Numerosos funcionarios del pasado y el actual gobierno han sido interrogados, incluyendo legisladores. EFE / AFP
Santo Domingo, RD.- Será a su “debido tiempo” cuando las autoridades del ministerio público procesarán penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas, según se desprende de las declaraciones dadas ayer por el procurador anticorrupción, Wilson Camacho.
Al ser cuestionado sobre la fecha en que iniciarían los arrestos a los funcionarios actuales y pasados que han sido interrogados y sobre las diligencias procesales que han realizado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señaló que “todo llegará a su debido tiempo”.
A su debido tiempo
“Estamos ahora conociendo el caso Odebrecht y hay un tiempo para todo debajo del sol, dicen las escrituras, y todo llegará a su debido tiempo”, expresó Camacho al ser entrevistado durante un receso del juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los acusados de los sobornos de la empresa constructora Norberto Odebrecht.
Reiteró que ahora se está conociendo el caso Odebrecht y que a lo demás le darán continuidad a su debido tiempo.
El pasado 13 de noviembre, Camacho escribió un mensaje en su cuenta de twitter sobre las implicaciones del trabajo que realiza para combatir la corrupción.
“Investigar corrupción es agotador, complejo, retador. Este trabajo exige alma, corazón y vida; demanda dar lo mejor de nosotros para hacer las cosas bien, para elevar el estándar. El momento implica además estar conscientes de nuestra obligación y responsabilidad histórica”, escribió Caamacho.
Espera valdrá la pena
La publicación fue hecha un día antes de que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora nacional de Persecución del Ministerio Público, hiciera un comentario similar, con cuyos mensajes al parecer estaban dando una señal de que se aproximan los arrestos a los interrogados por las declaraciones juradas de bienes.
“Extraño subir a audiencia, pero la espera valdrá por mucho la pena. ¡Vamos arriba… no les vamos a fallar!”, indicó la ex fiscal del Distrito Nacional.
Se trata de los dos funcionarios del ministerio público que dirigen los interrogatorios realizados a presentes y pasados incumbentes de la administración pública para que justifiquen el origen de sus bienes, siendo citados algunos por más de una ocasión.
Patrimonio injustificado
Anteriormente, la procuradora general, Miriam Germán Brito dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario sobre las declaraciones juradas de bienes que depositaron en la Cámara de Cuentas, a fin de que demuestren el origen de su patrimonio.
Previamente, la procuradora Germán Brito informó que abrirá una investigación preliminar a quienes falseen datos, exhiban un patrimonio injustificado o incumplan con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio, cuyas declaraciones se produjeron tras recibir en su despacho al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez.
Desde entonces se han interrogado numerosos funcionarios del pasado gobierno y del actual incluyendo legisladores.
SEPA MÁS
La ley y su violación
Fiscalización.
Las investigaciones están sustentadas en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que dispone que la PGR deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que violen la ley, al dejar de presentar su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas.
Investigación.
Ese artículo también establece que la información suministrada por la Cámara de Cuentas podrá ser utilizada por la Procuraduría para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario, y le otorga facultad para iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales.
listindiario.com
Santo Domingo. – A partir del primero de agosto la Junta Central Electoral (JCE) tendrá nuevos horarios de atención en los Centros de Cedulación de Servicio Extendido (anteriormente denominados Centros de Servicios Continuos).
El Pleno de la JCE dispuso que los centros de servicio extendido ofrecerán atención a la ciudadanía de lunes a domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche.
La medida aplicará a los centros ubicados en Barahona, Herrera, Distrito Nacional, La Romana, La Vega, Las Américas, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Santiago.
En ese sentido, la JCE precisó que los ciudadanos con citas programadas en el horario de la madrugada (de 12:00 a. m. a 07:00 a. m.), podrán presentarse en cualquiera de los centros de cedulación, según el horario de servicio correspondiente, sin importar el mes de cumpleaños.
Santo Domingo.- Una accion directa de inconstitucionalidad sometió el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ante el Tribunal Constitucional una contra el artículo 310 del recién modificado Código Penal.
El recurso fue encabezado por Trajano Potentini, presidente del gremio, quien considera que su contenido entra en contradicción con garantías esenciales del orden constitucional, particularmente el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad del ejercicio profesional del derecho.
Potentini acudió a la sede de la jurisdicción constitucional acompañado de miembros de la directiva del gremio, presidentes de seccionales y de expresidentes del Colegio de Abogados, en una manifestación institucional con la que la organización procura defender no solamente las prerrogativas de los profesionales del derecho, sino también las garantías que asisten a toda persona que requiere representación y asistencia jurídica efectiva.
El presidente del CARD explicó que la acción constitucional tiene como propósito que el Tribunal Constitucional examine la compatibilidad del artículo impugnado con los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución dominicana, especialmente aquellos vinculados al libre y pleno ejercicio del derecho de defensa.
Dijo que cualquier regulación penal que pueda incidir sobre la actuación profesional de los abogados debe ser examinada con especial rigor constitucional, debido a que el abogado constituye una pieza esencial para hacer efectivo el acceso a la justicia.
Sostuvo que la defensa técnica no puede ser concebida como una concesión del Estado ni como una función secundaria dentro del sistema de justicia. Por el contrario, representa una garantía indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente sus derechos frente a una investigación, acusación o proceso judicial.
En ese contexto, el CARD considera necesario preservar un marco normativo que permita a los abogados ejercer sus funciones con independencia, seguridad jurídica y respeto a la naturaleza de su profesión.
Señaló que la controversia planteada trasciende los intereses particulares de los abogados. Según Potentini, cuando se afecta la independencia o la dignidad de quienes ejercen la defensa técnica también pueden verse comprometidos los derechos de los ciudadanos representados por esos profesionales.
Potentini destacó que la Constitución reconoce el debido proceso y el derecho de defensa como garantías fundamentales que deben observarse en toda actuación judicial y administrativa. En consecuencia, afirmó que las normas deben interpretarse de manera compatible con esos postulados.
La acción solicita la intervención del Tribunal Constitucional en su condición de órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Corresponderá a esa alta corte examinar los argumentos y determinar la conformidad o no de la disposición cuestionada con la Carta Sustantiva.
El CARD informó que dará seguimiento al curso procesal de la acción y reiteró su confianza en que el debate jurídico permitirá delimitar adecuadamente el alcance de la disposición impugnada conforme a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Santo Domingo, R.D.-En franca violacion del mandato constitucional del plazo de 48 horas para someter ante un juez competente a una persona detenida se produce con casos que tienen que sufrir que se tiempo de extienda por didas, semanas e incluso en meses, segun denuncia de muchos afectados.
Y cuando finalmente un tribunal ordena la libertad, salir del destacamento tampoco ocurre de inmediato.
La situación ha quedado evidenciada con los 13 ciudadanos que permanecen más de 30 días detenidos en los destacamentos del Ensanche Felicidad y Vietnam, en Santo Domingo Este, sin haber sido sometidos al control de un juez y sin que existiera registro de un proceso penal en su contra.
Aunque un tribunal acogió el hábeas corpus presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y ordenó su libertad inmediata, varios días después la decisión aún se encuentra en proceso de ejecución.
La decisión legal de la liberación de los 13 detenidos ocurrió después de que una inspección de la Defensa Pública encontrara a 16 personas privadas de libertad en los destacamentos de Felicidad y Vietnam. Trece llevaban más de un mes detenidas sin haber comparecido ante un juez.
Durante la audiencia, el Ministerio Público informó al tribunal que no encontró solicitudes de medidas de coerción ni actuaciones procesales relacionadas con esas personas.
Según relataron, los agentes explicaron que el retraso obedecía a la falta de vehículos para trasladarlo hasta la fiscalía.
Sin embargo, cuando consultaron el sistema del Poder Judicial, descubrieron que tampoco existía una solicitud de medida de coerción depositada y ante esa situación, interpusieron un nuevo hábeas corpus.
Para la Defensa Pública, la ausencia de transporte se ha convertido en una de las explicaciones más frecuentes para justificar los retrasos.
«No había sucedido antes con esta magnitud. Ahora uno de los argumentos recurrentes es que no hay vehículos para trasladar a los detenidos», explicó Figuereo.
La defensora sostuvo que esa situación no solo afecta a quienes esperan ser presentados ante un juez por primera vez, sino también las audiencias de medidas de coerción.
«Si hay 65 audiencias fijadas, 45 o 50 terminan aplazándose por falta de traslado«, aseguró.
El hábeas corpus tampoco acelera siempre la libertad.
Las defensoras afirman que incluso cuando presentan acciones constitucionales para recuperar la libertad de un detenido, el proceso suele enfrentar nuevos obstáculos.
Según Figuereo, en algunos casos el Ministerio Público solicita aplazamientos de las audiencias de hábeas corpus para ganar tiempo.
«La táctica dilatoria que está haciendo el Ministerio Público es pedir aplazamiento para depositar la solicitud de medida de coerción. Cuando vuelve la audiencia, aparece el vehículo, trasladan al imputado y conocen la medida», afirmó.
El artículo 40 de la Constitución dispone que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto.
El artículo 71 reconoce el hábeas corpus como el mecanismo para restablecer ese derecho cuando la privación de libertad es ilegal o irrazonable.
Sin embargo, para la Defensa Pública, las visitas diarias a los destacamentos muestran una realidad distinta.
Las inspecciones no solo verifican el tiempo de detención. También revisan si los privados de libertad han recibido alimentos, agua, atención médica y si han sido objeto de maltratos.
«Mucha gente ni siquiera sabe por qué está detenida o que tiene derecho a ser presentada ante un juez en 48 horas«, señaló la defensora pública Dilenny Morel.
La historia de los 13 ciudadanos resume la paradoja que describen las defensoras. Entraron a los destacamentos sin que posteriormente se formalizara un proceso judicial.
Un tribunal ordenó su libertad. Pero la ejecución de esa decisión también requirió nuevos trámites, seguimiento de los abogados y espera.
Para la Defensa Pública, esa secuencia refleja un problema que trasciende un caso particular: en algunos destacamentos dominicanos no solo resulta fácil entrar; también puede ser muy difícil salir, incluso cuando un juez ya ordenó la libertad.
