Opinión
¿Por qué Kenia encabezará la invasión imperialista a Haití?
Por Narciso Isa Conde
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
A raíz de lo acontecido en sucesivas reuniones del Consejo de Seguridad y de las presiones desplegadas por EEUU y otros estados subordinados a esa superpotencia, la nueva agresión imperialista al reclamo popular de una transición soberana a la democracia en Haití, se tornado inminente,
Esto acontece luego de una larga expectativa motivada por lo complejo y riesgoso de esa nueva aventura, lo que ha motivado que la Administración Biden haya optado por manejar la invasión militar a Haití con mucha cautela y procurando un nuevo diseño de las fuerzas invasoras.
Biden comenzó este proceso con bajo perfil, como si tuviera renuente a invadir; y para fabricar previamente un conjunto de peticiones pro intervención, aprovechó las características de los gobiernos de Haití y RD, estimulando al presidente dominicano Luis Abinader a protagonizar demanda y al primer ministro haitiano Ariel Henry a formular la solicitud formal.
· TRAYECTO HACIA EL COMPROMISO INTERVENTOR DE EE. UU BAJO LA SOMBRILLA DE LA ONU.
Tan pronto se disolvió el engendro ultra conservador del Acuerdo de Lima, el presidente estadounidense ayudó a formar el trío RD-Panamá-Costa Rica, denominado ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que hizo suya la demanda de Abinader.
A continuación, incorporaron a Lasso de Ecuador, y todos bailaron con Abinader el merengue anti haitiano pro intervención militar y la música country anti sandinista.
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
Por su parte Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, fue mostrando paso a paso su lealtad a la misión concertada con Biden y potencias imperialistas europeas, consistente en ceder progresivamente a la solicitud de “pacificación de Haití con una fuerza multinacional” con el disfraz de la ONU.
La dilación no obedeció a dudas sobre la decisión de invadir, sino a lo laborioso de un diseño en el que debería garantizarse el predominio soldados negros, preferiblemente africanos y caribeños; motivado por la idea de perfeccionar y enriquecer aquel modelo en que Brasil fue colocado al frente y soldados latinos y negros norteamericanos predominaran dentro del conjunto.
De aquella experiencia “defectuosa” y de las características propias de las desbordadas bandas haitianas, parece haber surgido eso de pensar en África y en Caribe para la selección del contingente invasor; para lo que resultó sumamente útil ablandar la resistencia de los países del CARICOM y enrolar a KENIA como cabeza de esa misión.
En el curso de esa dinámica jugaron un rol pro-activo el presidente Abinader y su canciller, Roberto Álvarez, muy allegado a la Casa Blanca.
Biden, por fin, dio la cara y presentó recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en favor de la fuerza multinacional y, en consecuencia, de la invasión militar a Haití bajo el mando invisible de EE. UU, parapetado detrás de Kenia.
A la vez se pronunció de esta manera ante la Asamblea General de esa entidad: “Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más».
Minutos después, raudo y veloz, Abinader lo respaldó enfáticamente; seguros todos ellos de que la ONU ha dejado de ser factor pro paz y autodeterminación de pueblos, dedicándose a acompañar masacres de la OTAN y el PENTÁGONO. A EE.UU y a Ecuador se le encomendó pulir el proyecto original de resolución.
A seguidas el presidente de Kenia anunció formalmente su compromiso de ponerse al frente de la fuerza multinacional, disque para combatir las bandas haitianas; paradójicamente creadas y armadas por EEUU, por el MOSSAD israelí y los paramilitares colombianos, con protección y complicidades de los gobiernos de Martelli, Jovenel Moises y Ariel Henry.
Los tres han actuado como gobiernos mafiosos e ilegítimos, incluido Henry, quien junto al mandatario dominicano comparten la responsabilidad de una intervención en el contexto de la gestión gubernamental de Henry.
Esta es otra paradoja que enturbia el supuesto propósito anti delincuente de esa invasión y mueve a la sospecha de que su real objetivo es impedir el crecimiento de la recurrente resistencia multitudinaria del pueblo haitiano iniciada en el 2016 contra el gobierno de Moises y proteger la continuidad y la renovación fraudulenta del régimen servil a EEUU, Francia y Canadá.
· CARACTERÏSTICAS DEL RÉGIMEN DE KENIA, PRESIDIDO POR WILLIAM RUTO.
Kenia ha sido escogido por EEUU y potencias europeas para colocar su policía al frente de una fuerza multinacional destinada a prolongar y remodelar la dominación del sistema imperialista occidental en Haití.
Es un país de África con un territorio 12 veces más grande que República Dominicana, con una población de 56.2 millones de habitantes y una de las principales economías de ese continente oprimido.
Kenia y sus tropas policiales negras fueron realmente seleccionadas para dar la cara en esa aventura incierta, a favor de los espurios intereses del sistema de dominación del imperialismo occidental, responsable de un saqueo atroz y un cruel despliegue de racismo en todo el continente africano.
Es una neocolonia del Reino Unido y de EEUU, lo que facilitó su escogencia, a todas luces acorde con el nuevo diseño imperialista de la nueva intervención militar en Haití; misión para la cual carece de capacidad militar, de condiciones económicas y estabilidad política. Va operar como un simple instrumento frágil, con certificado de carne de cañón.
Oxfam Internacional asegura que, a pesar de su potencial, «Kenia sufre elevados niveles de pobreza, exclusión femenina, desigualdad generalizada, mala gestión del gobierno y violencia».
Indica también que los niveles más altos de pobreza de Kenia se encuentran en las comunidades agrícolas y zonas de pastoreos del Norte del país; en algunas de las cuales, el 95% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Medios internacionales, por demás, indican que el gobierno de Ruto ha estado bajo ataques persistentes, acosado por protestas populares y opositoras, por mejores condiciones de vida.
· LA PERSONALIDAD CONTROVERSIAL DE RUTO.
El presidente William Ruto, electo el año pasado por escaso margen, es hijo de un campesino y ahora multimillonario al vapor. Tiene talento político, oratoria y fama de “hipnotizar masas”; y al frente de varios negocios boyantes, ha acumulado velozmente una gran cantidad de bienes y se ha escapado de diversos escándalos de corrupción.
La propia ONG Transparencia Internacional, muy vinculada al interés del capitalismo occidental y a los intereses de EEUU, situó a Kenia en el puesto 128 de 180 en su último índice de percepción sobre la corrupción mundial.
Esa misma ONG, denunció que cada año se pierden 6.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, lo que ha frenado importantes proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura, entre otros.
No se sabe a cambio de qué ventaja o privilegio el Gobierno de Kenia se dispone a ser el rostro de una misión tan infame.
Una misión militar a miles de kilómetros de su país que implica invadir a un pueblo caribeño negro de origen africano, para complacer propósitos espurios de quienes empobrecieron bestialmente a Haití, formaron y armaron las bandas que supuestamente van a combatir y pretenden seguir saqueado las riquezas que le quedan a este país caribeño.
Todo para servirle de mampara a EE.UU y hacer las veces de instrumento del interés de reducirles riesgos y costos políticos a quienes colonizaron y neo colonizaron brutalmente el Continente Africano y a la propia Kenia.
· UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN MILITAR IMPERIALISTA, SUMAMENTE PERVERSO.
Es fácil deducir que la asunción por Kenia de esa sucia misión es la parte inicial de un diseño que procura una composición de tropas invasoras predominantemente integradas por soldados negros de África; colocando tras bambalinas los especialistas blancos y usando como señuelo o carnada el supuesto combate a las pandillas o bandas mafiosas, lo que además se quiere usar para neutralizar parte de la población haitiana, sometida a las fechorías de esas bandas fuertemente armadas.
A las tropas kenianas tratan de sumarles algunos pequeños contingentes policiales caribeños, otros de países africanos y, eventualmente, tropas procedentes de la minoría negra estadounidense.
Un diseño concebido para encubrir el racismo colonialista tradicional que predomina en las potencias capitalistas europeas y norteamericanas, enfrentando negros contra negros, o procurado cierta confraternidad racial dentro de la negritud de ambas partes. que, dadas la corrupción kenyana y la corrupción oficial y no oficial haitiana, bien podría devenir en peligrosas complicidades mafiosas.
Ya el Canciller dominicano, asumiendo vocería en el proceso de orquestación de la invasión con ese esquema perverso, anunció la posible incorporación de Senegal, Jamaica, Bahamas y otros países africanos y caribeños.
Un asunto muy grave, revelador del real significado del rol de Kenia, es que su presidente actual, William Ruto, tuvo responsabilidades en las matanzas escenificadas en Kenia en el 2007 y 2008 y fue condenado por “crímenes contra la humanidad” por el Tribunal de La Haya; mientras de la policía keniana se cuentan episodios muy sangrientos. ¡Malos augurios acompañan esa aventura en medio de un cuadro tan engorroso y aberrante!
Nuestro país, la sociedad haitiana, nuestro pueblo y el mundo merece saber las características de esta nueva invasión imperialista a un pueblo merecedor de una acción reparadora de sus enormes sufrimientos ocasionados por el ejercicio de una neo colonialidad brutal.
Este es un primer y modesto aporte en esa dirección, que espero pueda ser útil y merezca ser publicado y reproducido.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.