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Yeni Berenice dice estar preparada» ante el nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reysono, procuradora general de la República, afirmó que el Ministerio Público se encuentra totalmente listo y equipado frente a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), tras culminar más de un año de preparación operativa, institucional y de capacitación intensiva a su personal técnico y fiscales.
Frente a la inquietud sobre la capacidad operativa para aplicar el nuevo marco normativo, la funcionaria señaló que la institución no esperó a la aprobación final para adecuar su estructura técnica.
Berenice Reynoso se pronunció en esos términos durante el taller «Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación», dirigido a periodistas especializados que cubren la fuente judicial, así como a caricaturistas de ejercicio artístico permanente.
La procuradora sostuvo que, a través de la Escuela del Ministerio Público, la institución cumple un año capacitando de manera intensiva a los miembros del órgano persecutor en el contenido del nuevo articulado. Indicó que actualmente se forma una nueva promoción de fiscales de carrera y que se prevé la convocatoria de un grupo adicional en el corto plazo.
Asimismo, informó que se habilitaron 100 nuevos relevos distribuidos en los 37 distritos judiciales del país, reforzados con la incorporación de 140 abogados destinados exclusivamente a la asistencia integral de las víctimas.
Reynoso aseguró que la Procuraduría cuenta con los recursos, el personal técnico y la logística necesarios para asumir la transición penal.
“El código era una necesidad de la sociedad. Nos fuimos preparando desde el punto de vista de las víctimas y de nuestro personal técnico y fiscal. El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa», enfatizó.
La procuradora recordó que el Ministerio Público remitió una comunicación formal a las cámaras legislativas solicitando la actualización del texto punitivo, al identificar diversas conductas delictivas de la sociedad actual que demandan un reproche penal más severo.
Reynoso repasó las principales novedades que trae el nuevo Código Penal, cuya aplicación en el país iniciará en las próximas horas, destacando que el instrumento incorpora 70 nuevos delitos y que, sumados a los reformulados, llegan a 109 tipos penales.
La magistrada explicó que se trata de un código que deja atrás un instrumento que, aunque representó un aporte importante hace más de un siglo, había quedado desfasado para enfrentar los delitos del siglo XXI, entre ellos aquellos que se valen de la tecnología.
Además, resaltó que el nuevo código incorpora principios que otorgan mayores garantías al ciudadano y contribuyen al fortalecimiento del tejido social, al aportar instrumentos para una persecución penal más efectiva y, por tanto, con mayor enfoque disuasivo. No obstante, precisó que el Ministerio Público ya venía persiguiendo operativamente muchas de estas conductas, y que la nueva normativa lo que otorga es la tipificación explícita y los marcos de sanción que la sociedad dominicana requería.
Berenice Reynoso ofreció una detallada explicación sobre las principales novedades, modificaciones e implicaciones jurídicas del nuevo Código Penal (Ley 74-25), precisando aspectos clave sobre el aumento de las penas, la responsabilidad de las personas jurídicas y la incorporación explícita de nuevas causas de eximente de responsabilidad penal.
Defiende equilibrio entre la reinserción social y la justicia para las víctimas
Ante las críticas de diversos sectores y criminólogos sobre el posible impacto del cúmulo de penas en la reinserción social de los condenados y el hacinamiento en el sistema penitenciario, Berenice Reynoso defendió la facultad del legislador para endurecer las sanciones en el nuevo Código Penal, las cuales permiten acumular condenas de hasta 60 años de prisión para delitos de extrema gravedad.
Al abordar el debate sobre si penas tan extensas contravienen el principio constitucional de la reinserción social, la magistrada sostuvo que no todos los delincuentes requieren el mismo tiempo para rehabilitarse, ni todos los crímenes pueden medirse con la misma vara. Citó como ejemplo casos que han conmocionado al país, como el del denominado «Chamán Chacra», para ilustrar que no es lógico asumir que, para todos los delitos, la persona está en condiciones de reinsertarse en el mismo tiempo.
Frente a la tesis de que una persona condenada a una edad avanzada no tendría oportunidad real de reintegrarse a la sociedad, la magistrada enfatizó que la sanción penal no solo debe considerar los derechos del imputado, sino también el impacto y el dolor causado a la ciudadanía y a las víctimas.
En cuanto a las advertencias sobre un posible agravamiento de la sobrepoblación carcelaria, la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público rechazó que las políticas de seguridad ciudadana deban supeditarse a la capacidad penitenciaria, afirmando que no se puede garantizar la seguridad de un país dejando en libertad a quienes cometen delitos graves únicamente para evitar el aumento de la población carcelaria.
Reynoso hizo un llamado a aplicar el principio de proporcionalidad en ambas direcciones, recordando que los derechos fundamentales pertenecen a todos los ciudadanos por igual: al maestro, al periodista, al trabajador que sale día a día a ganarse el sustento, y no únicamente a quienes violan la ley.
Resalta creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales
La Procuradora detalló la reestructuración del catálogo de sanciones que introduce la Ley 74-25 (nuevo Código Penal), destacando como una de las principales innovaciones la incorporación del seguimiento sociojudicial y la puesta en marcha del Registro Nacional de Agresores Sexuales.
La magistrada explicó que la nueva legislación no solo contempla la tradicional pena privativa de libertad, las multas (penas pecuniarias) y la suspensión de derechos civiles y políticos, sino que amplía el abanico de consecuencias jurídicas mediante sanciones restrictivas de derechos y medidas complementarias de control social.
Dentro de las medidas sociojudiciales, Reynoso resaltó la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales, una base de datos especializada que estará bajo la administración y custodia de la Procuraduría General de la República (PGR), institución que actualmente gestiona el sistema de antecedentes penales.
La magistrada precisó que el acceso a este registro se gestionará a través de un protocolo técnico y estricto que elaborará la Procuraduría. La herramienta será fundamental para la depuración de personal en sectores sensibles:
«Cuando una persona vaya a trabajar como profesor en un colegio, o en cualquier área que implique el contacto con niños, niñas, adolescentes y poblaciones vulnerables, se aplicarán los protocolos de verificación en este registro”, enfatizó.
Reynoso indicó que la República Dominicana se suma a la tendencia internacional aplicada en países como Estados Unidos, donde estos registros funcionan como mecanismos efectivos de prevención, seguimiento y monitoreo para evitar la reincidencia en delitos de agresión sexual.
Con la implementación del seguimiento sociojudicial y este nuevo registro, el sistema penal dominicano busca trascender el mero encarcelamiento, dotando al Estado de herramientas efectivas de monitoreo post-condena para garantizar la seguridad comunitaria.
En el taller estuvieron presentes los procuradores adjuntos Osvaldo Bonilla, José Viterbo Cabral, Iván Vladimir Féliz y Fiordaliza Alduey, así como la rectora del IES-ENMP, Marien Montero.
Nacionales
Imponen dos meses de prisión preventiva a “Nino Dólar” por accidente que dejó dos muertos
Carlos José Troche Rodríguez deberá cumplir la medida de coerción en Cotuí por el hecho ocurrido el pasado 15 de agosto en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, donde murieron un padre y su hija y una tercera persona resultó herida.
SANTO DOMINGO.– La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso este jueves dos meses de prisión preventiva contra Carlos José Troche Rodríguez, conocido como “Nino Dólar”, investigado por el accidente de tránsito ocurrido el pasado 15 de agosto que provocó la muerte de dos personas y dejó a una tercera lesionada.
La medida deberá ser cumplida en Cotuí y será revisada en el mes de octubre, según informó la representación legal de una de las víctimas.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio, de 38 años, y su hija Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, de 21, mientras que Arianna Michelle Ciprián resultó lesionada.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Troche Rodríguez presuntamente cruzó en rojo el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln e Independencia, mientras conducía una yipeta Chevrolet Tahoe, e impactó la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
El órgano acusador sostiene que, después del impacto, el conductor habría continuado la marcha, arrastrando a las víctimas y posteriormente abandonando el lugar. Estas circunstancias forman parte de la investigación y deberán ser demostradas durante el proceso judicial.
Ministerio Público plantea dolo eventual
Uno de los aspectos jurídicamente más relevantes del expediente es la tesis sostenida por el Ministerio Público, que plantea investigar los hechos bajo la figura de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual.
Según la posición del órgano persecutor, las circunstancias permitirían considerar que el imputado habría asumido la posibilidad de producir consecuencias gravemente lesivas al presuntamente desatender una señal de tránsito en una intersección de considerable circulación.
El caso había sido conocido inicialmente por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien posteriormente declinó el expediente a la jurisdicción especial de tránsito, que finalmente conoció la solicitud de medida de coerción.
La imposición de prisión preventiva constituye una medida de coerción y no una condena, por lo que el proceso deberá continuar hasta que los tribunales determinen las responsabilidades correspondientes.
El proceso contra Antonio y Maribel Espaillat comienza este viernes en la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional. Más allá de establecer responsabilidades individuales, el juicio vuelve a colocar en el debate nacional la seguridad de los establecimientos abiertos al público y los límites de la responsabilidad penal frente a una tragedia de grandes dimensiones.
SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set entra este viernes en una de sus etapas más determinantes, cuando la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional dé inicio al juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento donde la tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana y estará presidida por el juez Franny González, quien tendrá ante sí un proceso que trasciende la discusión estrictamente penal por la dimensión humana y social de los hechos.
Los hermanos Espaillat llegan a esta fase acusados de homicidio involuntario, mientras que el expediente incluye como terceros civilmente demandados a Inversiones E y L, S.R.L.; Difusora Hemisferio, S.R.L.; Radio Cadena Comercial, S.R.L.; Eveline Espaillat y Ana Grecia López.
Un juicio con una elevada carga probatoria
La magnitud del proceso puede apreciarse también en el volumen de las pruebas que serán sometidas al debate judicial.
La acusación del Ministerio Público consta de 156 páginas, mientras que el expediente incorpora 84 testigos, además de pruebas documentales y materiales relacionadas con las circunstancias que rodearon el desplome.
Esta etapa será sustancialmente distinta a las anteriores.
El juicio de fondo constituye el escenario en el que las partes podrán presentar y controvertir las pruebas admitidas, interrogar testigos y desarrollar sus respectivas teorías del caso. Será sobre la base de ese debate contradictorio que el tribunal deberá determinar si la acusación ha demostrado, conforme al estándar exigible en materia penal, la responsabilidad atribuida a los procesados.
Por ello, la apertura del juicio no significa que la responsabilidad penal esté establecida de antemano. Los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva conforme al debido proceso.
La naturaleza de la responsabilidad estará en el centro
Uno de los elementos jurídicamente más relevantes del expediente será la discusión sobre la naturaleza de la conducta atribuida a los propietarios del establecimiento.
Durante la etapa preliminar, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso la apertura a juicio bajo la calificación de homicidio culposo o imprudente, descartando la pretensión de un grupo de víctimas que procuraba que los hechos fueran juzgados como homicidio voluntario.
Esta diferencia no es simplemente terminológica.
En el juicio deberá examinarse la relación entre las actuaciones u omisiones atribuidas a los acusados y el resultado producido. Las pruebas técnicas, testimoniales, documentales y materiales tendrán, por tanto, una importancia determinante para establecer qué conocían los responsables del establecimiento, cuáles obligaciones recaían sobre ellos y si existieron conductas jurídicamente relevantes vinculadas con el colapso.
Será el tribunal, después de escuchar a todas las partes y valorar las pruebas, el que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Víctimas, acusación y defensa frente al tribunal
El Ministerio Público estará representado por un equipo encabezado por Wilson Camacho, director general de Persecución; Rosalba Ramos, fiscal titular del Distrito Nacional, y otros representantes del órgano acusador.
Los propietarios de Jet Set estarán defendidos por los abogados Miguel Valerio, Ramón Emilio Núñez y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Por su parte, las víctimas cuentan con distintos equipos de representación legal, en un proceso particularmente complejo debido al elevado número de personas afectadas.
La pluralidad de actores convierte el juicio en un escenario donde coexistirán la persecución penal del Estado, el ejercicio del derecho de defensa y las reclamaciones de quienes resultaron directamente afectados por la tragedia.
La responsabilidad civil también estará presente
El proceso no se limita a determinar si existe responsabilidad penal.
La presencia de empresas y personas señaladas como terceros civilmente demandados introduce otra dimensión del conflicto: las consecuencias patrimoniales derivadas de los daños ocasionados.
De ahí que las decisiones adoptadas durante el juicio puedan tener implicaciones que vayan más allá de las eventuales sanciones penales y alcancen las reclamaciones indemnizatorias promovidas por las víctimas y sus familiares.
En etapas anteriores también quedó fuera del proceso penal el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y otras instituciones estatales que habían sido señaladas.
De la tragedia al debate sobre prevención
El desplome ocurrió mientras se desarrollaba una actividad amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida.
Pero transcurrido el impacto inicial de la tragedia, el caso ha dejado abierta una discusión que va más allá de los imputados: ¿qué mecanismos de prevención, mantenimiento, inspección y supervisión deben garantizar la seguridad de miles de personas que diariamente acuden a establecimientos de concentración masiva?
Esa interrogante no determina por sí misma la responsabilidad de quienes están siendo juzgados, pero explica por qué el proceso tiene una dimensión social que supera las paredes del tribunal.
Una tragedia de esta magnitud obliga a examinar no solamente qué ocurrió, sino cuáles enseñanzas institucionales deben extraerse para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse.
Un proceso que deberá decidirse sobre las pruebas
El expediente llegó a la Cuarta Sala Penal luego de que la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se apartara del conocimiento del caso debido a su relación de amistad con una de las víctimas.
Antonio y Maribel Espaillat permanecen sometidos a medidas de coerción consistentes en garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país, medidas que fueron confirmadas posteriormente por la Corte de Apelación.
A partir de este viernes comienza, sin embargo, otra historia procesal.
Después de meses de investigaciones, reclamaciones de las víctimas, decisiones judiciales y debates sobre la calificación jurídica de los hechos, llegará el momento de confrontar la acusación con la defensa ante un tribunal de fondo.
Para las familias, el proceso representa una búsqueda de respuestas y justicia. Para los acusados, constituye el escenario en el que podrán ejercer plenamente su derecho de defensa. Y para el sistema judicial dominicano representa la responsabilidad de resolver uno de los casos de mayor impacto social de los últimos años con independencia, debido proceso y sobre la base de las pruebas producidas en el juicio.
El caso Jet Set entra así en su etapa decisiva. La tragedia ya forma parte de la memoria colectiva dominicana; ahora corresponde a la justicia determinar las responsabilidades que jurídicamente puedan ser demostradas.
Senado y Cámara de Diputados conformaron sus mesas de trabajo para los próximos dos años, en una distribución que no solo organiza el trabajo legislativo, sino que determina quiénes tendrán mayor influencia en el estudio, modificación y aprobación de iniciativas claves.
SANTO DOMINGO.– Con el inicio de la segunda legislatura ordinaria del año, el Congreso Nacional entró en una etapa que va mucho más allá de la simple distribución administrativa de sus legisladores: Senado y Cámara de Diputados comenzaron a definir las comisiones que tendrán bajo su responsabilidad examinar buena parte de los proyectos que podrían convertirse en leyes durante los próximos dos años.
La reorganización se produce luego de que el pasado 16 de agosto ambas cámaras dejaran establecidos sus bufetes directivos. En el Senado, Ricardo de los Santos continúa al frente de la Presidencia, acompañado por Julito Fulcar como vicepresidente, mientras Aracelis Villanueva y Guillermo Lama ocupan las secretarías.
En la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco permanece como presidente, acompañado por Dharuelly D’Aza en la Vicepresidencia y Eduviges Bautista y Emil Durán como secretarios.
Pero detrás de esos nombres existe una cuestión de mayor trascendencia institucional: las comisiones constituyen uno de los principales filtros del proceso legislativo.
Es allí donde los proyectos son estudiados antes de llegar al pleno y donde buena parte de las discusiones técnicas y políticas adquieren forma.
El poder que existe detrás de las comisiones
Aunque las sesiones plenarias suelen concentrar la atención pública, buena parte del trabajo determinante del Congreso ocurre previamente.
Las comisiones especializadas permiten distribuir las iniciativas conforme a su naturaleza y someterlas a análisis antes de que sean conocidas por el pleno.
Por esa razón, quién preside una comisión y quiénes la integran no constituye un asunto meramente protocolar.
En el Senado, por ejemplo, Cristóbal Castillo presidirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, acompañado por Franklin Romero, Rafael Duluc, Omar Fernández, Santiago Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.
La Comisión de Hacienda estará encabezada por Pedro Catrain, mientras Daniel Rivera presidirá Presupuesto; Antonio Tavéras estará al frente de Economía, Planificación y Desarrollo, y Lía Díaz encabezará Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.
Estas designaciones adquieren relevancia porque colocan a determinados legisladores en posiciones desde las cuales participarán directamente en el estudio de asuntos económicos, laborales, fiscales y jurídicos de especial importancia.
Tecnología y ciberseguridad ganan espacio
La composición de las comisiones de la Cámara de Diputados refleja también la creciente presencia de asuntos vinculados con la transformación tecnológica.
Entre las estructuras anunciadas figura una Comisión de Ciberseguridad, presidida por Sadoky Duarte, acompañado por Eudy Maldonado y Óscar Morel.
A ella se suma la Comisión de Tecnología de Información, encabezada por Vicente Sánchez, junto a Tobías Crespo y Saulo Vega.
La existencia de estos espacios evidencia que la agenda legislativa contemporánea ya no puede limitarse a los ámbitos tradicionales.
Protección de información, delitos tecnológicos, transformación digital y nuevas formas de interacción entre ciudadanos, empresas y Estado obligan al Poder Legislativo a disponer de estructuras capaces de examinar problemas cada vez más especializados.
Justicia y derechos humanos, bajo nuevas presidencias
Otro punto relevante está relacionado con el tratamiento de los asuntos jurídicos.
Mientras en el Senado Justicia y Derechos Humanos permanecen integrados dentro de una misma comisión, en la Cámara de Diputados aparecen diferenciadas las áreas.
La Comisión de Derechos Humanos estará presidida por Pedro Martínez, mientras que Wandy Batista encabezará la Comisión de Justicia. Además, Jesús Manuel Sánchez presidirá la Comisión del Ministerio Público.
Esta distribución adquiere particular importancia porque las reformas legislativas relacionadas con justicia, garantías fundamentales e instituciones del sistema judicial deberán atravesar esos escenarios de discusión.
Mayoría política y responsabilidad institucional
La conformación de las comisiones tampoco puede analizarse al margen de la correlación política existente dentro del Congreso.
El PRM mantiene posiciones relevantes en las estructuras legislativas, pero las diferentes bancadas también cuentan con representación. En el Senado, los representantes políticos señalados son María Mercedes Ortiz por el PRM, Eduard Espiritusanto por la Fuerza del Pueblo y Rogelio Genao por el PRSC, además de la representación vinculada al Partido Primero la Gente.
En la Cámara Baja aparecen como voceros Amado Antonio Díaz Jiménez por el PRM, José David Báez por Fuerza del Pueblo, Ydenia Doñé por el PLD, además de representantes de otras organizaciones políticas.
La mayoría proporciona capacidad para impulsar una agenda, pero también incrementa la responsabilidad política de quienes controlan los principales espacios de decisión.
La verdadera prueba no estará simplemente en la cantidad de proyectos estudiados o aprobados, sino en la calidad de las leyes que finalmente produzca el Congreso.
Un Congreso que deberá demostrar resultados
La nueva distribución abre así un período importante para el Poder Legislativo.
El país enfrenta asuntos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, laborales y jurídicos que demandarán análisis especializados y capacidad de concertación.
El presidente del Senado recordó que todos los senadores pueden asistir a las comisiones que sean de su interés, aunque solamente quienes pertenecen oficialmente a ellas tienen derecho al voto.
En la Cámara de Diputados, al momento de anunciarse la nueva composición, todavía quedaban cinco mesas de trabajo pendientes de ser instauradas.
La reorganización de las comisiones, por tanto, representa apenas el comienzo.
El verdadero balance llegará cuando pueda determinarse si esta nueva estructura fue capaz de transformar los debates legislativos en leyes oportunas, técnicamente sólidas y capaces de responder a las necesidades de la sociedad dominicana.
Ese será, finalmente, el parámetro con el que deberá medirse el trabajo del Congreso durante esta nueva etapa.