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Procuraduría ha bloqueado unas 50 cuentas por el caso Odebrecht

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Una fuente informó que también se han inmovilizado valores de inversión en bolsa

SANTO DOMINGO. Como parte de las medidas adoptadas contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, la Procuraduría General de la República les ha inmovilizado alrededor de 50 cuentas bancarias.

La información la confirmó a Diario Libre una fuente vinculada a la investigación, que precisó que el bloqueo se solicitó, y fue autorizado por el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, antes de que se adoptaran las medidas de coerción que pesan sobre 13 de los 14 implicados.

La inmovilización de las cuentas abarca a la totalidad de los imputados, así como a las compañías “sospechosas” que tienen algunos de ellos, indicó.

“También se le inmovilizaron los posibles valores e inversiones que tengan por ante los puestos de bolsa”, agregó la fuente.

Por el bloqueo de las cuentas bancarias se quejó Máximo De Óleo Ramírez, uno de los imputados por el caso, durante el conocimiento de la medida de coerción en la Suprema, el pasado 7 de junio.

“Todas mis cuentas, las de mis compañías que pagan impuestos religiosamente, que las formé en el año 1994, y en los últimos 3 años he desarrollado proyectos por más de 70 millones, y esa cuenta está bloqueada; y la cuentecita de mi pensión, que me depositan los chelitos que yo me he ganado durante 24 años de trabajo, sin vacaciones, la única vacación que yo he tomado es la de esta semana que me la he pasado en una celda, y ese patrimonio familiar, que si no puedo mover un centavo de lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente durante 38 años, ese patrimonio familiar me lo van a destruir porque se van a morir de hambre, porque yo no voy a poder trabajar para sostener y darle educación a mis hijos que aún están estudiando, y comida. Quiero decir eso para que el tribunal entienda que yo soy un hombre de trabajo, y necesito seguir trabajando”, expresó entonces.

De Óleo Ramírez cumple una coerción de tres meses de prisión en el penal de Najayo, imputado por la Procuraduría de recibir sobornos de parte de un ejecutivo de Odebrecht para que favoreciera los contratos de la presa de Pinalito cuando fungió como administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Los otros con medidas de coerción son el exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez.

También los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y el diputado Alfredo Pacheco, contra quienes se dictó impedimento de salida. Otros con medidas son Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa); el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González; el empresario y lobista Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Críticas a la investigación

La falta de medidas cautelares ha sido cuestionada por varios sectores a la investigación que lleva el procurador Jean Alain Rodríguez, por entender que daba oportunidad a que se distraigan pruebas del proceso.

diariolibre.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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