Opinión
¿Por qué Kenia encabezará la invasión imperialista a Haití?
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3 años agoon
Por Narciso Isa Conde
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
A raíz de lo acontecido en sucesivas reuniones del Consejo de Seguridad y de las presiones desplegadas por EEUU y otros estados subordinados a esa superpotencia, la nueva agresión imperialista al reclamo popular de una transición soberana a la democracia en Haití, se tornado inminente,
Esto acontece luego de una larga expectativa motivada por lo complejo y riesgoso de esa nueva aventura, lo que ha motivado que la Administración Biden haya optado por manejar la invasión militar a Haití con mucha cautela y procurando un nuevo diseño de las fuerzas invasoras.
Biden comenzó este proceso con bajo perfil, como si tuviera renuente a invadir; y para fabricar previamente un conjunto de peticiones pro intervención, aprovechó las características de los gobiernos de Haití y RD, estimulando al presidente dominicano Luis Abinader a protagonizar demanda y al primer ministro haitiano Ariel Henry a formular la solicitud formal.
· TRAYECTO HACIA EL COMPROMISO INTERVENTOR DE EE. UU BAJO LA SOMBRILLA DE LA ONU.
Tan pronto se disolvió el engendro ultra conservador del Acuerdo de Lima, el presidente estadounidense ayudó a formar el trío RD-Panamá-Costa Rica, denominado ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que hizo suya la demanda de Abinader.
A continuación, incorporaron a Lasso de Ecuador, y todos bailaron con Abinader el merengue anti haitiano pro intervención militar y la música country anti sandinista.
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
Por su parte Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, fue mostrando paso a paso su lealtad a la misión concertada con Biden y potencias imperialistas europeas, consistente en ceder progresivamente a la solicitud de “pacificación de Haití con una fuerza multinacional” con el disfraz de la ONU.
La dilación no obedeció a dudas sobre la decisión de invadir, sino a lo laborioso de un diseño en el que debería garantizarse el predominio soldados negros, preferiblemente africanos y caribeños; motivado por la idea de perfeccionar y enriquecer aquel modelo en que Brasil fue colocado al frente y soldados latinos y negros norteamericanos predominaran dentro del conjunto.
De aquella experiencia “defectuosa” y de las características propias de las desbordadas bandas haitianas, parece haber surgido eso de pensar en África y en Caribe para la selección del contingente invasor; para lo que resultó sumamente útil ablandar la resistencia de los países del CARICOM y enrolar a KENIA como cabeza de esa misión.
En el curso de esa dinámica jugaron un rol pro-activo el presidente Abinader y su canciller, Roberto Álvarez, muy allegado a la Casa Blanca.
Biden, por fin, dio la cara y presentó recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en favor de la fuerza multinacional y, en consecuencia, de la invasión militar a Haití bajo el mando invisible de EE. UU, parapetado detrás de Kenia.
A la vez se pronunció de esta manera ante la Asamblea General de esa entidad: “Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más».
Minutos después, raudo y veloz, Abinader lo respaldó enfáticamente; seguros todos ellos de que la ONU ha dejado de ser factor pro paz y autodeterminación de pueblos, dedicándose a acompañar masacres de la OTAN y el PENTÁGONO. A EE.UU y a Ecuador se le encomendó pulir el proyecto original de resolución.
A seguidas el presidente de Kenia anunció formalmente su compromiso de ponerse al frente de la fuerza multinacional, disque para combatir las bandas haitianas; paradójicamente creadas y armadas por EEUU, por el MOSSAD israelí y los paramilitares colombianos, con protección y complicidades de los gobiernos de Martelli, Jovenel Moises y Ariel Henry.
Los tres han actuado como gobiernos mafiosos e ilegítimos, incluido Henry, quien junto al mandatario dominicano comparten la responsabilidad de una intervención en el contexto de la gestión gubernamental de Henry.
Esta es otra paradoja que enturbia el supuesto propósito anti delincuente de esa invasión y mueve a la sospecha de que su real objetivo es impedir el crecimiento de la recurrente resistencia multitudinaria del pueblo haitiano iniciada en el 2016 contra el gobierno de Moises y proteger la continuidad y la renovación fraudulenta del régimen servil a EEUU, Francia y Canadá.
· CARACTERÏSTICAS DEL RÉGIMEN DE KENIA, PRESIDIDO POR WILLIAM RUTO.
Kenia ha sido escogido por EEUU y potencias europeas para colocar su policía al frente de una fuerza multinacional destinada a prolongar y remodelar la dominación del sistema imperialista occidental en Haití.
Es un país de África con un territorio 12 veces más grande que República Dominicana, con una población de 56.2 millones de habitantes y una de las principales economías de ese continente oprimido.
Kenia y sus tropas policiales negras fueron realmente seleccionadas para dar la cara en esa aventura incierta, a favor de los espurios intereses del sistema de dominación del imperialismo occidental, responsable de un saqueo atroz y un cruel despliegue de racismo en todo el continente africano.
Es una neocolonia del Reino Unido y de EEUU, lo que facilitó su escogencia, a todas luces acorde con el nuevo diseño imperialista de la nueva intervención militar en Haití; misión para la cual carece de capacidad militar, de condiciones económicas y estabilidad política. Va operar como un simple instrumento frágil, con certificado de carne de cañón.
Oxfam Internacional asegura que, a pesar de su potencial, «Kenia sufre elevados niveles de pobreza, exclusión femenina, desigualdad generalizada, mala gestión del gobierno y violencia».
Indica también que los niveles más altos de pobreza de Kenia se encuentran en las comunidades agrícolas y zonas de pastoreos del Norte del país; en algunas de las cuales, el 95% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Medios internacionales, por demás, indican que el gobierno de Ruto ha estado bajo ataques persistentes, acosado por protestas populares y opositoras, por mejores condiciones de vida.
· LA PERSONALIDAD CONTROVERSIAL DE RUTO.
El presidente William Ruto, electo el año pasado por escaso margen, es hijo de un campesino y ahora multimillonario al vapor. Tiene talento político, oratoria y fama de “hipnotizar masas”; y al frente de varios negocios boyantes, ha acumulado velozmente una gran cantidad de bienes y se ha escapado de diversos escándalos de corrupción.
La propia ONG Transparencia Internacional, muy vinculada al interés del capitalismo occidental y a los intereses de EEUU, situó a Kenia en el puesto 128 de 180 en su último índice de percepción sobre la corrupción mundial.
Esa misma ONG, denunció que cada año se pierden 6.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, lo que ha frenado importantes proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura, entre otros.
No se sabe a cambio de qué ventaja o privilegio el Gobierno de Kenia se dispone a ser el rostro de una misión tan infame.
Una misión militar a miles de kilómetros de su país que implica invadir a un pueblo caribeño negro de origen africano, para complacer propósitos espurios de quienes empobrecieron bestialmente a Haití, formaron y armaron las bandas que supuestamente van a combatir y pretenden seguir saqueado las riquezas que le quedan a este país caribeño.
Todo para servirle de mampara a EE.UU y hacer las veces de instrumento del interés de reducirles riesgos y costos políticos a quienes colonizaron y neo colonizaron brutalmente el Continente Africano y a la propia Kenia.
· UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN MILITAR IMPERIALISTA, SUMAMENTE PERVERSO.
Es fácil deducir que la asunción por Kenia de esa sucia misión es la parte inicial de un diseño que procura una composición de tropas invasoras predominantemente integradas por soldados negros de África; colocando tras bambalinas los especialistas blancos y usando como señuelo o carnada el supuesto combate a las pandillas o bandas mafiosas, lo que además se quiere usar para neutralizar parte de la población haitiana, sometida a las fechorías de esas bandas fuertemente armadas.
A las tropas kenianas tratan de sumarles algunos pequeños contingentes policiales caribeños, otros de países africanos y, eventualmente, tropas procedentes de la minoría negra estadounidense.
Un diseño concebido para encubrir el racismo colonialista tradicional que predomina en las potencias capitalistas europeas y norteamericanas, enfrentando negros contra negros, o procurado cierta confraternidad racial dentro de la negritud de ambas partes. que, dadas la corrupción kenyana y la corrupción oficial y no oficial haitiana, bien podría devenir en peligrosas complicidades mafiosas.
Ya el Canciller dominicano, asumiendo vocería en el proceso de orquestación de la invasión con ese esquema perverso, anunció la posible incorporación de Senegal, Jamaica, Bahamas y otros países africanos y caribeños.
Un asunto muy grave, revelador del real significado del rol de Kenia, es que su presidente actual, William Ruto, tuvo responsabilidades en las matanzas escenificadas en Kenia en el 2007 y 2008 y fue condenado por “crímenes contra la humanidad” por el Tribunal de La Haya; mientras de la policía keniana se cuentan episodios muy sangrientos. ¡Malos augurios acompañan esa aventura en medio de un cuadro tan engorroso y aberrante!
Nuestro país, la sociedad haitiana, nuestro pueblo y el mundo merece saber las características de esta nueva invasión imperialista a un pueblo merecedor de una acción reparadora de sus enormes sufrimientos ocasionados por el ejercicio de una neo colonialidad brutal.
Este es un primer y modesto aporte en esa dirección, que espero pueda ser útil y merezca ser publicado y reproducido.
Opinión
Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad
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4 días agoon
noviembre 13, 2026La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.
- El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
- Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
- La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.
Por Narciso Isa Conde
Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.
Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.
Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.
El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:
· La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.
· Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.
· Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.
· En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.
· Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.
· La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».
· El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.
Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:
¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?
Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:
Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.
En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.
La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.
Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.
Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.
Por Oscar López Reyes
Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.
Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.
La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.
¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?
Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.
También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.
Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.
El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.
La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.
¿Cuáles son las respuestas?
Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.
Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.
Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.
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Referencias bibliográficas:
1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/
2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.
3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.
5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.
6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Isaías Ramos
Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.
El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.
El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.
Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.
La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.
Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.
En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.
El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.
El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.
Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.
Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.
Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.
El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.
Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.
Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.
En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder
siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.
El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.
¡El 2044 comienza hoy!
