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Denuncian médicos contratados para atender casos de Covid-19 todavía no han recibido pagos.

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Santo Domingo, RD.-Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD),  denunció que todavía no se les ha pagado a los médicos que fueron contratados por el gobierno dominicano para enfrentar la expansión del virus del Covid-19.

“Que le pague a sus médicos que están trabajando, que eso da pena”, manifestó Suero este miércoles durante una entrevista realizada en el programa radial El Sol de la Mañana (106.5 FM).

El doctor indicó que han hecho la denuncia en numerosas ocasiones y han sostenido comunicaciones con el ministro de Salud, Plutarco Arias, y sus colaboradores para que les retribuyan a los médicos, no obstante, “mantienen la posición de no pagarles”.

“En el Ministerio de Salud mantiene una burocracia que él debe de resolver, y él es el único culpable. Se lo hemos dicho al ministro, no es más nadie”, añadió.

El presidente del gremio también declaró que las autoridades anunciaron que “nombrarían a 1,000 médicos, pero están nombrados 400 a los que no se les ha pagado”.

El 19 de agosto del pasado año el Gabinete de Salud informó que se contrarían 1,000 médicos, quienes recibirían un entrenamiento especializado para manejar pacientes de Covid-19 bajo las directrices de intensivistas e internistas.

La iniciativa, que formó parte del plan de acción para contener la expansión de la pandemia a nivel nacional, también incluyó el incremento de disponibilidad de camas y unidades de cuidados intensivos, así como el abastecimiento masivo de pruebas PCR y otros insumos necesarios.

En la alocución sobre sus primeros 100 días de mandato el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que se ha invertido RD$5, 260, 000,000 en medicamentos, insumos, equipos sanitarios, entre otros fondos para combatir la pandemia del Covid-19.

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Retroceso judicial hubo en el 2025 en R.D., según ve Colegio Abogados.

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SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)  el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.

Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.

Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.

Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.

Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.

También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

agl-sp

 

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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.

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Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó  a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.

Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.

Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.

  • Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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Llaman a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte

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Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega,  llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.

Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.

Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.

Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.

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