La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.

Por Elba R. García

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.

Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.

Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.

La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.

Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.

Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.

En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.

El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.

Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.

Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.

En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.

No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.

En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.

Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.

La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.

Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.

Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.

Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.

Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.

Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.

Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.

Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.

Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.

Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.

También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.

 Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.

El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.

Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.

Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.

En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.

El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.

La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil

Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.

La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.

También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.

En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.

Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.

Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.

Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.

La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.

No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.

Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.

En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.

Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.

La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.

La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.

Por Elba García

Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.

¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?

La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.

Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.

Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.

Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.

La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.

Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.

Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.

En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.

El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.

Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.

Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.

Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.

En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.

Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.

Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.

La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.

Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.

Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.

El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.

¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?

La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.

Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.

Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.

Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.

No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.

Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.

Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.

Corrupción y debilitamiento institucional

Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.

Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.

Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.

La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.

A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.

Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.

El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.

La responsabilidad del Estado dominicano

La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.

También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.

La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.

Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.

El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.

Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.

De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.

Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.

Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.

Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?