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PRD: Danilo no tocó temas «acuciantes»
SANTO DOMINGO.- Pese a ser bien intencionado, al discurso del presidente Danilo Medina le faltó dar respuestas efectivas y urgentes a problemas como el alto costo de la vida y otros que afectan de manera acuciante a la mayoría de los dominicanos, consideró Miguel Vargas, presidente del PRD.
Entre esos problemas, Vargas citó la «imposición del paquete tributario, convertido en ley, que ya ha empezado a mostrar sus efectos inflacionarios, con el aumento de precios en los alimentos, las medicinas y otros artículos de uso cotidiano».
Deploró que, en su informe, el Presidente no incluyera aspectos sobresalientes, como el déficit fiscal, estimado por técnicos del Fondo Monetario Internacional en 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar el 2012, así como el nivel alcanzado por la deuda pública como porcentaje del PIB, que ya superó el umbral crítico del 40%, según el organismo financiero internacional.
«Se esperaba el Mandatario planteara alternativas a los desequilibrios fiscales y de la cuenta corriente de la balanza de pagos que hoy exhibe la economía nacional como dos grandes peligros que amenazan la estabilidad macroeconómica, principal soporte para garantizar el crecimiento económico que garantice una mejor distribución de la riqueza», indicó.
Deploró, además, que el presidente Medina no aprovechara su alocución para proponer a la sociedad y a los partidos un marco de concertación nacional, «que es indispensable para empezar a resolver a fondo problemas estructurales como la urgente y necesaria transformación del sistema educativo, implementar efectivamente los sistemas de salud y seguridad social y hacer una reforma policial que saque de las calles a los delincuentes y devuelva el sosiego a las familias».
“Encarar a fondo esos y otros problemas, requieren de una gran concertación nacional, como hemos propuesto, para ponernos de acuerdo en temas que abarquen las reformas económicas, sociales, políticas e institucionales que hoy por hoy son un cuello de botella que impiden un efectivo combate a la pobreza y el atraso, e impiden impulsar un modelo de desarrollo sostenible capaz de generar bienestar y prosperidad a la mayoría de nuestro pueblo”, planteó Vargas en un comunicado enviado a ALMOMENTO.NET.
Agregó que «el gobierno de Medina tiene pendiente retomar un gran pacto fiscal que sanee las finanzas públicas para que dejen de sostenerse en base a grandes endeudamiento y déficits que se hacen ya insostenibles y amenazan el futuro del país».
«En su pieza de anoche, Medina no propuso un efectivo plan de competitividad, que relance las inversiones nacionales y extranjeras para producir las riquezas y los empleos de calidad que tanto necesitan nuestros jóvenes y mujeres, que son los más afectados por el desempleo», indicó.
Sobre la pobreza
«Problemas estructurales como los enunciados, y que requieren la concertación de grandes reformas, son los que mantienen en alza los niveles de pobreza en el país, como reveló este martes la Comisión Económica Para América Latina en su informe de 2012, documentando que, mientras en América Latina el índice de pobreza se redujo del 31 % de la población en 2010 al 29,4 % en 2011, en nuestro país subió a 42.2 por ciento, lo cual refleja una frusatratoria diferencia de un 12% negativo para nuestro país con respecto al promedio de la regi[on»..
Consideró una «dura y cruel contradicción» que, mientras en las últimas décadas, el país ha tenido un sostenido ritmo de crecimiento, «se continúen reflejando esos dolorosos índices de crecimiento de la situación de pobreza de, practicamente, la mitad de los dominicanos».
Asimsimo, reconoció que algunas medidas emprendidas por el gobierno en sus primeros 100 días son positivas y bien intencionadas, entre ellas, el anuncio del plan de alfabetización, el otorgamiento de títulos inmobiliarios y la construcción de 10 mil aulas a ser otorgadas a los constructores locales en cada provincia.
Santo Domingo, R.D.-Treinta años de prisión solicitó el Ministerio Público este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para Wesly Carmona, alias «El Dotolcito» y 40 años para Luis Brito Troncoso y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) por su alegada participación en el homicidio de Joshua Fernández el pasado 19 de abril del 2023 en la discoteca Kiss Bar.
Magalys Sánchez, representante del de Ministerio Público (MP), aseguró que, aunque la defensa de los imputados alegue que Wesly Carmona, alias » El Dotolcito«, no tuvo participación en el acto, su influencia fue «transcendental» en el desarrollo del atraco que terminó trágicamente con la vida de Joshua Fernández, por lo que piden una condena justa.
«Sin la influencia de Wesly no se hubiese llevado a cabo nada y hoy Joshua estuviera vivo. A él le permitían entrar a la discoteca sin revisarlo, según explicó uno de los imputados al ser interrogado, incluso no era requisado aún si portaba armas de fuego», destacó Sánchez.
Dijo, además, que él fue quien llamó al taxista y organizó todo. » El fue la cabecilla de esta trama», subrayó la representante del MP.
Agregó que «si Wesly Carmona no hubiese llamado a Luisito, mientras éste estaba durmiendo con su esposa y éste a Alison, cuando la discoteca estaba cerrando, Joshua estuviese vivo».
El tribunal aplazó el juicio por cinco minutos para deliberar la solicitud del MP.
Abogados de la familia de Joshua Fernández dicen están satisfechos con la condena solicitada por el MP.
A El Dotolcito se le imputa haber violado los artículos 265,266,295,304,379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano.
A Chiquito y a Luisito se le imputa violación de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo II y 67 de la Ley 631-16, de ponerte y tenencia de armas.
Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado recibió este lunes una solicito del Ministerio Público (MP) para no permitir la presencia de la prensa durante el interrogatorio de los testigos presentados por ellos en el caso Antipulpo, el cual imputa a Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con el órgano acusador, exponer en medios de comunicación la declaración de los testigos puede contaminar a los demás, por lo que pidieron al tribunal excluir a los periodistas durante esta fase del proceso.
Ante este pedimento, la mayoría de los abogados de la defensa no presentaron oposición, sin embargo, alguno de ellos rechazaron la solicitud, alegando que esto estaría violentado el derecho a la libertad de prensa.
Otros togados propusieron que los periodistas se mantuvieran durante todo el proceso, tomando notas, pero que sean restringidos el uso de teléfonos móviles y cámaras.
Se recuerda que en esta audiencia el MP estaría presentando como testigos al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, pero previo al interrogatorio expusieron este pedimento.
Por su parte, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, las juezas que presidente tribunal,establecieron un receso para deliberar sobre el incidente.
En el caso Antipulpo, el Ministerio Público acusa a los imputados de desfalco al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones.
Los principales acusados en el entramado son los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez.
También figura el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez; el excontralor, Rafael Antonio Germosén, y el exdirector del FONPER Fernando Rosa.
Santo Domingo.-Cuando vence el plazo para que el Ministerio Público presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, tres ex-funcionarios del Gobierno de Danilo Medina fueron sometidos a interrogatorios.
El pasado viernes, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho interrogaron al ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y al exministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín del Rosario.
Camacho anunció que en los próximos días, en la presentación de la acusación del caso Calamar, serían involucrados nuevos imputados y la presentación de nuevas pruebas.
Simón Lizardo, figura en el expediente acusatorio del caso Calamar, conjuntamente con el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, el ex ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, como uno de los que estuvo en una de las reuniones de los principales señalados del supuesto entramado contra el Estado por más de 17,000 millones de pesos.
Así lo especifica la instrumentación del Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, en la que menciona a Lizardo en la página 32 como uno de los que supuestamente conversó y «tramitó» el inicio del presunto plan en detrimento del erario.
El pasado 8 de abril, la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, intimó a la procuradora Miriam Germán Brito a presentar acusación en contra de los implicados en el caso Calamar, en un plazo de 15 días.
La jueza advirtió a los fiscales que de no cumplir con la presentación de la acusación cuyo plazo vence el 6 de mayo, se procederá a fijar audiencia de extinción de la acción penal.
La decisión fue tomada en virtud a una solicitud hecha por la defensa del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, doctores Luis Rivas y Laura Acosta, a la que se sumó la defensa de los demás implicados, quienes plantearon al tribunal declarare la inadmisibilidad sobrevenida del conocimiento de la solicitud de prórroga por cuatro meses que hizo el Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
En el caso figuran además como imputados el ex contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, el ex director de Catastro Nacional.
También Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos, de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola.
Igualmente, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.