Opinión
¿Por qué la DEA le ha hecho esa mala pasada a Abinader?
Por Narciso Isa Conde
Hace una semana el gobierno dominicano alertó sobre la presencia en el país de varios capos del Cartel de Sinaloa, considerada la mayor organización de tráfico de drogas de México.
Sin embargo, días después, el presidente Luis Abinader en persona y el vicealmirante Manuel Cabrera, que dirige la Dirección Nacional Contra la Droga (DNCD), recularon y desmintieron oficialmente lo que se había informado sobre ciertas operaciones de ese cartel en el país.
Pero a pesar de que el Gobierno dominicano de esa manera negó «tajantemente» que el Cártel de Sinaloa tenga grupos o células operativas en la República Dominicana, Tony Velázquez, vocero de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para la región del Caribe, contradijo la versión gubernamental y ofreció detalles consistentes que avalan su afirmación
Está claro, pues, que es la DEA del régimen de TRUMP la que dirige todas las investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa aquí y en El Caribe.
Es evidente que no es la DNCD la que conduce ese proceso, a la cual la DEA le da informaciones y órdenes a conveniencia, y le oculta lo que le interesa ocultar con fines predeterminados.
Pasa esto último con las informaciones sensibles que la DEA y el sistema judicial estadounidense obtiene de las “confesiones premiadas” de delincuentes extraditados o capturados por autoridades gringas.
Ahora bien, hay demasiadas evidencias de que el Cártel de Sinaloa no simplemente tiene aquí una que otra célula operativa integrada por mexicanos, sino que cuenta y controla el cartel más importante de la especie nativa: el Cártel del Cibao.
Es notorio –y el reciente manejo estadounidense del incidente de los capos mexicanos aquí lo confirma- que a la DEA no le ha interesado hasta ahora destruir el Cártel del Cibao, sino más bien encubrir su dimensión, infiltrarlo y usarlo.
Más aún, a la DEA, en general, no le interesa eliminar el narco-tráfico, ni la narco-política, ni el lavado, ni la narco-economía capitalista.
En ninguna parte.
La DEA manipula la oferta y la demanda de droga, protege temporalmente los carteles que le convienen y les da garantías a sus propios carteles en territorio estadounidense.
También manipula a favor de las estrategias de EEUU el lavado de dinero sucio, una parte importante en favor de los grandes bancos de negocios estadounidenses
El Cártel del Cibao hace de puente doble Panamá-Santiago de los Caballeros-EEUU y Sinaloa-Santiago de los Caballeros-EEUU, y ha convertido a nuestro Santiago en una gran plaza del lavado del dinero de ese tráfico.
Es posible sí, que la incursión del Cártel de Sinaloa en el negocio del fentanilo, les esté causando problemas con la Administración Trump, interesada en contener el ingreso de ese tipo de droga en EEUU.
Pero, de todas maneras, es válida la pregunta:
¿Por qué el jefe de la DEA en el Caribe le ha hecho está mala pasada a Abinader y al vicealmirante Cabrera?
En verdad los hizo quedar feos, incluso como mentirosos, aunque reduciendo el grave problema de la asociación de los dos carteles referidos sólo a la presencia de algunas células operativas mexicanas en materia de lavado y sicariato.
· ¿NARCO-CHANTAJE IMPERIAL?
Este luce ser un recurso de presión y una amenaza latente de la DEA, ahora trumpista, para subordinar más aun al Estado neocolonial dominicano bajo la conducción de Abinader, del PRM y su claque oligárquica.
Esto tiene que ver con las huellas de la narco-política en el Cibao y más allá.
Miguel Gutiérrez, capturado en Miami por la DEA, es un prominente capo empresarial del Cartel del Cibao de la República Dominicana.
A través de él, ese cartel financió campañas del PLD y Gutiérrez mismo fue candidato perdedor del PLD en Santiago en el 2016.
En el 2020 los jefes del cartel, entre ellos Miguel Gutiérrez, a tono con la política gringa, cambiaron de partido preferido y decidieron apoyar las candidaturas del PRM.
Gutiérrez fue el intermediario del apoyo financiero al PRM desde el Cartel del Cibao en Santiago y en todo el Cibao Central. Fue postulado por ese partido a diputado por Santiago y resultó ganador.
Recordemos que Miguel Gutiérrez entonces era socio de la narco-familia López Pilarte, vinculada a la red de tráfico de éxtasis, la cual se involucró de igual manera en favor de PRM y de su candidatura presidencial…Vínculos directos, candidaturas, visitas, intercambios fotografiados… muestran esa determinación de ambas partes.
Arrestado en Miami, Miguel Gutiérrez se ha convertido en una fuente de “confesiones premiadas” que les permiten a la DEA y a EEUU darle un uso político en función de la dominación neocolonial, a esas y otras informaciones sensibles.
La alta dirección del PRM en Santiago, en La Vega y a nivel nacional, mordieron el anzuelo del narco-financiamiento electoral.
Ese partido, su gobierno, su Congreso… son entidades “chantajeables” por el poder imperialista estadounidense.
El PRM tiene sobre su cabeza esos y otros casos como los de Yamil Abreu y los diputados involucrados en la Operación Falcón.
El fenómeno no es exclusivo del PRM…los demás partidos tradicionales y sus gobiernos, el sistema de partido y electoral vigentes, han dado muestra de esa narco-contaminación en el marco de un narco-estado y un narco-empresariado de larga data.
En situaciones así la impunidad de partidos y de gobiernos, auspiciada por el padrino imperialista, tiene un precio alto.
Ese precio se llama aceptación sin límites del coloniaje estadounidense y utilización del régimen mientras no entre en crisis mayor, hasta que el desprestigio obligue a su reemplazarlo
Sobran los ejemplos como los casos de los Salinas de Gortari en México y Luis Orlando Hernández en Honduras.
Aquí esa reacción imperialista no ha llegado a ese extremo, pero ya aparecen las primeras señales de chantaje.
Esto, y no otra cosa, puede explicar las reacciones contradictorias de la DEA y de las altas instancias del gobierno en relación con el Cártel de Sinaloa y su presencia aquí.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.