Nacionales
Prohibirán las pelas
Dentro de poco dejaremos de escuchar el usual alboroto que se produce en algunos hogares donde parece que se está acabando el mundo, a juzgar por el correteo y pataleo de los muchachos y sus voces desesperadas implorando “no me des, no me des”, “ya no me des más, ya está bueno” o cuando por el ahogo del llanto sólo puede decir: ya, ya, ya …..
Será difícil volver a ver en los barrios marginados a una madre quitándose las chancletas para poder correr con más rapidez y alcanzar con furor al niño, niña o adolescentes que huye de la picazón que produce la correa, la vara de una planta o el palo de la escoba cuando todos los problemas de su progenitora son descargados sobre su malcriadeza o travesura.
La clásica escena del padre quitándose la correa y llamando al menor en tono amenazante: “Venga acá, te voy a dar; si sales corriendo te daré más duro”, le supondrá al adulto conocer los barrotes de la cárcel y reflexionar allí cuánto le ha costado el placer que sintió al concebir al hijo y el error de pensar que podía hacer lo que quisiera porque era una “cosa suya”.
En las escuelas ya el profesor o profesora no tendrá licencia para dar reglazos, bofetadas, halones de pelo, de oreja o de brazo cuando un chiquillo le falte al respeto; pero tampoco los directores de ningún centro escolar podrán expulsar a ningún estudiante por su mala conducta, sino por el contrario, deberán responder ante las autoridades por no haber tenido la capacidad de resolver cualquier situación dentro de los parámetros de la comprensión y educación.
Ningún adulto podrá, tampoco, golpear a un menor en público, como vemos usualmente en plazas, parques, tiendas, supermercados y salones de belleza cuando un muchacho se revoltea porque ya está cansado de estar en ese lugar y pide, con malcriadezas, “vamos de aquí”, pero la respuesta es un pescozón, un empujón o una amenaza de que cuando lleguen a la casa ya verá lo que le va a pasar. El temor a la golpiza durante las horas que tarden en llegar al hogar serán tipificadas como abuso psicológico.
También quedarán totalmente prohibidas las humillaciones al usar denominaciones como: “Boca de burro”, “idiota”, “estúpido”, “tonto”, “desgraciado” “maldito muchacho”, “hija de la gran puta”, “mal parido”, “endemoniado”, “diente de conejo”, “caco ‘e maco”, “cabezón”, etc. y conllevarán distintas sanciones, tanto dentro del hogar como en las escuelas.
El proyecto “Hoja de Ruta”, que ejecutará el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, pondrá fin a los ojos morados de los niños debido a las bofetadas a ciegas de los mayores, a los “cachetes” enrojecidos, laceraciones en los brazos, piernas o nalgas, y a las depresiones que los inutiliza al sentir que valen muy poco y que no pueden hacer nada para evitar esas agresiones.
Este plan de erradicación de la violencia infantojuvenil, que el gobierno tiene como meta conseguir como una de sus mayores obras de educación y salud intrafamiliar y escolar, incluirá a todos los sectores del país, quienes tendrán el compromiso de colaborar con esta misión que sólo quiere llevar paz a los hogares y a las escuelas.
El sector privado, por ejemplo, podrá colaborar con mensajes de paz en los establecimientos comerciales colocando pequeños letreros al lado de los artículos utilizados para golpear a los niños, tales como correas. En estos tramos deberá haber mensajes que digan: “Prohibido dar pelas con esta prenda”, “Sólo para pantalones”, o el signo de (X) “No usar como castigo”.
Igualmente los productores de fósforos podrán hacer campañas para alertar que ese artículo es sólo para encender la leña, “no usar para quemar niños”, o para quemar la mano del niño; en los supermercados los palos de las escobas deberán tener un letrero que diga “Sólo para barrer”, “No para golpear niños”. Y en las cremas de las manos poner algunos mensajes que digan: “No golpés a los niños para que tus manos no se endurezcan”.
Pero el reto fundamental de este proyecto es hacer que se cumpla la Ley 136-03 sobre Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta a la prohibición de la violencia intrafamiliar. Esta vez se implementarán nuevos recursos de fiscalización, como son las cámaras de video, las motivaciones para las denuncias y la preparación de los chiquillos para que aprendan a denunciar las agresiones de las que son víctimas.
Ningún adulto escapará a la sanción o condena judicial si se demuestra que ha maltratado a su hijo, pero más que una medida coercitiva, lo que se quiere es enseñar a los padres a educar de una manera diferente, aprendiendo desde que salen de las clínicas u hospitales con los bebés recién nacidos. Como requisito para salir deberán asistir a una charla en las que se les explicarán las diferentes etapas por las que atraviesan los infantes durante todas las etapas de su vida.
De esta manera se les estaría dotando de una herramienta útil para comprender porqué los niños lloran y así evitar darles nalgadas tan temprano; por qué son malcriados, por qué actúan con rebeldía, no quieren comer, ir a la escuela; no desean hacer las tareas, evitan bañarse, molestan al hermano o hermana, se burlan de sus amigos; por qué gozan diciendo malas palabras, cuestionan a los padres o los enfrentan y otras actitudes que enfurecen a los progenitores o profesores y los hacen recurrir a la violencia.
La Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta Nacional 2015- 2018 para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana fue presentada en un emotivo acto celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la presencia del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, en nombre del presidente Danilo Medina; la presidenta del Conani, Kirsys Fernández y la representante de la ONU para el capítulo Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais.
Honrando a la fundadora del Conani, doña Renée Klang de Guzmán, estuvo presente su hija Sonia Guzmán, así como la vicecanciller Radhys Abreu, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; el joven Raúl de la Cruz, quien clamaban a viva voz el cese de la violencia contra los niños y el respeto a sus derechos fundamentales.
El Plan de Trabajo de prevención contra la violencia intrafamiliar se llevará a cabo mediante la resolución No. 01-2014 dotando al Sistema Nacional de Protección de la articulación de los esfuerzos del Estado, los organismos internacionales, las agencias no gubernamentales y la sociedad civil de las herramientas para concretizar la obligatoriedad de Proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes y prevenir y combatir todas las formas de violencia.
Por el Estado asumen este compromiso, además de la presidenta del Conani, el procurador Francisco Domínguez Brito; los ministros de Educación, Salud Pública, de la Mujer y de Trabajo, Carlos Baret, Altagracia Guzmán, Maritza Hernández y Alejandrina Germán, respectivamente, así como Johnny Jones, en representación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), que agrupa a todos los ayuntamientos del país.
Por el sector privado firmaron el acuerdo el anterior presidente del Consejo de la Empresa Privada (Conep), Manuel Diez Cabral; el vicepresidente de Visión Mundial, David Cotes; el reverendo Ángel Sánchez, de Muchachos y Muchachas con Don Bosco; Fidel Lorenzo, representante de las iglesias evangélicas, y José de los Santos, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
En cuatro ejes fundamentales se enfocará este proyecto: 1) Lograr hogares y familias sin violencia, 2) Escuelas seguras y libres de violencia, 3) Un entorno institucional y de justicia sin violencia y protectora de los derechos y 4) Comunidad sin violencia y protectora de los niños, niñas y adolescentes.
La Hoja de Ruta ampliará el sistema de apoyo y orientación a los progenitores, la familia, los maestros y los comunitarios para desarrollar una maternidad y paternidad responsable que reduza la violencia intrafamiliar, como también maestros instruidos que no se resistan a los cambios de la enseñanza de hoy y observadores comunitarios que respondan al llamado de protección de la niñez y adolescencia.
También procurará fortalecer los servicios de detección de violencia y recuperación de las víctimas; revisar y actualizar el marco legal vigente para prohibir explícitamente el castigo corporal en el ámbito familiar; lograr que el sistema de justicia penal juvenil responda a los objetivos de la educación y reinserción escolar previstos por la ley.
(+)
CIFRAS ALARMANTES CONANI-UNICEF 2012
LA REGIÓN
En América Latina y el Caribe seis millones de niños, niñas y adolescentes sufren de abusos severos, incluyendo abandono y explotación; 80 mil mueren cada año por abuso de sus propios padres, mientras que los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad representan el 28.7% de las víctimas de homicidios en la región.
REP. DOMINICANA
En este país en el 67.4% de los hogares se utiliza el castigo físico y psicológico para disciplinar a los hijos y no se reconoce este hecho como una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino, por el contrario, el 59% de las personas responsabiliza a las víctimas menores de edad de haber provocado la agresión, lo que evidencia una cultura tolerante del maltrato.
VIOLENCIA
Violencia contra la niñez o adolescencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, o explotación sexual o laboral”, según el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que el Estudio Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2002 la describe como “El uso intencional de la fuerza o poder físico como una amenaza contra la víctima a una agresión mayor que puede conllevar graves daños físicos y hasta la muerte”.
PREVENCIÓN
En los principios de la Hoja de Ruta se establece que la violencia intrafamiliar es prevenible y que el Estado debe invertir ampliamente en programas basados en abordar estos temas para lograr que los adultos entiendan que no tienen derecho a dañar la vida de los menores; que los niños aprendan a reclamar con altura sus derechos y que la sociedad se sensibilice e integre.
listindiario.com
Nacionales
Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.