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Presupuesto militar está casi agotado

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Fuerza militar ante serios apuros por falta de fondos

Santo Domingo, RD.- Con el décimo mes de este año en avance, el 90 por­ciento del presupuesto mi­litar dominicano ya ha si­do agotado, creando un vacío por falta de recur­sos que podría impedir­les cumplir sus compro­misos económicos para los próximos meses, y más preocupante aún la posi­bilidad de que esta crisis tambalee las nóminas del personal.

Ya en agosto, apenas el 10 porciento del total de sus recursos se convirtió en úl­timo jalón y reserva.

Para complicar más el problema, en medio de esta encrucijada surge otra contrariedad marca­da encima del hecho de que, para el próximo año, ese presupuesto sufrirá una reducción de más de 2,000 millones de pesos.

Esto implica, automá­ticamente, que las autori­dades castrenses tendrán que seguir haciendo ajus­tes importantes en el gasto para el año venidero.

Según fuentes financie­ras del ámbito militar, el agotamiento del 90 por­ciento de los presupuestos de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Minis­terio de Defensa se produ­jo durante los meses ene­ro-agosto de este año.

Los informes dan cuen­ta de que, al día de hoy, en el Ministerio de Defensa, cons­tituido por el conjunto de los cuerpos militares, la disponi­bilidad en efectivo se ha re­ducido de RD$1.445.460, en agosto, a RD$6.085.170, en septiembre.

Todo este paisaje finan­cieramente crítico colo­ca a las instituciones sal­vaguardas de la defensa y soberanía del país en se­rios aprietos para salar sus obligaciones económicas  para los meses de octubre en curso, noviembre y di­ciembre venideros, lo que superaría los 1,500 millo­nes de pesos.

Podría afectar la nómina

Es así como cobran fuerza los temores de que, al care­cer de recursos suficientes para solventar sus adeudos económicos de los meses venideros, el reflejo de la crisis podría alcanzar con sus efectos la nómina del personal. Mientras tanto, en previsión de lesiones a las operaciones y planes de estas instituciones se han adoptado medidas de saneamiento de nóminas y recortes económicos en varios programas educa­tivos, sociales, y hasta en áreas operacionales.

Menos recursos en 2021

El presupuesto actual de las instituciones militares es de RD$33.221.611, lo que indica que, para el año 2021, esa cifra se reducirá a poco más 31 mil millo­nes de pesos.

La disponibilidad en efectivo del Ministe­rio de Defensa se redu­jo de RD $1.445.460 en agosto a 6.085.170 en septiembre, lo que co­loca a esa institución en aprietos para cumplir sus compromisos eco­nómicos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, que supera­ría los 1,500 millones, siempre conforme a las fuentes.

Misiones en la defensa

La crisis de presupues­to que afecta a los entes militares puede paralizar buena parte de sus fun­ciones. Sus múltipes res­ponsabilidades y planes dirigidos a cumplir con objetivos previstos cuel­gan ahora sobre un hilo, al afrontar carencia de recur­sos financieros.

 La misión de los cuerpos militares dominicanos es ex­tensa, pero su base concreta y mejor definida es la defen­sa de la integridad territorial de la nación, guardianes de la soberanía y sustentadores de la paz y el orden público.

Otras de sus atribucio­nes elementales es ser ingre­diente primordial para crear las condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas de la nación, ba­jo un clima de máxima segu­ridad.

Sus tres cuerpos armados, Ejército, Marina y Fuerza Aé­rea, se funden bajo un propó­sito de capacitación y eficien­cia y servir de barrera ante cualquier amenaza, interna o externa, al sistema y sus ins­tituciones, siempre sujetas a un mando general institucio­nalizado en el Ministerio de Defensa.

Otros compromisos de la fuerza militar consisten en la defensa de la integridad del territorio, la soberanía y su independencia, asegurar el cumplimiento de la Cons­titución y las leyes, mante­ner el orden público, pro­teger el tráfico, industrias y comercios legales, brin­dar apoyo a las autoridades y funcionarios en la forma prevista en las leyes y re­glamentos militares, y pro­teger a los ciudadanos y sus propiedades.

También mantener el or­den en las costas y aguas te­rritoriales, y deben proteger el tráfico e industrias maríti­mas legales, combatir la pi­ratería y mantner el orden y proteger el tráfico aéreo legal y el comercio aéreo y los tra­tados internacionales.

listindiario.com

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Si hay duda JCE pagaría prueba de paternidad.

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Santo Domingo, RD.-La Junta Central Electoral es facultada por la ley 4-23, sobre los actos del estado civil  a requerir a un juez la autorización de una prueba científica, cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad.

Según la nueva legislación, esa prueba científica será pagada con el presupuesto de la JCE.

“Si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviese alguna duda sobre la paternidad, solicitará a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, a los fines de que promueva ante el juez de paz del municipio correspondiente, la autorización de la prueba científica que permita establecer la paternidad, cuyo costo estará a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral (JCE)”, establece el artículo 73, en el párrafo III.

La norma legal también dispone, en el párrafo II del artículo 73, que “si el oficial civil tuviese alguna duda sobre la existencia del niño o la niña cuyo nacimiento se declara, podrá exigir su presentación inmediata.”

Mientras, en el párrafo I de ese mismo artículo, la norma legal señala si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de la jurisdicción donde ocurrió, existieran desavenencia entre los padres, será asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento.

La ley 4-23 obliga a registrar el nacimiento, además de los progenitores, al Ministerio de Salud, a los centros médicos, al personal de salud que haya intervenido en el parto cuando ocurriera fuera de un establecimiento médico, al pariente más cercano, o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad que haya estado presente en el lugar del parto.

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Postergan para la próxima semana juicio de Operación 13.

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El juicio contra los imputados en el fraude de mas de 500 millones de pesos en un sorteo de la Lotería Nacional en el mes de mayo del 2021, fue aplazado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el 13 de este mes de febrero.

La audiencia de este lunes, la tercera virtual consecutiva por razones de salud de una de las juezas, se realizó solo para recesar, según el abogado Plutarco Jáquez porque, según explicó, la ley estipula que luego de leerse la acusación, el juicio no debe detenerse por más de diez días porque se cae y hay que empezar de cero.

Solo a diez de los once imputados en el fraude se les conoce el juicio de fondo porque uno está prófugo.

Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, conocen el expediente presentado por el Ministerio Público, que ha nombrado el caso como Operación 13 por ser el bolo del fraude.

Jáquez es el abogado de Valentina Rosario Cruz, Rafael Mesa, Jonathan Brea y Carlos Berigüete.

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Proyecto Bachilleres Bilingües ya no va, dice el Inafocam

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Por no iniciarse en el tiempo previsto y por no estar contemplado en el Plan Operativo Anual del 2022,  fue suspendido el proyecto de capacitación de bachilleres bilingües productivos, según lo informó el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).

De acuerdo con la entidad, para adjudicar el proyecto a Valdez Professional Training, SRL (PTS) fue necesaria una modificación presupuestaria que implicó el «desvío de RD$598 millones, equivalentes al 94 por ciento de los fondos del instituto», previamente destinados para la capacitación de los docentes a través de diplomados, talleres, seminarios y cursos en las diferentes áreas y líneas pedagógicas.

El Inafocam alegó que la gestión que encabeza Francisco Ramírez encontró varias irregularidades, entre ellas la discrepancia entre el tiempo establecido para los resultados del personal a ser impactado por la alegada capacitación y que, según PTS, en solo tres meses los participantes tendrían dominio del idioma, lo que es pedagógicamente improbable.

“La investigación comprobó que la contratación fue sometida mediante proceso de excepción como proveedor único marcado con la ficha Inafocam-PEPU-2022-0002, de fecha 21 de septiembre del 2022 en violación al artículo 3, numeral 6, del Reglamento 543-12 de la Ley 360-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, establece una nota de prensa del instituto.

Precisa que en la revisión y validación de la contratación se evidenció que, en reiterados momentos, tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones como la Contraloría General de la República, realizaron observaciones al proceso que no fueron asumidas, y que la rescisión estuvo amparada en que dicho contrato tampoco cumple con el requisito de estar registrado ante la Contraloría General de la República.

La entidad dijo que la formación bilingüe sigue siendo una prioridad para la actual administración, poniendo como ejemplo que actualmente la empresa PTS cuenta con varios proyectos en ejecución y que solamente en diciembre pasado le fueron pagados a su propietario Juan Valdez, la suma de 17,534,050 millones de pesos por diplomados y seminarios impartidos.

Garantizó que la enseñanza del idioma inglés se realizará, pero siempre de acuerdo con el cumplimiento a las leyes, normas, ordenanzas y protocolos de transparencia y calidad.

En los tribunales

La Contraloría General de la República y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas cuestionaron el proceso de selección utilizado en un contrato entre el Inafocam y Valdez Professional Training Systems (PTS). El acuerdo está en los tribunales.

Juan Valdez, gerente de PTS, dijo al programa El Informe con Alicia Ortega que haría valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al contralor de la República.

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