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Es un hecho que presos preventivos podrán votar en 2024
Miriam Germán y Román Jáquez firman acuerdo para que reclusos voten.
Santo Domingo, R.D.-La Procuraduría General de la República y La Junta Central Electoral (JCE) suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría, y la JCE se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva a partir de las elecciones del 2024.
En ese sentido, las entidades asumieron el compromiso de contribuir con la entrada en vigencia del voto penitenciario de los reos de manera progresiva, cuyos derechos civiles y políticos no estén suspendidos, de conformidad con lo que establece la Ley.
Fue firmado en presencia de los miembros titulares del Pleno de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario General, Sonne Beltré Ramírez, así como del director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio.
El presidente de la JCE calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, consideró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.
Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas de manera definitiva e irrevocable.
De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto, por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
“La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión. Por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto.
Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación”, expresó Germán Brito.
Empadronamiento
En base al acuerdo, la Junta proveerá, en calidad de cooperación, equipos de lectura de información biométrica de personas (escáneres de huellas digitales, cámaras, entre otros), que serán distribuidos en los centros penitenciarios y procuradurías fiscales.
La JCE también proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, con información biométrica utilizada en su motor de base de datos.
Mientras, el Ministerio Público dispondrá de facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica.
La JCE y la PGR se comprometen a desarrollar una interfaz de consulta para que el Ministerio Público pueda acceder al archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización, de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la Base de Datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.
El Ministerio Público remitirá al órgano electoral las sentencias condenatorias a penas criminales que sean irrevocables en cada jurisdicción y aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las cancelaciones de las cédulas, dentro de un plazo razonable.
Acceso a data
En uno de los considerandos, se resalta que el Ministerio Público gestiona aproximadamente 425 procesos judiciales diariamente en 36 fiscalías a nivel nacional, y que a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), se contabilizan 25,603 personas privadas de libertad.
Indica que por ello requiere contar con los mecanismos automatizados para la captura, lectura, registro y consulta de información digital multibiométrica como huellas dactilares, huellas palmares y rostro, entre otras, que puedan ser gestionada y consultada a través de mecanismos de comparación parcial o total, incluyendo huellas latentes.
Precisa que el Ministerio Público, como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, necesita tener acceso permanentemente a la data que posee la JCE, a los fines de verificar los registros de los inscritos y la actualización constante de la misma, para obtener una información veraz de la evaluación de los actos vitales de los ciudadanos.
“Que el Ministerio Público, requiere de la implementación de un Sistema Multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de privados de libertad, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora, limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.” señala el considerando sexto.
Registro civil
En el acuerdo, se enfatiza que la JCE es la custodia y depositaria del registro civil de las personas y el único órgano facultado para la acreditación de su identidad mediante un documento de identidad.
Indica, además, que la Junta está encargada del mantenimiento y la conservación del Registro Civil, la Cédula de Identidad y todo lo concerniente a la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el Registro Electoral.
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Actual presidente de Cámara de Cuentas busca permanecer en la presidencia de ese órgano.
Santo Domingo, R.D.-El actual presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, deposito sus aspiraciones ante el Congreso Nacional para permanecer en el puesto, pese a los cuestionamientos que hay en su contra por diversos sectores de la sociedad.
Así lo confirmó este jueves el diputado Rogelio Lanza, quien es presidente de la comisión que debe seleccionar, para el periodo 2025-2029, los integrantes del pleno del órgano fiscalizador.
Genao aseguró que la mesa de trabajo en la cámara baja examinará los perfiles registrados utilizando el mismo procedimiento basado en desempeño. Por lo que afirmó que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas no tendrán beneficios al momento de ser evaluados.
La comisión permanente de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados, presidida igualmente por Rogelio Lanza, intentó en julio de 2023 someter al pleno de ese órgano a un juicio político.
Estos fueron violaciones a la Constitución, leyes y Reglamentos, asignación ilegal de fondos económicos, ejecución presupuestaria deficiente entre otras acusaciones relacionadas con el conflicto de interés personales y políticos.
El proceso de destitución al que se iba a someter la plenaria del órgano no alcanzó el consenso necesario en el Congreso Nacional para ser realizado, ya que la oposición entendía que “no existían faltas graves”.
Denuncia de acoso laboral
Además de recibir valoraciones negativas por la gestión que encabeza desde 2021, Janel Rodríguez también fue acusado de “acoso laboral” por dos empleadas del departamento de Auditoría.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó el 6 de septiembre de 2023 que el documento que contenía la querella dirigida hacia Rodríguez fue archivado de manera definitiva. Alegando que los hechos denunciados no configuran el tipo penal de acoso sexual previsto en el artículo 333-2 del Código Penal.
120 interesados
Por otro lado, Genao indicó que 120 personas han formalizado su postulación, dentro de los que se encuentran también otros dos miembros de la Cámara de Cuentas.
Aunque no precisó los nombres, adelantó que podría tratarse de Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, quienes fungen como miembros en la alta dirección.
La comisión tendrá hasta marzo para posesionar y juramentar al pleno que estará al frente durante el próximo mandato interno.
Santo Domingo, R.D.-Dieciseis provincias de la República Dominicana están en alerta meteorológica por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones repentinas urbanas.
Colocaron en alerta amarilla a Samaná, La Altagracia, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), El Seibo, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Hato Mayor.
Mientras que en alerta verde se encuentran Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Montecristi y San Pedro de Macorís.
Conforme al boletín meteorológico del Indomet, recomiendan a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero de la costa atlántica, desde Monte Cristi hasta La Altagracia, debido a oleaje y viento anormal.
Recomiendan a los padres tener control sobre los niños, a fin de que estos no usen ríos, balnearios arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
A los conductores de vehículos se les recomienda tomar medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.
Santo Domingo;- Cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional la madrugada de este jueves en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, un hombre apodado “Diablo Rojo”, quien era considerado el más buscado en la jurisdicción del Distrito Nacional, donde es señalado en múltiples hechos criminales, incluyendo la muerte de una menor de 14 años, robos, asaltos, entre otros delitos.
Se trata de Jordany Sosa (Diablo Rojo), quien falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, a consecuencias de heridas de bala ocasionadas por los integrantes de una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) que repelió una agresión a tiros cuando trató de apresarlo en el citado municipio.
En poder del hoy occiso se ocuparon dos armas fuego, una de ellas con un cargador de 30 cápsulas, 11 de las cuales disparó contra los agentes actuantes. Se precisa que “Diablo Rojo” era buscado en atención a las órdenes de arresto 0037-2023 y 2024-AJ0023141, emitidas por autoridades competentes.
También de causarle heridas de bala al nombrado Edgar Alexander Novas Montero (Buda), contra quien fue dirigido el ataque a tiros.