Nacionales
Procuradora anticorrupción: instituciones no colaboran contra flagelo
La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, advirtió que las principales dificultades que afronta el combate a la corrupción en el país es la falta de colaboración de las instituciones.
Consideró que esto se deriva de que se crean niveles de solidaridad y el temor de la ciudadanía a denunciar los casos de irregularidades por no existir un sistema de protección.
Guerrero Pelletier se mostró de acuerdo con la creación de un sistema de protección a testigos y peritos que se involucren en el tema, “porque estamos hablando de personas que manejan poder, que están en instituciones públicas y la gente maneja niveles de temor, de aprehensión, de no buscarme un problema”.
Guerrero dijo que la Pepca ha tenido éxitos en los casos pequeños, pero está buscando lograr ese mismo objetivo en los grandes.
“En ese sentido, nosotros tenemos nuestros recursos ante los organismos superiores; Cortes de Apelación, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, porque no vamos a desmayar en los esfuerzos en los casos grandes que tenemos”, recalcó.
Proclamó que el combate a la corrupción administrativa necesita que el compromiso generalizado vaya más allá del discurso, donde todo el mundo se involucre en el tema, sea a través de denuncias, seguimiento de los procesos e información oportuna al Ministerio Público.
Guerrero Pelletier afirmó que su departamento tiene claramente definido su norte en la lucha en contra de la corrupción, enfocado básicamente en cuatro objetivos.
Afirmó que primero busca fortalecer los procesos penales, que comprende robustecer más la persecución de la corrupción, validando los procesos con pruebas contundentes, más ciertas y sobreabundantes.
“Asimismo, nosotros estamos buscando mayor colaboración interinstitucional, es decir, que los otros organismos del Estado y las otras instituciones se involucren en apoyar el trabajo de la Procuraduría Especializada”, subrayó en una nota enviada por el periodista Federico Méndez.
Por otra parte, reveló que hay 20 ayuntamientos bajo investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de los fondos que administran.
Citó que la auditoría definitiva sobre el manejo del cabildo de Bayaguana fue enviada por la Cámara de Cuentas, en la cual se establecen una serie de irregularidades.
Manifestó que hay abiertos procesos en contra del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, la junta distrital de Cabarete, Puerto Plata.
Asimismo, observó que se han dictado sentencias definitivas sobre alegados malos manejos de recursos en los procesos seguidos a los ayuntamientos de La Victoria, Los Alcarrizos, San José de Ocoa, San José del Puerto, entre otros.
HOY
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.