Economía
ProCompetencia: en la inacción por falta de un director ejecutivo
SANTO DOMINGO. Pese a que desde el 2011, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) tiene un Consejo Directivo y presupuesto, este organismo no ha podido iniciar la regulación de los mercados locales, porque no tiene un director ejecutivo, que debe ser nombrado por el Presidente de la República.
En la práctica, la dirección ejecutivaes una fiscalía económica encargada de investigar las denuncias que reciba la entidad, por lo que sin ella, ProCompetencia no funciona.
Michelle Cohén, presidenta del Consejo Directivo desde abril del 2013, afirma que entregaron la terna en septiembre, pero que el presidente Danilo Medina nombrará al director ejecutivocuando lo disponga en su agenda. Considera que es natural que los sectores hagan «lobbismo» para controlar cualquier institución que los regule, pero aclara: «Ningún empresario nos llamó para colocar a nadie».
ProCompetencia debe regular el mercado interno sancionando prácticas anticompetitivas dentro de las que caben las actividades monopólicas y el dumping o establecimiento de precios predatorios para la competencia.
La Ley General de Defensa de la Competencia, la 42-08, fue promulgada el 16 de enero del 2008, y establece en su artículo 66 que el Presidente de la República y el Congreso «contarán con un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la publicación de esta ley» para instalar la Comisión y nombrar a los miembros del Consejo Directivo y al Director Ejecutivo. Es decir, en abril del 2008 esta institución debía haber estado instalada con todos sus miembros.
Pero, fue en 2011 cuando el Ejecutivo nombró el Consejo, con Luis Reyes Santos como presidente y cuatro comisionados que aún permanecen. Reyes dejó la entidad en agosto del 2012 para encabezar la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), y ProCompetencia estuvo acéfala hasta el nombramiento de Cohén.
Michelle Cohén dice que «no pasa absolutamente nada (…) que no haya pasado en otros lugares», y justifica el retraso en la instalación del organismo en que países como Chile tardaron 13 años en tener un fiscal económico, tras la instalación del Consejo Directivo.
Sin embargo, ya en 1963 Chile tenía un fiscal, creado para colaborar con la entonces Comisión Antimonopolios establecida en el 1959, es decir, cuatro años después, y a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, según consta en el libro «Historia de la libre competencia en Chile 1959-2010», de Patricio Bernedo.
Presupuesto
El presupuesto del 2014 asigna RD$96, 614,656 del fondo general a ProCompetencia para sus gastos corrientes y RD$80,015,868 para gastos de capital, obtenidos de una donación externa. En total, RD$176,630, 524.
Entre el 2011 y el 2013, en el presupuesto formulado se le consignaron a esa institución RD$268,168,573.
Del presupuesto para gastos corrientes actual, el 88.20% (RD$85, 221,565) está fijado para servicios personales.
La nómina de enero especifica que la institución tiene 44 empleados que cada mes devengan un total de RD$5,696,868 en bruto. El sueldo bruto de la presidenta de la Comisión es de RD$500 mil, mientras que los demás miembros ganan RD$416,667 cada uno. Éstos son las economistas Magdalena Gil y Leyda Reyes, la abogada Esther Aristy y el economista Antonio Rodríguez Mansfield.
El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH), Víctor Castro, afirma no entender por qué no se pone a funcionar la institución, si en el país hay prácticas que no ayudan a la competencia.
Castro expresó que el sector industrial es víctima de conductas anticompetitivas en los puertos, donde tienen que pagar el transporte de la mercancía al sindicato de camioneros, porque éstos no permiten el paso de los camiones de los empresarios, pero no tienen dónde quejarse por la inactividad de esta entidad que llama «entelequia».
Tanto Castro como Circe Almánzar, de la Asociación de Industrias de República Dominicana(AIRD), afirman no haber propuesto a nadie para la terna.
Cohén considera que la entidad no tendrá efectos en lo inmediato, sino que debe ser para que en 50 años se cuente con una economía eficiente en un marco de libre competencia.
Agradece al presidente Medina por «reconocer la necesidad de implementar una institución bien organizada», y concluye que poner a un director ejecutivo antes de tiempo era hacer de ProCompetencia un organismo «muerto».
Ley 42-08
En la Ley se presentan como conductas anticompetitivas eliminar a competidores del mercado o limitar su acceso al mismo; limitar la producción, distribución o comercialización de bienes. Y como abuso de posición dominante, el subordinar la decisión de venta a que el comprador se abstenga de comprar productos de otras empresas competidoras; la imposición de precios por parte del proveedor a sus revendedores; la venta condicionada a adquirir o proporcionar otro bien o servicio adicional, entre otras.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.