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Pro Consumidor entrega ley 358-05 a ciudadanos en Santiago
Empleados de Pro Consumidor en Santiago.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los munícipes de Santiago y zonas del Cibao donde tiene alcance la Oficina Regional de Pro Consumidor asumieron como suyo el desarrollo de la campaña “Un Consumidor Informado Tiene Poder”, organizada por esa institución con el objetivo de orientar empoderar a la población para que defiendan sus derechos económicos.
Promotores y personal de Pro Consumidor se desplazaron por los sectores Cien Fuego, Los Pepines, Ensanche Bermúndez, Las Colinas, Las Paradas de Transporte Espinal y Licey Al Medio, Sosúa, Puerto Plata y Navarrete, donde entregaron materiales de orientación y alusivos a los al contenido de la Ley 358-05 para que defiendan sus derechos como consumidores.
La campaña “Un Consumidor Informado Tiene Poder, Es Tu Derecho” también recorrió los sectores Cristo Rey, Los Jazmines, La Villa Olímpica, La Otra Banda, El Retiro, El Ensueño, Urbanización Fernández, Bella Vista, entre otros sectores donde el pueblo llano se identificó con la iniciativa de orientación ciudadana sobre cómo defender sus derechos.
La campaña también incluye material promocional a la familia sobre cómo prevenir el cólera, por lo cual aprovecha la ocasión para sugerir que no se consuma alimentos callejeros, “Sea un Consumidor responsable!”, a la vez que sugiere lavarse las manos al salir del baño, luego de tener contacto con áreas públicas, antes de cocinar y consumidor los alimentos.
La campaña “Un Consumidor Informado Tiene Poder, Es Tu Derecho”, organizada por el Departamento de Educación al Consumidor, de Pro Consumidor, focalizada en las provincias Barahona, Santiago, San Pedro y San Francisco de Macorís, las dos primeras de las cuales el éxito y la receptividad ha sobrepasado las expectativas.
Encargado Regional
Conforme informó el Encargado de la Oficina Regional para el Cibao con asiento en Santiago, licenciado Teófilo Risk Hart, la población de esas localidades ha reaccionado y se ha empoderado de sus derechos como consumidores.
Dijo que durante los primeros nueve meses del año esa Dependencia de Pro Consumidor ha recibido más de 600 denuncias vinculantes al tema de los derechos de los consumidores, lo que significa un aumento de 400 denuncias en comparación con 200 casos relacionados con las misas causas que se produjeron en 2011.
Sobre la campaña
La campaña de orientación “Un Consumidor Informado Tiene Poder, es Tu Derecho” se inició el martes 9 de octubre en Barahona y continuó posteriormente en Santiago, mientras que el miércoles 17 del corriente mes se llevará a cabo en San Francisco de Macorís y el miércoles 24 se ejecutará en la sultana del Este, San Pedro de Macorís.
Previo al lanzamiento de la campaña en San Francisco de Macorís, la directora de Pro Consumidor, licenciada Altagracia Paulino, dictará en ese municipio de la provincia Duarte la conferencia magistral “Los Derechos del Consumidor a la luz de la Constitución de la República”, el martes 16 de octubre.
En su contenido, la campaña educativa “Un Consumidor Informado tiene poder”, contiene mensajes que orientan a los pobladores en Barahona, Santiago, San Pedro y San Francisco de Macorís a tener cuidado ante el consumo de productos vencidos y alimentos preempacados sin etiquetas.
También les sugiere a observar cuidado ante las irregularidades en el peso y medida, ante productos que tienen precios marcados por el fabricante pero que se venden a un costo mayor y a tener cuidado ante la publicidad engañosa.
De igual modo, contiene un eslogan sobre los derechos que tienen los consumidores a “recibir información verdadera, clara, oportuna y suficiente en la oferta de bienes y servicios; a recibir garantías cuando adquiere bienes duraderos y a recibir el servicio de reparación y cambio, si el artículo comprado está defectuoso”.
Orienta a los consumidores sobre su derecho a saber que es ilegal el cobro adicional cuando paga con tarjeta de crédito, por lo que les insta a que reclamen que los contratos de adhesión estén registrados en Pro Consumidor.
Noticiassin
Santo Domingo, R.D.-La figura de la candidatura independiente se posiciona en el centro de atención de las organizaciones políticas y otros sectores sociales a partir de la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral.
De manera específica, el pleno del TC hizo, además, un análisis de las reformas desarrolladas a este marco legal en los últimos 98 años, con la cual determinó que en “el único momento que, conceptualmente” las candidaturas independientes estuvieron alejadas de los partidos políticos fue hasta el año 1962. Desde este período, hasta este 2024, esta legislación ha resultado “extremadamente difícil y contraria” a la esencia misma de las candidaturas independientes.
Sin embargo, desde la publicación del dictamen el pasado 13 de diciembre, sobre este método de postulación a los puestos de los tres niveles de elección, parte de los representantes políticos aseguran que el sistema de partidos podría ser afectado con esta decisión en el futuro.
El veredicto del pleno de la Alta Corte ante la instancia depositada por Alberto Fiallo Billini fue declarar no conforme con la Constitución lo establecido en los artículos 167 y 157, situados en el capítulo titulado “De las candidaturas independientes”.
Este documento, que fue enviado a la Cámara de Diputados y al Senado, declaró la interpretación del pleno sobre la forma en la cual debe ser redactado en el texto de esos artículos.
Modificación legislativa
Estos artículos en la ley del Régimen Electoral vigente consideran como hábiles las candidaturas independientes que “surjan” a través de agrupaciones políticas. Asimismo, contiene en los requisitos la necesidad de conformar una organización de “cuadros directivos”, para que pueda ser sustentada la propuesta electoral independiente.
Pero, ¿Cuál es el origen de esta figura en la ley?
De acuerdo con la evaluación del pleno de la Alta Corte, la figura de las candidaturas independientes fue introducida en la legislación dominicana mediante el artículo 77 de la Ley 386,de 1926, en el que se establecía la existencia de dos tipos de candidatos: Los de partidos e independientes, los cuales podían presentarse para todas las posiciones electivas habilitadas. En esa ocasión, los requisitos para su postulación eran presentar una instancia motivada al órgano electoral que correspondiera, según la posición perseguida. Mientras que para la postulación de cargos de alcance nacional, el ciudadano debía ser respaldado por al menos 2,000 sufragantes.
Legislaciones.
En 1962 el Poder Legislativo efectuó una reforma, introduciendo la ley 5884, en la que se apertura un apartado especial para consignar este mecanismo. Con esta reforma a la ley electoral fue cambiado de manera “sustancial” este apartado, ya que “las candidaturas independientes debían ser propuestas por agrupaciones políticas accidentales” y conformar una estructura de cuadros directivos con el mismo esquema de los partidos políticos. Luego, en 1997, adiciona un mandato para que quienes opten por utilizar este derecho político fundamental presenten una agrupación política avalada por un porcentaje mínimo de inscritos en el registro electoral. Por último, fueron promulgadas las leyes 15-19 y 20-23, que mantienen una redacción idéntica en estos artículos.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) convocar a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que autoriza a los dominicanos con aspiraciones a inscribir sus candidaturas sin necesitar el sustento de las organizaciones políticas.
Durante una entrevista en el programa matutino «El Sol de la Mañana», el también ministro de la Presidencia, considera que le corresponde al órgano electoral discutir con los partidos los métodos y fórmulas que deben implementarse en respuesta al dictamen del TC.
Paliza consideró que las entidades políticas deben reunirse en enero de 2025 para revisar y dialogar «detenidamente» el contenido de la medida ordenada por la Alta Corte.
Además de dirigentes políticos como Leonel Fernández, Sigmund Freud, Edy Olivares también ha fijado posición la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, expresa su “preocupación”.
El jurista aseguró que la sentencia podría desvirtuar los esfuerzos realizados para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
Por Jhonny Trinidad
SANTO DOMINGO.- La Corporación Latinobarómetro con sede en Santiago de Chile ubicó a la República Dominicana entre los países mejores posicionados de Latinoamérica.
Sobresalió como una de las naciones con mayor bienestar en su población.
84 % de 19,214 dominicanos entrevistos entre el 23 de agosto y el 9 de septiembre manifestó satisfacción con su estilo de vida, lo que coloca a su país entre las naciones más optimistas de la región, junto a México y Brasil, que registran entre 82 % y 84 %, respectivamente.
Solo Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador superan esos niveles, alcanzando entre 89 % y 85 %.
Argentina obtuvo un 79 %, Chile, Perú, Honduras, Venezuela y Ecuador, consiguieron índices de entre 71 % y 77 %. Bolivia ocupa el último lugar con solo un 55 % de satisfacción.
72 % de la población de El Salvador percibe que su país está avanzando, al igual que el 50 % de los dominicanos, mexicanos, uruguayos y panameños.
Las cifras más bajas en esta categoría son atribuidas a Bolivia (5 %), Perú (11 %), Honduras (12 %) y Ecuador (13 %).
Según el informe, el 71 % de los dominicanos considera que su familia ha mejorado en los últimos 10 años, ubicando a República Dominicana entre los líderes regionales en este indicador, junto a Costa Rica (73 %).
El 68 % de los dominicanos también aprueba el desempeño de su gobierno, igual que el 87 % de los slavadoreños, 80 % de los panameños y el 75 % de los mexicanos.
Los presidentes más populares, según el estudio, son los de El Salvador (74 %), México (67%), Panamá (62%) y República Dominicana (60%).