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Procuraduría incinera más de 11 toneladas de drogas en el 2013

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showimageSANTO DOMINGO.– Luego que la Procuraduría General de la República asumiera el pasado 28 de diciembre del 2012 la custodia e incineración de sustancias controladas en cumplimiento a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como en la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ha incinerado más de once toneladas de diferentes tipos de drogas.

En un total de 52 actividades de incineración el director del INACIF, Francisco Gerdo, detalló que los estupefacientes, con un peso total de 11 mil 232.66 kilogramos, corresponden a 9 mil 875.70 de cocaína, para un 87.92%; de marihuana mil 282.81, con un 11.42%, 62.72 de heroína con 0.56%, así como 11.14 de crack y 0.28 de Levometorfan.

Explicó que el INACIF recibe los casos de confiscación de los estupefacientes por parte de los organismos antinarcóticos del Estado y del Ministerio Público, y que en adición a ese total también fueron incinerados 867.07 kilogramos de sustancias que dieron negativo al ser analizadas en los laboratorios de esa dependencia de la Procuraduría, lo que corresponden a drogas falsas.

La cantidad en kilogramos de sustancias incineradas por mes fueron detalladas de la siguiente manera: Mil 733 en enero, 104 en febrero, 755 correspondiente al mes de marzo, reflejándose la mayor cantidad incinerada durante el pasado mes de abril, la cual ascendió a 2 mil 776 durante ese período, bajando en cantidad durante mayo en donde se incineraron 117 kilos de diferentes sustancias controladas.

Igualmente, la nota informativa de la PGR, detalla que en el mes de junio del año que termina, apenas se incineraron unos 73 kilos, así como 445 en julio, 959 en agosto, 751 en septiembre, mientras que en octubre se incineraron mil 505 kilos, en noviembre 224 y en diciembre hasta el 19 de este mes unos 475 kilos.

Las sustancias decomisadas por provincias con un volumen en kilogramos, corresponden 1,923 en Santo Domingo; 1,806 en La Romana; 1,794 en Pedernales; 1,684 en Azua; 1,524 en La Altagracia; 1,150 en Peravia; 211 en San José de Ocoa; 147 en Santiago; 133 en el Distrito Nacional; 115 en Elías Piña; 109 en Barahona; 106 en Montecristi, y 102 en Dajabón.

Asimismo, las autoridades reportaron que las provincias con menor decomiso de drogas fueron Independencia con 94; 51 en San Cristóbal; 45 en San Juan de la Maguana; 57 en la provincia Duarte, 40 en San Pedro de Macorís; 37 en Puerto Plata; 26 en El Seibo; 25 en La Vega, y 12 en Monseñor Nouel; 7 en Espaillat; 4 en Sánchez Ramírez; 3 en Samaná; 3 en Valverde; 4 en María Trinidad Sánchez; 2 en Monte Plata; 1 en Santiago Rodríguez; 1 en Hato Mayor; 1 en la provincia Hermanas Mirabal, y 1 en Bahoruco.

Las incineraciones, bajo la responsabilidad del INACIF, se iniciaron el 28 de diciembre del 2012, fecha en la que se quemaron mil 315 kilos de sustancias controladas.

La quema de las sustancias se realiza cada jueves en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, con la presencia de autoridades del Ministerio Público, representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública.

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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.

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Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero,  que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».

Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de  criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.

Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.

Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.

La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.

Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.

La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.

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La abogada María del Pilar Zuleta, parte del equipo de defensa de Donald Guerrero. (FUENTE EXTERNA)

La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.

María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.

«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.

Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.

«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.

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Tres querellas han sido presentadas en contra de Médico por abuso sexual.

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San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como  Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.

La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía  “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.

Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.

De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.

“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.

“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.

De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.

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Ponen plazo a defensa de Jean Alain para que presente su estrategia organizada

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SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz,  procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.

“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.

Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

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