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Procurador Jean Rodríguez recurre sentencia que redujo pena carcelaria a Marlin Martínez
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó que depositaron ante la Suprema Corte de Justicia el formal recurso de casación contra la sentencia que redujo de cinco a dos años de prisión la pena impuesta a Marlin Martínez por su vinculación al asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero, ocurrido en el mes de agosto de 2017 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Al ofrecer los detalles a la prensa en la sede de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jean Rodríguez reafirmó su compromiso de «llevar el caso hasta las últimas consecuencias y procurar justicia».
“Cumpliendo con la promesa hecha a los familiares de Emely Peguero y al país de que agotaríamos todos los recursos que la ley pone en nuestras manos para que el lamentable y condenable asesinato de esta joven no quede parcialmente impune, quiero informarles que el pasado lunes 12 de agosto procedimos a depositar el formal Recurso de Casación contra la Sentencia No. 125-2019-EPEN-00101, de fecha 15 de mayo de 2019, dictada por la Corte de Apelación de ese departamento judicial”, precisó.
El recurso fue depositado ante la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.
“Cuando hago referencia a que quede parcialmente impune, me refiero a la parte de la sentencia mediante la cual se redujo la pena de cinco a dos años de prisión a la encartada Marlin Martínez, luego que dicha Corte de Apelación variara la calificación jurídica de sustracción de menor y ocultamiento de cadáver a solo ocultamiento de cadáver», sostuvo.
Ese tribunal incurrió en la omisión de pruebas aportadas por el Ministerio Público que «señalan a la señora Marlin Martínez como cómplice y, por lo tanto, siendo cómplice, la pena que debió ser impuesta es la de 20 años de prisión como lo establece la ley”, manifestó.
Afirmó pruebas demuestran su complicidad en el crimen
El jefe del Ministerio Público expresó su satisfacción por la decisión de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís de confirmar la pena máxima de 30 años de prisión a Marlon Martínez por el crimen, pero «no podemos quedarnos indiferentes ante la otra parte de la sentencia, correspondiente a la pena de dos años de prisión impuesta a Marlin Martínez, a pesar de que es evidente su complicidad, las pruebas son más que contundentes, y la pena a imponer en estos casos no es de 2 años sino de 20 años de prisión”, reiteró.
Tildó de «obvio» que con la sentencia impuesta a Marlin Martínez «solo se sancionaría el horrendo crimen a medias», lo cual dijo que, de no corregirse, «estaría favoreciendo la impunidad y dejando un nefasto precedente en la correcta aplicación de justicia».
“!Qué burla a la justicia y a los valores más sagrados!», exclamó en alusión a los «dos años de prisión por un crimen tan horrendo. No es suficiente y no es lo que manda la ley”, subrayó.
Reiteró que cuentan con «pruebas suficientes que demuestran que Marlin Martínez presionó a su hijo para cometer el asesinato, que le prestó su apartamento para la comisión del mismo, además de que ocultó el cadáver y las cámaras de video para procurar impunidad, entre otros tantos actos propios de un cómplice».
El procurador se dijo confiado en que el recurso de casación «será acogido en cuanto al fondo, procediendo la Sala Penal a modificar dicha sentencia y a imponer contra la condenada Marlin Martínez la pena de 20 años de prisión».
La violación de los artículos 59, 60, 61, 62, 295, 296, 297, 304, 303, 303 4.1, 304, 354, 355 y 359 del Código Penal Dominicano tipifican la complicidad para cometer asesinato, actos de tortura o barbarie y autoría de sustracción de menores y ocultamiento de cadáver, detalló
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.