A los despidos en la NOAA, se suma la suspensión de varios programas de USAID dirigidos a la gestión del riesgo de desastres

Bogotá.-La temporada de huracanes en al Atlántico acaba de empezar cuando el sinsabor que dejaron tormentas como Milton, Beryl o Helene en 2024 aún no se ha ido. Con un pronóstico de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de las cuales entre seis y diez se pueden convertir en huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha dicho que, a pesar de esperar una temporada menos activa que la del año pasado, lo que viene en 2025 sigue por encima del promedio normal.

Monitorear huracanes con una NOAA minimizada

Las cifras no son claras, pero lo cierto es que la NOAA, encargada de hacer investigación y monitoreo de las tormentas a lo largo de todo el continente, ha sido víctima del tijeretazo de Trump. Medios como la BBC reportan despidos de casi 800 trabajadores, mientras que expertos cercanos al sector han escuchado que a uno de cada cinco trabajadores les han terminado su contrato.

Esto, asegura Mario Salgado, oficial para Conocimiento del Riesgo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, se podría traducir en menos datos y de menor calidad. “Es un trabajo que se hace con casi 120 radares Doppler, 16 satélites ambientales y lo que se conoce como cazadores de huracanes”, recuerda. Y, aunque hasta el momento no hay cómo saber si todo este sistema se está viendo golpeado, las señales serán evidentes cuando se rastree la primera tormenta de 2025.

“Hasta ese momento, podremos medir qué tan grande es el impacto”, agrega el doctor Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Cambio Climático del Gobierno de la isla. “No hay que olvidar que la NOAA está dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos porque, precisamente, los pronósticos sirven para informar las decisiones de los cruceros, de los buques petroleros, de los aviones”. Así que, si el cambio climático no le preocupa a Trump, quizá sí lo haga el comercio.

Prepararse sin USAID

Si una posible falta de información inquieta, el desasosiego es aún mayor sobre cómo se vivirá la primera temporada de huracanes tras la pausa de las ayudas de USAID a lo largo de América Latina y el Caribe. Cálculos realizados por el Centro del Desarrollo Global (CGD) a partir de los últimos documentos compartidos por el Congreso en marzo, estiman que 265.038.208 dólares fueron cortados para la preparación ante catástrofes a nivel mundial.

“USAID ha sido una fuente muy confiable de financiamiento para diferentes actividades de reducción, preparación y respuesta de desastres”, insiste Salgado. “En la región, una de las iniciativas que se ha visto altamente afectada es la de sistemas de alerta temprana para todas las personas que, es, además, una iniciativa encomendada por el secretario General de las Naciones Unidas”. Un aviso de 24 horas, recuerda, puede reducir las pérdidas económicas y de subsistencia en hasta un 30%.

Toda esa cadena, desde la alerta temprana hasta poder recuperarse tras un huracán, se ha tambaleado en la región. Saber hasta qué punto es difícil por la poca transparencia del Gobierno de Estados Unidos, pero hay casos específicos. La periodista de ciencia Justine Calma reveló en The Verge que el Programa Regional de Asistencia en Casos de Desastre (RDAP) que USAID financiaba desde 1989 fue terminado en América Latina y el Caribe. Este incluía actividades como realizar simulacros, comprar insumos para los refugios de evacuación o garantizar acceso a recursos para personas en condición de discapacidad.

En una carta pública, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR) también denunció que un proyecto dirigido a Honduras, Colombia y Guatemala para aumentar la resiliencia de las comunidades en riesgo de catástrofes, incluyendo las relacionadas con el cambio climático, fue cancelado.

Desde Honduras, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana, confirma ambas cosas: que no se ha “percibido una baja en la información técnica de la NOAA” hasta el momento y que la ausencia de USAID sí ha limitado ciertas acciones de gestión del riesgo. En el valle de Sula, en concreto, se hacían ejercicios de alerta temprana de inundaciones junto a la agencia estadunidense. De todas formas, Reyes prefiere quedarse con un parte de esperanza. “Se va a cubrir el hueco”, dice, comentando que hay otros cooperantes, como Alemania e Irlanda, que ya los apoyan.

La sensación es similar en el Caribe. La semana pasada, ante la temporada de huracanes, Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), explicó que los recortes de USAID no han perjudicado a la agencia directamente, ya que no recibe financiación de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que los países bajo esta sombrilla, incluyendo los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, han visto algunos frentes desprotegidos con la suspensión de los programas de asistencia.

Otros Estados, sin embargo, ya están llenando un rompecabezas que veían desmoronarse. CDEMA y el Reino Unido, por ejemplo, firmaron un memorando para garantizar el apoyo financiero para la respuesta rápida ante emergencias como las que se podrían dar con las venideras tormentas. Cada país miembro puede recibir hasta 375.000 dólares de apoyo por esta alianza.

La temporada de huracanes será una de las primeras pruebas de realidad para medir el nuevo orden mundial que quiere instaurar Trump. “Personalmente, creo que lo que vamos a ver no es una falta de información, sino una privatización de esta”, lanza con cierto miedo Salgado. Los datos científicos, del clima, de los huracanes, se necesitan para los seguros y para los bonos catastróficos que emiten los países para cubrir los riesgos soberanos. “Nadie se puede dar el lujo de desaparecer esa información, pero la duda es si su acceso seguirá siendo gratis”, se pregunta. Como concluye Tejeda, ahora mismo “se puede dar un pronóstico del tiempo, pero no un pronóstico de Trump”.

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Washington.-El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump y permite que se retire el permiso de residencia temporal (TPS) a 350.000 venezolanos. La Corte respondió a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno, que quiere acabar con la protección humanitaria que la Administración de Joe Biden concedió a los venezolanos por entender que el país era demasiado peligroso bajo el régimen de Nicolás Maduro. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen del Tribunal Supremo deja a los afectados vulnerables ante las deportaciones.

“Mi hija y yo no podemos regresar de forma segura a Venezuela, que está en crisis. La pérdida inmediata de nuestro TPS causa un increíble daño. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, declaró E.R., demandante en el caso.

La orden del Supremo, de mayoría conservadora, solo contó con el voto en contra de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson y suspende el fallo de un juez federal de San Francisco, que mantuvo vigente el TPS para los venezolanos. Este estatus permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros debido a los desastres naturales o los conflictos civiles.

En respuesta a la demanda presentada por venezolanos afectados y varias organizaciones de defensa de los migrantes, el juez federal Ed Chen dictaminó en marzo que la cancelación del TPS violaba las normas procesales y probablemente estaba motivada por animosidad racial. El magistrado dijo que la eliminación del programa “amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”. El dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

La decisión de la Corte Suprema solo afecta a quienes obtuvieron el TPS en 2023. Unos 250.000 venezolanos a quienes se les otorgó en 2021 no se verán afectados y conservan su estatus legal y autorización de empleo.

La cancelación del TPS fue una de las primeras medidas de la campaña antiinmigración emprendida por la Administración Trump. La defensa del Gobierno había declarado ante el Alto Tribunal que una extensión de 18 meses, como aprobó Biden antes de dejar la presidencia, “perjudicaría la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, al tiempo que saturaría las comisarías, los refugios municipales y los servicios de ayuda en comunidades locales que habían llegado a la quiebra”.

Esas fueron también las razones que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó para anular la prórroga otorgada por Biden en febrero, antes de que entrara en vigor. Además de considerar que los venezolanos eran una carga para los recursos locales, Noem justificó que muchos de ellos son miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragua, considerada organización terrorista por el Gobierno de Trump, por lo que representaban una amenaza para la seguridad pública.

“Esta es la mayor medida que retira el estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA y uno de los abogados de los demandantes. “Que la Corte Suprema la haya autorizado en una orden de dos párrafos sin justificación es verdaderamente impactante. El efecto humanitario y económico se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”.

Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema. La semana pasada, el Gobierno solicitó cancelar el programa de parole humanitario, que dejaría a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sin su permiso de residencia.

La semana pasada, el Supremo falló en contra del Gobierno por la deportación de venezolanos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y solo se ha usado en tiempos de conflicto armado. El Alto Tribunal reprochó a la Administración no haber informado a los migrantes sobre sus planes de deportación y aunque no se pronuncia directamente sobre la norma, que se decide en los tribunales, el fallo del Supremo supone en la práctica la suspensión de su aplicación.

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Automatizar procesos en el gasto de las empresas, optimizar recursos y adoptar soluciones innovadoras permitirá a las compañías crecer con eficiencia en un mercado en constante evolución

México.-En el acelerado panorama empresarial actual, donde la tecnología está redefiniendo todas las industrias, la digitalización ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito de supervivencia. Las organizaciones que hoy dudan en modernizar sus procesos financieros y operativos se arriesgan a quedar irrelevantes en un mercado que premia la agilidad y castiga la obsolescencia.

México enfrenta este desafío con particular urgencia. Según análisis del Foro Económico Mundial, las empresas que implementan soluciones digitales logran reducir sus costos administrativos hasta en un 25%, al tiempo que incrementan su productividad en un 20%. Estas cifras adquieren mayor relevancia cuando se contrastan con el preocupante aumento de fraudes financieros: datos de LexisNexis Risk Solutions revelan que 54% de las compañías mexicanas reportaron un incremento en estos delitos durante el último año, con un impacto económico que multiplica por 4.08 las pérdidas directas.

El corazón del problema reside en procesos manuales obsoletos que facilitan prácticas fraudulentas como la falsificación de facturas y la manipulación de reportes de gastos. Estas vulnerabilidades no solo generan pérdidas económicas inmediatas, sino que erosionan la confianza institucional y desvían recursos que podrían destinarse a innovación y crecimiento.

Ante este escenario, soluciones tecnológicas integrales como Tickelia emergen como aliados estratégicos. Su capacidad para digitalizar el ciclo completo de gestión de gastos – desde la captura de recibos hasta la contabilización y reembolso – elimina los cuellos de botella de los procesos manuales, reduce los errores, minimiza el fraude interno derivado de esta gestión, todo esto cumpliendo con los requisitos del SAT. Más importante aún, su integración con otros sistemas empresariales proporciona una visión unificada y en tiempo real de las finanzas corporativas, permitiendo no solo mayor eficiencia operativa sino también una supervisión más robusta.

El Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) 2025 representa el marco institucional que México ha establecido para esta transformación, pero el verdadero impulso debe venir de las empresas. Aquellas organizaciones que comprendan que la digitalización no es un gasto sino una inversión estratégica estarán mejor posicionadas para competir no solo en el mercado local, sino en el escenario global.

En este contexto, 2025 se presenta como un año decisivo: el momento en que la brecha entre las empresas que adoptaron la transformación digital y las que postergaron esta decisión se volverá prácticamente insalvable. La tecnología ya no es el futuro, es el presente inmediato de los negocios competitivos.

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