Latinoamericanas
Prisiones en Haití severamente superpobladas; los presos mueren de sed y hambre
Agencia AP
Naciones Unidas dicen que 185 reclusos murieron en Haití el año pasado.
Puerto Príncipe.- El recluso demacrado con pantalones cortos negros yacía sobre una estera delgada en la prisión más notoria de Haití, la Penitenciaría Nacional en Puerto Príncipe, aislado de otros reclusos debido a una tuberculosis resistente a los medicamentos.
Se incorporó lentamente para hablar con un reportero visitante. Más de 70 pacientes de tuberculosis se reunieron en la puerta de la celda vecina para quejarse de su sufrimiento mientras están detenidos, muchos de ellos por delitos menores, como hurto.
“¡No tenemos agua!”, gritó uno, mientras sus compañeros de prisión decían que recibían su comida tarde o no llegaba.
Los reclusos haitianos tienen sed, están hambrientos y duermen de pie porque no tienen suficiente espacio para acostarse. Naciones Unidas dicen que 185 reclusos murieron en Haití el año pasado, muchos de ellos por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Más de 20 han fallecido en lo que va de este año. Los expertos en derechos humanos y los abogados creen que el número aumentará, dado que la violencia de las pandillas provoca una escasez grave de combustible y alimentos.
“Temo que se avecina una catástrofe humanitaria”, advierte el abogado Arnel Rémy, coordinador de la Asociación de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití.
Más del 80% de los más de 11,400 reclusos de Haití se encuentran en prisión preventiva. Podrían pasar años antes de que vean a un juez, si es que lo ven, según expertos en derechos humanos. La ley permite que las personas sean detenidas legalmente sin cargos durante solo 48 horas, pero con frecuencia eso no se cumple en Haití.
En diciembre, la Universidad de Florida publicó un estudio que encontró que los hombres en las prisiones de Haití sufrían hambre: consumían menos de 500 calorías por día. Los investigadores estudiaron a más de 1,000 reclusos en dos prisiones de Haití, incluida la Penitenciaría Nacional. También encontraron que más del 75% estaba en riesgo de escorbuto y beriberi —falta de vitamina B1— y notaron que los presos no reciben alimentos durante los cierres de emergencia.
Algunos presos tienen familiares o amigos que les llevan comida y bebida todos los días, pero esa práctica ha disminuido en medio de un aumento de la violencia de las pandillas, que ha bloqueado caminos clave y ha causado escasez de transporte público en algunas comunidades.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los arrestos arbitrarios son comunes en Haití, y que las autoridades a menudo detienen a personas por cargos no especificados.
El área alrededor de la Penitenciaría Nacional de Haití —la más grande del país, con casi 4,000 reclusos, a pesar de que fue construida para albergar 800— se ha vuelto más peligrosa: casi a diario suenan disparos de bandas rivales y un oficial correccional recibió un balazo a fines de mayo cuando salía de la penitenciaría.
Una mujer que trajo arroz tomó un poco con la mano y se lo comió, mientras un oficial penitenciario la observaba: cualquiera que traiga comida o bebida está obligado a probarla para prevenir posibles intentos de envenenar a alguien que esté dentro.
Entre quienes aguardaban para entregar comida a un recluso estaba Fenise Jean-Pierre, de 52 años, cuyo hijo ha estado en prisión desde hace ocho meses. Todavía no ha visto a un juez después de que alguien lo acusó de matar a un policía. Fue arrestado dos años después del asesinato y mantiene que es inocente.
Jean-Pierre dice que su hijo, de 33 años, ha perdido mucho peso, se ve obligado a compartir un balde con sus compañeros de celda para hacer sus necesidades fisiológicas y tiene un pie hinchado. “Tiene que dormir de pie porque no hay espacio donde está”, agrega.
Ese día, le llevó sólo una comida, porque fue todo lo que pudo pagar. Le preocupa no poder ayudarlo en absoluto. “Entre más inestable se vuelve este país, menos acceso tengo para verlo”, expresa Jean-Pierre.
En el interior, un grupo de reclusos encargados de entregar la comida llevada por amigos y familiares la repartía mientras una canción del grupo popular “Racine Mapou de Azor” se escuchaba de fondo.
“Hemos estado aquí demasiado tiempo sin ver a un juez. ¡Queremos ser sentenciados o liberados!”, gritó un recluso que llevaba gafas de sol.
Health through Walls (Salud a través de los Muros), una organización sin fines de lucro con sede en Florida que brinda atención médica a los reclusos en la Penitenciaría Nacional y otras prisiones en todo el mundo, brinda a los reclusos en Haití suplementos reforzados y batidos de proteínas ocasionales para evitar la desnutrición.
“Sabemos que la comida es mala”, explica el doctor del grupo, Edwin Prophète.
Health through Walls ha capacitado a casi 70 reclusos para identificar a las personas enfermas dentro de las celdas de la prisión, porque ahora se prohíbe que el personal médico realice rondas de salud diarias debido a la inseguridad creciente.
Wilfred Mexuy, jefe de cocina de la Penitenciaría Nacional, quien cumple una condena de 15 años por asesinato, declara a The Associated Press que prepara una o dos comidas al día para los presos, pero que su trabajo depende de cosas que no puede controlar.
“A veces tenemos comida, pero no electricidad”, añade. Explica que una vez la prisión estuvo sin electricidad durante tres meses y que el generador se descompuso.
Rémy, el coordinador de la asociación de abogados, dijo que un grupo de abogados comenzó a poner dinero propio para comprar comida para los reclusos.
“Lo que nos preocupa es la ausencia del gobierno y su negativa a actuar con rapidez”, declaró.
El Ministerio de Justicia de Haití, que supervisa las prisiones del país, no respondió un mensaje en busca de comentarios.
Entre los reclusos más nuevos en la Penitenciaría Nacional se encuentra el conocido abogado Robinson Pierre-Louis, quien fue secretario general del Colegio de Abogados de Haití y que fue detenido el año pasado tras ser acusado de intentar liberar a dos hombres implicados en un caso grande de tráfico de armas.
Pierre-Louis, quien dijo a la AP que es inocente, describe las condiciones de la prisión como “brutales” y “vergonzosas”.
“Es un ataque a la dignidad humana”, asegura. “Algunos lo están logrando, pero otros no pueden sobrevivir”.
Latinoamericanas
Tres dominicanos enfrentan prisión provisional en Panamá por presunta red de reclutamiento para combatir en Rusia
Fiscalía sostiene que los imputados captaban panameños por redes sociales y les ofrecían pagos para viajar a la zona de guerra
Ciudad de Panamá.– Tres ciudadanos dominicanos fueron enviados a detención provisional en Panamá, acusados de formar parte de una presunta estructura dedicada a reclutar personas para viajar a Rusia y participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Los imputados fueron identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García, contra quienes un juez de garantías admitió cargos relacionados con trata de personas y asociación ilícita, según informó la Procuraduría General de la Nación de Panamá.
La investigación forma parte de las acciones desarrolladas por las autoridades panameñas contra redes que presuntamente captaban ciudadanos mediante ofertas económicas para desplazarlos hacia territorio ruso con fines militares.
Fiscalía habla de transferencias superiores a US$800,000
Durante la audiencia, la fiscal especializada contra la delincuencia organizada Elizabeth Carrión sostuvo que los procesados habrían recibido transferencias superiores a 800,000 dólares destinadas a financiar y organizar el reclutamiento de panameños.
De acuerdo con la investigación citada por La Prensa de Panamá, a algunos de los reclutados se les ofrecían pagos de alrededor de US$2,000 y US$3,000 para incorporarse al conflicto armado.
Las autoridades sostienen que las personas captadas no necesariamente recibían el dinero prometido una vez llegaban a la zona de combate.
Contactaban a posibles reclutas por TikTok
Según la tesis de la Fiscalía, la estructura utilizaba redes sociales, entre ellas TikTok, para contactar a ciudadanos interesados en viajar al extranjero bajo promesas de remuneración.
Entre los panameños señalados como víctimas figuran Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro, residentes en la provincia de Bocas del Toro.
La investigación sostiene que fueron convencidos de trasladarse hasta la ciudad de Panamá para gestionar pasaportes, boletos aéreos y documentación relacionada con supuestos contratos para prestar servicios en el conflicto.
Posteriormente fueron llevados a un establecimiento de alojamiento en Tocumen, desde donde se habrían coordinado diferentes aspectos logísticos del viaje.
Dos hombres abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía
De acuerdo con la Fiscalía, dos de las personas reclutadas decidieron abandonar el lugar donde permanecían hospedadas y buscaron ayuda de las autoridades al sospechar que podían ser víctimas de explotación.
Un tercer hombre sí habría viajado a Rusia.
Las investigaciones señalan que esa persona no recibió el dinero que supuestamente le habían ofrecido y posteriormente solicitó asistencia a las autoridades panameñas para regresar al país.
Panamá investiga una red más amplia
El caso forma parte de una investigación mayor relacionada con la captación de ciudadanos panameños para incorporarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.
La Procuraduría panameña informó que la denominada Operación Rescate Soberano permitió realizar allanamientos y aprehensiones relacionadas con el presunto reclutamiento de personas con fines militares.
Las autoridades también han documentado otros procesos judiciales vinculados a personas presuntamente reclutadas mediante promesas económicas para viajar a Rusia.
Conflicto ya ha dejado panameños muertos y desaparecidos
La preocupación de las autoridades panameñas ha aumentado ante la presencia de ciudadanos de ese país en la zona de guerra.
Un informe citado por La Prensa señaló recientemente que seis panameños habían muerto y otros 15 figuraban como desaparecidos, mientras decenas permanecían vinculados a las zonas de combate en Rusia y Ucrania.
El Gobierno panameño también ha solicitado públicamente cooperación para facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos involucrados en el conflicto.
La investigación contra los tres dominicanos continúa abierta y las acusaciones deberán ser demostradas ante los tribunales panameños. Los imputados conservan su presunción de inocencia mientras avance el proceso.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.