Presidente con decreto que crea comisión incurre en violación del orden jerárquico en la normativa jurídica nacional.

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, acaba de emitir un decreto mediante el cual designa una comisión para investigar los limites del Parque Nacional del Este en el que se construye el hotel Globalia de capital español.

Esta no es la primera que el mandatario designa comisiones para determinar  lo que ya está delimitado  por la ley o por normas que rigen el tema a ser investigado, pero que además se estila en el jefe de Estado  incluir los responsables de la irregularidad o que sencillamente por alguna razón son parte del problema.

Con la creación de la comisión oficial  para investigar lo que ocurre en el antiguo Parque Nacional del Este,  el presidente ha colocado al ministro de Agricultura, Ángel Estévez, como juez y parte en un problema que implica una grave violación a la ley que consigna las áreas protegidas de la República Dominicana.

Los demás miembros de la comisión son el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quienes no tienen fecha preestablecida para dar a conocer sus resultados, ya que se trata de una suspensión de la obra por tiempo no especificado.

Anteriormente el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar la sobrevaluación de Punta Catalina y en la misma incluyó mediante decreto a monseñor Agripino Núnez Collado, quien al propio tiempo es inversionista del Consorcio Estrella, empresa que ha jugado el papel de socia y contraparte en el país de la multinacional Odebrecht acusada de corrupción.

La decisión de esa comisión fue que en Punta Catalina no hubo ningún tipo de irregularidad, pese a que amplios sectores nacionales la consideran como un cuerpo del delito de corrupción o de sobrevaluación a la que tenia acostumbrada la Odebrechet a la gente en diferentes países latinoamericanos y de otros lugares del mundo.

El empresario español Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y del proyecto Leaf Bahyahibe, inició el desmonte en la parcela 24-A hace algunos días, la cual está localizada dentro del área protegida Guaraguo-Punta Catuano, catalogada como área de recreo, según la Ley Sectorial de áreas protegidas del 2004.

Esta zona protegida que colinda con el Parque Nacional Cotubanamá y ambas formaban parte del antiguo Parque del Este.

El español Pepe Hidalgo ha arremetido en contra de los ambientalistas dominicanos que se oponen al proyecto que este desarrolla en una zona considerada patrimonio de la humanidad y que el Gobierno de Danilo Medina exhíbe una ambivalencia que no augura una salida en el marco de lo que establece la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Hidalgo apoya su proyecto hotelero en un parque nacional en un permiso que le ha otorgado el Ministerio de Medio Ambiente, cuyo incumbente ahora pasa a ser juez y parte, porque ha sido el más ferviente defensor del levantamiento del hotel en una zona protegida, cuya autorización data del gobierno de Hipólito Mejía que emitió un decreto que autorizaba lo que a todas luces se trata de una ilegalidad.

El 14 de enero del año 2004 el entonces presidente Media otorgó el permiso para la construcción de Gran Palace Bayahibe Beach Resort y pocos días después, exactamente el 23 de enero, mediante oficio número 61, dirigido al general de brigada Luís Rodríguez Florimón , se ordenó la protección del empresario español para que tomara posesión de la parcela 24-A.

En los actuales momentos la suspensión de la construcción por parte del presidente Danilo Medina no implica que el gobierno parta de los límites establecidos por la ley para el levantamiento de cualquier proyecto turístico, lo que lesiona un parque nacional de un gran valor para el medio ambiente y la biodiversidad.

Ahora sólo falta esperar los resultados de una investigación de una comisión oficial, que incluye al propio responsable de la irregularidad, y que muchos consideran que sencillamente se busca sobrepasar una época electoral para luego de que estas concluyan autorizar la continuación de la obra ilegal.

Los mismos observadores entienden que la comisión es parte de la politiquería y la doble moral de los funcionarios públicos, incluido el propio presidente de la República, ya que su decisión debió ser para revocar la autorización de la construcción en el parque nacional, pero no mediante un decreto disponer investigar lo que ya está decidido por una ley sobre la materia, lo cual también constituye una violación a la jerarquización de la normativa jurídica nacional.