LA INICIATIVA BUSCA DISMINUIR CANTIDAD DE PRESOS PREVENTIVOS EN ESOS RECINTOS
Nacionales
Procurador trabaja en descongestión cárceles
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló ayer que conjuntamente con el Poder Judicial, el ministerio público desarrolla una serie de iniciativas para reducir gradualmente el congestionamiento de las cárceles del país, entre ellas un programa piloto que consiste en que fiscales y jueces visitan a los reclusos y efectúan audiencias preliminares en los mismos recintos carcelarios, para de esta forma definir el estatus legal de cada uno con el propósito de acelerar los procesos.En una conversación con el director del Listín Diario, Miguel Franjul, durante una visita al matutino en la mañana de ayer, el procurador Rodríguez dijo, asimismo, que se evalúa la posibilidad de levantar nuevas infraestructuras, así como la adecuación y modernización de las existentes, para lo cual, incluso, ya se han elaborado diseños sobre los mismos.
También mencionó el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la aplicación de grilletes electrónicos y otros mecanismos de vanguardia para mantener un monitoreo permanente y la vigilancia de reclusos en condiciones de salud especiales, así como de aquellos reclusos que representen un menor riesgo de fuga.
Visita. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, conversa con el director de Listín Diario, Miguel Franjul.
Rodríguez hizo una breve síntesis del proceso de transformación interna que lleva a cabo en la Procuraduría General de la República, el cual implica desde la conformación de una estructura organizacional más adecuada a las características de la institución, actualización de los sistemas tecnológicos, mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de servicios, la instauración de una nueva cultura que responda a las expectativas de la población especialmente aquellas que demandan mayor efectividad de la acción pública en asuntos de transparencia y aplicación de un sistema de consecuencias que contribuya a disuadir los comportamientos que vulneran la adecuada administración de recursos públicos.
El Listín Diario ha publicado una serie de reportajes relativos al hacinamiento y los serios problemas que viven millares de presos en las principales cárceles del país, debido a la gran concentración de reclusos y las precariedades de las estructuras de los recintos.
Dos nuevos centros
“La Procuraduría General de la República reconoce la gravedad de la situación y la consideramos una prioridad urgente. Estamos altamente preocupados por la excesiva población de los recintos carcelarios, así como el hacinamiento que afecta alguna de esas instalaciones. Es por ello que la solución de ese problema es una de las prioridades de nuestra gestión, desde que llegamos al cargo, hace poco más de un año, siempre consciente de que una situación de 40 años de atraso no es probable resolverla en corto plazo, debido a muchos factores, entre ellos el impacto económico que representa la construcción de nuevas infraestructuras”, dijo el Procurador Rodríguez. Indicó que esas reformas abarcan tanto a recintos que pertenecen al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, como también a casi la totalidad de los que todavía permanecen bajo el viejo sistema carcelario a cargo de la Dirección General de Prisiones.
Señaló que para descongestionar el sistema penitenciario realiza diligencias por ante el Poder Ejecutivo, a fin de obtener los fondos que permitan iniciar cuanto antes la construcción de dos nuevos centros penitenciarios que sustituirán la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construida en el año 1952 para mil personas y que actualmente aloja a más de nueve mil reclusos, siendo el recinto que experimenta mayor sobrepoblación.
REFORMA Y LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS CENTROS
El Procurador manifestó que estos dos nuevos Centros de Corrección y Rehabilitación contarán con cuatro módulos cada uno, con capacidad para 1,200 personas, por lo que ambos tendrán en conjunto una capacitad de alojamiento para 9,600 internos y además estarán bajo la rectoría del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Con su puesta en funcionamiento, el 37% de los internos del sistema migrará hacia un nuevo régimen que, además de garantizarles condiciones dignas de reclusión, permitirá incorporarlos a una rehabilitación efectiva.
Reveló además que como parte de este esfuerzo para dignificar las condiciones de los privados de libertad, una vez se encuentren construidos y funcionando esos dos nuevos recintos, se contempla convertir la Penitenciaría Nacional de La Victoria en otro Centro de Corrección y Rehabilitación con capacidad máxima estimada para 1,200 internos, también bajo la jurisdicción del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Anunció que luego de que esté disponible ese desahogo, poco a poco adecuarán los demás recintos del viejo sistema, para irlos traspasando gradualmente al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, institución a la cual se continuará aumentando el apoyo para su fortalecimiento y expansión.
El procurador Rodríguez manifestó que durante este año dispuso aplicar una nueva escala salarial en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, medida que estuvo acompañada de un importante reajuste de sueldos para todo su personal y la incorporación de unos 250 nuevos agentes para la vigilancia penitenciaria.
listindiario.com
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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.