LA INICIATIVA BUSCA DISMINUIR CANTIDAD DE PRESOS PREVENTIVOS EN ESOS RECINTOS
Nacionales
Procurador trabaja en descongestión cárceles
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló ayer que conjuntamente con el Poder Judicial, el ministerio público desarrolla una serie de iniciativas para reducir gradualmente el congestionamiento de las cárceles del país, entre ellas un programa piloto que consiste en que fiscales y jueces visitan a los reclusos y efectúan audiencias preliminares en los mismos recintos carcelarios, para de esta forma definir el estatus legal de cada uno con el propósito de acelerar los procesos.En una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante una visita al matutino en la mañana de ayer, el procurador Rodríguez dijo, asimismo, que se evalúa la posibilidad de levantar nuevas infraestructuras, así como la adecuación y modernización de las existentes, para lo cual, incluso, ya se han elaborado diseños sobre los mismos.
También mencionó el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la aplicación de grilletes electrónicos y otros mecanismos de vanguardia para mantener un monitoreo permanente y la vigilancia de reclusos en condiciones de salud especiales, así como de aquellos reclusos que representen un menor riesgo de fuga.
Visita. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, conversa con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Rodríguez hizo una breve síntesis del proceso de transformación interna que lleva a cabo en la Procuraduría General de la República, el cual implica desde la conformación de una estructura organizacional más adecuada a las características de la institución, actualización de los sistemas tecnológicos, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de servicios, la instauración de una nueva cultura que responda a las expectativas de la población especialmente aquellas que demandan mayor efectividad de la acción pública en asuntos de transparencia y aplicación de un sistema de consecuencias que contribuya a disuadir los comportamientos que vulneran la adecuada administración de recursos públicos.
El Listín Diario ha publicado una serie de reportajes relativos al hacinamiento y los serios problemas que viven millares de presos en las principales cárceles del país, debido a la gran concentración de reclusos y las precariedades de las estructuras de los recintos.
Dos nuevos centros
“La Procuraduría General de la República reconoce la gravedad de la situación y la consideramos una prioridad urgente. Estamos altamente preocupados por la excesiva población de los recintos carcelarios, así como el hacinamiento que afecta alguna de esas instalaciones. Es por ello que la solución de ese problema es una de las prioridades de nuestra gestión, desde que llegamos al cargo, hace poco más de un año, siempre consciente de que una situación de 40 años de atraso no es probable resolverla en corto plazo, debido a muchos factores, entre ellos el impacto económico que representa la construcción de nuevas infraestructuras”, dijo el Procurador Rodríguez. Indicó que esas reformas abarcan tanto a recintos que pertenecen al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como también a casi la totalidad de los que todavía permanecen bajo el viejo sistema carcelario a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Señaló que para descongestionar el sistema penitenciario realiza diligencias por ante el Poder Ejecutivo, a fin de obtener los fondos que permitan iniciar cuanto antes la construcción de dos nuevos centros penitenciarios que sustituirán la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el año 1952 para mil personas y que actualmente aloja a más de nueve mil reclusos, siendo el recinto que experimenta mayor sobrepoblación.
REFORMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS CENTROS
El Procurador manifestó que estos dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación contarán con cuatro módulos cada uno, con capacidad para 1,200 personas, por lo que ambos tendrán en conjunto una capacitad de alojamiento para 9,600 internos y además estarán bajo la rectoría del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Con su puesta en funcionamiento, el 37% de los internos del sistema migrará hacia un nuevo régimen que, además de garantizarles condiciones dignas de reclusión, permitirá incorporarlos a una rehabilitación efectiva.
Reveló además que como parte de este esfuerzo para dignificar las condiciones de los privados de libertad, una vez se encuentren construidos y funcionando esos dos nuevos recintos, se contempla convertir la Penitenciaría Nacional de La Victoria en otro Centro de Corrección y Rehabilitación con capacidad máxima estimada para 1,200 internos, también bajo la jurisdicción del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Anunció que luego de que esté disponible ese desahogo, poco a poco adecuarán los demás recintos del viejo sistema, para irlos traspasando gradualmente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, institución a la cual se continuará aumentando el apoyo para su fortalecimiento y expansión.
El procurador Rodríguez manifestó que durante este año dispuso aplicar una nueva escala salarial en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, medida que estuvo acompañada de un importante reajuste de sueldos para todo su personal y la incorporación de unos 250 nuevos agentes para la vigilancia penitenciaria.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.