LA INICIATIVA BUSCA DISMINUIR CANTIDAD DE PRESOS PREVENTIVOS EN ESOS RECINTOS
Nacionales
Procurador trabaja en descongestión cárceles
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló ayer que conjuntamente con el Poder Judicial, el ministerio público desarrolla una serie de iniciativas para reducir gradualmente el congestionamiento de las cárceles del país, entre ellas un programa piloto que consiste en que fiscales y jueces visitan a los reclusos y efectúan audiencias preliminares en los mismos recintos carcelarios, para de esta forma definir el estatus legal de cada uno con el propósito de acelerar los procesos.En una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante una visita al matutino en la mañana de ayer, el procurador Rodríguez dijo, asimismo, que se evalúa la posibilidad de levantar nuevas infraestructuras, así como la adecuación y modernización de las existentes, para lo cual, incluso, ya se han elaborado diseños sobre los mismos.
También mencionó el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la aplicación de grilletes electrónicos y otros mecanismos de vanguardia para mantener un monitoreo permanente y la vigilancia de reclusos en condiciones de salud especiales, así como de aquellos reclusos que representen un menor riesgo de fuga.
Visita. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, conversa con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Rodríguez hizo una breve síntesis del proceso de transformación interna que lleva a cabo en la Procuraduría General de la República, el cual implica desde la conformación de una estructura organizacional más adecuada a las características de la institución, actualización de los sistemas tecnológicos, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de servicios, la instauración de una nueva cultura que responda a las expectativas de la población especialmente aquellas que demandan mayor efectividad de la acción pública en asuntos de transparencia y aplicación de un sistema de consecuencias que contribuya a disuadir los comportamientos que vulneran la adecuada administración de recursos públicos.
El Listín Diario ha publicado una serie de reportajes relativos al hacinamiento y los serios problemas que viven millares de presos en las principales cárceles del país, debido a la gran concentración de reclusos y las precariedades de las estructuras de los recintos.
Dos nuevos centros
“La Procuraduría General de la República reconoce la gravedad de la situación y la consideramos una prioridad urgente. Estamos altamente preocupados por la excesiva población de los recintos carcelarios, así como el hacinamiento que afecta alguna de esas instalaciones. Es por ello que la solución de ese problema es una de las prioridades de nuestra gestión, desde que llegamos al cargo, hace poco más de un año, siempre consciente de que una situación de 40 años de atraso no es probable resolverla en corto plazo, debido a muchos factores, entre ellos el impacto económico que representa la construcción de nuevas infraestructuras”, dijo el Procurador Rodríguez. Indicó que esas reformas abarcan tanto a recintos que pertenecen al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como también a casi la totalidad de los que todavía permanecen bajo el viejo sistema carcelario a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Señaló que para descongestionar el sistema penitenciario realiza diligencias por ante el Poder Ejecutivo, a fin de obtener los fondos que permitan iniciar cuanto antes la construcción de dos nuevos centros penitenciarios que sustituirán la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el año 1952 para mil personas y que actualmente aloja a más de nueve mil reclusos, siendo el recinto que experimenta mayor sobrepoblación.
REFORMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS CENTROS
El Procurador manifestó que estos dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación contarán con cuatro módulos cada uno, con capacidad para 1,200 personas, por lo que ambos tendrán en conjunto una capacitad de alojamiento para 9,600 internos y además estarán bajo la rectoría del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Con su puesta en funcionamiento, el 37% de los internos del sistema migrará hacia un nuevo régimen que, además de garantizarles condiciones dignas de reclusión, permitirá incorporarlos a una rehabilitación efectiva.
Reveló además que como parte de este esfuerzo para dignificar las condiciones de los privados de libertad, una vez se encuentren construidos y funcionando esos dos nuevos recintos, se contempla convertir la Penitenciaría Nacional de La Victoria en otro Centro de Corrección y Rehabilitación con capacidad máxima estimada para 1,200 internos, también bajo la jurisdicción del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Anunció que luego de que esté disponible ese desahogo, poco a poco adecuarán los demás recintos del viejo sistema, para irlos traspasando gradualmente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, institución a la cual se continuará aumentando el apoyo para su fortalecimiento y expansión.
El procurador Rodríguez manifestó que durante este año dispuso aplicar una nueva escala salarial en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, medida que estuvo acompañada de un importante reajuste de sueldos para todo su personal y la incorporación de unos 250 nuevos agentes para la vigilancia penitenciaria.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.