Nacionales
Prohibirán las pelas
Dentro de poco dejaremos de escuchar el usual alboroto que se produce en algunos hogares donde parece que se está acabando el mundo, a juzgar por el correteo y pataleo de los muchachos y sus voces desesperadas implorando “no me des, no me des”, “ya no me des más, ya está bueno” o cuando por el ahogo del llanto sólo puede decir: ya, ya, ya …..
Será difícil volver a ver en los barrios marginados a una madre quitándose las chancletas para poder correr con más rapidez y alcanzar con furor al niño, niña o adolescentes que huye de la picazón que produce la correa, la vara de una planta o el palo de la escoba cuando todos los problemas de su progenitora son descargados sobre su malcriadeza o travesura.
La clásica escena del padre quitándose la correa y llamando al menor en tono amenazante: “Venga acá, te voy a dar; si sales corriendo te daré más duro”, le supondrá al adulto conocer los barrotes de la cárcel y reflexionar allí cuánto le ha costado el placer que sintió al concebir al hijo y el error de pensar que podía hacer lo que quisiera porque era una “cosa suya”.
En las escuelas ya el profesor o profesora no tendrá licencia para dar reglazos, bofetadas, halones de pelo, de oreja o de brazo cuando un chiquillo le falte al respeto; pero tampoco los directores de ningún centro escolar podrán expulsar a ningún estudiante por su mala conducta, sino por el contrario, deberán responder ante las autoridades por no haber tenido la capacidad de resolver cualquier situación dentro de los parámetros de la comprensión y educación.
Ningún adulto podrá, tampoco, golpear a un menor en público, como vemos usualmente en plazas, parques, tiendas, supermercados y salones de belleza cuando un muchacho se revoltea porque ya está cansado de estar en ese lugar y pide, con malcriadezas, “vamos de aquí”, pero la respuesta es un pescozón, un empujón o una amenaza de que cuando lleguen a la casa ya verá lo que le va a pasar. El temor a la golpiza durante las horas que tarden en llegar al hogar serán tipificadas como abuso psicológico.
También quedarán totalmente prohibidas las humillaciones al usar denominaciones como: “Boca de burro”, “idiota”, “estúpido”, “tonto”, “desgraciado” “maldito muchacho”, “hija de la gran puta”, “mal parido”, “endemoniado”, “diente de conejo”, “caco ‘e maco”, “cabezón”, etc. y conllevarán distintas sanciones, tanto dentro del hogar como en las escuelas.
El proyecto “Hoja de Ruta”, que ejecutará el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, pondrá fin a los ojos morados de los niños debido a las bofetadas a ciegas de los mayores, a los “cachetes” enrojecidos, laceraciones en los brazos, piernas o nalgas, y a las depresiones que los inutiliza al sentir que valen muy poco y que no pueden hacer nada para evitar esas agresiones.
Este plan de erradicación de la violencia infantojuvenil, que el gobierno tiene como meta conseguir como una de sus mayores obras de educación y salud intrafamiliar y escolar, incluirá a todos los sectores del país, quienes tendrán el compromiso de colaborar con esta misión que sólo quiere llevar paz a los hogares y a las escuelas.
El sector privado, por ejemplo, podrá colaborar con mensajes de paz en los establecimientos comerciales colocando pequeños letreros al lado de los artículos utilizados para golpear a los niños, tales como correas. En estos tramos deberá haber mensajes que digan: “Prohibido dar pelas con esta prenda”, “Sólo para pantalones”, o el signo de (X) “No usar como castigo”.
Igualmente los productores de fósforos podrán hacer campañas para alertar que ese artículo es sólo para encender la leña, “no usar para quemar niños”, o para quemar la mano del niño; en los supermercados los palos de las escobas deberán tener un letrero que diga “Sólo para barrer”, “No para golpear niños”. Y en las cremas de las manos poner algunos mensajes que digan: “No golpés a los niños para que tus manos no se endurezcan”.
Pero el reto fundamental de este proyecto es hacer que se cumpla la Ley 136-03 sobre Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta a la prohibición de la violencia intrafamiliar. Esta vez se implementarán nuevos recursos de fiscalización, como son las cámaras de video, las motivaciones para las denuncias y la preparación de los chiquillos para que aprendan a denunciar las agresiones de las que son víctimas.
Ningún adulto escapará a la sanción o condena judicial si se demuestra que ha maltratado a su hijo, pero más que una medida coercitiva, lo que se quiere es enseñar a los padres a educar de una manera diferente, aprendiendo desde que salen de las clínicas u hospitales con los bebés recién nacidos. Como requisito para salir deberán asistir a una charla en las que se les explicarán las diferentes etapas por las que atraviesan los infantes durante todas las etapas de su vida.
De esta manera se les estaría dotando de una herramienta útil para comprender porqué los niños lloran y así evitar darles nalgadas tan temprano; por qué son malcriados, por qué actúan con rebeldía, no quieren comer, ir a la escuela; no desean hacer las tareas, evitan bañarse, molestan al hermano o hermana, se burlan de sus amigos; por qué gozan diciendo malas palabras, cuestionan a los padres o los enfrentan y otras actitudes que enfurecen a los progenitores o profesores y los hacen recurrir a la violencia.
La Hoja de Ruta
La Hoja de Ruta Nacional 2015- 2018 para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana fue presentada en un emotivo acto celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores con la presencia del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, en nombre del presidente Danilo Medina; la presidenta del Conani, Kirsys Fernández y la representante de la ONU para el capítulo Violencia contra los Niños, Marta Santos Pais.
Honrando a la fundadora del Conani, doña Renée Klang de Guzmán, estuvo presente su hija Sonia Guzmán, así como la vicecanciller Radhys Abreu, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; el joven Raúl de la Cruz, quien clamaban a viva voz el cese de la violencia contra los niños y el respeto a sus derechos fundamentales.
El Plan de Trabajo de prevención contra la violencia intrafamiliar se llevará a cabo mediante la resolución No. 01-2014 dotando al Sistema Nacional de Protección de la articulación de los esfuerzos del Estado, los organismos internacionales, las agencias no gubernamentales y la sociedad civil de las herramientas para concretizar la obligatoriedad de Proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes y prevenir y combatir todas las formas de violencia.
Por el Estado asumen este compromiso, además de la presidenta del Conani, el procurador Francisco Domínguez Brito; los ministros de Educación, Salud Pública, de la Mujer y de Trabajo, Carlos Baret, Altagracia Guzmán, Maritza Hernández y Alejandrina Germán, respectivamente, así como Johnny Jones, en representación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), que agrupa a todos los ayuntamientos del país.
Por el sector privado firmaron el acuerdo el anterior presidente del Consejo de la Empresa Privada (Conep), Manuel Diez Cabral; el vicepresidente de Visión Mundial, David Cotes; el reverendo Ángel Sánchez, de Muchachos y Muchachas con Don Bosco; Fidel Lorenzo, representante de las iglesias evangélicas, y José de los Santos, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
En cuatro ejes fundamentales se enfocará este proyecto: 1) Lograr hogares y familias sin violencia, 2) Escuelas seguras y libres de violencia, 3) Un entorno institucional y de justicia sin violencia y protectora de los derechos y 4) Comunidad sin violencia y protectora de los niños, niñas y adolescentes.
La Hoja de Ruta ampliará el sistema de apoyo y orientación a los progenitores, la familia, los maestros y los comunitarios para desarrollar una maternidad y paternidad responsable que reduza la violencia intrafamiliar, como también maestros instruidos que no se resistan a los cambios de la enseñanza de hoy y observadores comunitarios que respondan al llamado de protección de la niñez y adolescencia.
También procurará fortalecer los servicios de detección de violencia y recuperación de las víctimas; revisar y actualizar el marco legal vigente para prohibir explícitamente el castigo corporal en el ámbito familiar; lograr que el sistema de justicia penal juvenil responda a los objetivos de la educación y reinserción escolar previstos por la ley.
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CIFRAS ALARMANTES CONANI-UNICEF 2012
LA REGIÓN
En América Latina y el Caribe seis millones de niños, niñas y adolescentes sufren de abusos severos, incluyendo abandono y explotación; 80 mil mueren cada año por abuso de sus propios padres, mientras que los adolescentes de entre 10 y 19 años de edad representan el 28.7% de las víctimas de homicidios en la región.
REP. DOMINICANA
En este país en el 67.4% de los hogares se utiliza el castigo físico y psicológico para disciplinar a los hijos y no se reconoce este hecho como una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino, por el contrario, el 59% de las personas responsabiliza a las víctimas menores de edad de haber provocado la agresión, lo que evidencia una cultura tolerante del maltrato.
VIOLENCIA
Violencia contra la niñez o adolescencia es “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente, o explotación sexual o laboral”, según el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, mientras que el Estudio Mundial sobre la Violencia y la Salud del 2002 la describe como “El uso intencional de la fuerza o poder físico como una amenaza contra la víctima a una agresión mayor que puede conllevar graves daños físicos y hasta la muerte”.
PREVENCIÓN
En los principios de la Hoja de Ruta se establece que la violencia intrafamiliar es prevenible y que el Estado debe invertir ampliamente en programas basados en abordar estos temas para lograr que los adultos entiendan que no tienen derecho a dañar la vida de los menores; que los niños aprendan a reclamar con altura sus derechos y que la sociedad se sensibilice e integre.
listindiario.com
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.