Numerosos funcionarios del pasado y el actual gobierno han sido interrogados, incluyendo legisladores. EFE / AFP
Santo Domingo, RD.- Será a su “debido tiempo” cuando las autoridades del ministerio público procesarán penalmente a quienes no puedan justificar el patrimonio que reportaron ante la Cámara de Cuentas, según se desprende de las declaraciones dadas ayer por el procurador anticorrupción, Wilson Camacho.
Al ser cuestionado sobre la fecha en que iniciarían los arrestos a los funcionarios actuales y pasados que han sido interrogados y sobre las diligencias procesales que han realizado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) señaló que “todo llegará a su debido tiempo”.
A su debido tiempo
“Estamos ahora conociendo el caso Odebrecht y hay un tiempo para todo debajo del sol, dicen las escrituras, y todo llegará a su debido tiempo”, expresó Camacho al ser entrevistado durante un receso del juicio que conoce el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a los acusados de los sobornos de la empresa constructora Norberto Odebrecht.
Reiteró que ahora se está conociendo el caso Odebrecht y que a lo demás le darán continuidad a su debido tiempo.
El pasado 13 de noviembre, Camacho escribió un mensaje en su cuenta de twitter sobre las implicaciones del trabajo que realiza para combatir la corrupción.
“Investigar corrupción es agotador, complejo, retador. Este trabajo exige alma, corazón y vida; demanda dar lo mejor de nosotros para hacer las cosas bien, para elevar el estándar. El momento implica además estar conscientes de nuestra obligación y responsabilidad histórica”, escribió Caamacho.
Espera valdrá la pena
La publicación fue hecha un día antes de que la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora nacional de Persecución del Ministerio Público, hiciera un comentario similar, con cuyos mensajes al parecer estaban dando una señal de que se aproximan los arrestos a los interrogados por las declaraciones juradas de bienes.
“Extraño subir a audiencia, pero la espera valdrá por mucho la pena. ¡Vamos arriba… no les vamos a fallar!”, indicó la ex fiscal del Distrito Nacional.
Se trata de los dos funcionarios del ministerio público que dirigen los interrogatorios realizados a presentes y pasados incumbentes de la administración pública para que justifiquen el origen de sus bienes, siendo citados algunos por más de una ocasión.
Patrimonio injustificado
Anteriormente, la procuradora general, Miriam Germán Brito dijo que se llamará a interrogatorio a todo el que sea necesario sobre las declaraciones juradas de bienes que depositaron en la Cámara de Cuentas, a fin de que demuestren el origen de su patrimonio.
Previamente, la procuradora Germán Brito informó que abrirá una investigación preliminar a quienes falseen datos, exhiban un patrimonio injustificado o incumplan con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio, cuyas declaraciones se produjeron tras recibir en su despacho al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez.
Desde entonces se han interrogado numerosos funcionarios del pasado gobierno y del actual incluyendo legisladores.
SEPA MÁS
La ley y su violación
Fiscalización.
Las investigaciones están sustentadas en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que dispone que la PGR deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que violen la ley, al dejar de presentar su declaración jurada ante la Cámara de Cuentas.
Investigación.
Ese artículo también establece que la información suministrada por la Cámara de Cuentas podrá ser utilizada por la Procuraduría para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario, y le otorga facultad para iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales.
listindiario.com
Santo Domingo.- Los contratos de concesion minera suscritos en el Estado dominicano y la Falcombridge Dominicana, S.A. (Falcondo) fueron cancelados por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), poniendo fin a una relación contractual de casi siete décadas sobre la concesión Quisqueya I, ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA, presidida por el magistrado Antonio O. Sánchez Mejía e integrada por los jueces Úrsula J. Carrasco Márquez y Edward A. Abreu, mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, de fecha 12 de agosto de 2026.
El fallo alcanza los contratos suscritos el 24 de diciembre de 1956 y el 26 de septiembre de 1969.
La acción fue interpuesta en julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), en representación del Estado dominicano, tras identificarse incumplimientos relacionados con la explotación de los yacimientos, obligaciones económicas y laborales, así como con la presentación de informes técnicos exigidos por la legislación minera.
Entre los elementos valorados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en cuenta que Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.
La terminación de los contratos se produce en medio de una crisis marcada por el cese abrupto de las operaciones de Falcondo.
Tras la paralización de noviembre de 2023, la empresa entró en una etapa de cuidado y mantenimiento, sin ejecutar un plan de cierre ordenado, situación que derivó en la desvinculación de trabajadores y en incumplimientos de compromisos con empleados, contratistas y suplidores locales.
En 2024, más de 900 trabajadores fueron desvinculados y recibieron sus prestaciones laborales mediante la intervención del FONPER, en representación del Estado dominicano.
A estos se sumó un grupo de exempleados cuyos contratos fueron terminados en marzo de 2026 y que mantiene reclamaciones laborales pendientes que, según sus voceros, ascienden a unos RD$300 millones.
of-am
Santo Domingo, R.D.-No culpables fueron declarados los propietarios de la empresa Vidal Plast por el Segundo Tribunal Colegiado de San Cristóbal, quienes estaban acusados de la explosión en la provincia San Cristóbal que dejó un saldo de 38 fallecidos el 14 de agosto de 2023.
La jueza Wilma Altagracia Cuello descargó a los imputados, Edward Armando Vidal Garrido, su esposa, Maribel Sandoval Almánzar, y su hija, Mercedes Altagracia Vidal, quienes son propietarios de Vidal Plast.
Al salir de la audiencia, los familiares de las víctimas de la tragedia se mostraron a favor de la decisión de la magistrada, al considerar que la familia Vidal no era la responsable de los hechos que se le imputaban.
Ante esto, pidieron que se inicie una nueva investigación con el fin de dar con los “verdaderos responsables” de la explosión que dejó más de una decena de heridos.
En 2023, tras ser acusada por el Ministerio Público, la empresa Vidal Plast expresó su “gran sorpresa e indignación” por la responsabilidad que se le atribuye en un comunicado del Ministerio Público y resaltó que “somos una empresa familiar que, con apego a las leyes, desde 2003 se dedica a la compra y venta de materiales plásticos que reciclamos convirtiéndolos en materia prima”.
La explosión en San Cristóbal se registró alrededor de las 3:10 de la tarde del 14 de agosto de 2023. Los bomberos explicaron que se creó una deflagración de llamas que generaron ondas expansivas hacia los laterales y hacia el techo del comercio ubicado en la calle Padre Ayala, casi esquina J. Peynado, epicentro del evento.
El siniestro dejó un saldo de 38 las víctimas, 59 personas que sufrieron lesiones de leves a graves, más de 12 viviendas afectadas y al menos 70 negocios afectados.
Santo Domingo, R.D.-Andres Modesto Cruz Cruz, destituido director de la Policia Nacional, sólo duró seis meses en el cargo, quien además fue colocado en estado de retiro tras el cese de sus responsabilidades.
Su gestión termina marcada por dos hechos que han sacudido al país. Uno de ellos es el paro en el municipio de Navarrete, que inicialmente fue convocado por 48 horas, sin embargo, se extendió por 24 horas más ante la falta de respuestas a los reclamos planteados por los sectores.
La protesta se realizó con el fin de que las autoridades brinden soluciones a los problemas que, según los grupos populares, afectan a las comunidades de Navarrete. Entre las denuncias que los comunitarios realizan están la falta de agua potable, la terminación y reubicación del vertedero municipal y la mejora del servicio eléctrico.
Sin embargo, tras las 72 horas de protestas, los grupos populares decidieron levantar el paro y conceder un plazo de 15 días para esperar el desarrollo de las conversaciones con las autoridades. Concluida la espera, evaluaran las respuestas y determinaran las acciones que asumirán en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Asimismo, un hecho que marcó el quinto mes de Modesto Cruz y, que dio inicio a debates sobre los protocolos policiales y el uso de la fuerza, fue la muerte de Darlin Mercado Reyes: un joven de 19 años, residente del sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, que falleció tras resultar herido de bala durante una actuación policial.
Posteriormente, Mercado se acercó al agente para indicarle que el vehículo era de su propiedad y, es en ese momento, cuando sin mediar palabras, le disparó en el tórax ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Más tarde, los agentes observados en el video fueron suspendidos y, durante el conocimiento de la medida de coerción, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra Moreta. El imputado fue llevado a una celda de máxima seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Modesto Cruz Cruz asumió el cargo el 17 de febrero del año en curso luego de haberse desempeñado como inspector general de la Policía. En el momento, había sustituido al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta quien, tras su salida, fue designado como asesor del presidente en materia policial.
Dentro de las funciones que desempeñó Modesto, previo a su labor como director, se encuentran la de director central de Asuntos Internos (DICAI), director regional Sur y subinspector general. Además, formó parte de posiciones en recursos humanos, protección y servicios especializados, seguridad preventiva y dependencias operativas.
Obtuvo reconocimientos como la medalla al mérito del servidor público, merito aéreo distintivo azul y la orden al mérito naval. De igual forma, recibió cartas de felicitaciones por su desempeño durante procesos electorales y operativos preventivos de alcance nacional.
Al asumir el cargo, Cruz se había comprometido a continuar el trabajo de Peralta en cuanto a la reducción de la tasa de criminalidad. Aseguró que en su gestión sus ejecutorias laborales no procurarían la acumulación paulatina de poder y posiciones jerárquicas.
Con la nueva designación queda derogado el artículo 1 del Decreto número 111-26, del 17 de febrero del 2026, mediante el cual había sido designado al ex director Andrés Modesto Cruz Cruz.
