y disgustos comunitarios en los terruños intervenidos a la fuerza.
El asedio, la obstrucción y el cerco petrolífero a Cuba han sido con tanta saña y tan despiadado, por instigación de la diáspora cubana, que en los estertores de la Covid-19 la administración de Trump impidió la compra de reactivos, jeringas y dispositivos para los ensayos clínicos, en el instante en que en la esfera internacional la mayor de las Antillas impulsaba el uso de su medicamento Interferón Alfa-2b.
En la coyuntura más aciaga de la pandemia, sólo el presidente Luis Rodolfo Abinader mandó a la vecina isla más de 12 toneladas de material sanitario y medicamentos, valorados en 550,000 dólares. Gestos de hermandad también han sido exteriorizados por otros jefes de Estado dominicanos: Leonel Fernández restableció nexos diplomáticos con Cuba en 1998 y dos veces (20-24 de agosto de 1998-16-17 de abril de 1999) acogió en el país al comandante supremo de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, quien fue recibido por Joaquín Balaguer y Juan Bosch, líderes que le admiraban y respetaban.
Los afanes por el cambio
Por la ruina económica, en 1978 China asumió un modelo de socialismo de mercado y por el estancamiento económico crónico -incluso a raíz del naufragio de las reformas de Glásnost (apertura y libertad de expresión) y Perestroika (reestructuración económica), en 1991 el presidente Mijaíl Gorbachov dispuso la disolución formal de la Unión Soviética y la liquidación del socialismo. El dinamismo económico-financiero y geoespacial de ambas superpotencias ha sido notorio.
Consciente de que, en los resortes del capitalismo contemporáneo, la deficiencia o incompetencia del socialismo prohijado por la revolución rusa de 1917, conducida por Vladimir Lenin, y la revolución Comunista China de 1949, liderada por Mao Tse-Tung, a partir del 2011 el presidente cubano Raúl Castro Ruz alboreó como el gran reformador de Cuba: propulsó la «Actualización del Modelo Económico».
Esa descentralización de la economía, alineada parcialmente con el libre mercado, abarcó 178 reformas estructurales. Pretendía la apertura de la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia (Cuentapropismo), la compraventa de viviendas y vehículos, la exportación e importación sin tantos intermediarios oficiales, la reestructuración del mercado cambiario y una reducción de la burocracia y los subsidios estatales.
Por Isaías Ramos
En agosto de 2025 lo advertimos: el nuevo Código Penal podía abrir la puerta a una ley mordaza. Hoy el país comienza a verlo con mayor claridad.
La discusión no es si República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Claro que lo necesita. La discusión es otra: ninguna ley penal puede convertirse en instrumento de miedo contra ciudadanos, periodistas ni contra quienes fiscalizan el poder.
Una ley debe perseguir delincuentes, no intimidar al pueblo. Debe proteger a la sociedad, no sembrar autocensura. Debe castigar el crimen, no convertir la protesta, la denuncia o la crítica en actos sospechosos frente al poder.
Por eso lo decimos sin ambigüedad: Código Penal sí. Mordaza no. Justicia sí. Abuso de poder no. Autoridad sí. Intimidación no.
El Frente Cívico y Social advirtió desde agosto de 2025 que la Ley 74-25 podía convertirse en una amenaza directa al Estado de Derecho si sus disposiciones eran usadas para criminalizar la protesta pacífica, intimidar la denuncia ciudadana o blindar a los sectores de poder frente a la fiscalización pública. Esa advertencia fue recogida por distintos medios nacionales, incluyendo señalamientos sobre el artículo 384 y sobre el riesgo de perseguir a ciudadanos, activistas y periodistas bajo figuras penales ambiguas.
La Constitución no es un adorno: es el límite del poder. Toda ley, incluso un Código Penal, debe someterse a la Constitución, no colocarse por encima de ella. Cuando una norma puede ser interpretada para callar al que protesta, perseguir al que denuncia o asustar al que fiscaliza, la democracia comienza a retroceder.
Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Fiscalizar el poder no es delito: es deber ciudadano.
La propia Constitución reconoce la supremacía constitucional, el carácter social y democrático del Estado, la libertad de expresión, el deber ciudadano de denunciar faltas de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción como mandato esencial de la vida pública. Esos principios no pueden quedar reducidos a papel mojado por una ley penal mal redactada o abusivamente interpretada.
No le tememos a la ley. Le tememos al abuso del poder usando la ley. Esa es la diferencia fundamental. Quien defiende la libertad no defiende el caos. Quien rechaza una mordaza no rechaza la justicia. Quien exige límites al poder no está defendiendo delincuentes; está defendiendo la República.
Una democracia sana necesita leyes firmes, jueces independientes, fiscales responsables y ciudadanos libres. Pero cuando el poder pretende convertir toda crítica en amenaza, toda protesta en insurrección, toda denuncia en difamación y toda fiscalización en conspiración, entonces la ley deja de ser escudo del pueblo y empieza a convertirse en garrote del poder.
Esa es la frontera que no podemos cruzar.
República Dominicana necesita seguridad, pero no censura. Necesita autoridad, pero no intimidación. Necesita justicia, pero no miedo. Un Estado verdaderamente democrático no se fortalece callando ciudadanos; se fortalece garantizando que el pueblo pueda hablar, denunciar, exigir, protestar y fiscalizar sin temor a ser aplastado por el aparato penal.
La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Muchas veces se debilitan poco a poco: primero con palabras ambiguas, luego con interpretaciones peligrosas, después con expedientes ejemplarizantes, y finalmente con una ciudadanía que prefiere callar antes que arriesgarse.
Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia conserva su fachada, pero pierde su alma.
Por eso esta discusión no es solo jurídica. Es moral, política y nacional. Lo que está en juego no es un artículo aislado. Lo que está en juego es si República Dominicana será una República de ciudadanos libres o una sociedad de personas intimidadas, donde denunciar corrupción, criticar abusos o defender derechos pueda convertirse en una aventura peligrosa.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos una posición clara: la ley debe cumplirse, pero también debe tener límites constitucionales. Una ley que persigue delincuentes es necesaria. Una ley que intimida ciudadanos es inaceptable. Una ley que fortalece la justicia merece respaldo. Una ley que puede convertirse en mordaza merece resistencia democrática.
Defender el patrimonio público no es conspirar. Cuestionar al poder no es delinquir. Criticar una ley no es atacar al país. Al contrario: cuando se hace por la patria, fiscalizar el poder es una forma superior de responsabilidad ciudadana.
A los congresistas de la República y al Presidente les recordamos con solemnidad: ustedes juraron ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ninguna partidocracia y ningún interés de poder está por encima de esa Carta Magna. Cada ley, cada reforma y cada acto de gobierno debe respetar el Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando el poder gobierna de espaldas a la Constitución, no solo viola una norma: traiciona el mandato que juró cumplir.
República Dominicana no necesita miedo. Necesita verdad. No necesita ciudadanos arrodillados. Necesita ciudadanos conscientes. No necesita leyes para oprimir al pueblo. Necesita instituciones capaces de protegerlo.
Ya basta.
La ley debe proteger al pueblo, no oprimirlo.
Código Penal sí. Mordaza no.