Latinoamericanas
Procesan a 13 exagentes de policía secreta de Pinochet por crímenes de lesa humanidad
Entre los acusados, se encuentra el ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional y tres de sus lugartenientes.
Los casos por los que son acusados fueron registrados en el centro clandestino de detención «Villa Grimaldi» por donde pasaron cinco mil detenidos políticos (Foto:Archivo)
La Justicia chilena procesó a 13 exagentes de inteligencia del dictador chileno Augusto Pinochet porque se presume que cometieron una veintena de homicidios y desapariciones durante el último gobierno militar.
La disposición del juez Alejandro Solís los imputa por ser autores de estos crímenes durante los primeros meses de 1975, casi dos años después del golpe de Estado y asesinato del presidente socialista, Salvador Allende.
Entre los procesados están el exgeneral Manuel Contreras, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y sus lugartenientes, los exbrigadiers Miguel Krasnoff, Pedro Espinoza Bravo y el excoronel Marcelo Moren Brito.
Además, el grueso de los acusados están en prisión en cumplimiento de condenas por otros casos de delitos de lesa humanidad.
Los exagentes son acusados por sus actuaciones en el centro clandestino de torturas conocidos como “Villa Grimaldi”, cárcel donde Moren Brito era jefe.
Entre los casos que aparecen en la causa, se destaca el del sobrino de Moren Brito, quien, según testigos, fue torturado y asesinado por su propio tío.
También el de varias víctimas que fueron implicadas en el “Operativo Colombo”en la que diarios argentinos y brasileños publicaron que 119 personas habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), organización que fue el centro de la acción del centro clandestino durante 1973,1974 y 1975 por resistirse de manera armada a la dictadura de Pinochet.
Así disfrazaron la desaparición de estas 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región.
Por otro lado, se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas y que fueron vistas por última vez 142 .
En tanto, que la organización civil “Memoria y Justica, los procesos judicales contra Augusto Pinochet en Chile” afirma que 1975, año en el que se registran la veíntena de casos comprendidos en la causa, se llevaron tres personas por día al centro clandestino de detención y tortura.
En tanto, que remarca que todas fueron torturadas y que la gran mayoría fueron asesinadas y desaparecidas.
Los organismos de derechos humanos, por su lado, sostienen que durante la dictadura fueron ejecutadas más de 3 mil chilenos y desaparecieron 3 mil 200, mientras que las víctimas de torturas y detenciones árbitrarias ascienden a 40 mil.
Por estos hechos, hay 700 ex militares procesados, aunque los condenados no alcanzan los 200, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y el principal responsable de la represión, Augusto Pinochet, nunca fue condenado en vida.
Por otro lado, la represión a la oposición política y social a Pinochet permitió que se llevarán a cabo profundas medidas económicas centradas en desregulación económica, privatización de entes estatales y endeudamiento externo.
Entre las medidas más reconocidas, se destaca la privatización de gran parte de la educación, la cual quedó a cargo de los padres y tutores y no del Estado,según la constitución sancionada durante su gobierno. Legislación que ha motivado una ola de movilizaciones en el último tiempo para derogar este artículo.
Además en la actualidad, gracias a esta sistema económico el país tiene uno de los mayores índices de inversión extranjera pero uno de los peores en materia en desigualdad, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE)
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.
Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.
CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES
El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.
Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.
MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES
La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.
Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».
Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.
Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).
an/am