SANTO DOMINGO- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, reiteró que históricamente sólo se piensa el debido proceso para los imputados, algo profundamente injusto para las víctimas que también están dentro del proceso y que son las que realmente han sufrido un daño.
En ese sentido, confió en que el Congreso convierta en ley el anteproyecto que busca garantizar la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales como un paso de avance en el proceso de aplicación, con equidad y justicia, de las garantías del debido proceso.
“Desde el Ministerio Público, en conjunto con el Poder Ejecutivo, hemos trabajado un anteproyecto de ley para la protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales, que esperamos que este año sea aprobado por el honorable Congreso de la República Dominicana y promulgado por el honorable señor Presidente”, dijo la titular del Ministerio Público al dictar una conferencia la mañana del jueves en el marco del Congreso Internacional “Victimología Aplicada”, organizado por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima).
En la apertura del evento, que concluyó al día siguiente, intervinieron Marien Montero Beard, rectora del IES-ENMP, y Arturo de las Heras, presidente del grupo educativo CEF-Udima.
En su conferencia “Justicia y reparación: un enfoque integral para las víctimas”, la Procuradora General de la República destacó la relevancia del proyecto de ley para dar respuesta a un vacío histórico en el sistema de justicia dominicano.
“No podemos avanzar sin un marco legal que garantice esa protección integral de las víctimas. Se hace impostergable, es una deuda histórica que debe ser pagada. La promulgación de esta ley de protección de víctimas, testigos y sujetos procesales en riesgo no es un lujo, es una necesidad urgente, ni siquiera es una actualización porque nunca hemos tenido una ley de protección de víctimas y testigo”, especificó la jurista durante su intervención en el congreso desarrollado por el IES-ENMP en el Auditorio de la Policía Nacional, de Santo Domingo.
Reynoso indicó que la ley de protección de los derechos de víctimas, testigos y sujetos procesales se sustentará en tres pilares: un programa de protección de víctimas y testigos, la representación legal a nivel nacional y un sistema de atención.
“Debemos tener un programa de protección que impida que una víctima, por miedo, sea silenciada. Debemos contar con un programa de protección de víctimas y testigos como una forma de garantizar que las víctimas puedan denunciar, que los testigos puedan testificar sin ningún temor, un modelo en el que la protección sea el eje central”, dijo.
“El Estado, a través de Defensoría Pública, les garantiza a los infractores el derecho irrenunciable a la defensa, y que bueno que sea así, no lo criticamos, de hecho, reconocemos el trabajo, nosotros lo único que aspiramos es que la víctima tenga el mismo derecho; es Constitucional, es legal y es una obligación jurídica del Ministerio Público garantizarlo”, explicó.
Detalló que el sistema de atención garantiza que toda víctima tenga acceso, además de medicina legal, a una atención clínica acorde a su caso específico.
“La reparación no solo deben ser palabras vacías, son la promesa de una sociedad mejor, una República Dominicana donde el derecho es un proceso justo, rápido y sobre todo, digno, que no sea un lujo o un derecho de una parte”, indicó.
Reynoso sostuvo que el sistema de justicia debe garantizar que las víctimas, “que no eligieron serlo”, tienen que encontrar la reparación, la paz y el respeto que merecen por un derecho violentado.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Durante su participación en el programa «Reseñas, el podcast», el funcionario explicó que el operativo nacional iniciará “el jueves 2 a partir de las 2:00 de la tarde” y se mantendrá “hasta el Domingo de Resurrección a las 6:00 de la tarde”, abarcando los días de mayor desplazamiento de personas.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.