Opinión
¿Por qué Kenia encabezará la invasión imperialista a Haití?
Por Narciso Isa Conde
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
A raíz de lo acontecido en sucesivas reuniones del Consejo de Seguridad y de las presiones desplegadas por EEUU y otros estados subordinados a esa superpotencia, la nueva agresión imperialista al reclamo popular de una transición soberana a la democracia en Haití, se tornado inminente,
Esto acontece luego de una larga expectativa motivada por lo complejo y riesgoso de esa nueva aventura, lo que ha motivado que la Administración Biden haya optado por manejar la invasión militar a Haití con mucha cautela y procurando un nuevo diseño de las fuerzas invasoras.
Biden comenzó este proceso con bajo perfil, como si tuviera renuente a invadir; y para fabricar previamente un conjunto de peticiones pro intervención, aprovechó las características de los gobiernos de Haití y RD, estimulando al presidente dominicano Luis Abinader a protagonizar demanda y al primer ministro haitiano Ariel Henry a formular la solicitud formal.
· TRAYECTO HACIA EL COMPROMISO INTERVENTOR DE EE. UU BAJO LA SOMBRILLA DE LA ONU.
Tan pronto se disolvió el engendro ultra conservador del Acuerdo de Lima, el presidente estadounidense ayudó a formar el trío RD-Panamá-Costa Rica, denominado ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA, que hizo suya la demanda de Abinader.
A continuación, incorporaron a Lasso de Ecuador, y todos bailaron con Abinader el merengue anti haitiano pro intervención militar y la música country anti sandinista.
Ese nuevo bloque, a su vez introdujo de contrabando ese tema en la reunión realizada en Santo Domingo, presidida por Lasso, en busca de respaldo y neutralizaciones.
Por su parte Antonio Guterrez, Secretario General de la ONU, fue mostrando paso a paso su lealtad a la misión concertada con Biden y potencias imperialistas europeas, consistente en ceder progresivamente a la solicitud de “pacificación de Haití con una fuerza multinacional” con el disfraz de la ONU.
La dilación no obedeció a dudas sobre la decisión de invadir, sino a lo laborioso de un diseño en el que debería garantizarse el predominio soldados negros, preferiblemente africanos y caribeños; motivado por la idea de perfeccionar y enriquecer aquel modelo en que Brasil fue colocado al frente y soldados latinos y negros norteamericanos predominaran dentro del conjunto.
De aquella experiencia “defectuosa” y de las características propias de las desbordadas bandas haitianas, parece haber surgido eso de pensar en África y en Caribe para la selección del contingente invasor; para lo que resultó sumamente útil ablandar la resistencia de los países del CARICOM y enrolar a KENIA como cabeza de esa misión.
En el curso de esa dinámica jugaron un rol pro-activo el presidente Abinader y su canciller, Roberto Álvarez, muy allegado a la Casa Blanca.
Biden, por fin, dio la cara y presentó recientemente al Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en favor de la fuerza multinacional y, en consecuencia, de la invasión militar a Haití bajo el mando invisible de EE. UU, parapetado detrás de Kenia.
A la vez se pronunció de esta manera ante la Asamblea General de esa entidad: “Pido al Consejo de Seguridad que autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más».
Minutos después, raudo y veloz, Abinader lo respaldó enfáticamente; seguros todos ellos de que la ONU ha dejado de ser factor pro paz y autodeterminación de pueblos, dedicándose a acompañar masacres de la OTAN y el PENTÁGONO. A EE.UU y a Ecuador se le encomendó pulir el proyecto original de resolución.
A seguidas el presidente de Kenia anunció formalmente su compromiso de ponerse al frente de la fuerza multinacional, disque para combatir las bandas haitianas; paradójicamente creadas y armadas por EEUU, por el MOSSAD israelí y los paramilitares colombianos, con protección y complicidades de los gobiernos de Martelli, Jovenel Moises y Ariel Henry.
Los tres han actuado como gobiernos mafiosos e ilegítimos, incluido Henry, quien junto al mandatario dominicano comparten la responsabilidad de una intervención en el contexto de la gestión gubernamental de Henry.
Esta es otra paradoja que enturbia el supuesto propósito anti delincuente de esa invasión y mueve a la sospecha de que su real objetivo es impedir el crecimiento de la recurrente resistencia multitudinaria del pueblo haitiano iniciada en el 2016 contra el gobierno de Moises y proteger la continuidad y la renovación fraudulenta del régimen servil a EEUU, Francia y Canadá.
· CARACTERÏSTICAS DEL RÉGIMEN DE KENIA, PRESIDIDO POR WILLIAM RUTO.
Kenia ha sido escogido por EEUU y potencias europeas para colocar su policía al frente de una fuerza multinacional destinada a prolongar y remodelar la dominación del sistema imperialista occidental en Haití.
Es un país de África con un territorio 12 veces más grande que República Dominicana, con una población de 56.2 millones de habitantes y una de las principales economías de ese continente oprimido.
Kenia y sus tropas policiales negras fueron realmente seleccionadas para dar la cara en esa aventura incierta, a favor de los espurios intereses del sistema de dominación del imperialismo occidental, responsable de un saqueo atroz y un cruel despliegue de racismo en todo el continente africano.
Es una neocolonia del Reino Unido y de EEUU, lo que facilitó su escogencia, a todas luces acorde con el nuevo diseño imperialista de la nueva intervención militar en Haití; misión para la cual carece de capacidad militar, de condiciones económicas y estabilidad política. Va operar como un simple instrumento frágil, con certificado de carne de cañón.
Oxfam Internacional asegura que, a pesar de su potencial, «Kenia sufre elevados niveles de pobreza, exclusión femenina, desigualdad generalizada, mala gestión del gobierno y violencia».
Indica también que los niveles más altos de pobreza de Kenia se encuentran en las comunidades agrícolas y zonas de pastoreos del Norte del país; en algunas de las cuales, el 95% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Medios internacionales, por demás, indican que el gobierno de Ruto ha estado bajo ataques persistentes, acosado por protestas populares y opositoras, por mejores condiciones de vida.
· LA PERSONALIDAD CONTROVERSIAL DE RUTO.
El presidente William Ruto, electo el año pasado por escaso margen, es hijo de un campesino y ahora multimillonario al vapor. Tiene talento político, oratoria y fama de “hipnotizar masas”; y al frente de varios negocios boyantes, ha acumulado velozmente una gran cantidad de bienes y se ha escapado de diversos escándalos de corrupción.
La propia ONG Transparencia Internacional, muy vinculada al interés del capitalismo occidental y a los intereses de EEUU, situó a Kenia en el puesto 128 de 180 en su último índice de percepción sobre la corrupción mundial.
Esa misma ONG, denunció que cada año se pierden 6.000 millones de dólares del presupuesto del Estado, lo que ha frenado importantes proyectos de inversión en salud, educación, infraestructura, entre otros.
No se sabe a cambio de qué ventaja o privilegio el Gobierno de Kenia se dispone a ser el rostro de una misión tan infame.
Una misión militar a miles de kilómetros de su país que implica invadir a un pueblo caribeño negro de origen africano, para complacer propósitos espurios de quienes empobrecieron bestialmente a Haití, formaron y armaron las bandas que supuestamente van a combatir y pretenden seguir saqueado las riquezas que le quedan a este país caribeño.
Todo para servirle de mampara a EE.UU y hacer las veces de instrumento del interés de reducirles riesgos y costos políticos a quienes colonizaron y neo colonizaron brutalmente el Continente Africano y a la propia Kenia.
· UN NUEVO MODELO DE INTERVENCIÓN MILITAR IMPERIALISTA, SUMAMENTE PERVERSO.
Es fácil deducir que la asunción por Kenia de esa sucia misión es la parte inicial de un diseño que procura una composición de tropas invasoras predominantemente integradas por soldados negros de África; colocando tras bambalinas los especialistas blancos y usando como señuelo o carnada el supuesto combate a las pandillas o bandas mafiosas, lo que además se quiere usar para neutralizar parte de la población haitiana, sometida a las fechorías de esas bandas fuertemente armadas.
A las tropas kenianas tratan de sumarles algunos pequeños contingentes policiales caribeños, otros de países africanos y, eventualmente, tropas procedentes de la minoría negra estadounidense.
Un diseño concebido para encubrir el racismo colonialista tradicional que predomina en las potencias capitalistas europeas y norteamericanas, enfrentando negros contra negros, o procurado cierta confraternidad racial dentro de la negritud de ambas partes. que, dadas la corrupción kenyana y la corrupción oficial y no oficial haitiana, bien podría devenir en peligrosas complicidades mafiosas.
Ya el Canciller dominicano, asumiendo vocería en el proceso de orquestación de la invasión con ese esquema perverso, anunció la posible incorporación de Senegal, Jamaica, Bahamas y otros países africanos y caribeños.
Un asunto muy grave, revelador del real significado del rol de Kenia, es que su presidente actual, William Ruto, tuvo responsabilidades en las matanzas escenificadas en Kenia en el 2007 y 2008 y fue condenado por “crímenes contra la humanidad” por el Tribunal de La Haya; mientras de la policía keniana se cuentan episodios muy sangrientos. ¡Malos augurios acompañan esa aventura en medio de un cuadro tan engorroso y aberrante!
Nuestro país, la sociedad haitiana, nuestro pueblo y el mundo merece saber las características de esta nueva invasión imperialista a un pueblo merecedor de una acción reparadora de sus enormes sufrimientos ocasionados por el ejercicio de una neo colonialidad brutal.
Este es un primer y modesto aporte en esa dirección, que espero pueda ser útil y merezca ser publicado y reproducido.
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!