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Yeni Berenice dice estar preparada» ante el nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reysono, procuradora general de la República, afirmó que el Ministerio Público se encuentra totalmente listo y equipado frente a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), tras culminar más de un año de preparación operativa, institucional y de capacitación intensiva a su personal técnico y fiscales.
Frente a la inquietud sobre la capacidad operativa para aplicar el nuevo marco normativo, la funcionaria señaló que la institución no esperó a la aprobación final para adecuar su estructura técnica.
Berenice Reynoso se pronunció en esos términos durante el taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», dirigido a periodistas especializados que cubren la fuente judicial, así como a caricaturistas de ejercicio artístico permanente.
La procuradora sostuvo que, a través de la Escuela del Ministerio Público, la institución cumple un año capacitando de manera intensiva a los miembros del órgano persecutor en el contenido del nuevo articulado. Indicó que actualmente se forma una nueva promoción de fiscales de carrera y que se prevé la convocatoria de un grupo adicional en el corto plazo.
Asimismo, informó que se habilitaron 100 nuevos relevos distribuidos en los 37 distritos judiciales del país, reforzados con la incorporación de 140 abogados destinados exclusivamente a la asistencia integral de las víctimas.
Reynoso aseguró que la Procuraduría cuenta con los recursos, el personal técnico y la logística necesarios para asumir la transición penal.
“El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa», enfatizó.
La procuradora recordó que el Ministerio Público remitió una comunicación formal a las cámaras legislativas solicitando la actualización del texto punitivo, al identificar diversas conductas delictivas de la sociedad actual que demandan un reproche penal más severo.
Reynoso repasó las principales novedades que trae el nuevo Código Penal, cuya aplicación en el país iniciará en las próximas horas, destacando que el instrumento incorpora 70 nuevos delitos y que, sumados a los reformulados, llegan a 109 tipos penales.
La magistrada explicó que se trata de un código que deja atrás un instrumento que, aunque representó un aporte importante hace más de un siglo, había quedado desfasado para enfrentar los delitos del siglo XXI, entre ellos aquellos que se valen de la tecnología.
Además, resaltó que el nuevo código incorpora principios que otorgan mayores garantías al ciudadano y contribuyen al fortalecimiento del tejido social, al aportar instrumentos para una persecución penal más efectiva y, por tanto, con mayor enfoque disuasivo. No obstante, precisó que el Ministerio Público ya venía persiguiendo operativamente muchas de estas conductas, y que la nueva normativa lo que otorga es la tipificación explícita y los marcos de sanción que la sociedad dominicana requería.
Berenice Reynoso ofreció una detallada explicación sobre las principales novedades, modificaciones e implicaciones jurídicas del nuevo Código Penal (Ley 74-25), precisando aspectos clave sobre el aumento de las penas, la responsabilidad de las personas jurídicas y la incorporación explícita de nuevas causas de eximente de responsabilidad penal.
Defiende equilibrio entre la reinserción social y la justicia para las víctimas
Ante las críticas de diversos sectores y criminólogos sobre el posible impacto del cúmulo de penas en la reinserción social de los condenados y el hacinamiento en el sistema penitenciario, Berenice Reynoso defendió la facultad del legislador para endurecer las sanciones en el nuevo Código Penal, las cuales permiten acumular condenas de hasta 60 años de prisión para delitos de extrema gravedad.
Al abordar el debate sobre si penas tan extensas contravienen el principio constitucional de la reinserción social, la magistrada sostuvo que no todos los delincuentes requieren el mismo tiempo para rehabilitarse, ni todos los crímenes pueden medirse con la misma vara. Citó como ejemplo casos que han conmocionado al país, como el del denominado «Chamán Chacra», para ilustrar que no es lógico asumir que, para todos los delitos, la persona está en condiciones de reinsertarse en el mismo tiempo.
Frente a la tesis de que una persona condenada a una edad avanzada no tendría oportunidad real de reintegrarse a la sociedad, la magistrada enfatizó que la sanción penal no solo debe considerar los derechos del imputado, sino también el impacto y el dolor causado a la ciudadanía y a las víctimas.
En cuanto a las advertencias sobre un posible agravamiento de la sobrepoblación carcelaria, la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público rechazó que las políticas de seguridad ciudadana deban supeditarse a la capacidad penitenciaria, afirmando que no se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria.
Reynoso hizo un llamado a aplicar el principio de proporcionalidad en ambas direcciones, recordando que los derechos fundamentales pertenecen a todos los ciudadanos por igual: al maestro, al periodista, al trabajador que sale día a día a ganarse el sustento, y no únicamente a quienes violan la ley.
Resalta creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales
La Procuradora detalló la reestructuración del catálogo de sanciones que introduce la Ley 74-25 (nuevo Código Penal), destacando como una de las principales innovaciones la incorporación del seguimiento sociojudicial y la puesta en marcha del Registro Nacional de Agresores Sexuales.
La magistrada explicó que la nueva legislación no solo contempla la tradicional pena privativa de libertad, las multas (penas pecuniarias) y la suspensión de derechos civiles y políticos, sino que amplía el abanico de consecuencias jurídicas mediante sanciones restrictivas de derechos y medidas complementarias de control social.
Dentro de las medidas sociojudiciales, Reynoso resaltó la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, una base de datos especializada que estará bajo la administración y custodia de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que actualmente gestiona el sistema de antecedentes penales.
La magistrada precisó que el acceso a este registro se gestionará a través de un protocolo técnico y estricto que elaborará la Procuraduría. La herramienta será fundamental para la depuración de personal en sectores sensibles:
«Cuando una persona vaya a trabajar como profesor en un colegio, o en cualquier área que implique el contacto con niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables, se aplicarán los protocolos de verificación en este registro”, enfatizó.
Reynoso indicó que la República Dominicana se suma a la tendencia internacional aplicada en países como Estados Unidos, donde estos registros funcionan como mecanismos efectivos de prevención, seguimiento y monitoreo para evitar la reincidencia en delitos de agresión sexual.
Con la implementación del seguimiento sociojudicial y este nuevo registro, el sistema penal dominicano busca trascender el mero encarcelamiento, dotando al Estado de herramientas efectivas de monitoreo post-condena para garantizar la seguridad comunitaria.
En el taller estuvieron presentes los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, así como la rectora del IES-ENMP, Marien Montero.
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Cámara de Diputados juramenta a Minerva Frías Ogando como sustituta de su padre Jorge Frías
La nueva legisladora del PRM representará a Santo Domingo Este y asumió el compromiso de continuar el legado político y social de su fallecido padre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva integrante del Congreso Nacional, en sustitución de su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, quien representaba al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este.
La designación se produjo luego de que la dirección del partido oficialista remitiera formalmente la terna de candidatos para cubrir la vacante legislativa, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.
La propuesta presentada por el PRM estuvo integrada por Minerva Klaudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez, cuyos nombres fueron sometidos a la consideración del pleno de la Cámara Baja.
La comunicación fue remitida por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía.
Respaldo político a la nueva legisladora
Durante el proceso de escogencia, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, explicó que la organización política había colocado a Frías Ogando en el primer lugar de la terna con la intención de favorecer su elección para continuar la representación legislativa que ejercía su padre.
La propuesta también contó con el respaldo de representantes de partidos opositores, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, así como Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política del fallecido Jorge Frías, a quien recordó como un compañero de numerosas jornadas de lucha y un amigo cercano dentro de las filas del PRM.
Minerva Frías promete honrar el legado de su padre
Luego de recibir el respaldo del pleno, Minerva Klaudel Frías Ogando prestó juramento y recibió el distintivo que la acredita oficialmente como diputada de la República Dominicana.
En sus primeras palabras como congresista, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad.
La legisladora manifestó que su llegada al Congreso representa mucho más que ocupar una posición política, pues implica dar continuidad al compromiso de servicio que caracterizó la trayectoria de su padre.
Asimismo, aseguró que trabajará en favor de las comunidades de Santo Domingo Este, manteniendo una relación cercana con las bases de su organización política y con los ciudadanos de la demarcación que representa.
Designación pone fin a varias semanas de espera
La escogencia de Frías Ogando se produjo después de varias semanas durante las cuales permaneció vacante la curul del fallecido congresista.
En ese período, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había solicitado públicamente a la dirección del PRM agilizar la presentación de la terna correspondiente, ante la necesidad de completar la representación legislativa.
Con la juramentación de Minerva Klaudel Frías Ogando, la Cámara Baja cubre la vacante dejada por Jorge Frías, mientras la nueva diputada inicia una etapa de responsabilidad pública marcada por el compromiso de preservar el legado político de su progenitor.
La nueva congresista tendrá ahora el desafío de construir su propia trayectoria legislativa, responder a las necesidades de Santo Domingo Este y demostrar, mediante iniciativas y resultados, su compromiso con la ciudadanía.
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Caso Jet Set: hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario ante Corte de Apelación
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.
Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.
Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual
Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.
La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.
Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.
Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.
No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.
Alegan vulneración de garantías procesales
El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.
Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.
En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.
Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.
Cuestionan restricciones al derecho de defensa
Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.
La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.
También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.
De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Solicitan anulación de la resolución
Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.
Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.
La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.
Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.
Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
Un proceso de trascendencia jurídica
La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.
La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.
El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.
Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.
La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.
Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.
La institución llama a las empresas a facilitar la movilidad de sus empleados y evitar desplazamientos peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.
Por Rosa Hernández
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a adoptar medidas de flexibilidad laboral ante las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta distintas zonas de República Dominicana.
La institución solicitó a las empresas ofrecer facilidades a sus trabajadores, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables, próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que necesitan desplazarse por carreteras y calles afectadas por inundaciones.
Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el organismo destacó que la protección de la vida y la integridad física de los empleados debe prevalecer frente a cualquier circunstancia que represente peligro durante sus traslados.
Provincias bajo alerta meteorológica
De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.
Mientras tanto, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y San Pedro de Macorís permanecen bajo alerta verde.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de mayor vulnerabilidad.
Lluvias podrían continuar hasta el viernes
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el próximo viernes, cuando se espera una disminución gradual de su intensidad.
La funcionaria explicó que en determinadas localidades del suroeste los acumulados de lluvia ya han superado los 200 milímetros contemplados en pronósticos anteriores, situación que incrementa la preocupación por las condiciones del suelo y el riesgo de inundaciones.
Llamado a la prevención
El Ministerio de Trabajo recomendó a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Indomet, así como evitar desplazamientos innecesarios por vías inundadas o consideradas peligrosas.
La institución insistió en que las empresas deben actuar con prudencia y sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los trabajadores para trasladarse de manera segura.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la colaboración entre empleadores y empleados resultan fundamentales para reducir los riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, COE e Indomet, según informaciones divulgadas este 27 de octubre de 2026.