Opinión
¿Por qué no hay resultados sobre Odebrecht en República Dominicana?
Por Andrés L. Mateo
(El día primero de febrero del 2017 publiqué este artículo. Hoy, jueves 12 de septiembre se abre el juicio de fondo del caso ODEBRECHT. Lo reproduzco para que tengamos una idea de la sociedad en la que estamos viviendo, y de lo que podría ocurrir).
Como fenómeno de corrupción, el caso ODEBRECHT tiene características singularísimas, que en cada país configuran un perfil particular. La primera de esas características es el hecho de que se trató de una estrategia de Estado destinada a posicionar en el mercado internacional las empresas constructoras de capital brasileño. El propio presidente Lula impulsaba el posicionamiento de las empresas, y ofrecía el financiamiento de los proyectos a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico del Brasil, incentivado porque, en ese momento, el modelo brasileño se vendía como un modelo exitoso. Al margen de que Lula pudiera o no conocer las estrategias que para obtener contratos empleaba ODEBRECHT, lo cierto es que quien impulsaba a las empresas era el Estado brasileño. El segundo elemento destacable es que la corrupción no era un componente casuístico, y se situaba como un elemento planificado incluido en el costo. Hasta el punto de que dentro del organigrama figuraba la Oficina de Operaciones Estructuradas, que no era más que la pantalla para hacer fluir un sofisticado sistema financiero que permitiera circular sobornos a nivel internacional. Un tercer aspecto es el tinglado político empresarial armado alrededor de la compleja trama de corrupción. El caso ODEBRECHT no tiene un acta de nacimiento propia, surgió en medio de la investigación del LAVA-JATO, que es un despliegue de corrupción dentro de la empresa estatal brasileña PETROBRAS, pero tan pronto saltó a la palestra fue perfilando un acontecimiento de trascendencia mundial.
Lo concreto es que en los países concernidos ha habido resultados, mientras en República Dominicana todas las acciones han estado motivadas por los hechos externos que han obligado a impulsar una “investigación”, que a todas luces no conduce a ninguna parte. Mes y medio después el Procurador no ha judicializado nada. Todo parece indicar que se deriva hacia un caso de encubrimiento. ¿Por qué se apuesta al olvido en nuestro país? ¿Cuáles son las causas reales que hacen del caso ODEBRECHT un juicio político a las autoridades dominicanas? Veamos algunas razones objetivas:
1ro. En ningún otro país de América ODEBRECHT tuvo tanta influencia política. Cuando el 23 de febrero Joao Santana fue arrestado por la policía federal del Brasil, llegaba de la República Dominicana. Tenía una oficina en el Palacio Nacional y había dirigido la campaña del 2011 de Danilo Medina; y la reelección del 2016. Se trataba de una figura pletórica de poder, muy próxima al Presidente de la República, y mimada por el sector oficial.
2do. Las investigaciones han determinado que las oficinas particulares de Joao Santana eran, al mismo tiempo, las oficinas que permitían la redistribución del soborno a nivel continental. En la investigación de Gustavo Gorriti, “La ruta Dominicana” se establece que “Cine & Arte”, empresa de carpeta a través de la cual se manejaba el dinero de los sobornos, funcionaba en la calle Helio Num.102; el mismo local de Joao Santana para trabajar por la reelección de Danilo Medina.
3ro. Incluso antes de ganar las elecciones, Danilo Medina asumió el modelo brasileño. Con frecuencia hacía referencia a Lula y a Dilma, y daba a entender que lo que entonces era un modelo exitoso era lo que él seguiría. Tanto fue así que Joao Santana no era más que un gesto de extrema confianza del líder brasileño. Una debilidad, un cariñito.
4to. Dada la ascendencia política de ODEBRECHT como empresa, todo el estamento institucional del país se contaminó de corrupción. De Marcelo Mascarenhas Kertesz, hasta Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, la red era un laberinto financiero que tenía que contar con el aparato del Estado. No es posible montar un operativo financiero de esa magnitud sin la palanca del poder. Es el nivel de Hipercorrupción lo que impide arribar a un resultado en la República Dominicana. No hay como profundizar en esa investigación y dejar intacto el sistema de corrupción que impera en el país.
Lo que va a forzar un resultado con relación al caso ODEBRECHT en la República Dominicana, por lo tanto, es la movilización popular. Hay que demostrar que ODEBRECHT y TUCANO son un punto de inflexión en el país, gritarlo a pleno pulmón, hacer un verdadero ejercicio de ciudadanía que empuje al cambio. ¡Ni un paso atrás!
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.