Economía
ProCompetencia: en la inacción por falta de un director ejecutivo
SANTO DOMINGO. Pese a que desde el 2011, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) tiene un Consejo Directivo y presupuesto, este organismo no ha podido iniciar la regulación de los mercados locales, porque no tiene un director ejecutivo, que debe ser nombrado por el Presidente de la República.
En la práctica, la dirección ejecutivaes una fiscalía económica encargada de investigar las denuncias que reciba la entidad, por lo que sin ella, ProCompetencia no funciona.
Michelle Cohén, presidenta del Consejo Directivo desde abril del 2013, afirma que entregaron la terna en septiembre, pero que el presidente Danilo Medina nombrará al director ejecutivocuando lo disponga en su agenda. Considera que es natural que los sectores hagan «lobbismo» para controlar cualquier institución que los regule, pero aclara: «Ningún empresario nos llamó para colocar a nadie».
ProCompetencia debe regular el mercado interno sancionando prácticas anticompetitivas dentro de las que caben las actividades monopólicas y el dumping o establecimiento de precios predatorios para la competencia.
La Ley General de Defensa de la Competencia, la 42-08, fue promulgada el 16 de enero del 2008, y establece en su artículo 66 que el Presidente de la República y el Congreso «contarán con un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la publicación de esta ley» para instalar la Comisión y nombrar a los miembros del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo. Es decir, en abril del 2008 esta institución debía haber estado instalada con todos sus miembros.
Pero, fue en 2011 cuando el Ejecutivo nombró el Consejo, con Luis Reyes Santos como presidente y cuatro comisionados que aún permanecen. Reyes dejó la entidad en agosto del 2012 para encabezar la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), y ProCompetencia estuvo acéfala hasta el nombramiento de Cohén.
Michelle Cohén dice que «no pasa absolutamente nada (…) que no haya pasado en otros lugares», y justifica el retraso en la instalación del organismo en que países como Chile tardaron 13 años en tener un fiscal económico, tras la instalación del Consejo Directivo.
Sin embargo, ya en 1963 Chile tenía un fiscal, creado para colaborar con la entonces Comisión Antimonopolios establecida en el 1959, es decir, cuatro años después, y a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, según consta en el libro «Historia de la libre competencia en Chile 1959-2010», de Patricio Bernedo.
Presupuesto
El presupuesto del 2014 asigna RD$96, 614,656 del fondo general a ProCompetencia para sus gastos corrientes y RD$80,015,868 para gastos de capital, obtenidos de una donación externa. En total, RD$176,630, 524.
Entre el 2011 y el 2013, en el presupuesto formulado se le consignaron a esa institución RD$268,168,573.
Del presupuesto para gastos corrientes actual, el 88.20% (RD$85, 221,565) está fijado para servicios personales.
La nómina de enero especifica que la institución tiene 44 empleados que cada mes devengan un total de RD$5,696,868 en bruto. El sueldo bruto de la presidenta de la Comisión es de RD$500 mil, mientras que los demás miembros ganan RD$416,667 cada uno. Éstos son las economistas Magdalena Gil y Leyda Reyes, la abogada Esther Aristy y el economista Antonio Rodríguez Mansfield.
El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, afirma no entender por qué no se pone a funcionar la institución, si en el país hay prácticas que no ayudan a la competencia.
Castro expresó que el sector industrial es víctima de conductas anticompetitivas en los puertos, donde tienen que pagar el transporte de la mercancía al sindicato de camioneros, porque éstos no permiten el paso de los camiones de los empresarios, pero no tienen dónde quejarse por la inactividad de esta entidad que llama «entelequia».
Tanto Castro como Circe Almánzar, de la Asociación de Industrias de República Dominicana(AIRD), afirman no haber propuesto a nadie para la terna.
Cohén considera que la entidad no tendrá efectos en lo inmediato, sino que debe ser para que en 50 años se cuente con una economía eficiente en un marco de libre competencia.
Agradece al presidente Medina por «reconocer la necesidad de implementar una institución bien organizada», y concluye que poner a un director ejecutivo antes de tiempo era hacer de ProCompetencia un organismo «muerto».
Ley 42-08
En la Ley se presentan como conductas anticompetitivas eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo; limitar la producción, distribución o comercialización de bienes. Y como abuso de posición dominante, el subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar productos de otras empresas competidoras; la imposición de precios por parte del proveedor a sus revendedores; la venta condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio adicional, entre otras.
Santo Domingo, R.D.-En 55.5 puntos se ubicó en julio el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), una reducción de 1.9 puntos con respecto al mes de junio en que se ubicó en 57.4 puntos., pero cuyo indicador se mantiene sobre el umbral de 50 correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.
El IMAM estuvo potencializado por el comportamiento del volumen de ventas que se ubicó en 56.8 puntos; volumen de producción ubicado 59.0; empleo, ubicado en 51.0; inventario de materias primas, ubicado en 51.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 54.9.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2025 a julio 2026.
El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.
Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad en comparación con el mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad.
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Juan Bosch (FJB) y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron el estudio “La rentabilización de la insuficiencia salarial: endeudamiento y acumulación financiera mediante tarjetas de crédito en República Dominicana”, una investigación que analiza cómo el creciente uso de las tarjetas de crédito se ha convertido en un mecanismo utilizado por miles de hogares para compensar la brecha existente entre los salarios, los ingresos laborales y el costo de la vida.
De acuerdo con el informe, este fenómeno ha dado lugar a un proceso de “rentabilización de la insuficiencia salarial”, mediante el cual las limitaciones de ingresos de una parte importante de la población terminan siendo una fuente de ganancias para el sistema financiero.
El estudio identifica una expansión acelerada del crédito mediante tarjetas en los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Asimismo, el informe señala que cerca de la mitad de los tarjetahabientes de menores ingresos financia sus consumos mediante pagos mínimos, mientras más de la mitad presenta niveles importantes de vulnerabilidad financiera al combinar financiamiento recurrente y morosidad.
La investigación concluye que las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento ocasional de financiamiento para convertirse en una extensión artificial y costosa del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde gran parte de los salarios se sitúa por debajo del costo de la canasta familiar.
La investigación identifica importantes asimetrías de información y una política crediticia que favorece formas de endeudamiento poco productivas, concentradas en segmentos de bajos ingresos, con niveles de interés que cuadruplican los observados en otras modalidades de crédito bancario.
Entre las principales recomendaciones, el estudio plantea la necesidad de impulsar políticas orientadas a mejorar salarios y pensiones, proteger el poder adquisitivo de la población frente al aumento del costo de la vida, fortalecer los servicios públicos de salud y educación para reducir la necesidad de endeudamiento privado y promover una regulación más efectiva de las tasas de interés y del mecanismo de pago mínimo de las tarjetas de crédito.
Además, propone reorientar la política crediticia hacia instrumentos que contribuyan a la acumulación de activos productivos, como vivienda, ahorro y emprendimiento, e incorporar mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y deterioro financiero de los hogares.
La Fundación Juan Bosch y el INISE destacaron que esta publicación forma parte de la cooperación técnica y académica sostenida entre ambas instituciones para promover investigación aplicada y espacios de debate sobre políticas públicas para el desarrollo y la justicia socioeconómica.
El informe constituye el undécimo estudio elaborado y publicado conjuntamente en el marco de este convenio de colaboración y fue realizado por los investigadores Francisco A. Tavárez Vásquez, Matías Bosch Carcuro y Stanly Abreu de la Cruz.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano ascendió 17 posiciones en la clasificación Top 1,000 World Banks 2026, elaborada por la revista financiera The Banker, del grupo Financial Times, al ocupar el puesto 688 entre las mil principales entidades bancarias del mundo.
El avance estuvo impulsado por el crecimiento de su capital primario (Tier 1), principal indicador utilizado por The Banker para evaluar la fortaleza financiera de las instituciones bancarias.
Entre las entidades bancarias dominicanas de capital privado incluidas en la clasificación, el Banco Popular obtuvo la posición más alta, con una ventaja de 247 puestos sobre la siguiente institución de capital privado del país presente en el listado.
El ascenso del Popular en el ranking se sustentó además en el crecimiento de sus activos, una mayor generación de resultados y robustos niveles de rentabilidad y solvencia, factores que respaldan su posición entre las entidades financieras privadas más relevantes de la región.
Al respecto, el presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, valoró el avance alcanzado en la clasificación y destacó que este reconocimiento refleja la confianza de los clientes y el compromiso de los colaboradores.
“Se trata de un logro que demuestra cómo seguimos innovando y construyendo un banco más cercano, ágil y eficiente cada día. Continuaremos impulsando este modelo de banca innovadora y responsable, enfocada en contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana”, expresó el ejecutivo.
Una trayectoria de crecimiento sostenido
Una trayectoria de crecimiento sostenidoEl listado Top 1,000 World Banks, publicado anualmente desde 1970, es uno de los principales referentes internacionales para evaluar la fortaleza de la industria bancaria.
La evolución del Banco Popular en el Top 1,000 World Banks evidencia una trayectoria de crecimiento sostenido en una de las clasificaciones más reconocidas del sistema financiero internacional.
En 2014, la entidad ocupaba el puesto 906 del ranking mundial. Doce años después, se ubica en la posición 688, tras escalar 218 lugares en ese período.
Este avance ha estado acompañado por una estrategia centrada en la innovación, la transformación digital, la disciplina financiera y la adopción de las mejores prácticas internacionales. Como resultado, el Popular ha fortalecido su competitividad y su posición entre las instituciones financieras privadas de mayor robustez de América Latina y el Caribe.