Latinoamericanas
Presidente de Constitucional de Perú ve remoto restituir el Congreso disuelto
Lima.-El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Ernesto Blume, consideró este miércoles que la posibilidad de restituir el Congreso disuelto por el presidente Martín Vizcarra «es remota», después de que el órgano que lidera rechazara una medida cautelar para reponer el Parlamento.«Es un tema que tenemos que analizar. No se puede descartar, pero me parece que esa posibilidad es remota, desde mi particular punto de vista», señaló Blume en una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
El magistrado explicó que la negación de la medida cautelar anunciada el martes «marca una línea que habrá que desarrollar», pues el TC deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada por Vizcarra.
Por un lado, el Gobierno defiende que el presidente estaba facultado a disolver el Congreso después de que este negara la confianza al Ejecutivo por segunda vez dentro del mismo periodo para el que fue elegido.
Por el otro, el Legislativo disuelto, que estaba controlado por la oposición que lidera el fujimorismo, alega que Vizcarra no estaba habilitado porque la moción de confianza fue aceptada.
Sin embargo, esa votación se produjo después de que el Parlamento comenzara a elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional para colocar a magistrados afines al fujimorismo, lo que el Gobierno quería evitar con la cuestión de confianza, y por ello interpretaron que hubo una «negación fáctica» de la confianza.
La realidad ha superado la Constitución
Para Blume, se trata de un caso donde la realidad ha superado y desbordado los supuestos que plantearon los redactores de la Constitución peruana en 1993.
«Por lo tanto surge una situación complicada. ¿Cómo aplicamos este supuesto a una realidad que ha superado ese mismo supuesto?», se preguntó Blume. «No es que la Constitución no sea clara o haya artículos oscuros, es que la realidad que se ha presentado obliga a que el tribunal interprete», añadió.
Este lunes, el TC aceptó admitir a trámite la demanda del presidente de la comisión permanente del Congreso, Pedro Olaechea, para que revise el caso, pero no la medida cautelar para restituir al Parlamento, cuyas nuevas elecciones están convocadas para enero próximo.
Rol pacificador
Blume fue uno de los dos magistrados que votó a favor de aceptar la medida cautelar, pero aclaró que su planteamiento «no era restablecer las cosas a un estado anterior», sino ejercer un rol pacificador para modular y establecer ciertas pautas para el ejercicio de las competencias de los órganos involucrados.
En ese sentido, el presidente del TC anticipó que la decisión que tomen sus siete miembros sobre la demanda presentada por el Congreso disuelto «va a marcar un camino y una ruta a futuro con unas pautas que fortalecerán el sistema constitucional peruano».
PESO Y RESPONSABILIDAD ENORMES El magistrado reconoció que tomar una decisión en este conflicto «es un peso y una responsabilidad enorme» que comparte con sus otros seis compañeros. «Soy un hombre de fe, principios y valores, y siempre actúo por el camino correcto de lo que marca la autenticidad de la acción humana», agregó.
De momento valoró que tanto el Gobierno como el disuelto Congreso deben someterse a la decisión del TC, «que en el Estado peruano tiene la tarea de controlar el ejercicio del poder político». «Por lo tanto, yo veo con buenos ojos el avance que estamos teniendo en un país donde hemos tenido doce Constituciones», apuntó.
«Creo que eso es positivo, y yo en lo personal lo siento así, a pesar de que noto en muchos desilusión y desencanto, pero creo que el Perú va a salir adelante», añadió Blume.
Fallo sobre Keiko Fujimori en noviembre
Sobre el recurso presentado por la líder opositora Keiko Fujimori contra su prisión preventiva por presunto lavado de activos y financiación irregular de sus campañas políticas, el presidente del Constitucional indicó que espera que haya una decisión en torno al 20 de noviembre.
Blume indicó que a más tardar el próximo lunes presentará la propuesta de fallo al resto de sus compañeros para que se debata, un documento «que analiza con rigor y prolijidad cada una de las resoluciones dictadas en el proceso en donde se ha dispuesto la prisión preventiva de la demandante».
Latinoamericanas
El retraso en la campaña electoral en Haití aumenta la incertidumbre sobre los comicios
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Brasil irá a segunda vuelta: Bolsonaro aventaja a Lula en una cerrada elección presidencial
Agencia EFE
BRASILIA.– Brasil tendrá que esperar hasta el próximo 25 de octubre para definir quién ocupará la Presidencia de la República, luego de que ninguno de los principales candidatos alcanzara la mayoría necesaria para imponerse en la primera vuelta electoral celebrada este domingo.
El senador Flávio Bolsonaro se mantenía al frente del escrutinio sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la diferencia entre ambos comenzó a reducirse a medida que avanzaba el conteo de los votos.
Con aproximadamente el 85 % de los sufragios contabilizados, Bolsonaro registraba un 48.47 %, frente al 43.49 % obtenido por Lula, resultados que dejaban a ambos por debajo del porcentaje requerido para ganar directamente la Presidencia.
Posteriormente, con más del 90 % del escrutinio procesado, la ventaja del senador se había estrechado todavía más, colocándose en torno al 47.8 %, mientras Lula superaba el 44 %, confirmando el escenario de una segunda ronda electoral.
De acuerdo con las normas electorales brasileñas, cuando ningún aspirante presidencial obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados deben enfrentarse nuevamente. El Tribunal Superior Electoral establece que la segunda ronda de las elecciones de 2026 será celebrada el domingo 25 de octubre.
Una elección marcada por la polarización
La contienda enfrenta dos proyectos políticos claramente diferenciados.
Lula da Silva busca permanecer en el Palacio del Planalto y alcanzar un nuevo mandato presidencial, mientras Flávio Bolsonaro intenta llevar nuevamente al bolsonarismo al Poder Ejecutivo, esta vez encabezado por una nueva generación de la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
La elección ha mostrado nuevamente la profunda división política de Brasil, con temas como la economía, el costo de vida, la seguridad ciudadana, la corrupción y las relaciones internacionales ocupando buena parte del debate electoral.
Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones generales de este domingo, en las que también fueron escogidos gobernadores, senadores y representantes legislativos.
Bolsonaro conserva la delantera, pero Lula acorta distancia
Durante las primeras horas del escrutinio, Bolsonaro llegó a mantener una ventaja considerable sobre Lula. Sin embargo, esa diferencia comenzó a reducirse conforme fueron incorporándose los resultados procedentes de distintas regiones del país.
El comportamiento del conteo convirtió la noche electoral en una jornada de expectativa, mientras las campañas de ambos candidatos seguían atentamente la actualización de los datos oficiales.
La Justicia Electoral brasileña inició la divulgación de los resultados después de las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia, procesando progresivamente los boletines enviados desde los centros de votación del país y del exterior.
Brasil decidirá el 25 de octubre
Con la segunda vuelta confirmada, Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva tendrán ahora aproximadamente tres semanas para buscar el respaldo de los electores que apoyaron a otras candidaturas y de quienes todavía no tienen una decisión definitiva.
El resultado convierte el 25 de octubre de 2026 en una fecha decisiva para Brasil y para América Latina, debido al peso económico, político y geopolítico que posee la mayor nación de la región.
La primera vuelta deja a Bolsonaro en ventaja, pero también evidencia una competencia más cerrada de cara al balotaje.
Brasil entra así en una nueva etapa de campaña electoral en la que cada voto podría resultar determinante para definir quién gobernará el país durante el próximo período presidencial.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.