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Yeni Berenice ve «necesidad» de fomentar los acuerdos penales
Santo Domingo, (EFE).- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, consideró hoy la «necesidad» de fomentar acuerdos penales por las ventajas procesales que representan para la administración de justicia.
«La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo; es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito, prácticamente, esa es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento, en la Fiscalía del Distrito a acordarse hasta un 40 % de ls casos», dijo la funcionaria.
La procuradora se refirió al tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, destacó una nota de su oficina.
Reynoso recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizás trascendían poco porque carecían de sonoridad, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de hacer acuerdos en materia penal, por escuela de pensamiento y por su visión de persecución penal estratégica.
«Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión», dijo.
Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.
Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el país se remonta al año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.
“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.
Hizo una reflexión respecto a otros países, como Estados Unidos, en donde hay muchos acuerdos que son sellados hasta por una década y más, “que por razones de seguridad el tribunal dispone: este acuerdo va a ser sellado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años y sanciona a cualquiera de las partes que haga pública las condiciones del acuerdo, porque entiende el tribunal que pudiera haber ciertos riesgo si se publica, y la sociedad no lo cuestiona, en caso de RD, todos son públicos”.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.