Análisis Noticiosos
Suiza adora el dinero en efectivo, mientras en Suecia lo odian.
El país helvético va hacer un referéndum para prohibir que la economía vaya por completo al dinero digital
Madrid.-Suiza es el país del mundo más apegado al dinero en efectivo. Suecia, en cambio, es uno de los más partidarios del dinero digital. Los suizos acumulan de media 11.000 francos en billetes y monedas (algo más de 11.000 euros), unos 22.000 francos por familia, mientras que en Suecia la gente tiene menos de 500 euros en casa. En Suiza se va a celebrar en breve un referéndum para consagrar en la constitución el derecho a mantener efectivo. En Suecia hacen gala de ser el país más avanzado del mundo en el destierro de los pagos en metálico. Allí solo los ancianos siguen utilizando los billetes y monedas. ¿Cómo pueden ser tan distinta la relación con el dinero?
En Suiza, un colectivo denominado Movimiento de Libertad Suiza ha recogido 157.000 firmas entre la ciudadanía referéndum a nivel nacional. Detrás de esta iniciativa está el temor de que el dinero en papel desaparezca en algún momento y que todas las transacciones pasen a ser digitales, lo que consideran que aumentaría también el riesgo de ser vigilados. Curiosamente, allí ni el Gobierno ni el banco central han anunciado que quieran acabar con el efectivo.
La idiosincrasia suiza está muy vinculada a la libertad y a la neutralidad. Desde hace siglos, sus ciudades han sido refugio para perseguidos políticos y religiosos de toda Europa. También han sido la cuna de largas sagas de banqueros (los Rothschild, los Lombard Odier, los Pictet…) donde millonarios de todo el mundo podían dejar parte de sus fortunas a buen recaudo.
ABBA y la tierra sin efectivo
En el caso de Suecia, su interés por ir dejando atrás los pagos en metálico se puede rastrear hasta uno de los emblemas nacionales, el grupo ABBA. Uno de sus fundadores, Björn Ulvaeus, es el principal defensor de la deriva del país hacia una sociedad sin efectivo. De hecho, en el Museo ABBA de Estocolmo no se pueden comprar las entradas con billetes desde hace más de 20 años.
La inquina de Ulvaeus contra el dinero en metálico se remonta a 2008, cuando unos ladrones robaron en el apartamento de su hijo Christian. El joven quedó tan afectado como para decidir mudarse. Para su padre, todo el episodio fue un escándalo. “Empecé a pensar que solo habían asaltado su casa para ver si tenía billetes”, contaba Ulvaeus en una entrevista con una televisión local.
Así que Ulvaeus, que conserva su influyente estatus de ídolo pop (al menos en Suecia), empezó a escribir artículos de opinión para periódicos y sitios web. Su argumento era sencillo: La economía criminal depende del carácter anónimo e imposible de rastrear del dinero en efectivo. De hecho, gran parte del dinero en efectivo que hay en el mundo, quizá la mayor parte, simplemente no se sabe dónde está. A menos efectivo, menos delincuencia. Su campaña tuvo un enorme éxito
Entre 2006 y 2016 la moneda en circulación disponible ha caído a la mitad, siendo sólo el 1% de la economía frente al 10% de la eurozona. Y en 2018 sólo uno de cada seis suecos declaraba haber hecho una compra reciente con dinero en efectivo. Y ya hay más de 4.000 personas que se han implantado un microchip en la mano para poder pagar si ni siquiera utilizar una tarjeta o un móvil.
Suiza y el billete más caro del mundo
Todos estos avances, en Suiza serían impensables. Para la mayoría de suizos, los pagos en efectivos son sinónimo de anonimato y privacidad. Cuando se hacen abonos con tarjetas de crédito o con sistemas de pago vinculado a grandes grupos tecnológicos (Google o Apple Pay), siempre quedan rastros de las transacciones.
Desde el portal Moneyland explican que: “a medida que ha avanzado la digitalización, también lo han hecho la ciberdelincuencia y el fraude online. Las cuentas en bancos suizos y las tarjetas de crédito son regularmente el objetivo de ciberdelincuentes y estafadores. El dinero en efectivo puede ser robado físicamente en un lugar, pero el ‘dinero digital’ puede ser robado en cualquier lugar y en cualquier momento”.
De hecho, en ciudades como Basilea o Zúrich todavía es habitual que haya algunas personas, ya de cierta edad, que siguen pagando el alquiler de su apartamento en efectivo. Y muchos negocios en los que no se acepta el pago con tarjeta. El Banco Nacional de Suiza (BNS) sigue emitiendo billetes de 1.000 francos (unos 1.000 euros) que son el papel moneda corriente con más valor de toda la tierra. En la Unión Europea, en cambio, ya se han dejado de producir billetes de 500 euros, para tratar de reducir la economía sumergida y el dinero negro.
El vicepresidente del BNS, Fritz Zurbruegg, habla del efectivo como un “fenómeno cultural” y explica que si siguen teniendo billetes de 1.000 francos “corresponde a lo que la gente quiere”. Es popular para las compras de bienes de alto valor y el pago de facturas en la oficina de correos, además de ser “un depósito de valor”, añadió.
Convergencia: Covid y exclusión financiera
Aunque parece que Suecia y Suiza tienen dos estrategias diametralmente opuestas en relación al uso del dinero en efectivo, en cierta medida también están convergiendo. En Suiza, la epidemia del coronavirus provocó un fuerte incremento de los pagos con tarjetas y móviles, al tratarse de un método de pago más aséptico.
Antes de la pandemia, hasta el 70% de los pagos puntuales (en restaurantes, supermercados, comercios…) se hacían aún en efectivo. En cambio, en julio de 2021 esa cifra había caído hasta el 43%, de acuerdo con una encuesta del BNS.
En Suecia, que hace unos años llegó plantearse el desterrar por completo el dinero en metálico, las autoridades han visto que hay algunos colectivos de personas desfavorecidas que siguen dependiendo de las monedas para vivir. Obligar a que todas las personas hagan todos los pagos con dinero electrónico implica presuponer que todo el mundo tiene una cuenta corriente, una tarjeta bancaria o un móvil. Sin embargo, muchas personas, sobre todo migrantes, sufren exclusión financiera y no tienen acceso a esos servicios básicos.
También la Organización Nacional Sueca de Pensionistas está en contra de suprimir por completo los pagos en metálico. Incluso la Agencia Sueca de Contingencias Civiles ha recomendado a los ciudadanos que guarden en sus hogares algo de efectivo para emergencias, ya que no se sabe qué podría ocurrir en el país en caso de que cayesen los sistemas de pago, se provocase un ciberataque o, bueno, se declarase la guerra.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.