Opinión
¿Por qué la DEA le ha hecho esa mala pasada a Abinader?
Por Narciso Isa Conde
Hace una semana el gobierno dominicano alertó sobre la presencia en el país de varios capos del Cartel de Sinaloa, considerada la mayor organización de tráfico de drogas de México.
Sin embargo, días después, el presidente Luis Abinader en persona y el vicealmirante Manuel Cabrera, que dirige la Dirección Nacional Contra la Droga (DNCD), recularon y desmintieron oficialmente lo que se había informado sobre ciertas operaciones de ese cartel en el país.
Pero a pesar de que el Gobierno dominicano de esa manera negó «tajantemente» que el Cártel de Sinaloa tenga grupos o células operativas en la República Dominicana, Tony Velázquez, vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para la región del Caribe, contradijo la versión gubernamental y ofreció detalles consistentes que avalan su afirmación
Está claro, pues, que es la DEA del régimen de TRUMP la que dirige todas las investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa aquí y en El Caribe.
Es evidente que no es la DNCD la que conduce ese proceso, a la cual la DEA le da informaciones y órdenes a conveniencia, y le oculta lo que le interesa ocultar con fines predeterminados.
Pasa esto último con las informaciones sensibles que la DEA y el sistema judicial estadounidense obtiene de las “confesiones premiadas” de delincuentes extraditados o capturados por autoridades gringas.
Ahora bien, hay demasiadas evidencias de que el Cártel de Sinaloa no simplemente tiene aquí una que otra célula operativa integrada por mexicanos, sino que cuenta y controla el cartel más importante de la especie nativa: el Cártel del Cibao.
Es notorio –y el reciente manejo estadounidense del incidente de los capos mexicanos aquí lo confirma- que a la DEA no le ha interesado hasta ahora destruir el Cártel del Cibao, sino más bien encubrir su dimensión, infiltrarlo y usarlo.
Más aún, a la DEA, en general, no le interesa eliminar el narco-tráfico, ni la narco-política, ni el lavado, ni la narco-economía capitalista.
En ninguna parte.
La DEA manipula la oferta y la demanda de droga, protege temporalmente los carteles que le convienen y les da garantías a sus propios carteles en territorio estadounidense.
También manipula a favor de las estrategias de EEUU el lavado de dinero sucio, una parte importante en favor de los grandes bancos de negocios estadounidenses
El Cártel del Cibao hace de puente doble Panamá-Santiago de los Caballeros-EEUU y Sinaloa-Santiago de los Caballeros-EEUU, y ha convertido a nuestro Santiago en una gran plaza del lavado del dinero de ese tráfico.
Es posible sí, que la incursión del Cártel de Sinaloa en el negocio del fentanilo, les esté causando problemas con la Administración Trump, interesada en contener el ingreso de ese tipo de droga en EEUU.
Pero, de todas maneras, es válida la pregunta:
¿Por qué el jefe de la DEA en el Caribe le ha hecho está mala pasada a Abinader y al vicealmirante Cabrera?
En verdad los hizo quedar feos, incluso como mentirosos, aunque reduciendo el grave problema de la asociación de los dos carteles referidos sólo a la presencia de algunas células operativas mexicanas en materia de lavado y sicariato.
· ¿NARCO-CHANTAJE IMPERIAL?
Este luce ser un recurso de presión y una amenaza latente de la DEA, ahora trumpista, para subordinar más aun al Estado neocolonial dominicano bajo la conducción de Abinader, del PRM y su claque oligárquica.
Esto tiene que ver con las huellas de la narco-política en el Cibao y más allá.
Miguel Gutiérrez, capturado en Miami por la DEA, es un prominente capo empresarial del Cartel del Cibao de la República Dominicana.
A través de él, ese cartel financió campañas del PLD y Gutiérrez mismo fue candidato perdedor del PLD en Santiago en el 2016.
En el 2020 los jefes del cartel, entre ellos Miguel Gutiérrez, a tono con la política gringa, cambiaron de partido preferido y decidieron apoyar las candidaturas del PRM.
Gutiérrez fue el intermediario del apoyo financiero al PRM desde el Cartel del Cibao en Santiago y en todo el Cibao Central. Fue postulado por ese partido a diputado por Santiago y resultó ganador.
Recordemos que Miguel Gutiérrez entonces era socio de la narco-familia López Pilarte, vinculada a la red de tráfico de éxtasis, la cual se involucró de igual manera en favor de PRM y de su candidatura presidencial…Vínculos directos, candidaturas, visitas, intercambios fotografiados… muestran esa determinación de ambas partes.
Arrestado en Miami, Miguel Gutiérrez se ha convertido en una fuente de “confesiones premiadas” que les permiten a la DEA y a EEUU darle un uso político en función de la dominación neocolonial, a esas y otras informaciones sensibles.
La alta dirección del PRM en Santiago, en La Vega y a nivel nacional, mordieron el anzuelo del narco-financiamiento electoral.
Ese partido, su gobierno, su Congreso… son entidades “chantajeables” por el poder imperialista estadounidense.
El PRM tiene sobre su cabeza esos y otros casos como los de Yamil Abreu y los diputados involucrados en la Operación Falcón.
El fenómeno no es exclusivo del PRM…los demás partidos tradicionales y sus gobiernos, el sistema de partido y electoral vigentes, han dado muestra de esa narco-contaminación en el marco de un narco-estado y un narco-empresariado de larga data.
En situaciones así la impunidad de partidos y de gobiernos, auspiciada por el padrino imperialista, tiene un precio alto.
Ese precio se llama aceptación sin límites del coloniaje estadounidense y utilización del régimen mientras no entre en crisis mayor, hasta que el desprestigio obligue a su reemplazarlo
Sobran los ejemplos como los casos de los Salinas de Gortari en México y Luis Orlando Hernández en Honduras.
Aquí esa reacción imperialista no ha llegado a ese extremo, pero ya aparecen las primeras señales de chantaje.
Esto, y no otra cosa, puede explicar las reacciones contradictorias de la DEA y de las altas instancias del gobierno en relación con el Cártel de Sinaloa y su presencia aquí.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!