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La justicia sería una utopía si las sentencias no se ejecutan, dice Presidente del TC español.
Santo Domingo, R.D.-Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC) español, afirmó este lunes en República Dominicana que si en los Estados que no se ejecutan las sentencias de esa corte su justicia se convierten en una utopía.
Al exponer en un panel en el 29ª edición del Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress), Conde-Pumpido explicó que la espada de la diosa de la justicia significa la «fuerza«, que es la capacidad de hacer efectiva esa justicia.
«La fuerza sin la justicia sería una tiranía, pero la justicia sin fuerza sería pura utopía«, recalcó Conde-Pumpido.
El presidente del TC de España citó como ejemplo de las consecuencias de desacatar las decisiones de esa alta corte, que los ciudadanos y políticos son pasibles de multas y hasta de destitución de sus cargos públicos.
Todos los poderes públicos y los ciudadanos deben cumplir las decisiones del TC porque su decisión es erga omnes, que quiere decir que tienen efectos entre todos los ciudadanos y todos los tribunales de un país.
«El TC español tiene competencias y facultades directas para hacer cumplir sus decisiones«, subrayó.
Conde-Pumpido explicó que esas atribuciones se les otorgaron en el 2015. Si las sentencias no son cumplidas, el TC puede dirigirse a cualquier cargo público para exigirle que las cumpla y de lo contrario, el propio TC puede imponer multas coercitivas, «a los políticos, a los cargos del Gobierno o de cualquier parlamento (autónomo) que incumpla las decisiones«.
«El Tribunal Constitucional (español) puede también, incluso, suspender a los políticos, a los cargos públicos que se nieguen a cumplir sus resoluciones y los suspende no como una sanción, sino con una coerción hasta el momento que cumplan», afirmó el jurista español.
Agregó que tiene la opción de someter a los que desacaten sus sentencias ante los tribunales penales, para imponer una sentencia por desobediencia y del que ya ha habido precedente desde el 2016.
Conde-Pumpido encabezó el panel titulado Ejecución de las Decisiones del Tribunal Constitucional, en el que participaron otros jueces de la Corte extrapolar de Albania, Colombia, Serbia y Ecuador.
El presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Napoleón R. Estévez Lavandier, sostuvo que el desacato de las sentencias de ese órgano extrapoder «es un problema global» y que todavía el país no tiene la facultad de suspender cargos en el Estado o el Gobierno que no acaten sus dictámenes.
Aseguró que «la mayoría de las decisiones han sido ejecutadas» y que solo «unas 80″ han sido desacatadas», de más de 6,000 que se han emitido.
«Esa facultad todavía no la tiene», dijo Estévez Lavandier al referirse a la potestad de otros tribunales constitucionales de suspender cargos en el gobierno y el Estado que no ejecuten sus decisiones.
El Tribunal Constitucional dominicano sí puede recurrir a la figura del desacato, «que es un tipo penal y que podría ser utilizado para la ejecución de la sentencia», dijo Estévez Lavandier, quien fue entrevistado al llegar a la Universidad del Caribe para participar en el Congreso Mundial de Derecho 2025 (World Law Congress).
El día anterior, durante su participación en la ceremonia de apertura de la 29ª edición del World Law Congress, el presidente del Tribunal Constitucional (TC) dominicano destacó que este evento representa mucho más que un encuentro académico, y lo describió como «una manifestación viva de la cooperación internacional al servicio de la justicia».
En este importante encuentro, que reúne en el país a jueces, profesionales del ámbito jurídico de todo el mundo, ex jefes de Estado y funcionarios, el juez constitucional resaltó que la República Dominicana no solo es anfitriona del Congreso Mundial del Derecho, sino que se convierte durante tres días en la capital mundial del derecho.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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