Nacionales
Yeni Berenice lidera plan integral para superar colapso penitenciario y fomentar la reinserción
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, ha puesto en marcha un ambicioso plan de quince iniciativas para transformar el sistema penitenciario dominicano.
El objetivo primordial es superar el colapso actual y garantizar la verdadera reinserción social, abordando las deficiencias que impiden la rehabilitación de los privados de libertad y su retorno a la sociedad.
Una de las iniciativas más destacadas es el catastro penitenciario, una medida que ya está generando resultados. Este proceso ha revelado la existencia de una cantidad significativa de privados de libertad que no están declarados o carecen de documentos de identidad.
La Procuraduría ha encontrado casos donde, incluso desde generaciones anteriores, no existen registros de identidad, lo que subraya la importancia fundamental de este catastro para el sistema judicial.
La Procuraduría está enfocada en establecer, por primera vez, un verdadero plan de tratamiento para la reinserción social. Este plan es tan abarcador que, en algunos casos, se buscará la «infección» (entendida como una reinserción completa y efectiva) más que la mera rehabilitación.
En cuanto a la sobrepoblación, Berenice Reynoso espera que, con la construcción de diez mil nuevas camas en centros penitenciarios, cuyo cronograma se esté cumpliendo, se supere el hacinamiento para diciembre de 2026.
Además, se implementará un sistema de vigilancia y, como propuesta innovadora de la Procuraduría, se separará la población de privados de libertad: preventivos de los condenados, y aquellos con imputaciones por delitos graves de los que enfrentan delitos menores. Esta separación comenzará este año en la cárcel de Las Parras, en Guerra.
Iniciativas de reinserción y transparencia
Resaltó que el plan piloto de tratamiento ya está en marcha en la provincia Hermanas Mirabal, con la participación de otras instituciones.
“La Procuraduría también está promoviendo la apertura de tres tiendas para la venta de productos fabricados por los privados de libertad: una virtual, una en el Este y otra en la Zona Colonial. Ya se realizó una feria exitosa y se programa otra para diciembre”.
La procuradora reafirmó su compromiso con la reforma penitenciaria, reconociendo que los privados de libertad mantienen sus derechos. Declaró que trabajan de cerca con la Defensa Pública, a la que le han abierto las puertas de todas las cárceles para su acceso.
La Suprema Corte de Justicia también tiene un programa para que los jueces de ejecución de la pena adopten una agenda más proactiva.
Se ha integrado al Defensor del Pueblo en el catastro, fomentando la transparencia. Desde la Procuraduría, aseguran que «no hay nada que esconder» y que existe un plan de mejora sistemático.
El Catastro: un modelo de gestión penitenciaria
Reynoso manifestó que el catastro es un modelo de gestión penitenciaria que va más allá de la mera constatación de datos biométricos.
Incluye una resonancia magnética, un perfil completo de cada individuo con análisis jurídico de su estatus y hallazgos compartidos con los demás actores del sistema, convalidando la información.
A partir del 5 de octubre, se espera tener la capacidad de consultar el historial y el plan de tratamiento de cualquier privado de libertad. Si bien el acceso público detallado a esta información aún está en discusión, se prevé poder ofrecerlo con los debidos resguardos.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.