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Pepca inmersa en lucha sin cuartel por mantener en prisión a inculpados de corrupción.
Santo Domingo.- Son diversas las justificaciones que tiene el Ministerio Público cuando pide el aumento del plazo para agregar nuevos elementos probatorios a su investigación sobre la corrupción en el sector público.
Sin embargo, La tendencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha generado disgusto entre los implicados en los expedientes de corrupción, como el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, cuyos abogados denunciaron la semana pasada que el Ministerio Público acciona de esta forma (dejando vencer plazos y esperando que los jueces los intimen) para mantener a los imputados por más tiempo en la prisión.
Algunas defensas alegan que las prórrogas que solicita la Pepca evidencia que no existen expedientes blindados, sino “muchos documentos” que no constituyen pruebas de ilícito.
Sin embargo, pese a las quejas de las defensas de los imputados en la Operación Medusa, y que en ocasiones también han externado los abogados de otros casos como la Operación Antipulpo, y Coral, la Pepca defiende que la solicitud de una prórroga para terminar una investigación y presentar su acusación es una facultad que le ofrece el Código Procesal Penal en su artículo 151. Es decir, que están dentro de la ley.
Otro de los argumentos utilizados por la Pepca cuando solicita plazos en los casos de corrupción, es que en la medida en que avanzan las investigaciones, los hechos indagados se vuelven más complejos y surgen nuevas líneas de investigación, nuevas imputaciones y nuevos imputados que deben ser incluidos, debido a que no figuraban en el expediente de las medidas de coerción.
Las investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas que son solicitadas por la Pepca durante el proceso de investigación de actos de corrupción en alguna institución pública, también son de los elementos mencionados por el Ministerio Público para justificar su petición de plazo.
Las prórrogas
Entre los casos en que el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de pedir prórroga figura el caso Operación Coral; un expediente de corrupción administrativa en los cuerpos militares, por el que está sometido el mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
Asimismo la Pepca pidió una prórroga en el proceso judicial denominado Operación Antipulpo, durante el cual resultó en prisión Juan Alexis Medina Sánchez, quien supuestamente se benefició de su condición de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez para lucrarse del erario público a través de sus empresas.
Costo de la corrupción
La Pepca asegura que la corrupción tienen un elevado costo que va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas fraudulentas que apartan los recursos colectivos de su fin legítimo.
“La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de derecho, destruye la confianza en la Administración Pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social, se incrementen el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de reducir la calidad de vida de las personas y el bienestar general”, precisa la Pepca.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.