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Cargos penales y disciplinarios enfrenta juez por desacatar sentencia de Tribunal Constitucional.
Por violar la Constitución de la República, el juez interino de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, enfrentaría cargos penales y disciplinarios en virtud de desacatar una decisión del Tribunal Constitucional e incurrir en prevaricación.
El magistrado Misael Isaac Sánchez del Villar, tendrá que verse de frente ante el tribunal disciplinario del Consejo del Poder Judicial enfrentando cargos de prevaricación, denegación de justicia y desacato al sobreseer y por abrir un proceso que ya está cerrado con la sentencia TC0208-20 del Tribunal Constitucional.
Esa sentencia le dio ganancia de causa al doctor Ramón Emilio Concepción, frente a la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), la que tendrá que pagar más de 400 millones de pesos.
De acuerdo a expertos en la materia el juez interino violó la constitución de la República y la Ley que creó el Tribunal Constitucional al emitir una decisión desacatando una sentencia del Tribunal Constitucional que ya había adquirido, la cosa irrevocablemente juzgada.
El juez “desacató” la sentencia No. 0208/09 dictada por el Tribunal Constitucional el 14 de agosto del 2020.
El juez interino llegó tan lejos en su desafío, que abrió un proceso que había cerrado por el Tribunal Constitucional.
El doctor Concepción dando cumplimiento a lo decidido por el Tribunal Constitucional solicitó la liquidación del astriente, como paso protocolar, en esta materia del cual el Juez no se puede apartar cuando lo manda una sentencia definitiva.
El juez interino con su ilógica e ilegal decisión, pretende que un Juez de Primera Instancia interprete una sentencia del más alto tribunal de la República Dominicana.
“Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”, precisa el artículo 184 de la Constitución de la República.
“Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, precisa la Ley 137-11, que creó el Tribunal Constitucional, en su artículo 71.
“El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condiciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial”, indica la ley, en su artículo 71.
“La decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho”.
El magistrado actuó en componenda con la Dirección General de Impuesto Internos (DGIII).
La consideración es del doctor Ramón Emilio Concepción dijo tras considerar que ningún tribunal de primer grado está por encima del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de la República.
La DGII y el Juez Interino, “desconocieron y violaron la Constitución de la República en su artículo 184, que establece que las sentencias del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y tienen un carácter vinculante a todos los órganos públicos y todos los organismos públicos”.
El juez Interino suspendió la ejecución de la Sentencia del Tribunal Constitucional, donde Concepción, presentó una demanda en liquidación de astriente bajo el argumento que hay que esperar que un Juez de Primera Instancia interprete una decisión del más alto tribunal del país que fue apoderado por la DGII, algo insólito en el sistema de justicia.
Sostiene que esa decisión del Juez Interino también viola los artículos 31 y 71 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos Constitucionales, que entre otra cosa establece que el conocimiento de la acción de amparar no podrá suspenderse o sobreseer para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial.
“El puede ser sometido disciplinariamente y también penalmente, en este caso por Desacato, sancionado por el Código Penal., además, por Rebeldía y Desafío frente a la sentencia del Tribunal Constitucional”.
El juez interino, abrió un proceso que ya el Tribunal Constitucional, como órgano extra poder más importante del país y como Tribunal de cierre de los diferendos jurídicos había cerrado con su sentencia TC0208-09.
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.