Opinión
Presidente, ¡Cuídese de esa Corte!
Por Oscar López Reyes
El presidente Luis Rodolfo Abinader ha asumido con inamovible perseverancia una línea defensiva de la soberanía nacional, y en el 2025 su Gobierno repatrió a 379 mil 553 oriundos de Haití, para un alza de casi 40% sobre los 276 mil 215 de 2024. No son funcionarios ni amigos sinceros, porque hacen una jugada de trensillo, los que se atrevan a susurrarle a los oídos que nuestro país sea colocado bajo la truculenta tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería romper el dique que liberaría torrentes destructivos, con sobrecargas que conducirían a la ruina.
No pasma esa aceptación por empresarios -y sus “doctos” abogados subalternos- que más le importa el señorío de la mano de obra barata que la autonomía dominicana, representantes de la llamada sociedad civil y monaguillos de entidades supranacionales enquistados en el Tribunal Constitucional. En algún momento, estos tendrán que ser juzgados por las fuerzas vivas de la Nación y el Congreso Nacional, por esa felonía que quiere alborotar las avispas, en un complicado escenario internacional.
Ahora que se ha despejado la pujante y peligrosa percepción de que los gobiernos eran endebles ante la campaña de descrédito internacional contra la República Dominicana, el Instituto Duartiano ha reiterado que se preparan papeles para que el órgano judicial de la Convención Americana vuelva por sus fueros, en sus embestidas por las medidas para que sea frenada la masiva inmigración de haitianos.
Por nuestros predios acontecen los fenómenos más insólitos: la República Dominicana nunca ha sido miembro de la citada Corte Interamericana, que otorga credibilidad a cualquier documento o persona, sin verificación ni comprobación. Ejemplo: el nacional haitiano William Medina Ferreras compareció, alegando ser dominicano, a una audiencia de ese cuerpo jurisdiccional celebrada en Ciudad México el 8 y 9 de octubre de 2013, y la acusó de expulsarlo del país y de discriminación racial.
Paradoja: este sujeto fue sometido a la justicia por la Junta Central Electoral, por suplantar documentos de identidad. Sin embargo, el 28 de agosto de 2014 la corte condenó a nuestro país por violar el derecho de nacionalidad, la cual fue acogida gustosamente por gobiernos pasados.
Igualmente, el 8 de septiembre de 2005 sentenció a la República Dominicana por la detención, expulsión ilegal, discriminación y supuesta apatridia contra las niñas de padres haitianos Dilcia Yean y Violeta Bosico.
La tercera culpación fue por la llamada Masacre de Guayubín, en el año 2000, por la muerte de 6 haitianos y un dominicano que penetraron irregularmente al país en un camión, cuyo chofer presionó sin control el pedal de su acelerador y su velocidad, cuando una patrulla le ordenó que se detuviera.
El predispuesto brazo contencioso del sistema interamericano, con sede en Costa Rica, alegó que los inmigrantes fueron asesinados a tiros, y el gobierno explicó que murieron al volcarse el furgón en un puesto de control custodiado por miembros del Ejército, que sospecharon que transportaban drogas.
La corte ordenó que castigaran a los autores del hecho y que los restos fueran entregados al gobierno haitiano, en tanto que las autoridades dominicanas indicaron que estos se mantuvieron en una morgue hospitalaria durante más de un mes, y no aparecieron dolientes.
Además de juicios parciales y tendenciosos, la República Dominicana no acepta fallos de un tribunal regional al que no pertenece. En el 2005, cerca de 50 dominicanos de prestancia y sentimientos patrióticos interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la competencia de la Corte Interamericana, aceptada en 1999 por el Poder Ejecutivo, pero que no fue ratificada por el Congreso Nacional., que así lo ha certificado.
El 14 de noviembre de 2014, el digno Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de esa instancia que actúa como un supra-poder usurpador, y por lo cual Estados Unidos, Cuba y otras naciones no han admitido sus facultades e intromisiones. Terminantemente, dejó esclarecido que la República Dominicana no es signataria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Irrita escuchar a figuras públicas pedir que las instituciones dominicanas se adhieran y obedezcan a un foro jurisdiccional que nos ha mandado a cambiar la Carta Magna y las leyes, para introducir el Jus Solis (derecho de suelo), a fin de que los nacidos en el territorio nacional obtengan la nacionalidad, sin importar su ilegalidad e irregularidad residencial.
Agravia y alarma que existen llamados dominicanos que trabajen, en la penumbra, para echar por tierra la sentencia 168-13, que protege la nacionalidad dominicana, y el dictamen 256-14, que establece con claridad meridiana los alcances del Jus Solis o derecho de suelo, y dispuso la depuración del Registro Civil. Así también, otros continúan forzando para que no se aplique la Ley 285-95, y su reglamento, que regulan a los inmigrantes extranjeros, y que les otorguen la nacionalidad dominicana, mediante una amnistía, a varios millones de haitianos que residen ilegalmente en nuestro país.
Si la República Dominicana se incorpora como integrante del “arbitro” autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), jamás ejercerá su soberanía y se fomentarán nuevas invasiones pacíficas, sin posibilidad de repatriaciones, con la consiguiente disolución de la identidad nacional, porque dentro de poco no podremos diferenciar entre un dominicano y un haitiano.
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El autor: Miembro de número del Instituto Duartiano, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), y presidente actual Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep).
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.