LA INICIATIVA BUSCA DISMINUIR CANTIDAD DE PRESOS PREVENTIVOS EN ESOS RECINTOS
Nacionales
Procurador trabaja en descongestión cárceles
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló ayer que conjuntamente con el Poder Judicial, el ministerio público desarrolla una serie de iniciativas para reducir gradualmente el congestionamiento de las cárceles del país, entre ellas un programa piloto que consiste en que fiscales y jueces visitan a los reclusos y efectúan audiencias preliminares en los mismos recintos carcelarios, para de esta forma definir el estatus legal de cada uno con el propósito de acelerar los procesos.En una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante una visita al matutino en la mañana de ayer, el procurador Rodríguez dijo, asimismo, que se evalúa la posibilidad de levantar nuevas infraestructuras, así como la adecuación y modernización de las existentes, para lo cual, incluso, ya se han elaborado diseños sobre los mismos.
También mencionó el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la aplicación de grilletes electrónicos y otros mecanismos de vanguardia para mantener un monitoreo permanente y la vigilancia de reclusos en condiciones de salud especiales, así como de aquellos reclusos que representen un menor riesgo de fuga.
Visita. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, conversa con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Rodríguez hizo una breve síntesis del proceso de transformación interna que lleva a cabo en la Procuraduría General de la República, el cual implica desde la conformación de una estructura organizacional más adecuada a las características de la institución, actualización de los sistemas tecnológicos, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de servicios, la instauración de una nueva cultura que responda a las expectativas de la población especialmente aquellas que demandan mayor efectividad de la acción pública en asuntos de transparencia y aplicación de un sistema de consecuencias que contribuya a disuadir los comportamientos que vulneran la adecuada administración de recursos públicos.
El Listín Diario ha publicado una serie de reportajes relativos al hacinamiento y los serios problemas que viven millares de presos en las principales cárceles del país, debido a la gran concentración de reclusos y las precariedades de las estructuras de los recintos.
Dos nuevos centros
“La Procuraduría General de la República reconoce la gravedad de la situación y la consideramos una prioridad urgente. Estamos altamente preocupados por la excesiva población de los recintos carcelarios, así como el hacinamiento que afecta alguna de esas instalaciones. Es por ello que la solución de ese problema es una de las prioridades de nuestra gestión, desde que llegamos al cargo, hace poco más de un año, siempre consciente de que una situación de 40 años de atraso no es probable resolverla en corto plazo, debido a muchos factores, entre ellos el impacto económico que representa la construcción de nuevas infraestructuras”, dijo el Procurador Rodríguez. Indicó que esas reformas abarcan tanto a recintos que pertenecen al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como también a casi la totalidad de los que todavía permanecen bajo el viejo sistema carcelario a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Señaló que para descongestionar el sistema penitenciario realiza diligencias por ante el Poder Ejecutivo, a fin de obtener los fondos que permitan iniciar cuanto antes la construcción de dos nuevos centros penitenciarios que sustituirán la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el año 1952 para mil personas y que actualmente aloja a más de nueve mil reclusos, siendo el recinto que experimenta mayor sobrepoblación.
REFORMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS CENTROS
El Procurador manifestó que estos dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación contarán con cuatro módulos cada uno, con capacidad para 1,200 personas, por lo que ambos tendrán en conjunto una capacitad de alojamiento para 9,600 internos y además estarán bajo la rectoría del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Con su puesta en funcionamiento, el 37% de los internos del sistema migrará hacia un nuevo régimen que, además de garantizarles condiciones dignas de reclusión, permitirá incorporarlos a una rehabilitación efectiva.
Reveló además que como parte de este esfuerzo para dignificar las condiciones de los privados de libertad, una vez se encuentren construidos y funcionando esos dos nuevos recintos, se contempla convertir la Penitenciaría Nacional de La Victoria en otro Centro de Corrección y Rehabilitación con capacidad máxima estimada para 1,200 internos, también bajo la jurisdicción del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Anunció que luego de que esté disponible ese desahogo, poco a poco adecuarán los demás recintos del viejo sistema, para irlos traspasando gradualmente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, institución a la cual se continuará aumentando el apoyo para su fortalecimiento y expansión.
El procurador Rodríguez manifestó que durante este año dispuso aplicar una nueva escala salarial en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, medida que estuvo acompañada de un importante reajuste de sueldos para todo su personal y la incorporación de unos 250 nuevos agentes para la vigilancia penitenciaria.
listindiario.com
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.