Santo Domingo, RD.- Con el décimo mes de este año en avance, el 90 porciento del presupuesto militar dominicano ya ha sido agotado, creando un vacío por falta de recursos que podría impedirles cumplir sus compromisos económicos para los próximos meses, y más preocupante aún la posibilidad de que esta crisis tambalee las nóminas del personal.Más Noticias
Presupuesto militar está casi agotado
Fuerza militar ante serios apuros por falta de fondos
Santo Domingo, RD.- Con el décimo mes de este año en avance, el 90 porciento del presupuesto militar dominicano ya ha sido agotado, creando un vacío por falta de recursos que podría impedirles cumplir sus compromisos económicos para los próximos meses, y más preocupante aún la posibilidad de que esta crisis tambalee las nóminas del personal.Ya en agosto, apenas el 10 porciento del total de sus recursos se convirtió en último jalón y reserva.
Para complicar más el problema, en medio de esta encrucijada surge otra contrariedad marcada encima del hecho de que, para el próximo año, ese presupuesto sufrirá una reducción de más de 2,000 millones de pesos.
Esto implica, automáticamente, que las autoridades castrenses tendrán que seguir haciendo ajustes importantes en el gasto para el año venidero.
Según fuentes financieras del ámbito militar, el agotamiento del 90 porciento de los presupuestos de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa se produjo durante los meses enero-agosto de este año.
Los informes dan cuenta de que, al día de hoy, en el Ministerio de Defensa, constituido por el conjunto de los cuerpos militares, la disponibilidad en efectivo se ha reducido de RD$1.445.460, en agosto, a RD$6.085.170, en septiembre.
Todo este paisaje financieramente crítico coloca a las instituciones salvaguardas de la defensa y soberanía del país en serios aprietos para salar sus obligaciones económicas para los meses de octubre en curso, noviembre y diciembre venideros, lo que superaría los 1,500 millones de pesos.
Podría afectar la nómina
Es así como cobran fuerza los temores de que, al carecer de recursos suficientes para solventar sus adeudos económicos de los meses venideros, el reflejo de la crisis podría alcanzar con sus efectos la nómina del personal. Mientras tanto, en previsión de lesiones a las operaciones y planes de estas instituciones se han adoptado medidas de saneamiento de nóminas y recortes económicos en varios programas educativos, sociales, y hasta en áreas operacionales.
Menos recursos en 2021
El presupuesto actual de las instituciones militares es de RD$33.221.611, lo que indica que, para el año 2021, esa cifra se reducirá a poco más 31 mil millones de pesos.
La disponibilidad en efectivo del Ministerio de Defensa se redujo de RD $1.445.460 en agosto a 6.085.170 en septiembre, lo que coloca a esa institución en aprietos para cumplir sus compromisos económicos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, que superaría los 1,500 millones, siempre conforme a las fuentes.
Misiones en la defensa
La crisis de presupuesto que afecta a los entes militares puede paralizar buena parte de sus funciones. Sus múltipes responsabilidades y planes dirigidos a cumplir con objetivos previstos cuelgan ahora sobre un hilo, al afrontar carencia de recursos financieros.
La misión de los cuerpos militares dominicanos es extensa, pero su base concreta y mejor definida es la defensa de la integridad territorial de la nación, guardianes de la soberanía y sustentadores de la paz y el orden público.
Otras de sus atribuciones elementales es ser ingrediente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación, bajo un clima de máxima seguridad.
Sus tres cuerpos armados, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, se funden bajo un propósito de capacitación y eficiencia y servir de barrera ante cualquier amenaza, interna o externa, al sistema y sus instituciones, siempre sujetas a un mando general institucionalizado en el Ministerio de Defensa.
Otros compromisos de la fuerza militar consisten en la defensa de la integridad del territorio, la soberanía y su independencia, asegurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, mantener el orden público, proteger el tráfico, industrias y comercios legales, brindar apoyo a las autoridades y funcionarios en la forma prevista en las leyes y reglamentos militares, y proteger a los ciudadanos y sus propiedades.
También mantener el orden en las costas y aguas territoriales, y deben proteger el tráfico e industrias marítimas legales, combatir la piratería y mantner el orden y proteger el tráfico aéreo legal y el comercio aéreo y los tratados internacionales.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.