Nacionales
Pepca inmersa en lucha sin cuartel por mantener en prisión a inculpados de corrupción.
Santo Domingo.- Son diversas las justificaciones que tiene el Ministerio Público cuando pide el aumento del plazo para agregar nuevos elementos probatorios a su investigación sobre la corrupción en el sector público.
Sin embargo, La tendencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha generado disgusto entre los implicados en los expedientes de corrupción, como el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, cuyos abogados denunciaron la semana pasada que el Ministerio Público acciona de esta forma (dejando vencer plazos y esperando que los jueces los intimen) para mantener a los imputados por más tiempo en la prisión.
Algunas defensas alegan que las prórrogas que solicita la Pepca evidencia que no existen expedientes blindados, sino “muchos documentos” que no constituyen pruebas de ilícito.
Sin embargo, pese a las quejas de las defensas de los imputados en la Operación Medusa, y que en ocasiones también han externado los abogados de otros casos como la Operación Antipulpo, y Coral, la Pepca defiende que la solicitud de una prórroga para terminar una investigación y presentar su acusación es una facultad que le ofrece el Código Procesal Penal en su artículo 151. Es decir, que están dentro de la ley.
Otro de los argumentos utilizados por la Pepca cuando solicita plazos en los casos de corrupción, es que en la medida en que avanzan las investigaciones, los hechos indagados se vuelven más complejos y surgen nuevas líneas de investigación, nuevas imputaciones y nuevos imputados que deben ser incluidos, debido a que no figuraban en el expediente de las medidas de coerción.
Las investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas que son solicitadas por la Pepca durante el proceso de investigación de actos de corrupción en alguna institución pública, también son de los elementos mencionados por el Ministerio Público para justificar su petición de plazo.
Las prórrogas
Entre los casos en que el Ministerio Público se ha visto en la necesidad de pedir prórroga figura el caso Operación Coral; un expediente de corrupción administrativa en los cuerpos militares, por el que está sometido el mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
Asimismo la Pepca pidió una prórroga en el proceso judicial denominado Operación Antipulpo, durante el cual resultó en prisión Juan Alexis Medina Sánchez, quien supuestamente se benefició de su condición de hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez para lucrarse del erario público a través de sus empresas.
Costo de la corrupción
La Pepca asegura que la corrupción tienen un elevado costo que va más allá de la distracción de fondos públicos a través de prácticas fraudulentas que apartan los recursos colectivos de su fin legítimo.
“La corrupción carcome a la sociedad, deteriora el Estado de derecho, destruye la confianza en la Administración Pública y crea un entorno favorable para que se multiplique la desigualdad social, se incrementen el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, además de reducir la calidad de vida de las personas y el bienestar general”, precisa la Pepca.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.