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Las elecciones presidenciales son aplazadas por primera vez en medio siglo.

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Santo Domingo, RD.-La República Dominicana por  única vez durante los últimos cincuenta años de su renaciente sistema democrático,  marca hoy en su registro histórico la primera posposición de elecciones presidenciales, que esta vez estaban previstas para el próximo 17 de mayo, debido a los efectos devastadores del coronavirus.

 El pleno de la Junta Central Electoral emitió una resolución suspendiendo la fecha de elección presidencial, y en su efecto las congresuales, moviendo ambos eventos para el domingo 5 de julio.

El 16 de febrero se produjo una posposición de las elecciones municipales ordinarias, tras la ocurrencia de fallos técnicos registrados en los equipos del voto automatizado, siendo reprogramadas para el día 15 del siguiente mes de marzo.

En su resolución, la JCE modifico su proclama electoral para 17 de mayo para presidenciales y congresuales, para el domingo 5 de julio, y que en caso de una eventual segunda vuelta, esta se efectuará el domingo 26 de julio.

Cuando en octubre de 2019, pasadas las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), la Junta Central Electoral (JCE) hizo público el calendario electoral preliminar de 2020, cuando se realizarían dos torneos electorales pautadas para el 16 de febrero (las municipales) y el 17 de mayo (presidenciales y congresuales), este ente de elecciones siempre especificó que ese calendario estaría sujeto a cambios y que estos iban a suceder.

Pero todo esto cambió por completo al ocurrir lo que fue denominado como un “sabotaje”, y una pandemia que hasta el momento ha causado, según el último coteo oficial, 177 muertes en la República Dominicana, y esto sucedió apenas en los primeros cinco meses de este año.

Primero, el pasado 16 de febrero el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, anunció la suspensión de las elecciones municipales ordinarias por fallos técnicos presentados en los equipos del voto automatizado que se utilizarían en 18 demarcaciones.

Según las palabras de Castaños Guzmán en ese momento, la mayoría de los equipos presentaron problemas al momento de cargar las boletas automatizadas haciendo que solo aparecieran uno o dos candidatos. De inmediato las acusaciones de sabotaje y fraude entre el oficialismo y la oposición no se hicieron esperar, mientras la sociedad civil exigía al órgano electoral una explicación sobre lo ocurrido, mediante una masiva protesta en la Plaza de la Bandera, justo al frente de la sede principal de la JCE.

El 21 de febrero, el Gobierno instruyó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que investigue el fallo en el sistema de voto automatizado, dejando suspendida la investigación del Ministerio Público.

Las propuestas de los partidos
Una resolución.

La JCE suspendió los comicios, después que la presidencia de la República decidió extender el estado de emergencia por 17 días a partir de este martes 14 de abril. “La decisión fue tomada considerando las propuestas de los partidos políticos y la sociedad civil…” según la resolución del ente de elecciones.

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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares

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Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD  en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera  expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.

Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.

También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.

La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.

BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

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Se repiten actos de violencia provenientes de motoconchistas.

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SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en  el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.

El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.

Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.

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Mejoras laborales exigen Jueces y servidores de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron  jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen  que el Consejo  del Poder Judicial gasta millones de pesos en un  árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.

A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.

El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.

Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:

Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.

Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.

Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.

Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.

Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.

Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.

Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.

Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.

Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».

De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».

Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.

Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.

Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.

El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.

«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.

Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.

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