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Récord histórico de sentencias emitidas en 2024 establece el TC, según su presidente.
Santo Domingo, R.D.-Un total de 1251 sentencias emitió el Tribunal Constitucional durante el año 2024, logro considerado sin precedentes durante toda la trayectoria del TC, cuyos detalles fueron ofrecidos en el marco de la Audiencia Solemne de rendición de cuentas de su presidente Napoleón R. Estévez Lavandier.
Estas decisiones, adoptadas en 98 sesiones del Pleno, duplican los resultados obtenidos en años anteriores y representan un hito en la evolución de la justicia constitucional en la República Dominicana.
Durante su discurso, el magistrado Estévez Lavandier subrayó que estas sentencias no sólo reflejan una alta productividad, sino que también generaron debates jurídicos y constitucionales de gran trascendencia, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en el país. Asimismo, destacó que el incremento en la cantidad de decisiones no comprometió la calidad de los fallos, reafirmando el compromiso del tribunal con la justicia.
Entre los logros destacados, el magistrado mencionó la implementación de la firma electrónica cualificada para jueces, aprobada unánimemente por el Pleno en diciembre pasado. Esta herramienta permite validar documentos jurisdiccionales y administrativos de forma más ágil, marcando el inicio de una era de justicia constitucional digital en el país.
En el ámbito educativo, Estévez Lavandier señaló que 2024 marcó un antes y un después en la enseñanza de la Constitución. Bajo el lema «Educando en Constitución», el TC, en colaboración con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), logró incluir la enseñanza de la carta magna en los programas académicos de 20 instituciones de educación superior, con miras a expandirla a todas las escuelas del país.
El presidente del TC detalló que las 1251 sentencias emitidas en 2024 abarcaron diversas áreas, incluyendo lo civil 402, penal 264, amparo 242, acción directa de inconstitucionalidad 61, contencioso-administrativa 72, inmobiliaria 99, laboral 62, electoral 37 y control preventivo 12. Además, destacó fallos emblemáticos como las sentencias TC/0487/24, TC/0454/24 y TC/0964/24, que establecieron precedentes y criterios relevantes para el orden jurídico.
El magistrado también elogió la labor del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), que desarrolló 39 proyectos educativos y capacitaciones en 2024, beneficiando a casi 12,000 participantes. Entre las iniciativas destacadas se encuentran el Diplomado en Derecho Constitucional impartido en La Romana, el concurso «Me Gradúo con el TC», y la participación en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024.
Con miras al futuro, el presidente del TC anunció que el lema del próximo período será “Justicia constitucional más accesible, eficiente y digital”, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028. Este enfoque busca consolidar una justicia más inclusiva y moderna que garantice el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La ceremonia, realizada en la sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, contó con la presencia de jueces, funcionarios, representantes de la sociedad civil y servidores constitucionales, reafirmando el compromiso del Tribunal Constitucional con la transparencia y la excelencia.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.