Economía
PRM advierte venta de Punta Catalina durante proceso electoral sería una imprudencia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificó como una imprudencia proceder con la venta de las plantas de carbón Punta Catalina, especialmente por la proximidad de los comicios del próximo 2020.
La organización exigió a las autoridades transparencia en la formalización empresarial de las plantas para su participación comercial en el mercado y reiteró su oposición a la venta de la central termoeléctrica.
“Antes de proceder a la venta de la termoeléctrica el Gobierno tiene la obligación de presentar al pueblo dominicano un informe público, cabal, sobre la totalidad y composición de las inversiones realizadas durante su construcción”, indicó el PRM. Ese informe, sostuvo, deberá incluir también una relación de las deudas asumidas por el Estado.
COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS- PRM
DECLARACIÓN DE PRENSA
LA VENTA DE PUNTA CATALINA NO SE JUSTIFICA NI CONVIENE
Recientemente, los medios nacionales de prensa destacaron informaciones oficiales provenientes del Ministerio de Hacienda y del Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, acerca de los avances en la conformación de la sociedad comercial denominada Central Termoeléctrica Punta Catalina, S.A. (CTPC), que a juzgar por las informaciones publicadas tiene el doble propósito de habilitarla legalmente para comercializar energía en el mercado eléctrico, conforme a lo establecido por la Ley General de Electricidad (Ley 125-01) y, también, proceder a la venta parcial o total de las acciones de dicha termoeléctrica. De acuerdo a esas informaciones el Gobierno ha situado en 2 mil 372.9 (2 mil 373) millones de dólares el precio de la termoeléctrica.
Sobre la posible venta y la situación actual de Punta Catalina el Partido Revolucionario Moderno (PRM) plantea frente al pueblo dominicano lo siguiente:
- Antes de proceder a la venta de la termoeléctrica el Gobierno tiene la obligación de presentar al pueblo dominicano un informe público, cabal, sobre la totalidad y composición de las inversiones realizadas durante su construcción. Ese informe deberá incluir también una relación de las deudas asumidas por el Estado.
- Que las autoridades expliquen a los ciudadanos las razones y responsabilidades entre Odebrecht y la CDEEE sobre la demanda por 708 millones de dólares reclamados al Estado dominicano por la constructora, en adición a los 1, 945 millones de su contrato; demanda interpuesta a la CDEEE en el 2017 y actualmente en arbitraje en una corte internacional con sede en Nueva York.
- Según el Ministerio de Hacienda el valor de los activos de Punta Catalina es de 2 mil 373 millones de dólares debido a que tal suma es la registrada en la contabilidad del Estado como pagos por gastos en la construcción. Esa cifra ignora o no incluye cientos de millones de dólares que ha pagado el Gobierno por concepto de comisiones financieras e intereses bancarios durante la construcción, relativos a préstamos que se estiman superior los 1,200 millones de dólares; esos préstamos incluyen 361 millones prestados por un pool de bancos europeos, 595 millones en bonos soberanos y una línea de crédito con el Banco de Reservas cuyo alcance no ha sido publicado.
- Tampoco se incluyen los costos de los contratos respectivos de las consultoras Stanleys Consultants, Fundación Economía y Desarrollo, Delloite DR y BNP Paribas, así como las firmas de abogados y consultoras de ingeniería, entre otros.
- Esos 2 mil 373 millones tampoco incluyen el costo del terreno en que se levantó la obra, ni los importantes costos de compensación de la CDEEE a los constructores por retrasos e incumplimientos de fechas y desembolsos según lo pautado en el cronograma o Hitos de Pagos del contrato de construcción. Si se suman todos esos costos a la cifra ofrecida por el Gobierno se concluye que la inversión total en Punta Catalina supera los 3 mil millones de dólares, y no 2 mil 373 como quieren hacer creer los funcionarios del Gobierno. En este punto vale aclarar que en ingeniería, los intereses y comisiones bancarias pagados durante el periodo de construcción, antes de iniciar su producción comercial, forman parte del costo de inversión de capitales en la construcción de la obra.
- Naturalmente, dado que en la inversión total se incluyen costos sobrevaluados y espurios, es lógico que a la hora de establecer el precio de venta de la central los mismos se dejen fuera. En ese caso cabe entonces preguntar ¿Por qué las autoridades no explican al público el método y los criterios con los cuales se determinarían el precio de venta de Punta Catalina?
- Por otro lado, si como ha afirmado el administrador de la CDEEE en una entrevista radial del pasado 21 de noviembre, Punta Catalina tiene asegurada la venta de toda su producción y a buen precio, entonces ¿por qué venderla?
En resumen, el PRM considera que el Gobierno debe hacer público todo lo relativo a la formalización empresarial y a la distribución de las acciones, asi como del costo final de construcción y el eventual precio de venta de la central Punta Catalina, máxime si el esquema anunciado por el Ministerio de Hacienda incluye un monto de 1,751 millones de dólares que registrarían como un préstamo pagadero en 30 años por la nueva empresa Central Termoeléctrica Punta Catalina, S.A. que a su vez, su propietario, el Estado, está dando pasos para venderla al inversionistas privados.
Precio de la energía
Por otro lado, es preocupante que el administrador de la CDEEE dijera que el precio de venta de la energía de Punta Catalina será de 10 centavos de dólares por kilovatio hora. ¡30% por encima de los siete centavos prometido por Danilo Medina! Ese precio es superior a los 9 centavos por kilovatio hora del mercado spot y a los 8 centavos promedio de los contratos otorgados por la CDEEE a otras generadoras.
El PRM considera que el gobierno del PLD ha fracasado estrepitosamente en Punta Catalina porque lleva más de dos años de retraso, los sobrecostos han sido extraordinarios, ahora quiere venderla a la carrera y reconoce que el precio de venta de la energía seria mayor que el promedio actual de otros generadores en el mercado.
En vísperas de las elecciones.
Finalmente, sería una grave imprudencia del Gobierno del PLD proceder a la venta apresurada de un activo estatal de esa envergadura casi en las vísperas de las elecciones presidenciales y de un cambio seguro de presidente en agosto próximo.
El PRM exige transparencia en la formalización empresarial de Punta Catalina para su participación comercial en el mercado y se opone firmemente a la venta de la central termoeléctrica en las condiciones planteadas
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.
Santo Domingo.- Cuando una parte importante del salario se destina cada mes al pago de préstamos, tarjetas y otras obligaciones, organizar las deudas puede ser el primer paso para recuperar el control de las finanzas personales. Antes de buscar un nuevo crédito o refinanciar, la recomendación es conocer con precisión cuánto se debe, cuánto cuesta cada deuda y qué porcentaje de los ingresos ya está comprometido.
La Escuela de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos incluye entre sus contenidos la evaluación del nivel de endeudamiento, la priorización de pagos, la identificación del sobreendeudamiento y estrategias como los métodos avalancha y bola de nieve.
El primer paso consiste en sumar todas las obligaciones. Para cada una conviene identificar el saldo pendiente, la tasa de interés, la cuota mensual, el plazo restante y la fecha de pago. Tener varios préstamos puede hacer que una persona conozca cuánto paga cada mes, pero no necesariamente cuánto debe en total ni cuál de esas obligaciones representa un mayor costo.
Avalancha o bola de nieve: dos formas de atacar las deudas
Una vez cubiertos los pagos mínimos u obligatorios, existen distintas estrategias para destinar el dinero adicional.
El método avalancha consiste en concentrar el pago extra en la deuda con la tasa de interés más alta. Una vez saldada, el dinero que se destinaba a esa cuota puede utilizarse para acelerar el pago de la siguiente deuda más costosa. El Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos señala que esta estrategia puede reducir el costo total de los intereses a largo plazo.
Por su parte, el método bola de nieve prioriza la deuda con el saldo más pequeño. Al eliminarla, la cuota que se pagaba se suma al pago de la siguiente obligación. Esta estrategia puede permitir ver resultados más rápidamente y generar motivación, aunque no necesariamente reduce primero la deuda que más intereses genera.
La elección dependerá de la situación de cada persona: quien busque reducir el costo financiero puede inclinarse por la avalancha, mientras que quien necesite avances visibles para mantener la disciplina de pago podría optar por la bola de nieve.
¿Cuánto del salario está comprometido?
Otro cálculo básico es determinar qué porcentaje del ingreso mensual se utiliza para pagar deudas. Para hacerlo, se suman todas las cuotas mensuales y el resultado se divide entre el ingreso.
Por ejemplo, una persona con un salario de RD$50,000 que paga RD$8,000 de un préstamo personal, RD$5,000 de una tarjeta y RD$4,000 de un financiamiento tiene cuotas mensuales por RD$17,000. Esto significa que el 34 % de su salario está comprometido únicamente con esas deudas, antes de cubrir vivienda, alimentos, transporte, electricidad, agua y otros gastos.
Si otra persona recibe RD$75,000 y paga RD$12,000 de un préstamo, RD$8,000 de una tarjeta y RD$7,000 de un crédito de vehículo, sus cuotas suman RD$27,000, equivalentes al 36 % de su ingreso mensual.
Estos ejemplos permiten observar cuánto dinero queda disponible después de pagar las obligaciones financieras. La Superintendencia de Bancos recomienda conocer el nivel de endeudamiento y utilizar herramientas de presupuesto para evaluar la situación financiera personal.
En una situación de presión financiera, no todas las obligaciones tienen las mismas consecuencias. La orientación del CFPB recomienda priorizar las deudas según las consecuencias que puede tener dejar de pagarlas y calcular previamente cuánto se puede pagar de forma realista.
En la práctica, el presupuesto debe contemplar primero necesidades esenciales como vivienda, alimentos y servicios básicos. A partir del dinero disponible, se puede establecer un plan para atender las demás obligaciones sin asumir cuotas imposibles de sostener.
Aceptar un acuerdo de pago que exceda la capacidad real puede agravar el problema. Por ello, antes de negociar con una entidad financiera o asumir una nueva cuota, es necesario revisar ingresos, gastos fijos y compromisos existentes.
Consolidar o refinanciar: no siempre significa pagar menos
La consolidación puede ser una alternativa cuando permite reunir varias obligaciones en una sola, pero antes de tomar esta decisión es necesario comparar la nueva tasa de interés, el plazo, la cuota y el costo total que se terminará pagando.
En República Dominicana, Pro Consumidor contempla la mediación financiera en casos en los que los consumidores buscan acuerdos para saldar sus deudas mediante cuotas más manejables y, en situaciones complejas, incluso la consolidación de obligaciones.
Sin embargo, refinanciar o consolidar no resuelve automáticamente un problema de endeudamiento. Una cuota mensual más baja puede deberse a un plazo más largo, lo que podría aumentar la cantidad total pagada durante la vida del préstamo. Tampoco resulta conveniente sustituir una deuda por otra si la nueva operación no reduce de manera efectiva el costo financiero o si, después de consolidar, la persona vuelve a utilizar el crédito y acumula nuevas obligaciones.
La recomendación es evitar tomar una deuda nueva para cubrir otra sin un plan que permita romper el ciclo de endeudamiento. Pro Consumidor también aconseja elaborar un presupuesto, hacer una lista de todas las deudas, revisar cuánto dinero puede añadirse a los pagos y evitar acumular nuevas obligaciones.
Cuándo buscar orientación financiera
Si las cuotas impiden cubrir gastos esenciales, existen atrasos frecuentes, se recurre constantemente a un préstamo para pagar otro o ya no es posible determinar cuánto se debe en total, puede ser momento de buscar orientación.
La Superintendencia de Bancos ofrece contenidos gratuitos de educación financiera sobre manejo de deudas, crédito, presupuesto y recuperación financiera. Además, Pro Consumidor dispone de servicios de mediación financiera para casos de controversias y deudas en los que el consumidor busca llegar a un acuerdo de pago.
Ordenar varias deudas no depende únicamente de pagar una cuota tras otra. El proceso comienza por conocer la situación completa, identificar cuáles préstamos son más costosos, calcular cuánto del salario está comprometido y elegir una estrategia de pago que no ponga en riesgo las necesidades básicas. Solo después de ese diagnóstico conviene evaluar alternativas como negociar, refinanciar o consolidar.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva empresa de origen vietnamita se abre paso en el mercado de las telecomunicaciones dominicano a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel): se trata de Viettel Global Investment (VGI).
Esto lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.
Gómez Mazara indicó que, tras un proceso de licitación pública, la multinacional estatal vietnamita Viettel Global Investment salió favorecida junto a Claro Dominicana, bajo una concesión de 20 y 15 años respectivamente.
“Viettel, adjudicataria de un total de 40 MHz en el segmento 728-748 MHz, pareado con 738-803 MHz, 100 MHz en el segmento 2300-2400 MHz y 100 MHz en el segmento 3600-3700 MHz para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”, explicó.
No obstante, el funcionario agregó que, para operar en el país, Viettel deberá constituir una empresa en República Dominicana, que será la titular de la licencia para el uso de los 240 MHz asignados.
Puntualizó que las empresas tienen un plazo de 75 días a partir de la publicación de la resolución para constituir y presentar las garantías de cumplimiento conforme a lo establecido en las condiciones generales de la licitación.
Gómez Mazara destacó que este proceso de licitación crea las condiciones para que un nuevo actor en el sector de las telecomunicaciones sea parte de este proceso, adicionando también a un actor histórico conocido en el país, como Claro.
“Tenemos el interés de que en República Dominicana tengamos servicios telefónicos de mayor calidad, más competencia y que, sobre todas las cosas, esto favorezca el bolsillo de los usuarios. Este anuncio evidentemente transformaría el sector de las telecomunicaciones en el país”, aseguró Guido Gómez Mazara.
Otras frecuencias
Durante la rueda de prensa, el Indotel sostuvo que el proceso de licitación también contemplaba la asignación de 30 MHz en la banda AWS; pero no se recibieron ofertas para estos bloques. En consecuencia, el Consejo Directivo del Indotel los declaró desiertos.
Conforme al pliego de condiciones generales de la licitación, hasta un 30 % de los pagos correspondientes podrá ser realizado mediante la ejecución de proyectos de desarrollo del Indotel, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso.
Las empresas adjudicatarias deberán suscribir el correspondiente contrato o adenda de concesión en un plazo no mayor de 90 días, conforme a lo establecido en las condiciones de la licitación.
La convocatoria fue realizada mediante la resolución núm. 013-2026, aprobada por el Consejo Directivo del Indotel el 26 de febrero de 2026, con el propósito de ampliar la disponibilidad de espectro radioeléctrico, fomentar la inversión y fortalecer la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones de última generación.
El proceso se desarrolló al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF), establecido mediante el Decreto 266-23, así como las normas y recomendaciones internacionales aplicables.