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Abinader con buenas intenciones o sin ellas recula nuevamente ante presión social por posible reforma fiscal.
La República Dominicana ante sus déficits y su endeudamiento externo ha estado sumergida en un debate interminable en lo que respecta si es procedente o no una reforma fiscal, las cuales después del ajusticiamiento de Trujillo han sido para gravar con impuestos abusivos e irracionales a los sectores mas sacrificados en la economía nacional como son la clase media y los más pobres.
El discurso sobre este tema ha estado centrado en si la reforma fiscal debe ser progresiva o regresiva y cuando la presión en contra del Gobierno ha sido muy fuerte por parte de los ciudadanos, entonces se cambia el discurso para no crear un grave conflicto social, pero las razones que la motivan siguen vigentes y aumentan cada día.
La dicotomía es si hay o no una reforma fiscal o si sencillamente se debe continuar con el endeudamiento externo, el cual ya se ha vuelto irresistible, inaguantable, tanto es así que los ingresos del Estado por los diferentes conceptos no alcanzan para cumplir con los compromisos del país a nivel internacional, lo cual no deja de ser un grave problema.
La República Dominicana usa una buena parte de sus ingresos para el pago de intereses por concepto de la deuda y para el gasto público en sentido general, el cual nadie tiene duda de que es de muy mala calidad, sobre todo en lo que respecta a nóminas de los órganos y los entes del Estado.
El asunto es que las reformas fiscales no han sido otra cosa que aumentos de los montos de los impuestos, cuya carga impositiva muchos la califican como más baja que en otros países iguales de Latinoamérica, pero para ser justos habría que agregarle a la misma los impuestos informales que tiene que asumir la gente de la más baja escala social y económica.
La decisión del presidente Abinader de que no haya reforma fiscal es aplaudida por muchos en virtud de que no grava al consumo, a los que más pagan, que son los más pobres, pero luce como un acto no muy realista visto desde la crisis que atraviesa la economía nacional.
La gente ha estado muy atenta en cada uno de los pasos que ha pretendido dar el Gobierno, ya que se ha logrado evitar hasta ahora la privatización de las empresas del sector público y a que haya un rechazo generalizado a la política endeudamiento y también a la reforma fiscal, pero la cuestión es que mientras a esos asuntos se les da un manejo político, la crisis nos arropa y nos amenaza peligrosamente.
El presidente Abinader ha decidido renunciar por ahora a una reforma fiscal, lo cual no deja de ser una acción muy poco pensada, porque podría llegar el momento de que el vaso se cope y no deje ningún respiro para continuar con un rejuego peligroso con la economía nacional.
Nadie duda que la decisión presidencial luce graciosa frente a la gente que ya no está en capacidad de pagar más impuestos, pero se impone la pregunta de quién va a asumir el déficit y los problemas de la economía nacional.
Sin embargo, el discurso presidencial ha establecido una mejoría en el gasto público con una reducción de un 255 por ciento con la reducción de la inversión en publicidad, propaganda, alquileres, gastos de representación y la eliminación de instituciones que representaban una duplicidad de funciones, entre otros, cuyo monto alcanza los 27 mil pesos por ese concepto, lo cual es parte del argumento para no hablar ahora mismo de reforma fiscal.
Las cifras, aunque no parecen tan creíbles, pero evidentemente que ha dado resultado la mejoría de la calidad del gasto, cuya mayor inversión era en corrupción administrativa, lo que parece que ha impactado positivamente la economía.
Pero la pregunta que todo el mundo se hace es si la decisión de no hacer por ahora una reforma fiscal no está asociada a la negación de los sectores de mayores ingresos, aquellos con grandes ganancias y rentas consideradas o sencillamente se trata de una actitud positiva del presidente con los sectores más necesitados de la nación, pero por qué no someter a un mayor sacrificio a los que son más privilegiados, sobre todo a partir del criterio existente de que el Gobierno es muy tolerante, para decirlo de alguna manera, con los más poderosos y que ello provoca que no se quiera tocar ese sector ni con el pétalo de una rosa.
El tiempo se encargará de confirmar el asunto del ahorro de que habla el Gobierno y que no hace necesaria la reforma fiscal o de lo contrario al país le llegarán momentos muy difíciles, principalmente con el no cumplimiento de lo prometido por el presidente Abinader de construir una serie de obras que ha anunciado en todo el territorio nacional y que nadie sabe de donde va a salir ese dinero.
Por el momento no queda de otra que tomarle la palabra al presidente, porque hay cosas que no se entienden muy bien, dado que definitivamente los números no cuadran, pero de lo que sí hay que estar claro es que las grandes ganancias no quieren asumir ningún sacrificio en favor del país a través de una nueva reforma fiscal, la cual definitivamente debe ser progresiva más que regresiva.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.