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Procuraduría incinera más de 11 toneladas de drogas en el 2013
SANTO DOMINGO.– Luego que la Procuraduría General de la República asumiera el pasado 28 de diciembre del 2012 la custodia e incineración de sustancias controladas en cumplimiento a lo establecido en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como en la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), ha incinerado más de once toneladas de diferentes tipos de drogas.
En un total de 52 actividades de incineración el director del INACIF, Francisco Gerdo, detalló que los estupefacientes, con un peso total de 11 mil 232.66 kilogramos, corresponden a 9 mil 875.70 de cocaína, para un 87.92%; de marihuana mil 282.81, con un 11.42%, 62.72 de heroína con 0.56%, así como 11.14 de crack y 0.28 de Levometorfan.
Explicó que el INACIF recibe los casos de confiscación de los estupefacientes por parte de los organismos antinarcóticos del Estado y del Ministerio Público, y que en adición a ese total también fueron incinerados 867.07 kilogramos de sustancias que dieron negativo al ser analizadas en los laboratorios de esa dependencia de la Procuraduría, lo que corresponden a drogas falsas.
La cantidad en kilogramos de sustancias incineradas por mes fueron detalladas de la siguiente manera: Mil 733 en enero, 104 en febrero, 755 correspondiente al mes de marzo, reflejándose la mayor cantidad incinerada durante el pasado mes de abril, la cual ascendió a 2 mil 776 durante ese período, bajando en cantidad durante mayo en donde se incineraron 117 kilos de diferentes sustancias controladas.
Igualmente, la nota informativa de la PGR, detalla que en el mes de junio del año que termina, apenas se incineraron unos 73 kilos, así como 445 en julio, 959 en agosto, 751 en septiembre, mientras que en octubre se incineraron mil 505 kilos, en noviembre 224 y en diciembre hasta el 19 de este mes unos 475 kilos.
Las sustancias decomisadas por provincias con un volumen en kilogramos, corresponden 1,923 en Santo Domingo; 1,806 en La Romana; 1,794 en Pedernales; 1,684 en Azua; 1,524 en La Altagracia; 1,150 en Peravia; 211 en San José de Ocoa; 147 en Santiago; 133 en el Distrito Nacional; 115 en Elías Piña; 109 en Barahona; 106 en Montecristi, y 102 en Dajabón.
Asimismo, las autoridades reportaron que las provincias con menor decomiso de drogas fueron Independencia con 94; 51 en San Cristóbal; 45 en San Juan de la Maguana; 57 en la provincia Duarte, 40 en San Pedro de Macorís; 37 en Puerto Plata; 26 en El Seibo; 25 en La Vega, y 12 en Monseñor Nouel; 7 en Espaillat; 4 en Sánchez Ramírez; 3 en Samaná; 3 en Valverde; 4 en María Trinidad Sánchez; 2 en Monte Plata; 1 en Santiago Rodríguez; 1 en Hato Mayor; 1 en la provincia Hermanas Mirabal, y 1 en Bahoruco.
Las incineraciones, bajo la responsabilidad del INACIF, se iniciaron el 28 de diciembre del 2012, fecha en la que se quemaron mil 315 kilos de sustancias controladas.
La quema de las sustancias se realiza cada jueves en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército Nacional, con la presencia de autoridades del Ministerio Público, representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.