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La justicia sería una utopía si las sentencias no se ejecutan, dice Presidente del TC español.
Santo Domingo, R.D.-Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, afirmó este lunes en República Dominicana que si en los Estados que no se ejecutan las sentencias de esa corte su justicia se convierten en una utopía.
Al exponer en un panel en el 29ª edición del Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress), Conde-Pumpido explicó que la espada de la diosa de la justicia significa la «fuerza«, que es la capacidad de hacer efectiva esa justicia.
«La fuerza sin la justicia sería una tiranía, pero la justicia sin fuerza sería pura utopía«, recalcó Conde-Pumpido.
El presidente del TC de España citó como ejemplo de las consecuencias de desacatar las decisiones de esa alta corte, que los ciudadanos y políticos son pasibles de multas y hasta de destitución de sus cargos públicos.
Todos los poderes públicos y los ciudadanos deben cumplir las decisiones del TC porque su decisión es erga omnes, que quiere decir que tienen efectos entre todos los ciudadanos y todos los tribunales de un país.
«El TC español tiene competencias y facultades directas para hacer cumplir sus decisiones«, subrayó.
Conde-Pumpido explicó que esas atribuciones se les otorgaron en el 2015. Si las sentencias no son cumplidas, el TC puede dirigirse a cualquier cargo público para exigirle que las cumpla y de lo contrario, el propio TC puede imponer multas coercitivas, «a los políticos, a los cargos del Gobierno o de cualquier parlamento (autónomo) que incumpla las decisiones«.
«El Tribunal Constitucional (español) puede también, incluso, suspender a los políticos, a los cargos públicos que se nieguen a cumplir sus resoluciones y los suspende no como una sanción, sino con una coerción hasta el momento que cumplan», afirmó el jurista español.
Agregó que tiene la opción de someter a los que desacaten sus sentencias ante los tribunales penales, para imponer una sentencia por desobediencia y del que ya ha habido precedente desde el 2016.
Conde-Pumpido encabezó el panel titulado Ejecución de las Decisiones del Tribunal Constitucional, en el que participaron otros jueces de la Corte extrapolar de Albania, Colombia, Serbia y Ecuador.
El presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Napoleón R. Estévez Lavandier, sostuvo que el desacato de las sentencias de ese órgano extrapoder «es un problema global» y que todavía el país no tiene la facultad de suspender cargos en el Estado o el Gobierno que no acaten sus dictámenes.
Aseguró que «la mayoría de las decisiones han sido ejecutadas» y que solo «unas 80″ han sido desacatadas», de más de 6,000 que se han emitido.
«Esa facultad todavía no la tiene», dijo Estévez Lavandier al referirse a la potestad de otros tribunales constitucionales de suspender cargos en el gobierno y el Estado que no ejecuten sus decisiones.
El Tribunal Constitucional dominicano sí puede recurrir a la figura del desacato, «que es un tipo penal y que podría ser utilizado para la ejecución de la sentencia», dijo Estévez Lavandier, quien fue entrevistado al llegar a la Universidad del Caribe para participar en el Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress).
El día anterior, durante su participación en la ceremonia de apertura de la 29ª edición del World Law Congress, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) dominicano destacó que este evento representa mucho más que un encuentro académico, y lo describió como «una manifestación viva de la cooperación internacional al servicio de la justicia».
En este importante encuentro, que reúne en el país a jueces, profesionales del ámbito jurídico de todo el mundo, ex jefes de Estado y funcionarios, el juez constitucional resaltó que la República Dominicana no solo es anfitriona del Congreso Mundial del Derecho, sino que se convierte durante tres días en la capital mundial del derecho.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.