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Editorial

Por qué unos sí y otros no.

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Nadie puede quitar legitimidad a los procesos iniciados en contra de la corrupción por el Ministerio Público, sobre todo el que involucra a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramon Peralta, entre otros.

Desde hace varios años que la gente clamaba porque se investigara a estos personajes que fueron fichas muy claves en el gobierno de Danilo Medina.

Fue un robo sin control el que se produjo durante los gobiernos peledeístas, incluido el que encabezó el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández.

Sin embargo, ello no quita fuerza al reclamo de sus compañeros de partido de que se respete el debido proceso, el cual no debe ser una excusa para dejar por su fuero el lastre de la corrupción administrativa.

Pero es importante que el Ministerio Público para que preserve su credibilidad que la persecución de la corrupción administrativa extienda sus acciones hacia todos los sectores que se entiende que recurren a esta mala maña para la acumulación originaria o para aumentar fortunas que no hay forma como justificarlas.

Esas gestiones del Ministerio Público deben llegar hasta las diferentes instancias del presente Gobierno, el cual, en algunos casos, se ha hecho de la vista gorda.

Tanto es así, que a propósito de la reelección presidencial, el PRM recoge todo lo que encuentra en su camino y la última crápula adquirida es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, quien tiene mucho que ver con el caso de los Supertucanos.

Pero no sólo él es responsable de ese robo en contra del Estado, sino también su primo hermano que administra en la actualidad el Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyas pruebas en contra de ambos están muy bien avaladas.

De manera, que si seriamente se quiere combatir el grave mal de la corrupción, hay que incluir a personajes muy bien colocados en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

De otra manera, los resultados pudieran parecer buenos, pero al final cualquier tolerancia con el referido lastre hará fracasar los planes para erradicar del escenario nacional el fenómeno de la corrupción administrativa, la cual ya ha afectado otras áreas de la vida nacional al convertirse en una cultura.

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Editorial

Policías y militares dominicanos no difieren mucho de los haitianos.

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Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.

Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional,  siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.

Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino  droga,  trata de blanca y miles de actividades ilegales.

Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí  proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.

Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.

El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.

Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.

Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.

Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.

El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.

Solo queda observar.

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Editorial

Un hecho que hiere la conciencia nacional.

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La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.

Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.

Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.

Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.

No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.

Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.

Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.

No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.

El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.

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Editorial

La desgracia que nos acecha.

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La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.

Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.

Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.

Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.

En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a  una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.

Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.

La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa  que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo  de los dineros de las arcas nacionales.

Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.

La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.

Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.

A Dios que reparta suerte.

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