Nacionales
Prohibirán las pelas
Dentro de poco dejaremos de escuchar el usual alboroto que se produce en algunos hogares donde parece que se está acabando el mundo, a juzgar por el correteo y pataleo de los muchachos y sus voces desesperadas implorando “no me des, no me des”, “ya no me des más, ya está bueno” o cuando por el ahogo del llanto sólo puede decir: ya, ya, ya …..
Será difícil volver a ver en los barrios marginados a una madre quitándose las chancletas para poder correr con más rapidez y alcanzar con furor al niño, niña o adolescentes que huye de la picazón que produce la correa, la vara de una planta o el palo de la escoba cuando todos los problemas de su progenitora son descargados sobre su malcriadeza o travesura.
La clásica escena del padre quitándose la correa y llamando al menor en tono amenazante: “Venga acá, te voy a dar; si sales corriendo te daré más duro”, le supondrá al adulto conocer los barrotes de la cárcel y reflexionar allí cuánto le ha costado el placer que sintió al concebir al hijo y el error de pensar que podía hacer lo que quisiera porque era una “cosa suya”.
En las escuelas ya el profesor o profesora no tendrá licencia para dar reglazos, bofetadas, halones de pelo, de oreja o de brazo cuando un chiquillo le falte al respeto; pero tampoco los directores de ningún centro escolar podrán expulsar a ningún estudiante por su mala conducta, sino por el contrario, deberán responder ante las autoridades por no haber tenido la capacidad de resolver cualquier situación dentro de los parámetros de la comprensión y educación.
Ningún adulto podrá, tampoco, golpear a un menor en público, como vemos usualmente en plazas, parques, tiendas, supermercados y salones de belleza cuando un muchacho se revoltea porque ya está cansado de estar en ese lugar y pide, con malcriadezas, “vamos de aquí”, pero la respuesta es un pescozón, un empujón o una amenaza de que cuando lleguen a la casa ya verá lo que le va a pasar. El temor a la golpiza durante las horas que tarden en llegar al hogar serán tipificadas como abuso psicológico.
También quedarán totalmente prohibidas las humillaciones al usar denominaciones como: “Boca de burro”, “idiota”, “estúpido”, “tonto”, “desgraciado” “maldito muchacho”, “hija de la gran puta”, “mal parido”, “endemoniado”, “diente de conejo”, “caco ‘e maco”, “cabezón”, etc. y conllevarán distintas sanciones, tanto dentro del hogar como en las escuelas.
El proyecto “Hoja de Ruta”, que ejecutará el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, pondrá fin a los ojos morados de los niños debido a las bofetadas a ciegas de los mayores, a los “cachetes” enrojecidos, laceraciones en los brazos, piernas o nalgas, y a las depresiones que los inutiliza al sentir que valen muy poco y que no pueden hacer nada para evitar esas agresiones.
Este plan de erradicación de la violencia infantojuvenil, que el gobierno tiene como meta conseguir como una de sus mayores obras de educación y salud intrafamiliar y escolar, incluirá a todos los sectores del país, quienes tendrán el compromiso de colaborar con esta misión que sólo quiere llevar paz a los hogares y a las escuelas.
El sector privado, por ejemplo, podrá colaborar con mensajes de paz en los establecimientos comerciales colocando pequeños letreros al lado de los artículos utilizados para golpear a los niños, tales como correas. En estos tramos deberá haber mensajes que digan: “Prohibido dar pelas con esta prenda”, “Sólo para pantalones”, o el signo de (X) “No usar como castigo”.
Igualmente los productores de fósforos podrán hacer campañas para alertar que ese artículo es sólo para encender la leña, “no usar para quemar niños”, o para quemar la mano del niño; en los supermercados los palos de las escobas deberán tener un letrero que diga “Sólo para barrer”, “No para golpear niños”. Y en las cremas de las manos poner algunos mensajes que digan: “No golpés a los niños para que tus manos no se endurezcan”.
Pero el reto fundamental de este proyecto es hacer que se cumpla la Ley 136-03 sobre Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta a la prohibición de la violencia intrafamiliar. Esta vez se implementarán nuevos recursos de fiscalización, como son las cámaras de video, las motivaciones para las denuncias y la preparación de los chiquillos para que aprendan a denunciar las agresiones de las que son víctimas.
Ningún adulto escapará a la sanción o condena judicial si se demuestra que ha maltratado a su hijo, pero más que una medida coercitiva, lo que se quiere es enseñar a los padres a educar de una manera diferente, aprendiendo desde que salen de las clínicas u hospitales con los bebés recién nacidos. Como requisito para salir deberán asistir a una charla en las que se les explicarán las diferentes etapas por las que atraviesan los infantes durante todas las etapas de su vida.
De esta manera se les estaría dotando de una herramienta útil para comprender porqué los niños lloran y así evitar darles nalgadas tan temprano; por qué son malcriados, por qué actúan con rebeldía, no quieren comer, ir a la escuela; no desean hacer las tareas, evitan bañarse, molestan al hermano o hermana, se burlan de sus amigos; por qué gozan diciendo malas palabras, cuestionan a los padres o los enfrentan y otras actitudes que enfurecen a los progenitores o profesores y los hacen recurrir a la violencia.
La Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta Nacional 2015- 2018 para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana fue presentada en un emotivo acto celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la presencia del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, en nombre del presidente Danilo Medina; la presidenta del Conani, Kirsys Fernández y la representante de la ONU para el capítulo Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais.
Honrando a la fundadora del Conani, doña Renée Klang de Guzmán, estuvo presente su hija Sonia Guzmán, así como la vicecanciller Radhys Abreu, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; el joven Raúl de la Cruz, quien clamaban a viva voz el cese de la violencia contra los niños y el respeto a sus derechos fundamentales.
El Plan de Trabajo de prevención contra la violencia intrafamiliar se llevará a cabo mediante la resolución No. 01-2014 dotando al Sistema Nacional de Protección de la articulación de los esfuerzos del Estado, los organismos internacionales, las agencias no gubernamentales y la sociedad civil de las herramientas para concretizar la obligatoriedad de Proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes y prevenir y combatir todas las formas de violencia.
Por el Estado asumen este compromiso, además de la presidenta del Conani, el procurador Francisco Domínguez Brito; los ministros de Educación, Salud Pública, de la Mujer y de Trabajo, Carlos Baret, Altagracia Guzmán, Maritza Hernández y Alejandrina Germán, respectivamente, así como Johnny Jones, en representación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), que agrupa a todos los ayuntamientos del país.
Por el sector privado firmaron el acuerdo el anterior presidente del Consejo de la Empresa Privada (Conep), Manuel Diez Cabral; el vicepresidente de Visión Mundial, David Cotes; el reverendo Ángel Sánchez, de Muchachos y Muchachas con Don Bosco; Fidel Lorenzo, representante de las iglesias evangélicas, y José de los Santos, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
En cuatro ejes fundamentales se enfocará este proyecto: 1) Lograr hogares y familias sin violencia, 2) Escuelas seguras y libres de violencia, 3) Un entorno institucional y de justicia sin violencia y protectora de los derechos y 4) Comunidad sin violencia y protectora de los niños, niñas y adolescentes.
La Hoja de Ruta ampliará el sistema de apoyo y orientación a los progenitores, la familia, los maestros y los comunitarios para desarrollar una maternidad y paternidad responsable que reduza la violencia intrafamiliar, como también maestros instruidos que no se resistan a los cambios de la enseñanza de hoy y observadores comunitarios que respondan al llamado de protección de la niñez y adolescencia.
También procurará fortalecer los servicios de detección de violencia y recuperación de las víctimas; revisar y actualizar el marco legal vigente para prohibir explícitamente el castigo corporal en el ámbito familiar; lograr que el sistema de justicia penal juvenil responda a los objetivos de la educación y reinserción escolar previstos por la ley.
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CIFRAS ALARMANTES CONANI-UNICEF 2012
LA REGIÓN
En América Latina y el Caribe seis millones de niños, niñas y adolescentes sufren de abusos severos, incluyendo abandono y explotación; 80 mil mueren cada año por abuso de sus propios padres, mientras que los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad representan el 28.7% de las víctimas de homicidios en la región.
REP. DOMINICANA
En este país en el 67.4% de los hogares se utiliza el castigo físico y psicológico para disciplinar a los hijos y no se reconoce este hecho como una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino, por el contrario, el 59% de las personas responsabiliza a las víctimas menores de edad de haber provocado la agresión, lo que evidencia una cultura tolerante del maltrato.
VIOLENCIA
Violencia contra la niñez o adolescencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, o explotación sexual o laboral”, según el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que el Estudio Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2002 la describe como “El uso intencional de la fuerza o poder físico como una amenaza contra la víctima a una agresión mayor que puede conllevar graves daños físicos y hasta la muerte”.
PREVENCIÓN
En los principios de la Hoja de Ruta se establece que la violencia intrafamiliar es prevenible y que el Estado debe invertir ampliamente en programas basados en abordar estos temas para lograr que los adultos entiendan que no tienen derecho a dañar la vida de los menores; que los niños aprendan a reclamar con altura sus derechos y que la sociedad se sensibilice e integre.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.