Numerosos funcionarios del pasado y el actual gobierno han sido interrogados, incluyendo legisladores. EFE / AFP
Santo Domingo, RD.- Será a su “debido tiempo” cuando las autoridades del ministerio público procesarán penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas, según se desprende de las declaraciones dadas ayer por el procurador anticorrupción, Wilson Camacho.
Al ser cuestionado sobre la fecha en que iniciarían los arrestos a los funcionarios actuales y pasados que han sido interrogados y sobre las diligencias procesales que han realizado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señaló que “todo llegará a su debido tiempo”.
A su debido tiempo
“Estamos ahora conociendo el caso Odebrecht y hay un tiempo para todo debajo del sol, dicen las escrituras, y todo llegará a su debido tiempo”, expresó Camacho al ser entrevistado durante un receso del juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los acusados de los sobornos de la empresa constructora Norberto Odebrecht.
Reiteró que ahora se está conociendo el caso Odebrecht y que a lo demás le darán continuidad a su debido tiempo.
El pasado 13 de noviembre, Camacho escribió un mensaje en su cuenta de twitter sobre las implicaciones del trabajo que realiza para combatir la corrupción.
“Investigar corrupción es agotador, complejo, retador. Este trabajo exige alma, corazón y vida; demanda dar lo mejor de nosotros para hacer las cosas bien, para elevar el estándar. El momento implica además estar conscientes de nuestra obligación y responsabilidad histórica”, escribió Caamacho.
Espera valdrá la pena
La publicación fue hecha un día antes de que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora nacional de Persecución del Ministerio Público, hiciera un comentario similar, con cuyos mensajes al parecer estaban dando una señal de que se aproximan los arrestos a los interrogados por las declaraciones juradas de bienes.
“Extraño subir a audiencia, pero la espera valdrá por mucho la pena. ¡Vamos arriba… no les vamos a fallar!”, indicó la ex fiscal del Distrito Nacional.
Se trata de los dos funcionarios del ministerio público que dirigen los interrogatorios realizados a presentes y pasados incumbentes de la administración pública para que justifiquen el origen de sus bienes, siendo citados algunos por más de una ocasión.
Patrimonio injustificado
Anteriormente, la procuradora general, Miriam Germán Brito dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario sobre las declaraciones juradas de bienes que depositaron en la Cámara de Cuentas, a fin de que demuestren el origen de su patrimonio.
Previamente, la procuradora Germán Brito informó que abrirá una investigación preliminar a quienes falseen datos, exhiban un patrimonio injustificado o incumplan con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio, cuyas declaraciones se produjeron tras recibir en su despacho al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez.
Desde entonces se han interrogado numerosos funcionarios del pasado gobierno y del actual incluyendo legisladores.
SEPA MÁS
La ley y su violación
Fiscalización.
Las investigaciones están sustentadas en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que dispone que la PGR deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que violen la ley, al dejar de presentar su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas.
Investigación.
Ese artículo también establece que la información suministrada por la Cámara de Cuentas podrá ser utilizada por la Procuraduría para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario, y le otorga facultad para iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
