Opinión
Prólogo de un gran pacto de impunidad
Por Narciso Isa Conde
El Golpe de Estado Electoral Electrónico es responsabilidad de la JCE, del Presidente Medina y del cogollo del PLD, con el visto bueno de la OEA made in USA.
La Junta culpable, inmediatamente después de ejecutado ese grave delito electoral, fijó nuevas votaciones municipales para el próximo domingo 15 de marzo, nueva vez bajo su espurio mandato subordinado al Gobierno.
Las exigencias plebiscitarias de destitución de esa JCE y suplentes, y reemplazo del Procurador General de la República, han sido bloqueadas desde el Palacio Nacional y desde las cúpulas de la partidocracia oficialista y opositora; optando por negociar reclamos menores: veedurías, comisión de seguimiento, nuevo financiamiento electoral y fiscal para delitos electorales.
Nada de investigación independiente.
Nada de informar lo acontecido el 16 de febrero pasado, ni tampoco del desastre del 9 de octubre del 2019.
Cero consecuencias antes del próximo domingo.
Impunidad total.
Conceso entre gobierno, partidocracia y CONEP para asignarles esas delicadas indagaciones a la OEA. Precisamente a la OEA de la intervención del 65, del Golpe de Estado en Bolivia, de las agresiones a la soberanía venezolana.
A la OEA de Almagro y de Trump, ambos capaces de cualquier fechoría.
A la OEA que se precia de garantizar cero margen de error técnico, pero sin establecer responsabilidades personales y prometiendo resultados solo para después de las nuevas votaciones.
Nuevas votaciones en condiciones bien parecidas, con borrón y cuenta nueva.
- VUELVE AGRIPINO CON LAS SUYAS.
Pero con la diferencia que entraña recurrir a la ya desacreditada mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado.
El mismo Agripino de los últimos 55 años, de las recomposiciones y remiendos del poder corrompido y de la impunidad consentida dentro de un sistema de partidos altamente degradado.
El mismísimo.
El Agripino al servicio de la dominación conservadora y los negocios turbios.
El mediador made in USA y OPUS DEI.
El socio empresarial del AEROPUERTO CIBAO, ACERO ESTRELLA Y HOMS.
El enllave del CONEP y la Cámara Americana de Comercio.
El gran encubridor de Presidente Medina y sus íntimos colaboradores palaciegos en la mega-estafa de PUNTA CATALINA-ODEBRECHT.
Operando desde una institución estatal sugerida por el Presidente Medina, con correlación a su favor: el Consejo de Desarrollo Económico y Social.
Leonel-FP se resiste a la trampa, porque a él le tocó armarla muchas veces. Porque él conoce muy bien de lo que son capaces los Agripino, Danilo y CONEP, y viceversa. ¡Cascaras del mismo palo podrido!
Abinader-PRM, tallota al fin, prefiere un gobierno negociado, y disponiendo de mucha ventaja electoral, favorecido además por la luz verde de TRUMP-POMPEO, ha optado por distender las relaciones y abrir compuertas para el entendimiento con Danilo-PLD.
Abinader, aun a riesgo de nuevas zancadillas danilezcas, deja al Ladronel flotando y se inclina por aceptar la impunidad de los autores de GOLPE DE ESTADO ELECTORAL del pasado 16 de febrero.
Cierto que no hay mejor estimulo a nuevos delitos electorales que la impunidad de los anteriores. Pero si las circunstancias adversas del presente no se lo permiten este próximo domingo, nuevos intentos posteriores habrá.
Ahora con la diferencia de que las fuerzas no les alcanzan al PLD para retener el gobierno, pero si para seguir negociando y estructurando una impunidad, que podría incluir circo parcial (a lo Balaguer con el PRD o a lo Hipólito con el PLD-Leonel), pero no más; sobre todo si se tiene en cuenta la esencia del PRM, los entronques de Abinader con la corrupción histórica y con el capital enfangado, así como la actitud de EEUU frente a socios estratégicos tipo PLD y aliados.
Este dialogo agripinoso a favor de la impunidad del GOLPE ELECTORAL y sus autores, por la continuidad de este sistema electoral viciado y sus espurias opciones, tiene todo el porte de PROLOGO de una negociación por una IMPUNIDAD MAYOR.
Solo que el pueblo y la juventud de ahora están más calientes, más alertas y más insumisas que en los viejos tiempo del reinado de Agripino y comparsa.
El pleito contra el BORRÓN está definitivamente “casao”.
Por José Cabral
Santiago siempre ha sido definida como la “Ciudad Corazón”, cuya expresión refleja una condición que no se encuentra en cualquier lugar.
Nadie puede negar el calor humano que caracteriza al santiaguero, pero la realidad es que en los últimos años las cosas han cambiado bastante y no se sabe hasta dónde la “Ciudad Corazón” conserva esa condición.
Pero independientemente de que quede muy poco de ese cariño y calor que adorna al que procede de un municipio que ahora camina indiscutiblemente a la conversión en una gran metrópolis, es vital que se trabaje también para conservar muchas de las tradiciones de la segunda capital del país como la llaman muchos.
El crecimiento urbanístico, comercial y empresarial dirige a Santiago a ocupar uno de los primeros lugares en cuanto a desarrollo se refiere, pero se impone que se dote de herramientas que contribuyan con el restablecimiento valores culturales y morales, porque es mucho lo que se ha perdido en esta materia.
El crecimiento comercial, empresarial y urbanístico no puede ser lo único que impacta a Santiago, sino que se necesita que conserve su riqueza cultural y medioambiental, sobre todo porque estos aspectos pueden ser un instrumento para lograr lo que mucha gente ha planteado que es convertirla en un verdadero polo de turismo de salud, ecológico, histórico y de montañas.
Las intervenciones del Estado en áreas que se caracterizan por una fuerte presencia de actividades culturales como la calle Benito Monción, Del Sol, entre otras, sin lugar a dudas, que cambiarán la cara de una ciudad encantadora como Santiago.
Pero se necesita profundizar para que la cultura sea una buena carta de presentación del santiaguero, amén de otras condiciones que adornan a la ciudad.
En la actualidad están dadas las condiciones para que Santiago entre al mundo de la televisión pública y que su proyección sea de primer orden, sobre todo con una alianza de la gente de la zona que vive en los Estados Unidos.
Hay que hacer un puente de doble vía entre ambas comunidades para sacar provecho de los grandes recursos que existen en uno y otro lado.
En un próximo artículo profundizaré sobre los beneficios que traería a Santiago una estación de televisión pública que la proyecte como una de las grandes ciudades del mundo que no sólo está dotada de un potencial turístico y cultural, sino también de una historia enriquecedora y que enaltece el espíritu.
Por Rommel Santos Díaz
El Estatuto de la Corte Penal Internacional se refiere con frecuencia a la protección de información confidencial. La Corte tiene el deber general de proteger la confidencialidad de los documentos e información en su posesión, salvo que su divulgación sea necesaria para una solicitud de cooperación para un Estado.
El artículo 87 del Estatuto prevé que ¨el Estado requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que la justifiquen , salvo cuando su divulgación sea necesaria para tramitarla¨. Por ende los Estados deberán mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional, y sólo podrán revelar a las autoridades correspondientes ( por ejemplo, a la policía para que ejecuten una orden de arresto) la información que necesiten para llevar a cabo la solicitud.
Esas cláusulas pretenden que el Fiscal y la Corte mantengan la confidencialidad lo mejor posible en las investigaciones, órdenes y solicitudes de asistencia de la Corte para evitar que las personas acusadas huyan, los testigos sean amenazados o eliminados, y la prueba desaparezca o sea destruida. Por ende, el éxito del Estado en la conservación de la confidencialidad de tales solicitudes repercutirá directamente sobre la efectividad de la Corte.
Según el artículo 87, un Estado Parte podrá también ser requerido para proteger cierta información en su posesión o control, cuando se necesiten medidas para garantizar la seguridad o bienestar físico o psicológico de las víctimas, posibles testigos y sus familiares.Estas medidas se aplicarán de conformidad con la forma en que el Estado prevea y maneje la información y podría también involucrar la confidencialidad de cierta información.
Según el artículo 68 del Estatuto de Roma, un Estado podrá solicitar a la Corte la adopción de medidas necesarias para la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la información de carácter confidencial o restringida.
El artículo 93 estipula que el Estado requerido para cooperación podrá transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial, y el Fiscal podrá únicamente utilizarlos para reunir nuevas pruebas.El párrafo C de ese mismo artículo prevé que el Estado podrá autorizar la divulgación ulterior de los documentos.
En el contexto de las obligaciones los Estados deberán mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación, y de cualquier documento que fundamente estas solicitudes.
Si la Corte Penal Internacional realiza una solicitud de conformidad con el artículo 87 para proteger cierta información, el Estado deberá cumplirla para asi proteger a las víctimas, testigos y sus familiares
En cuanto a la implementación los Estados deberán contar con procedimientos para mantener la confidencialidad de las solicitudes de cooperación y los documentos que las fundamenten. Esta obligación de confidencialidad podrá regularse por vía legal, o podría ser definida por el Poder Ejecutivo. Ya sea que la obligación se implemente por la legislación o por una decisión ejecutiva , el Estado deberá asegurarse de que la vía elegida para recibir las solicitudes proteja la confidencialidad.
Adicionalmente los Estados podrán necesitar la implementación de procedimientos y posiblemente leyes que les permitan proveer y manejar información de una manera tal que se proteja la seguridad y el bienestar de las víctimas, testigos y sus familiares. Estos procedimientos normalmente se regularán por la vía ejecutiva y no legal.
Finalmente, podrían implementarse, tanto para la aplicación de las solicitudes de la Corte para proteger información, así como para las solicitudes a la Corte por parte de un Estado para proteger información y ciertos individuos. No obstante, el Estado deberá tomar en cuenta su legislación nacional sobre privacidad, al establecer estos procedimientos y deberá determinar si requiere reformarla.
Por Isaías Ramos
Es fundamental que la población dominicana se mantenga alerta y consciente de las graves implicaciones de las decisiones y acciones que este gobierno está llevando a cabo. Estas medidas amenazan nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, económicos y sociales.
La introducción simultánea de diversas reformas puede interpretarse como una estrategia deliberada para provocar un shock en la ciudadanía, generando confusión y descontento que podrían resultar devastadores tanto para la nación como para quienes promueven estas medidas.
No podemos ignorar el inminente riesgo de que, bajo el pretexto de estas «reformas», se desencadene un caos social. Este escenario es tan alarmante que podría invocar el artículo 264 de nuestra Constitución, permitiendo declarar un “Estado de Conmoción Interior”. Como dice el refrán: “guerra avisada no mata soldado”.
Es momento de alertar a nuestra sociedad antes de permitir situaciones indeseables que puedan desembocar en calamidades similares a las vividas en abril de 1984. No podemos permitir que nuestro pueblo sufra nuevamente bajo el peso del dolor y la indignación.
La violación del orden constitucional por parte del gobierno no solo socava los principios fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino que también pone en grave riesgo el futuro económico y social de millones de dominicanos. Estamos en un punto crítico: empujar a la clase trabajadora y a la clase media hacia condiciones extremas de pobreza, mientras otros sectores disfrutan del privilegio, es una injusticia que no podemos tolerar.
Al igual que en la fábula del sapo en agua hirviendo, donde el peligro es subestimado hasta ser irreversible, es crucial que nuestros ciudadanos tomen conciencia urgente para fortalecer sus mecanismos defensivos ante estas contrarreformas.
La situación actual exige atención inmediata. Las decisiones de este gobierno están erosionando los derechos económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución. La tendencia hacia privatizar servicios esenciales —como el sector eléctrico— plantea riesgos significativos de perpetuarnos en el subdesarrollo de una eterna miseria.
Debemos unirnos con determinación para defender nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, garantizando que los recursos públicos no sean despojados en beneficio exclusivo del sector privado; solo así podremos asegurar un futuro sostenible y justo para todos.
En el Frente Cívico y Social, reconocemos con preocupación el enorme endeudamiento al que ha sido sometido nuestro país durante dos décadas, y especialmente en los últimos cuatro años. Esta situación representa una bomba de tiempo lista para estallar.
Nos enfrentamos al riesgo real e inmediato de experimentar hiperinflación sin precedentes junto con niveles históricos de desempleo que pueden desestabilizar aún más nuestra economía e impactar severamente nuestra calidad de vida.
Este panorama exige una reflexión profunda sobre nuestras políticas económicas actuales, así como un compromiso colectivo orientado hacia soluciones sostenibles capaces de prevenir esta catástrofe inminente.
Esta administración ha inaugurado una forma evolutiva del corporativismo, donde el Gobierno y las élites económicas le declaran una guerra a la clase media y trabajadora con el fin de hundirla en la eterna pobreza. Mientras la fórmula de alianza gobierno-élite garantiza grandes beneficios a expensa de financiarlo con deuda y subsidios públicos.
Este modelo se asemeja más a un Estado policial que lanza una guerra total contra los derechos económicos y sociales fundamentales. La creciente concentración de la riqueza nacional entre unos pocos privilegiados es alarmante, mientras empuja a gran parte de la población hacia condiciones precarias.
Esta orquestada transferencia de riqueza, presentada como inevitable, es en realidad parte de un diseño social que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo y sumerge a millones en una miseria estructurada.
En el FCS, entendemos que es imperativo abordar las desigualdades con propuestas sólidas, promoviendo modelos justos e inclusivos enfocados en el bienestar colectivo y el mandato constitucional.
¡Despierta, RD!