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Yeni Berenice dice estar preparada» ante el nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reysono, procuradora general de la República, afirmó que el Ministerio Público se encuentra totalmente listo y equipado frente a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), tras culminar más de un año de preparación operativa, institucional y de capacitación intensiva a su personal técnico y fiscales.
Frente a la inquietud sobre la capacidad operativa para aplicar el nuevo marco normativo, la funcionaria señaló que la institución no esperó a la aprobación final para adecuar su estructura técnica.
Berenice Reynoso se pronunció en esos términos durante el taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», dirigido a periodistas especializados que cubren la fuente judicial, así como a caricaturistas de ejercicio artístico permanente.
La procuradora sostuvo que, a través de la Escuela del Ministerio Público, la institución cumple un año capacitando de manera intensiva a los miembros del órgano persecutor en el contenido del nuevo articulado. Indicó que actualmente se forma una nueva promoción de fiscales de carrera y que se prevé la convocatoria de un grupo adicional en el corto plazo.
Asimismo, informó que se habilitaron 100 nuevos relevos distribuidos en los 37 distritos judiciales del país, reforzados con la incorporación de 140 abogados destinados exclusivamente a la asistencia integral de las víctimas.
Reynoso aseguró que la Procuraduría cuenta con los recursos, el personal técnico y la logística necesarios para asumir la transición penal.
“El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa», enfatizó.
La procuradora recordó que el Ministerio Público remitió una comunicación formal a las cámaras legislativas solicitando la actualización del texto punitivo, al identificar diversas conductas delictivas de la sociedad actual que demandan un reproche penal más severo.
Reynoso repasó las principales novedades que trae el nuevo Código Penal, cuya aplicación en el país iniciará en las próximas horas, destacando que el instrumento incorpora 70 nuevos delitos y que, sumados a los reformulados, llegan a 109 tipos penales.
La magistrada explicó que se trata de un código que deja atrás un instrumento que, aunque representó un aporte importante hace más de un siglo, había quedado desfasado para enfrentar los delitos del siglo XXI, entre ellos aquellos que se valen de la tecnología.
Además, resaltó que el nuevo código incorpora principios que otorgan mayores garantías al ciudadano y contribuyen al fortalecimiento del tejido social, al aportar instrumentos para una persecución penal más efectiva y, por tanto, con mayor enfoque disuasivo. No obstante, precisó que el Ministerio Público ya venía persiguiendo operativamente muchas de estas conductas, y que la nueva normativa lo que otorga es la tipificación explícita y los marcos de sanción que la sociedad dominicana requería.
Berenice Reynoso ofreció una detallada explicación sobre las principales novedades, modificaciones e implicaciones jurídicas del nuevo Código Penal (Ley 74-25), precisando aspectos clave sobre el aumento de las penas, la responsabilidad de las personas jurídicas y la incorporación explícita de nuevas causas de eximente de responsabilidad penal.
Defiende equilibrio entre la reinserción social y la justicia para las víctimas
Ante las críticas de diversos sectores y criminólogos sobre el posible impacto del cúmulo de penas en la reinserción social de los condenados y el hacinamiento en el sistema penitenciario, Berenice Reynoso defendió la facultad del legislador para endurecer las sanciones en el nuevo Código Penal, las cuales permiten acumular condenas de hasta 60 años de prisión para delitos de extrema gravedad.
Al abordar el debate sobre si penas tan extensas contravienen el principio constitucional de la reinserción social, la magistrada sostuvo que no todos los delincuentes requieren el mismo tiempo para rehabilitarse, ni todos los crímenes pueden medirse con la misma vara. Citó como ejemplo casos que han conmocionado al país, como el del denominado «Chamán Chacra», para ilustrar que no es lógico asumir que, para todos los delitos, la persona está en condiciones de reinsertarse en el mismo tiempo.
Frente a la tesis de que una persona condenada a una edad avanzada no tendría oportunidad real de reintegrarse a la sociedad, la magistrada enfatizó que la sanción penal no solo debe considerar los derechos del imputado, sino también el impacto y el dolor causado a la ciudadanía y a las víctimas.
En cuanto a las advertencias sobre un posible agravamiento de la sobrepoblación carcelaria, la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público rechazó que las políticas de seguridad ciudadana deban supeditarse a la capacidad penitenciaria, afirmando que no se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria.
Reynoso hizo un llamado a aplicar el principio de proporcionalidad en ambas direcciones, recordando que los derechos fundamentales pertenecen a todos los ciudadanos por igual: al maestro, al periodista, al trabajador que sale día a día a ganarse el sustento, y no únicamente a quienes violan la ley.
Resalta creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales
La Procuradora detalló la reestructuración del catálogo de sanciones que introduce la Ley 74-25 (nuevo Código Penal), destacando como una de las principales innovaciones la incorporación del seguimiento sociojudicial y la puesta en marcha del Registro Nacional de Agresores Sexuales.
La magistrada explicó que la nueva legislación no solo contempla la tradicional pena privativa de libertad, las multas (penas pecuniarias) y la suspensión de derechos civiles y políticos, sino que amplía el abanico de consecuencias jurídicas mediante sanciones restrictivas de derechos y medidas complementarias de control social.
Dentro de las medidas sociojudiciales, Reynoso resaltó la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, una base de datos especializada que estará bajo la administración y custodia de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que actualmente gestiona el sistema de antecedentes penales.
La magistrada precisó que el acceso a este registro se gestionará a través de un protocolo técnico y estricto que elaborará la Procuraduría. La herramienta será fundamental para la depuración de personal en sectores sensibles:
«Cuando una persona vaya a trabajar como profesor en un colegio, o en cualquier área que implique el contacto con niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables, se aplicarán los protocolos de verificación en este registro”, enfatizó.
Reynoso indicó que la República Dominicana se suma a la tendencia internacional aplicada en países como Estados Unidos, donde estos registros funcionan como mecanismos efectivos de prevención, seguimiento y monitoreo para evitar la reincidencia en delitos de agresión sexual.
Con la implementación del seguimiento sociojudicial y este nuevo registro, el sistema penal dominicano busca trascender el mero encarcelamiento, dotando al Estado de herramientas efectivas de monitoreo post-condena para garantizar la seguridad comunitaria.
En el taller estuvieron presentes los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, así como la rectora del IES-ENMP, Marien Montero.
La Segunda Sala de la Corte Penal revocó este jueves el auto de no ha lugar que favoreció a Jean André Pumarol Fernández, por lo que el hombre enfrentará un juicio de fondo por el ataque con arma blanca a sus vecinos y en cuya agresión falleció una mujer de 70 años.
Los jueces del tribunal de segundo grado, presidido por Ysis Muñiz Almonte e integrado por Teófilo Andújar y Luis Jiménez, también dictaron prisión preventiva de tres meses a Pumarol Fernández, a ser cumplida en el centro de Anamuya, en Higüey.
El magistrado Andújar emitió un fallo observado, que quiere decir que está de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación.
- El procesado no se encontraba en audiencia, como el pasado 23 de julio, cuando se aplazó la decisión de la corte.
Proceso judicial
El fallo deja sin efecto el emitido por el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó enviar a juicio de fondo al acusado, al argumentar el magistrado que al momento de herir de gravedad a las víctimas este estaba bajo un cuadro sicótico.
Pumarol atacó a las víctimas el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde, en el Condominio Naco Dorado IV, agresión que dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, dentro de su apartamento, al cual el victimario tocó y se le abrió la puerta.
También causó lesiones al menos cinco personas, entre ellas a su padre, y a la doméstica de la víctima.
Santo Dpmingo, R.D.-El juez Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó su renuncia como magistrado de esa alta corte.
La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al mandatario Luis Abinader, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Con esta dimisión, ya suman cuatro los jueces que han declinado participar en el proceso de evaluación establecida por la ley para determinar su continuación o remoción de la alta corte.
Herrera Carbuccia, quien finaliza un ciclo de 14 años en el Poder Judicial, expresa en su misiva recibida este miércoles por la Secretaría del CNM.
Entre el lunes y ayer comunicaron también su decisión a no continuar en la alta corte el actual presidente Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y María Garabito Ramírez.
Santo Domingo, R.D.-Se mantuvo la prision preventiva del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Santiago Hazim, y de otros cinco imputados por decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El juez Deiby Timoteo Peguero fundamentó su decisión en que no se han modificado las circunstancias que originalmente justificaron la imposición de la medida de coerción contra Hazim y los demás encausados.
La defensa de Hazim, a cargo del abogado Miguel Valerio, había solicitado variar la medida cautelar alegando el estado de salud del imputado y un diagnóstico de esclerosis múltiple, posteriormente había dejado sin efecto el pedimento.
Sin embargo, el magistrado consideró que estos elementos no eran suficientes para modificar la prisión preventiva.
De acuerdo con el juez, la prisión preventiva continúa siendo idónea, necesaria y proporcional, ya que el derecho a la salud del procesado puede garantizarse mediante el suministro riguroso de sus medicamentos y la autorización de traslados cuando sean necesarios, sin que ello implique poner en riesgo su presencia en el proceso judicial.
Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción obligatoria, el tribunal tomó en cuenta las recomendaciones de los servicios de salud y del sistema penitenciario, que indicaron que las condiciones médicas del imputado pueden atenderse adecuadamente dentro del régimen carcelario o a través de traslados puntuales.
El juez precisó que, si bien la salud de Hazim requiere seguimiento constante y tratamiento especializado, esto no hace indispensable un cambio en la medida cautelar en esta etapa del proceso.
Para sustentar el fallo, el magistrado citó la Sentencia TC/0722/24 del Tribunal Constitucional, que establece la obligatoriedad de aplicar un test de proporcionalidad riguroso al revisar las medidas de coerción.
Tras evaluar los riesgos procesales frente a la situación médica presentada, el tribunal concluyó que la privación de libertad debe mantenerse, en apego a lo dispuesto en el artículo 243 del Código Procesal Penal.
El juez fijó el 5 de noviembre como fecha para la revisión obligatoria de la medida de coerción que también pesa sobre Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, estableció el 26 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, como fecha para la lectura de la decisión.
A partir de esa notificación formal comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan interponer los recursos de apelación correspondientes.