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La justicia sería una utopía si las sentencias no se ejecutan, dice Presidente del TC español.
Santo Domingo, R.D.-Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, afirmó este lunes en República Dominicana que si en los Estados que no se ejecutan las sentencias de esa corte su justicia se convierten en una utopía.
Al exponer en un panel en el 29ª edición del Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress), Conde-Pumpido explicó que la espada de la diosa de la justicia significa la «fuerza«, que es la capacidad de hacer efectiva esa justicia.
«La fuerza sin la justicia sería una tiranía, pero la justicia sin fuerza sería pura utopía«, recalcó Conde-Pumpido.
El presidente del TC de España citó como ejemplo de las consecuencias de desacatar las decisiones de esa alta corte, que los ciudadanos y políticos son pasibles de multas y hasta de destitución de sus cargos públicos.
Todos los poderes públicos y los ciudadanos deben cumplir las decisiones del TC porque su decisión es erga omnes, que quiere decir que tienen efectos entre todos los ciudadanos y todos los tribunales de un país.
«El TC español tiene competencias y facultades directas para hacer cumplir sus decisiones«, subrayó.
Conde-Pumpido explicó que esas atribuciones se les otorgaron en el 2015. Si las sentencias no son cumplidas, el TC puede dirigirse a cualquier cargo público para exigirle que las cumpla y de lo contrario, el propio TC puede imponer multas coercitivas, «a los políticos, a los cargos del Gobierno o de cualquier parlamento (autónomo) que incumpla las decisiones«.
«El Tribunal Constitucional (español) puede también, incluso, suspender a los políticos, a los cargos públicos que se nieguen a cumplir sus resoluciones y los suspende no como una sanción, sino con una coerción hasta el momento que cumplan», afirmó el jurista español.
Agregó que tiene la opción de someter a los que desacaten sus sentencias ante los tribunales penales, para imponer una sentencia por desobediencia y del que ya ha habido precedente desde el 2016.
Conde-Pumpido encabezó el panel titulado Ejecución de las Decisiones del Tribunal Constitucional, en el que participaron otros jueces de la Corte extrapolar de Albania, Colombia, Serbia y Ecuador.
El presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Napoleón R. Estévez Lavandier, sostuvo que el desacato de las sentencias de ese órgano extrapoder «es un problema global» y que todavía el país no tiene la facultad de suspender cargos en el Estado o el Gobierno que no acaten sus dictámenes.
Aseguró que «la mayoría de las decisiones han sido ejecutadas» y que solo «unas 80″ han sido desacatadas», de más de 6,000 que se han emitido.
«Esa facultad todavía no la tiene», dijo Estévez Lavandier al referirse a la potestad de otros tribunales constitucionales de suspender cargos en el gobierno y el Estado que no ejecuten sus decisiones.
El Tribunal Constitucional dominicano sí puede recurrir a la figura del desacato, «que es un tipo penal y que podría ser utilizado para la ejecución de la sentencia», dijo Estévez Lavandier, quien fue entrevistado al llegar a la Universidad del Caribe para participar en el Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress).
El día anterior, durante su participación en la ceremonia de apertura de la 29ª edición del World Law Congress, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) dominicano destacó que este evento representa mucho más que un encuentro académico, y lo describió como «una manifestación viva de la cooperación internacional al servicio de la justicia».
En este importante encuentro, que reúne en el país a jueces, profesionales del ámbito jurídico de todo el mundo, ex jefes de Estado y funcionarios, el juez constitucional resaltó que la República Dominicana no solo es anfitriona del Congreso Mundial del Derecho, sino que se convierte durante tres días en la capital mundial del derecho.
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.