Opinión
¿Por qué Kenia encabezará la invasión imperialista a Haití?
Por Narciso Isa Conde
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
A raíz de lo acontecido en sucesivas reuniones del Consejo de Seguridad y de las presiones desplegadas por EEUU y otros estados subordinados a esa superpotencia, la nueva agresión imperialista al reclamo popular de una transición soberana a la democracia en Haití, se tornado inminente,
Esto acontece luego de una larga expectativa motivada por lo complejo y riesgoso de esa nueva aventura, lo que ha motivado que la Administración Biden haya optado por manejar la invasión militar a Haití con mucha cautela y procurando un nuevo diseño de las fuerzas invasoras.
Biden comenzó este proceso con bajo perfil, como si tuviera renuente a invadir; y para fabricar previamente un conjunto de peticiones pro intervención, aprovechó las características de los gobiernos de Haití y RD, estimulando al presidente dominicano Luis Abinader a protagonizar demanda y al primer ministro haitiano Ariel Henry a formular la solicitud formal.
· TRAYECTO HACIA EL COMPROMISO INTERVENTOR DE EE. UU BAJO LA SOMBRILLA DE LA ONU.
Tan pronto se disolvió el engendro ultra conservador del Acuerdo de Lima, el presidente estadounidense ayudó a formar el trío RD-Panamá-Costa Rica, denominado ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que hizo suya la demanda de Abinader.
A continuación, incorporaron a Lasso de Ecuador, y todos bailaron con Abinader el merengue anti haitiano pro intervención militar y la música country anti sandinista.
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
Por su parte Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, fue mostrando paso a paso su lealtad a la misión concertada con Biden y potencias imperialistas europeas, consistente en ceder progresivamente a la solicitud de “pacificación de Haití con una fuerza multinacional” con el disfraz de la ONU.
La dilación no obedeció a dudas sobre la decisión de invadir, sino a lo laborioso de un diseño en el que debería garantizarse el predominio soldados negros, preferiblemente africanos y caribeños; motivado por la idea de perfeccionar y enriquecer aquel modelo en que Brasil fue colocado al frente y soldados latinos y negros norteamericanos predominaran dentro del conjunto.
De aquella experiencia “defectuosa” y de las características propias de las desbordadas bandas haitianas, parece haber surgido eso de pensar en África y en Caribe para la selección del contingente invasor; para lo que resultó sumamente útil ablandar la resistencia de los países del CARICOM y enrolar a KENIA como cabeza de esa misión.
En el curso de esa dinámica jugaron un rol pro-activo el presidente Abinader y su canciller, Roberto Álvarez, muy allegado a la Casa Blanca.
Biden, por fin, dio la cara y presentó recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en favor de la fuerza multinacional y, en consecuencia, de la invasión militar a Haití bajo el mando invisible de EE. UU, parapetado detrás de Kenia.
A la vez se pronunció de esta manera ante la Asamblea General de esa entidad: “Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más».
Minutos después, raudo y veloz, Abinader lo respaldó enfáticamente; seguros todos ellos de que la ONU ha dejado de ser factor pro paz y autodeterminación de pueblos, dedicándose a acompañar masacres de la OTAN y el PENTÁGONO. A EE.UU y a Ecuador se le encomendó pulir el proyecto original de resolución.
A seguidas el presidente de Kenia anunció formalmente su compromiso de ponerse al frente de la fuerza multinacional, disque para combatir las bandas haitianas; paradójicamente creadas y armadas por EEUU, por el MOSSAD israelí y los paramilitares colombianos, con protección y complicidades de los gobiernos de Martelli, Jovenel Moises y Ariel Henry.
Los tres han actuado como gobiernos mafiosos e ilegítimos, incluido Henry, quien junto al mandatario dominicano comparten la responsabilidad de una intervención en el contexto de la gestión gubernamental de Henry.
Esta es otra paradoja que enturbia el supuesto propósito anti delincuente de esa invasión y mueve a la sospecha de que su real objetivo es impedir el crecimiento de la recurrente resistencia multitudinaria del pueblo haitiano iniciada en el 2016 contra el gobierno de Moises y proteger la continuidad y la renovación fraudulenta del régimen servil a EEUU, Francia y Canadá.
· CARACTERÏSTICAS DEL RÉGIMEN DE KENIA, PRESIDIDO POR WILLIAM RUTO.
Kenia ha sido escogido por EEUU y potencias europeas para colocar su policía al frente de una fuerza multinacional destinada a prolongar y remodelar la dominación del sistema imperialista occidental en Haití.
Es un país de África con un territorio 12 veces más grande que República Dominicana, con una población de 56.2 millones de habitantes y una de las principales economías de ese continente oprimido.
Kenia y sus tropas policiales negras fueron realmente seleccionadas para dar la cara en esa aventura incierta, a favor de los espurios intereses del sistema de dominación del imperialismo occidental, responsable de un saqueo atroz y un cruel despliegue de racismo en todo el continente africano.
Es una neocolonia del Reino Unido y de EEUU, lo que facilitó su escogencia, a todas luces acorde con el nuevo diseño imperialista de la nueva intervención militar en Haití; misión para la cual carece de capacidad militar, de condiciones económicas y estabilidad política. Va operar como un simple instrumento frágil, con certificado de carne de cañón.
Oxfam Internacional asegura que, a pesar de su potencial, «Kenia sufre elevados niveles de pobreza, exclusión femenina, desigualdad generalizada, mala gestión del gobierno y violencia».
Indica también que los niveles más altos de pobreza de Kenia se encuentran en las comunidades agrícolas y zonas de pastoreos del Norte del país; en algunas de las cuales, el 95% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Medios internacionales, por demás, indican que el gobierno de Ruto ha estado bajo ataques persistentes, acosado por protestas populares y opositoras, por mejores condiciones de vida.
· LA PERSONALIDAD CONTROVERSIAL DE RUTO.
El presidente William Ruto, electo el año pasado por escaso margen, es hijo de un campesino y ahora multimillonario al vapor. Tiene talento político, oratoria y fama de “hipnotizar masas”; y al frente de varios negocios boyantes, ha acumulado velozmente una gran cantidad de bienes y se ha escapado de diversos escándalos de corrupción.
La propia ONG Transparencia Internacional, muy vinculada al interés del capitalismo occidental y a los intereses de EEUU, situó a Kenia en el puesto 128 de 180 en su último índice de percepción sobre la corrupción mundial.
Esa misma ONG, denunció que cada año se pierden 6.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, lo que ha frenado importantes proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura, entre otros.
No se sabe a cambio de qué ventaja o privilegio el Gobierno de Kenia se dispone a ser el rostro de una misión tan infame.
Una misión militar a miles de kilómetros de su país que implica invadir a un pueblo caribeño negro de origen africano, para complacer propósitos espurios de quienes empobrecieron bestialmente a Haití, formaron y armaron las bandas que supuestamente van a combatir y pretenden seguir saqueado las riquezas que le quedan a este país caribeño.
Todo para servirle de mampara a EE.UU y hacer las veces de instrumento del interés de reducirles riesgos y costos políticos a quienes colonizaron y neo colonizaron brutalmente el Continente Africano y a la propia Kenia.
· UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN MILITAR IMPERIALISTA, SUMAMENTE PERVERSO.
Es fácil deducir que la asunción por Kenia de esa sucia misión es la parte inicial de un diseño que procura una composición de tropas invasoras predominantemente integradas por soldados negros de África; colocando tras bambalinas los especialistas blancos y usando como señuelo o carnada el supuesto combate a las pandillas o bandas mafiosas, lo que además se quiere usar para neutralizar parte de la población haitiana, sometida a las fechorías de esas bandas fuertemente armadas.
A las tropas kenianas tratan de sumarles algunos pequeños contingentes policiales caribeños, otros de países africanos y, eventualmente, tropas procedentes de la minoría negra estadounidense.
Un diseño concebido para encubrir el racismo colonialista tradicional que predomina en las potencias capitalistas europeas y norteamericanas, enfrentando negros contra negros, o procurado cierta confraternidad racial dentro de la negritud de ambas partes. que, dadas la corrupción kenyana y la corrupción oficial y no oficial haitiana, bien podría devenir en peligrosas complicidades mafiosas.
Ya el Canciller dominicano, asumiendo vocería en el proceso de orquestación de la invasión con ese esquema perverso, anunció la posible incorporación de Senegal, Jamaica, Bahamas y otros países africanos y caribeños.
Un asunto muy grave, revelador del real significado del rol de Kenia, es que su presidente actual, William Ruto, tuvo responsabilidades en las matanzas escenificadas en Kenia en el 2007 y 2008 y fue condenado por “crímenes contra la humanidad” por el Tribunal de La Haya; mientras de la policía keniana se cuentan episodios muy sangrientos. ¡Malos augurios acompañan esa aventura en medio de un cuadro tan engorroso y aberrante!
Nuestro país, la sociedad haitiana, nuestro pueblo y el mundo merece saber las características de esta nueva invasión imperialista a un pueblo merecedor de una acción reparadora de sus enormes sufrimientos ocasionados por el ejercicio de una neo colonialidad brutal.
Este es un primer y modesto aporte en esa dirección, que espero pueda ser útil y merezca ser publicado y reproducido.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.