Latinoamericanas
Prisiones en Haití severamente superpobladas; los presos mueren de sed y hambre
Agencia AP
Naciones Unidas dicen que 185 reclusos murieron en Haití el año pasado.
Puerto Príncipe.- El recluso demacrado con pantalones cortos negros yacía sobre una estera delgada en la prisión más notoria de Haití, la Penitenciaría Nacional en Puerto Príncipe, aislado de otros reclusos debido a una tuberculosis resistente a los medicamentos.
Se incorporó lentamente para hablar con un reportero visitante. Más de 70 pacientes de tuberculosis se reunieron en la puerta de la celda vecina para quejarse de su sufrimiento mientras están detenidos, muchos de ellos por delitos menores, como hurto.
“¡No tenemos agua!”, gritó uno, mientras sus compañeros de prisión decían que recibían su comida tarde o no llegaba.
Los reclusos haitianos tienen sed, están hambrientos y duermen de pie porque no tienen suficiente espacio para acostarse. Naciones Unidas dicen que 185 reclusos murieron en Haití el año pasado, muchos de ellos por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Más de 20 han fallecido en lo que va de este año. Los expertos en derechos humanos y los abogados creen que el número aumentará, dado que la violencia de las pandillas provoca una escasez grave de combustible y alimentos.
“Temo que se avecina una catástrofe humanitaria”, advierte el abogado Arnel Rémy, coordinador de la Asociación de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití.
Más del 80% de los más de 11,400 reclusos de Haití se encuentran en prisión preventiva. Podrían pasar años antes de que vean a un juez, si es que lo ven, según expertos en derechos humanos. La ley permite que las personas sean detenidas legalmente sin cargos durante solo 48 horas, pero con frecuencia eso no se cumple en Haití.
En diciembre, la Universidad de Florida publicó un estudio que encontró que los hombres en las prisiones de Haití sufrían hambre: consumían menos de 500 calorías por día. Los investigadores estudiaron a más de 1,000 reclusos en dos prisiones de Haití, incluida la Penitenciaría Nacional. También encontraron que más del 75% estaba en riesgo de escorbuto y beriberi —falta de vitamina B1— y notaron que los presos no reciben alimentos durante los cierres de emergencia.
Algunos presos tienen familiares o amigos que les llevan comida y bebida todos los días, pero esa práctica ha disminuido en medio de un aumento de la violencia de las pandillas, que ha bloqueado caminos clave y ha causado escasez de transporte público en algunas comunidades.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los arrestos arbitrarios son comunes en Haití, y que las autoridades a menudo detienen a personas por cargos no especificados.
El área alrededor de la Penitenciaría Nacional de Haití —la más grande del país, con casi 4,000 reclusos, a pesar de que fue construida para albergar 800— se ha vuelto más peligrosa: casi a diario suenan disparos de bandas rivales y un oficial correccional recibió un balazo a fines de mayo cuando salía de la penitenciaría.
Una mujer que trajo arroz tomó un poco con la mano y se lo comió, mientras un oficial penitenciario la observaba: cualquiera que traiga comida o bebida está obligado a probarla para prevenir posibles intentos de envenenar a alguien que esté dentro.
Entre quienes aguardaban para entregar comida a un recluso estaba Fenise Jean-Pierre, de 52 años, cuyo hijo ha estado en prisión desde hace ocho meses. Todavía no ha visto a un juez después de que alguien lo acusó de matar a un policía. Fue arrestado dos años después del asesinato y mantiene que es inocente.
Jean-Pierre dice que su hijo, de 33 años, ha perdido mucho peso, se ve obligado a compartir un balde con sus compañeros de celda para hacer sus necesidades fisiológicas y tiene un pie hinchado. “Tiene que dormir de pie porque no hay espacio donde está”, agrega.
Ese día, le llevó sólo una comida, porque fue todo lo que pudo pagar. Le preocupa no poder ayudarlo en absoluto. “Entre más inestable se vuelve este país, menos acceso tengo para verlo”, expresa Jean-Pierre.
En el interior, un grupo de reclusos encargados de entregar la comida llevada por amigos y familiares la repartía mientras una canción del grupo popular “Racine Mapou de Azor” se escuchaba de fondo.
“Hemos estado aquí demasiado tiempo sin ver a un juez. ¡Queremos ser sentenciados o liberados!”, gritó un recluso que llevaba gafas de sol.
Health through Walls (Salud a través de los Muros), una organización sin fines de lucro con sede en Florida que brinda atención médica a los reclusos en la Penitenciaría Nacional y otras prisiones en todo el mundo, brinda a los reclusos en Haití suplementos reforzados y batidos de proteínas ocasionales para evitar la desnutrición.
“Sabemos que la comida es mala”, explica el doctor del grupo, Edwin Prophète.
Health through Walls ha capacitado a casi 70 reclusos para identificar a las personas enfermas dentro de las celdas de la prisión, porque ahora se prohíbe que el personal médico realice rondas de salud diarias debido a la inseguridad creciente.
Wilfred Mexuy, jefe de cocina de la Penitenciaría Nacional, quien cumple una condena de 15 años por asesinato, declara a The Associated Press que prepara una o dos comidas al día para los presos, pero que su trabajo depende de cosas que no puede controlar.
“A veces tenemos comida, pero no electricidad”, añade. Explica que una vez la prisión estuvo sin electricidad durante tres meses y que el generador se descompuso.
Rémy, el coordinador de la asociación de abogados, dijo que un grupo de abogados comenzó a poner dinero propio para comprar comida para los reclusos.
“Lo que nos preocupa es la ausencia del gobierno y su negativa a actuar con rapidez”, declaró.
El Ministerio de Justicia de Haití, que supervisa las prisiones del país, no respondió un mensaje en busca de comentarios.
Entre los reclusos más nuevos en la Penitenciaría Nacional se encuentra el conocido abogado Robinson Pierre-Louis, quien fue secretario general del Colegio de Abogados de Haití y que fue detenido el año pasado tras ser acusado de intentar liberar a dos hombres implicados en un caso grande de tráfico de armas.
Pierre-Louis, quien dijo a la AP que es inocente, describe las condiciones de la prisión como “brutales” y “vergonzosas”.
“Es un ataque a la dignidad humana”, asegura. “Algunos lo están logrando, pero otros no pueden sobrevivir”.
Latinoamericanas
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Lima, Perú.- Los poderes judiciales de República Dominicana y de la República de Perú firmaron un Memorándum de Entendimiento para desarrollar acciones estratégicas coordinadas, según lo permitan la normativa y legislación interna de los dos países, en áreas como la lucha contra los crímenes transnacionales, la ciberdelincuencia, delitos en contra de personas vulnerables, trámites electrónicos y juzgados especializados en delitos de flagrancia.
El convenio firmado en el marco de la celebración de la XXI Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) que se realiza en Perú, fue rubricado por el magistrado Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo el Poder Judicial de República Dominicana y Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial del Perú.
Además, se difundirán las actividades y programas de capacitación que de forma independiente organicen ambas partes para la participación de los jueces y funcionarios de ambas instituciones.
Asimismo, se comprometen a compartir las publicaciones editadas por ambas instituciones para enriquecer el acervo bibliográfico de ambas partes y estimular la participación de los jueces y funcionarios de ambas partes como investigadores, autores y revisores en las revistas editadas por ambos poderes judiciales.
En la firma del acuerdo acompañaron a Molina, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias, los magistrados Justiniano Montero Montero, juez de la Primer Sala de la SCJ y Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, secretaria general del CPJ y la directora de Planificación del PJ, Isnelda Guzmán.
La XXI versión de la Cumbre Judicial Iberoamericana se realiza en Perú, en virtud de que el Poder Judicial de esa nación ostenta la Secretaría pro tempore para el período 2021-2023. El eje temático de la Asamblea Plenaria es “Por una Carrera Judicial Independiente y Eficaz”, con este se busca fortalecer la carrera judicial y su función pacificadora.
AGENCIA AP
Los comicios dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla también es investigado.
Ciudad de Guatemala.-La fiscalía de Guatemala intensificó su arremetida contra la autoridad electoral y el proceso de elecciones presidenciales celebrado recientemente con el allanamiento ayer martes a dos sedes de Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos de la primera vuelta del 25 de junio, como parte de una serie de investigaciones que el ente rector electoral considera una injerencia sin precedentes.
“Esto es algo sin precedentes, la ley no establece procedimiento para esto. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de votos el día que se realizan las elecciones”, dijo a periodistas la directora electoral del Tribunal, Gloria López, e indicó que una de esas cajas fue embalada presuntamente para ser decomisada.
Las elecciones dieron como presidente electo a Bernardo Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla es investigado también por la fiscalía y enfrenta un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse.
La directora electoral del TSE explicó también que lo que contiene cada caja no está digitalizado. “En este momento, al ser secuestradas, si es que se da el caso que se las lleve el Ministerio Público… el TSE (Tribunal Supremo Electoral) pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad de las mismas”, dijo la funcionaria.
Agregó que «nosotros ya no podríamos asegurar qué exactamente son los votos que están en las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas que están en los padrones electorales de mesa que van en esas cajas”.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados, dijo a The Associated Press que no existe una base legal que le dé el poder a un juez o fiscales para tocar las cajas electorales o los votos.
“Están abriendo bolsas y haciendo cotejos entre votos y actas en el lugar y eso no tiene ningún soporte legal… es un acto arbitrario”, indicó Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, y la fiscal Cinthia Monterroso estaban a cargo de los operativos ordenados por el juez Fredy Orellana. Ambos fueron sancionados por el gobierno estadounidense por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.
CENTRO DE OPERACIONES
Los lugares donde se realizaban los allanamientos son el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde funciona el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). El primero resguarda el registro de los partidos políticos y el segundo las boletas usadas en la última elección general.
En el COPE los fiscales abrieron las cajas electorales que contienen los votos emitidos para elegir presidente, vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano —además de los nulos y los no usados— así como el padrón electoral, los fotografiaron y volvieron a cerrar las cajas.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal, dijo a periodistas que el ente no dio su permiso para abrir las cajas. «Se está llevando la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, dijo. La fiscalía ha pedido revisar por lo menos 160 cajas que contienen los votos de varios departamentos del país, confirmó Ramírez.
SECUESTRO DE EVIDENCIA
El juez Orellana, también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos, autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar los datos de computadoras portátiles y de escritorio, memorias, tabletas y teléfonos.
Arévalo ha denunciado que la Fiscal General Consuelo Porras, también sancionada por el gobierno estadounidense por los mismo cargos que Curruchiche y a quien le retiraron la visa de entrada a ese país, está detrás de un “golpe de Estado” encaminado a evitar que tome posesión del cargo el próximo 14 de enero.
La víspera el presidente saliente Alejandro Giammattei le dijo a Arévalo que asumirá la presidencia como está previsto “y si es necesario mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.
Giammattei aclaró que “una cosa son las elecciones y otra son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”.
El proceso electoral que se ha desarrollado desde enero de 2023 ha sido uno de los más accidentados del país centroamericano de los últimos años y estuvo judicializado casi desde el inicio. Las acciones de la fiscalía recrudecieron luego del 25 de junio cuando, en la primera vuelta electoral, Arévalo logró pasar al balotaje para enfrentarse a la ex primera dama Sandra Torres, a quién venció con poco menos del doble de los votos emitidos y quien no ha aceptado la derrota.
Varios organismos nacionales e internacionales han expresado su preocupación por las acciones de la fiscalía por considerar que busca amedrentar al ente electoral.