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Economía

PRM advierte venta de Punta Catalina durante proceso electoral sería una imprudencia

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificó como una imprudencia proceder con la venta de las plantas de carbón Punta Catalina, especialmente por la proximidad de los comicios del próximo 2020.

La organización exigió a las autoridades transparencia en la formalización empresarial de las plantas para su participación comercial en el mercado y reiteró su oposición a la venta de la central termoeléctrica.

“Antes de proceder a la venta de la termoeléctrica el Gobierno tiene la obligación de presentar al pueblo dominicano un informe público, cabal, sobre la totalidad y composición de las inversiones realizadas durante su construcción”, indicó el PRM. Ese informe, sostuvo, deberá incluir también una relación de las deudas asumidas por el Estado.

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS- PRM

DECLARACIÓN DE PRENSA

LA VENTA DE PUNTA CATALINA NO SE JUSTIFICA NI CONVIENE

Recientemente, los medios nacionales de prensa destacaron informaciones oficiales provenientes del Ministerio de Hacienda y del Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, acerca de los avances en la conformación de la sociedad comercial denominada Central Termoeléctrica Punta Catalina, S.A. (CTPC), que a juzgar por las informaciones publicadas tiene el doble propósito de habilitarla legalmente para comercializar energía en el mercado eléctrico, conforme a lo establecido por la Ley General de Electricidad (Ley 125-01) y, también, proceder a la venta parcial o total de las acciones de dicha termoeléctrica. De acuerdo a esas informaciones el Gobierno ha situado en 2 mil 372.9 (2 mil 373) millones de dólares el precio de la termoeléctrica.

Sobre la posible venta y la situación actual de Punta Catalina el Partido Revolucionario Moderno (PRM) plantea frente al pueblo dominicano lo siguiente:

  1. Antes de proceder a la venta de la termoeléctrica el Gobierno tiene la obligación de presentar al pueblo dominicano un informe público, cabal, sobre la totalidad y composición de las inversiones realizadas durante su construcción. Ese informe deberá incluir también una relación de las deudas asumidas por el Estado.
  2. Que las autoridades expliquen a los ciudadanos las razones y responsabilidades entre Odebrecht y la CDEEE sobre la demanda por 708 millones de dólares reclamados al Estado dominicano por la constructora, en adición a los 1, 945 millones de su contrato; demanda interpuesta a la CDEEE en el 2017 y actualmente en arbitraje en una corte internacional con sede en Nueva York.
  3. Según el Ministerio de Hacienda el valor de los activos de Punta Catalina es de 2 mil 373 millones de dólares debido a que tal suma es la registrada en la contabilidad del Estado como pagos por gastos en la construcción. Esa cifra ignora o no incluye cientos de millones de dólares que ha pagado el Gobierno por concepto de comisiones financieras e intereses bancarios durante la construcción, relativos a préstamos que se estiman superior los 1,200 millones de dólares; esos préstamos incluyen 361 millones prestados por un pool de bancos europeos, 595 millones en bonos soberanos y una línea de crédito con el Banco de Reservas cuyo alcance no ha sido publicado.
  4. Tampoco se incluyen los costos de los contratos respectivos de las consultoras Stanleys Consultants, Fundación Economía y Desarrollo, Delloite DR y BNP Paribas, así como las firmas de abogados y consultoras de ingeniería, entre otros.
  5. Esos 2 mil 373 millones tampoco incluyen el costo del terreno en que se levantó la obra, ni los importantes costos de compensación de la CDEEE a los constructores por retrasos e incumplimientos de fechas y desembolsos según lo pautado en el cronograma o Hitos de Pagos del contrato de construcción. Si se suman todos esos costos a la cifra ofrecida por el Gobierno se concluye que la inversión total en Punta Catalina supera los 3 mil millones de dólares, y no 2 mil 373 como quieren hacer creer los funcionarios del Gobierno. En este punto vale aclarar que en ingeniería, los intereses y comisiones bancarias pagados durante el periodo de construcción, antes de iniciar su producción comercial, forman parte del costo de inversión de capitales en la construcción de la obra.
  6. Naturalmente, dado que en la inversión total se incluyen costos sobrevaluados y espurios, es lógico que a la hora de establecer el precio de venta de la central los mismos se dejen fuera. En ese caso cabe entonces preguntar ¿Por qué las autoridades no explican al público el método y los criterios con los cuales se determinarían el precio de venta de Punta Catalina?
  7. Por otro lado, si como ha afirmado el administrador de la CDEEE en una entrevista radial del pasado 21 de noviembre, Punta Catalina tiene asegurada la venta de toda su producción y a buen precio, entonces ¿por qué venderla?

En resumen, el PRM considera que el Gobierno debe hacer público todo lo relativo a la formalización empresarial y a la distribución de las acciones, asi como del costo final de construcción y el eventual precio de venta de la central Punta Catalina, máxime si el esquema anunciado por el Ministerio de Hacienda incluye un monto de 1,751 millones de dólares que registrarían como un préstamo pagadero en 30 años por la nueva empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina, S.A. que a su vez, su propietario, el Estado, está dando pasos para venderla al inversionistas privados.

Precio de la energía

Por otro lado, es preocupante que el administrador de la CDEEE dijera que el precio de venta de la energía de Punta Catalina será de 10 centavos de dólares por kilovatio hora. ¡30% por encima de los siete centavos prometido por Danilo Medina! Ese precio es superior a los 9 centavos por kilovatio hora del mercado spot y a los 8 centavos promedio de los contratos otorgados por la CDEEE a otras generadoras.

El PRM considera que el gobierno del PLD ha fracasado estrepitosamente en Punta Catalina porque lleva más de dos años de retraso, los sobrecostos han sido extraordinarios, ahora quiere venderla a la carrera y reconoce que el precio de venta de la energía seria mayor que el promedio actual de otros generadores en el mercado.

En vísperas de las elecciones.

Finalmente, sería una grave imprudencia del Gobierno del PLD proceder a la venta apresurada de un activo estatal de esa envergadura casi en las vísperas de las elecciones presidenciales y de un cambio seguro de presidente en agosto próximo.

El PRM exige transparencia en la formalización empresarial de Punta Catalina para su participación comercial en el mercado y se opone firmemente a la venta de la central termoeléctrica en las condiciones planteadas

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Economía

El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE

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Economía

Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD

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Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.

El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.

Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Infografía

Los nuevos precios

Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.

Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.

«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.

El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».

Precios del petróleo

En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.

Disminuyen las remesas

En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.

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Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.

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Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento  no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.

Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.

Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.

La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.

El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones.  Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.

Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.

Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.

En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.

Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.

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